El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este martes que el Ministerio Público investiga un nuevo hecho de feminicidio cometido en contra de Lenny Q. C., de 26 años de edad, quien fue estrangulada.

Su pareja, Israel B.R.T., de 23 años, se encuentra aprehendida y se acogió al derecho de guardar silencio. La Fiscalía pedirá su detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

“Al conocer el hecho el equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, se trasladó al lugar para realizar los primeros actos investigativos y colectar muestras materiales y biológicas, además de realizar el levantamiento legal del cadáver de la víctima. Una vez obtenido el resultado de la autopsia médico legal y habiendo verificado la muerte violenta de la joven, Israel B.R.T. fue aprehendido porque contradice su versión inicial de que Lenny se habría suicidado”, dijo Alave.

La madrugada del 28 de febrero, la Fiscalía y Policía se constituyeron en un domicilio de la zona de El Tejar en La Paz, ante el llamado de un hombre que afirmaba que su pareja se había suicidado, pero esta versión fue desmentida por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó, como causa de muerte de la víctima, anoxia cerebral, compresión cerebral extrínseca y asfixia mecánica por estrangulamiento a lazo.

El juez Sexto de Instrucción Penal rechazó este domingo la acción de libertad que interpuso la hija de Jeanine Áñez, Carolina Ribera, argumentando que Régimen Penitenciario nunca le negó a la expresidenta transitoria la visita de familiares y de sus abogados defensores en el centro de reclusión paceño de Miraflores.

“Régimen Penitenciario ha negado restringir las visitas a la exmandataria y que es posible visitarla tanto por sus familiares o por abogados o personas conocidas que quieran visitarla, que jamás se le ha restringido las visitas”, dijo el abogado de la exmandataria, Luis Guillén.

Ribera interpuso el recurso contra la gobernadora del penal de Miraflores, Stephanía Cervantes, y el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, luego de que fuera desalojada del penal de Miraflores el viernes 18, en medio de trifulcas de seguidores y detractores de la exautoridad, y la negativa de trasladarla a un centro hospitalario.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en una conferencia de prensa, y Régimen Penitenciario, mediante un comunicado, justificaron el desalojo de Ribera, argumentando que “obstaculizaba” la atención médica a la que estaba siendo sometida su madre y afirmaron que no había sufrido ninguna agresión en el proceso, como ella denunció y por el que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) le otorgó seis días de impedimento.

Este domingo, Ribera posteó en sus redes sociales dos fotografías detalladas de su rostro, en las que se ve que tiene el ojo derecho moreteado y más abajo, en el rostro, cerca a los labios se evidencia una herida. Acompañó la imagen con un texto dirigido a Del Castillo: “Esta foto que quede registrada de cómo tus funcionarios por órdenes tuyas me golpean cada vez que me ven…”

El vocero presidencial, Jorge Richter, se refirió al momento crítico que atraviesa la expresidenta Jeanine Áñez, con varios procesos en su contra que enfrenta en soledad, pese a que las decisiones que tomó en la crisis poselectoral de 2019 no las tomó sola.

“Todos desparecidos hoy (…) Cómo no van a expresar ellos su solidaridad (Carlos Mesa, Tuto Quiroga), si han sido parte central de la ruptura constitucional (de 2019), un tuit no es un acompañamiento, ella (Áñez) está viviendo un momento crítico pero por las decisiones que tomó, pero son decisiones que no tomó sola”, dijo en una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta.

Richter se refirió al juicio oral contra Áñez por el caso “Golpe de Estado II” en el que se le acusa, junto a siete militares y a un policía, de haberse proclamado ilegalmente de la presidencia del Senado, en primera instancia, y luego del Estado, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, asediado por un movimiento cívico, un motín policial y la sugerencia de dimisión de las Fuerzas Armadas.    

“En su condición de senadora es que se le inicia el juicio por el caso Golpe de Estado II, sus acciones el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, donde se ha vulnerado la Constitución, artículos del reglamento de la Cámara de Senadores, para que pueda arrogarse la presidencia de dicha cámara, eso es lo que se va a juzgar, hasta el momento en que se proclama, de ahí en adelante se la juzgará en su calidad de presidenta, ya se verá si será un juicio de responsabilidades”, aseveró.

