Nacional

miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 11:35

En audiencia, defensa de los militares bolivianos apela prisión preventiva en Chile

El abogado Christian Castro demandó que los efectivos sean liberados. La Fiscalía chilena pidió que se ratifique la detención ya que no hay elementos que refuten la imputación por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma.

Foto: RRSS

/ 20 de septiembre de 2021 / 13:33

Mediante una audiencia vía Zoom, la defensa de los tres militares bolivianos detenidos en la frontera con Chile el 8 de septiembre, demandó este lunes a la Corte de Apelaciones de Iquique la revocatoria de la decisión contra los uniformados imputados por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma.

El miércoles 8, los dos oficiales y un sargento (Jaime Herbas, Níger Ponce y José Bautista Carvajal) fueron aprehendidos, conduciendo tres vehículos a Bolivia, en el sector del Salar de Coipasa (Oruro). La versión chilena indica que la denuncia contra los efectivos es por robo y que dispararon a los carabineros que los interceptaron.

El Ministerio de Defensa de Bolivia, en cambio, señaló que más bien los militares estaban cumpliendo su labor de represión al contrabando, decomisando motorizados que se internaban ilegalmente al país desde suelo chileno, y que producto de los disparos de los carabineros hubo un oficial herido, trasladado a un hospital de Oruro.

En la audiencia, el abogado defensor Christian Castro pidió la revocatoria de la prisión preventiva y ratificó que los efectivos se encontraban en una misión, y calificó lo sucedido como un “incidente fronterizo”. Mientras que la Fiscalía chilena pidió que se mantenga la detención porque hay elementos que validan la imputación.

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El ruso Alexei Navalny gana el premio Sájarov; Jeanine Áñez queda en el camino

La otra candidatura al galardón otorgado por el Parlamento Europeo era de un grupo de mujeres afganas.

Foto: AFP

/ 20 de octubre de 2021 / 08:50

El opositor ruso encarcelado Alexei Navalny ganó el premio Sájarov a la libertad de conciencia, galardón al que postulaba la expresidenta transitoria boliviana Jeanine Áñez, según medios internacionales.

El reconocimiento es otorgado por el Parlamento Europeo y un grupo de mujeres afganas tenía la tercera candidatura.

“Navalny, el más destacado opositor al presidente ruso Vladimir Putin, fue encarcelado este año tras regresar a Rusia desde Alemania, donde había estado recuperándose de un envenenamiento con un agente nervioso del que culpa al Kremlin”, indica el portal europanews.com.

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Quino: Comunicado del TCP no tenía validez jurídica y Áñez no era vicepresidenta para sucesión ‘ipso facto’

El analista político Manuel Mercado señala que el intento de darle legalidad a la sucesión de Áñez en 2019 era parte de un fenómeno mayor que fue puesto en práctica: el “golpismo”.

El constitucionalista Israel Quino y el analista político Manuel Mercado, junto a la directora de La Razón, Claudia Benavente.

/ 19 de octubre de 2021 / 12:32

El constitucionalista Israel Quino remarcó que el comunicado del TCP de 2019, que fue usado por Jeanine Áñez para proclamarse presidenta del Estado, no tenía ninguna validez jurídica, y dijo que la entonces senadora no era vicepresidenta del Estado para la aplicación de la sucesión ipso facto que se llevó a cabo el 12 de noviembre.

Quino fue parte de la mesa de debate integrada también por el comunicador y analista político Manuel Mercado, en el programa Piedra, papel y tinta, conducido por la directora de La Razón, Claudia Benavente, que trató este martes el tema de la reciente sentencia 052/2021 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Con ese fallo, el TCP consideró que en la crisis de 2019, tras las renuncias del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y los titulares de las cámaras de Senadores y de Diputados, no hubo vacío de poder y correspondía la sucesión ipso facto solo para el Vicepresidente y las presidencias de las cámaras legislativas.

