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miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 11:33

El GIEI observó persecución política en 2019 incluso con el uso de terceros

El exejecutivo del GIEI Jaime Vidal Melero recordó en un hilo en Twitter los casos de Edith Chávez, Lorgia Fuentes y de los “guerreros digitales”.

Lorgia Fuentes permaneció 130 días en una clínica, atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna y enmanillada en una de sus muñecas.

/ 22 de septiembre de 2021 / 21:22

En un extenso hilo en Twitter, el exejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal Melero, recordó que en la crisis poselectoral de 2019 la “instrumentalización” de la justicia contribuyó a la persecución política incluso a través de terceros.

“El GIEI Bolivia identificó la falta de independencia judicial y la instrumentalización de la justicia con fines políticos como unos de los problemas estructurales derivados del análisis de las violaciones a #DDHH en 2019”, escribió el experto en un hilo de 15 tuits referidos al asunto.

Vidal Melero puso como ejemplo al menos tres casos: Edith Chávez Arauco, Lorgia Fuentes y activistas sociales considerados “guerreros digitales”.

“El GIEI identificó que la persecución y el hostigamiento a exautoridades se realizó también de manera indirecta, a través de procesos seguidos en contra de terceras personas”, dijo.

Chávez era trabajadora doméstica del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y Fuentes fue vinculada por una “testigo clave” con el exministro de Gobierno Carlos Romero. Ella habló el martes con la transmisión Piedra, Papel y Tinta de La Razón y recordó el suplicio que pasó cuando en enero de 2020 fue plagiada por agentes, torturada y electrocutada por negarse a firmar un papel contra Romero.

“En el caso de Lorgia Fuentes, el informe del GIEI identifica que su persecución estuvo relacionada con su «supuesta relación afectiva con el exministro de gobierno de Evo Morales, situación que, además de irrelevante para fines penales, es negada por ella», recordó Vidal Melero.

Como dijo en la entrevista con La Razón, Fuentes contó los detalles de su caso al GIEI: “Fue arrestada en febrero de 2020, cuando se encontraba internada en una clínica. Según su declaración al GIEI, durante los 130 días que estuvo en la clínica permaneció atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna. y enmanillada en una de sus muñecas”, citó el GIEI en su informe presentado en agosto reciente.

Fuentes dijo a la transmisión de este diario que el exministro de Gobierno Arturo Murillo usó su caso para buscar amedrentar a Romero.
Sobre Chávez, “el GIEI advierte que se dictó prisión preventiva en su contra como una forma de presión para obtener informaciones sobre el paradero del exministro de Presidencia”, dijo Vidal Melero.

En relación a los “guerreros digitales”, el exejecutivo del GIEI dijo que ellos fueron detenidos y juzgados pro presuntas conductas sediciosas.

Lee también: Lorgia Fuentes: Fui secuestrada, electrocutada y encadenada en el gobierno de Áñez

“El GIEI destacó en su informe la persecución de activistas sociales en el denominado caso ‘guerreros digitales’, basado en un ciberpatrullaje policial para identificar personas que manifestaban opiniones contrarias al gobierno de Jeanine Áñez y ‘desinformaban’ al público”.

El 17 de agosto de este año, el GIEI presentó su informe a Bolivia sobre la violencia y violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, en el que destacó los resultados de la investigación de las masacres de Sacaba y Senkata, en la que incluso hubo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, cuyo saldo fue una veintena de fallecidos por impacto de bala.

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Becker: Cada semana recibo amenazas, pero me preocupan más los indígenas

En pasados días, la Embajada de Estados Unidos denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas y demandó al gobierno de Luis Arce su “desmantelamiento”.

El abogado Thomas Becker en entrevista con La Razón Radio.

/ 20 de octubre de 2021 / 10:24

Thomas Becker, abogado estadounidense que defiende a las víctimas de la masacre de 2003 y también apoya a las víctimas de 2019, ratificó este miércoles que todas las semanas recibe amenazas de parte de “grupos irregulares”, sin embargo, aseguró que está más preocupado por los indígenas y otros sectores más desprotegidos que, en su versión, también sufren la misma situación.

También puede leer: Becker denuncia que fue amenazado de muerte durante el paro cívico. 