El vocero explicó que Áñez y sus colaboradores interpretaron el comunicado que el Tribunal Constitucional emitió el 12 de noviembre de 2019 a su conveniencia, y aseguró que esta instancia “habla a través de sentencias, declaraciones y de autos constitucionales, eso señala la ley, esos recursos son de carácter vinculatorio”.

“(Áñez) realiza interpretaciones del comunicado y prescinde de la lectura de renuncias y mientras no se ha aceptado su renuncia, Evo Morales seguía siendo presidente ¿Todo esto no tiene que tener justicia? ¿Cómo es posible que no?”, cuestionó.

Así sustenta el vocero la tesis de que en Bolivia, en 2019, hubo una ruptura del orden democrático y que, aunque la administración de justicia atraviesa uno de sus peores momentos, es necesario investigar los hechos. “La señora Añez durante todo este año de investigaciones, su mayor argumentación es que es persecución, que la justicia no es imparcial, que no tiene el debido proceso” y se preguntó si las 38 víctimas fatales que devinieron de la crisis de 2019 no son sujetos de justicia. 

“¿Las 38 personas fallecidas durante la crisis poselectoral de 2019 no se merecen justicia, o solo la señora Añez?”, preguntó.

El Gobierno y la Fiscalía confirmaron el inicio del juicio oral contra nueve implicados en el caso Golpe de Estado II hoy, desde las 09.00. Se acusa a Jeanine Áñez de haberse proclamado presidenta del Senado, primero, y luego del Estado, con colaboración de ocho militares y policías.

Estas ocho personas son el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), el excomandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo) y los exjefes militares Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido).

La acusación formal contra los nueve implicados fue presentada por el Ministerio Público el pasado 29 de noviembre, en un ampuloso documento que detalla las acciones y omisiones en las que incurrieron los apuntados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

¿Pero qué papel jugaron los policías y militares en la proclamación de Áñez? ¿Por qué están implicados en los hechos ocurridos entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, en la crisis poselectoral que derivó de la renuncia del entonces presidente Evo Morales?

Una primera acción que ambas fuerzas protagonizaron fue la sugerencia de renuncia de Morales. En sendas conferencias, Kaliman, junto a su Alto Mando, y Calderón pidieron la dimisión.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó por ocho meses la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, cuestionó los roles de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la crisis.

“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”, concluyó.

El informe abundó en los hechos de septiembre y diciembre de 2019 y calificó a la represión militar-policial de Sacaba y Senkata como masacres, que terminaron con la muerte por impacto de balas de 20 personas.

En el caso de la proclamación, el 11 de noviembre, Áñez se trasladó de Beni hasta La Paz en un vuelo comercial. Llegó a El Alto y desde el aeropuerto fue trasladada en helicóptero militar hasta el Colegio Militar, en Irpavi, con escolta de rango presidencial. En el documento se demuestra que con este actuado inicial Áñez llegó a La Paz con la firme intención de “hacerse de la presidencia del Senado y después del Estado”.

Ese mismo día, miembros de las Fuerzas Armadas retiraron la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia (BCB), “cuando aún no se tenía certeza de una posible sucesión constitucional”.

Horas más tarde, según la imputación, Áñez y Calderón solicitaron a Kaliman su intervención en las protestas populares a raíz de la renuncia de Morales. Áñez hizo pública esa petición en un video y, más tarde, en una conferencia de prensa, las Fuerzas Armadas decidieron desplegar sus efectivos a las calles.

Sobre dicha intervención, el GIEI estableció lo siguiente: “En ese contexto, el día 11 de noviembre, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas anunció que, ante la información de que la Policía había sido rebasada, el mando militar había dispuesto “que se ejecuten operaciones conjuntas con la Policía”.

La noche de ese lunes 11, Áñez durmió “en el domicilio de una oficial de la Policía ubicado en la zona de Llojeta”, para ser, al día siguiente, trasladada hasta la Asamblea Legislativa. El Ministerio Público, en su acusación, asegura que en aviones de la Fuerza Aérea se gestionó y operó el traslado de “diputados y senadores suplentes del partido político de Jeanine Áñez para que puedan asistir a la Asamblea”.