El constitucionalista señaló que el comunicado del TCP sobre el cual se intenta fundamentar la posesión de Áñez no tiene validez jurídica, además, ese documento hace énfasis en que la sucesión ipso facto solo correspondía al Vicepresidente, tal como sucedió en 2001 en el caso de Jorge Quiroga tras la renuncia de Hugo Banzer.

“Aquí se aplica una interpretación política al comunicado del TCP, no así una interpretación constitucional”, dijo Quino, quien expresó su sorpresa por el comunicado, ya que tampoco hubo una solicitud formal para que el tribunal en cuestión emita una posición sobre lo que ameritaba tras la dimisión de Morales.  

Morales renunció asfixiado por denuncias de fraude en las elecciones que ganó en 2019, y acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Dos días después de su decisión, el 12 de noviembre, Áñez se proclamó primero presidenta del Senado y, posteriormente, presidenta del Estado.

La exmandataria se encuentra recluida en el penal de Miraflores desde marzo de este año, por las investigaciones en el caso Golpe de Estado, abierto tras la denuncia de la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, se indaga las reuniones extralegislativas que allanaron la llegada al poder de la exsenadora.

“Áñez no era vicepresidenta del Estado para que aplique la sucesión ipso facto (era segunda vicepresidenta del Senado)”, subrayó el constitucionalista, quien añadió que la exlegisladora debía convocar a una sesión del Senado para recomponer la directiva o en su caso, esperar a una reunión del pleno del Legislativo para analizar el tema.

Por su parte, el analista Mercado dijo que el tema del respeto a la mayoría no se aplicó en este caso, ya que por norma una persona del MAS debía acceder a la sucesión mediante la aplicación del reglamento del Senado y la recomposición de la directiva, no así una representante de los bloques minoritarios en la Asamblea Legislativa.

Más aún, afirmó que este debate sobre la sucesión de 2019 es parte de un fenómeno mayor, ya que los defensores de Áñez intentaron darle un aire de legalidad a la autoproclamación de la senadora con el comunicado del TCP, como parte de un fenómeno mayor: el “golpismo”, parte del “golpismo new age” en la actualidad.

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Ledebur: Sufro hostigamiento por dos años, desde la RJC me culpan y amenazan

Por su caso, la Embajada de Estados Unidos envió una carta al Gobierno de Bolivia solicitando se desmantele a grupos “paraestatales” como la RJC.

/ 19 de octubre de 2021 / 08:41

La activista estadounidense de derechos humanos Kathryn Ledebur habló con La Razón. Apunta a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) de las amenazas en su contra y denuncia que el hostigamiento ya dura dos años. Por su caso, la Embajada de Estados Unidos envió una carta al Gobierno de Bolivia solicitando se desmantele a grupos “paraestatales” como la RJC.

— ¿Cuáles son las amenazas que ha recibido?

— Que quede claro que como extranjera estoy en una situación mucho mejor que la gran mayoría de personas que ha enfrentado amenazas durante todo el tiempo del golpe de Estado. He recibido mensajes por Facebook, por Messenger, de gente que ha sido identificada como motoquera, como líderes (de la RJC) que estaban en detención, hay videos en Facebook señalando dónde vivo, acusándome de terrorista. En las mismas audiencias (contra los líderes de la RJC), donde participo como veedora de derechos humanos, los abogados dijeron que por mi culpa están siendo procesados y detenidos.

— ¿Habla de Yassir Molina?

— Sus abogados dijeron eso en la audiencia (de los líderes de la RJC) Molina, Milena Soto, Jaime Maldonado y los hermanos Fabio y Tonchy Bascopé. Yo tengo una organización internacional de derechos humanos, trabajo 30 años en Bolivia. En esa audiencia sus abogados me dijeron que soy partidaria del MAS… Hay publicaciones en Facebook, tres o cuatro veces a la semana, diciendo que soy terrorista, que debo ser procesada, echada de Bolivia… es constante.