“Cada semana recibo amenazas, por lo menos en las redes sociales, pero en las calles también; hay grupos de choque que me han rodeado varias veces, me han dicho que iban a matarme (e incluso) me han atacado un par de veces frente a mis estudiantes (porque) yo tengo estudiantes que a veces trabajan conmigo para aprender cómo ser un abogado de derechos humanos”, dijo el jurista en una entrevista con La Razón Radio.

No obstante, remarcó que cuando ocurre este tipo de situaciones con un “gringo”, todos reaccionan, a diferencia de cuando, por ejemplo, una mujer de pollera es igualmente víctima de amenazas y nadie dice nada sobre eso. 

Entonces, “como he dicho, lo que me preocupa mucho más es el pueblo, la gente, los indígenas, que también han sido atacados (porque, por ejemplo) los motoqueros son grupos muy violentos, (actúan) con mucho racismo y tenemos que castigarlos, desarticularlos, tal como ha dicho la embajada gringa”, agregó.

En pasados días, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al gobierno de Luis Arce su “desmantelamiento”.

Ese pronunciamiento surgió después de que la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas en Bolivia.

También puede leer: EEUU alerta a Bolivia sobre ‘grupos paraestatales violentos’ y pide su desmantelamiento.

El martes, tras el pedido de Estados Unidos, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció en La Razón Radio que se tomarán los “recaudos necesarios”.

Ahora, “está bien, yo tengo unas protecciones como gringo, porque tengo un perfil que ayuda mi situación, pero lo que me preocupa muchísimo más son todas las personas que no tienen esta voz internacional como yo”, insistió Becker, quien precisó haber sufrido amenazas en La Paz y Cochabamba.

Por tanto, “son grupos diferentes (los que me amenazan); una vez pasé por la marcha de los pititas yendo a la Defensoría del Pueblo y me empujaron diciendo que soy terrorista, pero también en Cochabamba los motoqueros (me amenazaron). Son grupos que están actuando como policías, (…) son grupos irregulares y sabemos quiénes son estos grupos: la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista”, apuntó.

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Presentan propuesta de ruta crítica de reforma y plantean que la Justicia debe lograr ‘la paz social’

Los seis ejes temáticos para desarrollar la reforma de la justicia en el corto plazo son el balanceo del conflicto, el sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, las soluciones TIC, el desarrollo normativo y la transparencia institucional.

La entrega fue durante un acto organizado en la Vicepresidencia del Estado.

/ 20 de octubre de 2021 / 01:29

El Ejecutivo presentó este martes una primera propuesta de ruta crítica para la reforma del sistema judicial en Bolivia. Uno de las propuestas es que la Justicia cumpla con el objetivo de lograr “la paz social” y para ello se ve necesario contar con jueces idóneos y calificados.

“La preocupación central de nosotros, como pueblo, es que la administración de justicia logre su finalidad que es la paz social. Cuando uno acude a un tribunal o juez solicitando una tutela jurídica, busca solucionar un conflicto de manera pacífica para que se aplique la ley, para ello, tenemos que tener una normativa jurídica procesal bien delineada y jueces idóneos y calificados, aptos para desarrollar esa labor tan importante”, explicó el secretario general de la Vicepresidencia del Estado, Rubén Saavedra.

Los seis ejes temáticos para desarrollar la reforma de la justicia en el corto plazo son el balanceo del conflicto, el sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, las soluciones TIC, el desarrollo normativo y la transparencia institucional.

Saavedra resaltó que esta primera propuesta permitirá orientar “el camino correcto por el cual debe caminar la reforma judicial boliviana”.

“Este es un primer trabajo de una ruta crítica que tenemos que atravesar para llegar al momento en el que todos nosotros, los bolivianos y bolivianas, tengamos claridad por qué camino debe ir la reforma judicial y de esta manera, en un futuro, podamos tener una justicia independiente y sentencias eficaces que den a cada uno lo que le corresponde”, explicó.

La Vicepresidencia del Estado y el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional presentaron los Resultados Parciales y Ruta Crítica del Proceso de Reforma del Sistema de Justicia en un acto que tuvo lugar en el patio central de la Vicepresidencia.

En el evento participaron César Siles Bazán, Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales; Vicente Pacosillo, Secretario Ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia; Amalia Yanarico Ortega, Secretaria Ejecutiva de las Mujeres Interculturales de Bolivia; y Esteban Alavi, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, según una nota institucional.