PROTECCIÓN

A modo de resumir el rol de uniformados en el caso denominado Golpe de Estado II, la Fiscalía concluye que sin la cooperación de Calderón y Kaliman y los efectivos policiales y militares, Áñez “no hubiese podido llegar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa ese 11 y 12 de noviembre con todas las facilidades, protección y seguridad que le fue brindada, amparo que de forma premeditada no les fue proveído de forma equitativa a los demás asambleístas”.

Afirma también que funcionarios policiales y militares impidieron el ingreso de legisladores del MAS a la Asamblea Legislativa “porque conocían perfectamente que si estossesionaban hubiesen exigido el estricto cumplimiento de la Constitución”.

Asimismo, se observa que Palmiro Jarjury “avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios” a Áñez, incumpliendo su mandato de garantizar el “ejercicio del mandato de un gobierno electo constitucional y democráticamente”.

“Ese mismo día de noviembre (martes 12), Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militarle puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, dice el informe del GIEI.

Este miércoles, en el programa por streaming Piedra, Papel y Tinta de La Razón Plus, el diputado opositor, Marcelo Pedrazas, el oficialista Sandro Ramírez y el abogado Israel Quino expusieron sus posturas ante el inicio del juicio oral contra Jeanine Áñez y otros implicados en el caso Golpe de Estado II, este jueves desde las 09.00.

Sandro Ramírez, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que de parte del gobierno transitorio de Áñez hubo vulneración a las leyes y a la Constitución.

“Ella ha sido cinco años senadora, sabiendo los antecedentes ha vulnerado las normas de la Constitución y sabía a qué se estaba metiendo, la justicia tiene que hacer lo que debe hacer, se debe poner antecedentes para que nunca ninguna otra autoridad vuelva a hacer este tipo de hechos”, dijo el legislador.

Por su parte, el también diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que el oficialismo insiste en su tarea de “instalar la idea” de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019, cuando lo que hubo, en realidad, fue “un fraude electoral”.

Pedrazas aseveró también que la medida de asumir una huelga de hambre de Áñez horas entes de la instalación de su juicio, “demuestra la desesperación por tratar de proteger sus derechos”. Respecto a esta idea, el abogado Israel Quino, aseguró que el tribunal de sentencia al que hará frente la expresidenta y su defensa, deberá evaluar en su momento las condiciones de la acusada.

“Está en todo su derecho a protestar, pero debe someterse a la justicia y con la medida no puede eludir esta responsabilidad”, dijo el jurista.

Asimismo, en la misma línea de la familia y de la defensa, el legislador de CC exigió que las audiencias del juicio sean presenciales, ya que al ser digitales se vulneran los derechos de la exsenadora. “El proceso vulnera derechos constitucionales de la expresidenta y llega a ser de forma virtual cuando debería ser de forma presencial”, argumentó Pedrazas.

A su turno, Quino refutó la idea y aseguró que en el país hay un cuerpo normativo que garantizan las audiencias virtuales, por lo que “es innecesario que la audiencias sean presenciales”.

Por último, se puso en mesa el tema de los juicios de responsabilidades contra la expresidenta, quien tiene tres procesos en la vía ordinaria y cuatro por esta vía que se aplica a altas autoridades del país. CC dejó en claro, una vez más, que antes de definir esta medida en la Asamblea Legislativa, la justicia debe ser reformada, pero no en los términos planteados por el partido de gobierno, sino bajo el modelo planteado por esta fuerza política.

“CC siempre ha sido clara, nuestra fuerza política ha planteado una reforma a la justicia para que sea fuerte e independiente, no estamos protegiendo a ningún gobierno transitorio constitucional, si hay elementos para un juicio se harán las evaluaciones”, dijo. No obstante, el líder de este grupo, Carlos Mesa, adelantó en varias oportunidades que no se sumarán a la aprobación de los juicios de privilegios.

Áñez está detenida desde el 13 de marzo, acusada en primera instancia por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, a raíz del derrocamiento del expresidente Evo Morales por un movimiento ciudadano, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Este caso se denominó Golpe de Estado I.

Luego, el caso se desdobló por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes e incumplimiento de deberes, conocido como el caso Golpe de Estado II, es por este proceso que mañana iniciará la etapa del juicio oral. Además de ella, ocho uniformados, un expolicía y siete militares se encuentran cuestionados por la justicia.