Durante todo el periodo del golpe, en el proceso de investigación de las fiscalías, de los procesos contra otras personas, ellas han recibido amenazas permanentes usando fotos de sus familiares, sus madres, sus hijas, sus hermanas, amenazando con violarlas… Un hostigamiento constante. No es que sea la más sufrida, pero soy la que puedo quejarme porque tengo una embajada de peso. Creo que de parte del Estado boliviano hay voluntad política para desarticular a estos grupos que denunció la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en base a las recomendaciones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). Hay voluntad política, pero eso no quiere decir que las fuerzas de seguridad acaten.

— ¿Cómo llegó su denuncia ante la embajada?

— Como norteamericana hice mucho trabajo en Estados Unidos, empecé a trabajar durante las violaciones de derechos humanos en la erradicación forzosa (de coca). Trabajo con oficinas del Congreso de Estados Unidos. En este tiempo siempre me he defendido mediante la embajada americana, no tengo una alianza con ellos, pero he avisado a las oficinas de congresistas sobre las amenazas que me llegan, que estoy sufriendo un proceso de hostigamiento durante dos años. Lo que quisiera es que en este llamado de atención vean a los de la derecha que han apoyado a estos grupos paraestatales, que los siguen apoyando, justificando.

—Usted apunta principalmente a miembros de la RJC…

— Sí, Pero ojo que lo expresado en las conclusiones del GIEI es también la expresión de la embajada y el criterio oficial de los Estados Unidos. Hay congresistas de Estados Unidos que están pendientes de este caso, también la Encargada de Negocios de la embajada en Bolivia. Yo me mantengo en contacto con ella. Y salió ese comunicado porque ellos han evaluado, no es con capricho mío que saquen una carta, ellos evaluaron que hay denuncias y también es muy importante que se establezca que estos grupos son ilegales.

— La embajada habla de otros casos como el suyo.

— Otra persona que está en mi misma situación es el abogado Thomas Becker y se nota que su equipo también, recibieron amenazas cuando estaban aquí. Lo importante de la nota de la Encargada de Negocios es que pide protección, que cesen las amenazas a todos los defensores de derechos humanos, no solo a los extranjeros. Quiero destacar que en mi caso no es un jalón de orejas al Estado, porque cuando denuncié, el Estado boliviano me ha brindado apoyo. Más bien es un jalón de orejas para los que siguen abusando y amenazando.

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Sin extradición a la vista, se abre puertas a otro proceso a Goni en Estados Unidos

El exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) fugó un día como hoy, el 17 de octubre de 2003, acorralado por los pedidos de renuncia tras la masacre de más de medio centenar de personas.

Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a su lugarteniente, Carlos Sánchez Berzaín.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:36

La extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada se encuentra en la congeladora, una decisión que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se la cataloga una misión casi imposible. Eso sí, es más factible la apertura de un segundo proceso contra el expresidente en Estados Unidos, por el delito de asesinato culposo.

El exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) fugó un día como hoy, el 17 de octubre de 2003, acorralado por los pedidos de renuncia tras la masacre de más de medio centenar de personas (saldo que subió a más de 70 muertos en los siguientes años), en las protestas de rechazo a la propuesta para exportar gas mediante un puerto de Chile.

Escapó del país junto a su lugarteniente, el exministro Carlos Sánchez Berzaín, con destino a Estados Unidos, donde actualmente radican. Tienen cuentas pendientes con la Justicia boliviana, aunque víctimas de la llamada “guerra del gas” lograron que el empresario minero se siente en el banquillo de acusados en Florida.

Peregrinaje en la Justicia

Tras un peregrinaje judicial, y con el asesoramiento del abogado estadounidense Thomas Becker, consiguieron instalar un proceso civil por el delito de ejecuciones extrajudiciales. Solo falta que el juez defina la última apelación de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ante el fallo que ordenó una reparación de $us 10 millones.

“Formalmente nosotros ganamos el juicio, está registrado que ellos son responsables por violación de derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales. Pero todos los que pierden un caso en Estados Unidos tienen el derecho a apelar, Goni ya lo hizo, estamos en una pelea legal de apelación sobre nuestra victoria”, dijo Becker.