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Gremiales divididos, un sector confirma paro y otro asegura estar ‘con la reactivación’

Los gremiales demandan la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

Archivo. La calle Santa Cruz, una de las vías bloqeada por los gremiales. Foto: La Razón

/ 19 de octubre de 2021 / 22:17

Los gremiales se dividen. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto, Toño Siñani, confirmó que este jueves y viernes irán al paro exigiendo la abrogación de la Ley 1386, mientras que otra facción se reunió con el Gobierno y descartó sumarse a la medida de presión.

“En La Paz solo habrá movilizaciones por el tema de la feria 16 de Julio y en el resto del país movilizaciones y bloqueos”, advirtió a La Razón en coincidencia con su dirigente máximo, Francisco Figueroa, quien confirmó la medida de presión.

Siñani adelantó que el viernes el sector volverá a reunirse para ver medidas más radicales porque «el gobierno nos está haciendo mucho daño.

Mientras que otros dirigentes del sector se reunieron con autoridades del Gobierno en la Casa Grande del Pueblo en La Paz y descartaron sumarse a las protestas.

“No estamos de acuerdo con esta movilización (…) estamos con la reactivación económica y no vamos a paralizar, más bien hemos avanzado en la Ley de Protección Gremial”, sostuvo una de las dirigentes a Unitel.

Mientras que el dirigente gremial cruceño Edgar Álvarez descartó que cumplan con el paro definido, aunque confirmó que protagonizarán una marcha.

«Haremos un mitin con una movilización a las 08.00 con el transporte y demás organizaciones que quieren sumarse», sostuvo

Sobre la reunión de una facción con el Gobierno, Siñani sostuvo que quienes se reunieron con el Gobierno son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y advirtió que la diferencia se la «mide en las calles».

Los gremiales demandan la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Sumaron esta exigencia tras haber logrado que el Gobierno retire del tratamiento legislativo un proyecto de ley de lucha contra este ilícito.

A este movimiento se sumaron cívicos, políticos de oposición, expresidentes, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), quienes incluyeron nuevas demandas como la liberación de “presos políticos”.

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Áñez dice que ser finalista del Premio Sájarov es un ‘respaldo del mundo democrático’

La expresidenta Jeanine Áñez agradeció a legisladores europeos por la nominación como finalista del premio que tiene relación con los derechos humanos

Áñez está detenida desde marzo. Foto de archivo: AFP.

/ 19 de octubre de 2021 / 20:20

La expresidenta Jeanine Áñez valoró que haya sido elegido como finalista del Premio Sájarov, de derechos humanos, porque es un “respaldo del mundo democrático”.

“El hecho de ser finalista es un respaldo del mundo democrático que no nos abandona en la difícil adversidad”, destacó en una carta manuscrita dirigido al resto de finalista del premio otorgado por el parlamento europeo.

Navalni, Áñez y las mujeres afganas resultaron finalistas del premio que otorga la Unión Europea (UE) previa nominación de los eurodiputados.

La administración de Luis Arce envió al parlamento europeo información sobre los procesos que pesan en contra de la expresidenta, quien se encuentra en la cárcel por el caso golpe de Estado de 2019. También está en trámite un juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata.

Áñez fue nominada por la ultraderecha Vox.

“Agradecimientos a los parlamentarios de la Unión Europea comprometidos con la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en el mundo”, sostiene en la carta manuscrita publicada en sus redes sociales.

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Legislativo se reúne para anular decreto de amnistía y cumplir recomendación del GIEI

Los diputados y senadores fueron citados para el jueves con la finalidad de tratar el decreto aprobado en febrero para beneficiar a personas procesadas en el gobierno de Jeanine Áñez

El pleno de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa.

/ 19 de octubre de 2021 / 19:02

Los diputados y senadores se reunirán el jueves en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la abrogación del decreto presidencial de amnistía, en cumplimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El decreto de febrero establece que serán beneficiadas las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Los legisladores fueron convocados para las 14.00 del jueves con un solo tema en agenda: “Consideración de del decreto presidencial 4571 que abroga el decreto presidencial 4461 de concesión de amnistía e indulto”.

El GIEI advirtió que esa norma debe ser anulada porque solo cuestiona el procedimiento y puede llegar a beneficiar a quienes fueron parte de la violencia y muerte de noviembre de 2019.

El canciller Rogelio Mayta aseguró en agosto que hasta ese entonces “nadie ha sido amnistiado en función a ese decreto” aprobado por el gobierno del presidente Luis Arce.

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