Se espera que el veredicto final se conozca el siguiente año. Y aparte hay la posibilidad de otro juicio. “El juez o la Corte de Apelaciones nos ofreció un caso más para otro cargo, asesinato culposo, entonces es posible que tengamos dos casos. Podemos continuar con otro para que las víctimas puedan ganar dos veces”.

En territorio boliviano, Sánchez de Lozada y varios de sus ministros no pudieron ser juzgados hasta el momento, precisamente porque huyeron a otras naciones. Solo avanzó un juicio de responsabilidades con siete sentenciados, en octubre de 2011, tras 325 declaraciones testificales, 1.364 pruebas documentales y 308 periciales.

Para que el proceso corra, tuvo que desvirtuarse el mito del foco subversivo que pregonaba Sánchez Berzaín. El fallo determinó tres años de presidio en la cárcel de San Roque de Sucre para los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, por ser cómplices de genocidio, quienes se acogieron a la suspensión condicional de la pena.

Mientras que los generales Roberto Claros, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Rocabado, excomandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas; Juan Véliz, excomandante del Ejército; José Quiroga, excomandante de la Fuerza Aérea y Luis Aranda, exjefe de la Fuerza Naval, recibieron entre 10 y 15 años de condena. 

Para Becker, es una misión muy difícil que Bolivia consiga la extradición de Sánchez de Lozada, sobre todo por su edad: 91 años. Eso sí, considera que es más factible que Estados Unidos asuma esa medida contra Sánchez Berzaín, quien tiene 62 años e inclusive cometió “varias mentiras en su aplicación de asilo”. 

Por ahora, el expresidente continúa con el tira y afloja para conseguir impunidad, tanto en Estados Unidos como en Bolivia. Mientras su aliado incondicional, Sánchez Berzaín, paradójicamente dirige el Instituto Interamericano para la Democracia. A 18 años de la masacre de octubre de 2003, las víctimas y familiares continúan pidiendo justicia. 

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Áñez está entre los tres finalistas del Premio Sájarov del Europarlamento

Los otros dos finalistas son el líder opositor ruso Alexéi Navalni y una nominación conjunta que la integran mujeres afganas.

Foto: ABI

/ 14 de octubre de 2021 / 09:49

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez se encuentra entre los tres finalistas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, tras la decisión asumida este jueves en una reunión de las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y Desarrollo del Parlamento Europeo.

“Jeanine Áñez es una política de Bolivia, símbolo de la represión contra los disidentes y la vulneración del proceso judicial justo y del Estado de derecho en América Latina. Llegó a la presidencia interina en noviembre 2019, tras el presunto fraude electoral orquestado por Evo Morales. En noviembre de 2020, después de organizar unas elecciones justas y libres, Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo la presidencia y fue reconocido como presidente por Jeanine Áñez, así como por la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, garantizando así una transferencia de poder transparente y pacífica. Desde el 13 de marzo de 2021, Áñez está detenida por cargos de ‘terrorismo, sedición y conspiración’ y acusada de participar en un golpe de Estado contra Morales” (sic), indica la agencia de noticias del Europarlamento.

Los otros dos finalistas son el líder opositor ruso Alexéi Navalni y una nominación conjunta que la integran las afganas Shaharzad Akbar, Mary Akrami, Zarifa Ghafari, Palwasha Hassan, Freshta Karim, Sahraa Karimi, Metra Mehran, Horia Mosadiq, Sima Samar, Habiba Sarabi y Anisa Shaheed.

Áñez fue postulada por parlamentarios europeos conservadores, como los del ultraderechista Vox. El 21 de octubre se conocerá el ganador, la ganadora o las ganadoras de este galardón.

“El Parlamento concede cada año el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, con una dotación de 50.000 euros, que toma su nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov. Esta distinción fue creada en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Premio Sájarov del año pasado recayó sobre la oposición democrática de Bielorrusia por defender la democracia en su país”, indica la página web.

Áñez está recluida por el caso Golpe de Estado, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, luego de reuniones extralegislativas que allanaron la llegada al poder de la entonces senadora opositora, y que contaron con la participación del entonces representante de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, entre otros.

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