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viernes 22 oct 2021 | Actualizado a 15:44

La Gobernación llama ‘delincuentes pagados’ a manifestantes y retira las wiphalas

“Ya está de buen tamaño y que quede bien claro: todo tiene un límite”, advirtió Suárez. “Mientras los masistas no estén en la Gobernación, esa bandera jamás va a ser izada aquí”, agregó Aguirre.

Foto: Gobernación de Santa Cruz.

/ 28 de septiembre de 2021 / 14:12

La Gobernación de Santa Cruz condenó este martes una protesta de centenares de personas que marcharon exigiendo el respeto a los símbolos patrios e izaron banderas de la wiphala en el edificio de la administración departamental.

“Lastimosamente hemos sido arremetidos por un grupo de vándalos, de delincuentes, porque (solo) ese es el calificativo que se puede dar a esta gente que ha venido acá; tenemos todos los indicios de que han sido pagados”, dijo Rubén Suárez, secretario de Seguridad Ciudadana.

Aseguró que incluso tuvo “la suerte” de hablar con uno de ellos y le dijo que fueron pagados para ir hasta la Gobernación a provocar y si es posible a “enfrentar” si se ponía resistencia.

“Pero nosotros ya teníamos la información e instruimos a nuestro personal que no responda a esa provocación”, sostuvo en conferencia de prensa. 

El funcionario agregó que la Gobernación no caerá en el “juego” de estos grupos porque sabe lo que están buscando.

“Pero también que quede bien claro que no vamos a permitir (más) lo que ha ocurrido hoy, que es un asalto en forma criminal y dolosa (para tratar de) imponer algo (…) poniendo en riesgo a las personas que estaban haciendo sus trámites y a todos los funcionarios públicos”, arengó.

En horas de la mañana, varias organizaciones, señaladas como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), protagonizaron una marcha de protesta en la ciudad de Santa Cruz y terminaron su manifestación lanzando huevos a la Gobernación e izando dos banderas de la wiphala y una del patujú en los mástiles de la administración departamental.

Estas protestas surgen después de los bochornosos actos del pasado 24 de septiembre en pleno homenaje a Santa Cruz, donde se agravió a la wiphala, se chicoteó a una persona vestida con poncho e incluso el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, impidió que el vicepresidente David Choquehuanca (que entonces estaba como presidente en ejercicio) emita su discurso.

También puede leer: Manifestantes lanzan huevos e izan la wiphala en la Gobernación de Santa Cruz

Pero “ingresar de forma delincuencial (…) a una institución pública que es de todos los cruceños no es la forma (correcta). Aquí estamos nosotros las autoridades para que se cumpla la ley, (…) ya está de buen tamaño y que quede bien claro: todo tiene un límite”, advirtió Suárez.

Por su parte, la asambleísta departamental Paola Aguirre informó que se decidió retirar las banderas izadas por los “adeptos del MAS pagados”.

“No se puede tener otra respuesta de parte de la Gobernación sino el hecho de retirar aquellas banderas que además no nos representan, (…) en este momento nos vamos a dirigir allá (…) y vamos a retirar las banderas y vamos a invitar a los masistas que vengan a recoger las banderas, porque esa no es la manera de colocar; mientras los masistas no estén en la Gobernación, esa bandera jamás va a ser izada aquí”, apuntó.

Luego finalmente las wiphalas fueron retiradas.

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Evento en Washington que rebate la auditoría de la OEA causa protestas a favor y en contra

Un grupo aseguró que hubo “golpe de Estado” en 2019 y otro, que existió “fraude electoral”.

Las protestas en Washington. Fotos: RRSS.

/ 22 de octubre de 2021 / 13:42

Un evento en Washington, Estados Unidos, organizado por el embajador boliviano Héctor Arce con el fin de rebatir la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia, generó este viernes protestas a favor y en contra.

El encuentro, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, se realizó en el Salón de las Américas de la OEA en Washington con la participación de distintos embajadores y académicos, y afuera del edificio se concentraron varias personas.

Un grupo de personas llegó al lugar con banderas de la tricolor y de la wiphala, además de carteles en los que se exigía justicia por los muertos en las masacres de Sacaba y Senkata y también se aseguraba que hubo “golpe de Estado” en Bolivia durante la crisis de 2019.

Asimismo, este grupo protestó con carteles en contra de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que impulsó una cuestionada auditoría a las elecciones anuladas en Bolivia y que estableció que hubo una “manipulación dolosa” de los votos, lo cual provocó el agravamiento de la crisis de 2019 hasta provocar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de protestas por un supuesto “fraude electoral”.

Mientras otro grupo de manifestantes se concentró afuera del evento con banderas de la tricolor y de la flor del patujú.

Según videos difundidos en distintas plataformas digitales, este segundo grupo también entonó el Himno Nacional y en sus carteles escribió que “en Bolivia no hubo golpe de Estado”, sino “fraude”.

Además, condenó la supuesta persecución política a opositores y exigió la abrogación de un paquete de leyes impulsado por el gobierno de Luis Arce.

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El Gobierno ratifica que la Ley 1386 será reglamentada con sectores sociales

El Ministerio de Economía aseguró que se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías para la ejecución de la cuestiona norma.

Una de las protestas realizadas en Santa Cruz contra la Ley 1386. Foto: APG.

/ 22 de octubre de 2021 / 12:25

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas confirmó este viernes que la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo —que genera en el país algunas movilizaciones y anuncios de nuevas medidas de presión—, será reglamentada en coordinación con los sectores sociales.

“La Ley será reglamentada en coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia; es decir, se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras, para la ejecución de la citada norma”, cita un boletín informativo de ese despacho gubernamental.

Además, la reglamentación será puesta a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo en coordinación con las carteras de Estado que conforman dicha instancia.

La Ley 1386, de siete artículos y vigente desde el pasado 16 de agosto, es cuestionada por algunos sectores sociales del país, como los cívicos, gremiales, transportistas y otros.

Sin embargo, “esta normativa no afecta a los transportistas, pequeños comerciales ni al sector gremial, como lo expresaron algunos representantes de organizaciones sociales (y) políticos de oposición; al contrario, esta ley es preventiva, considerando que define las principales directrices en cuanto a la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, insiste Economía y Finanzas Públicas en su nota.

El Gobierno también inició una campaña de socialización con algunas organizaciones sociales que se encuentran susceptibles por la vigencia de la ley y, según el Ministerio de Economía, “muchos sectores comprendieron el objetivo de la medida” y ahora, luego de aclarar sus dudas, “incluso apoyan la norma porque saben que no les afectará como se pretende hacer creer a la población”.

“En este contexto, es tendencioso señalar que la norma en cuestión tiene únicamente un fin de persecución, ignorando que la necesidad de esta ley responde al cumplimiento de un compromiso realizado a nivel internacional tanto con las Naciones Unidas, así como con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros”, concluye el reporte.

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Morales se reúne con AMLO y éste le dice ‘leal dirigente del pueblo de Bolivia’

Evo Morales se encuentra en México y tuvo una reunión con López Obrador en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

Evo Morales junto a López Obrador. Foto: @lopezobrador_

/ 22 de octubre de 2021 / 09:00

El expresidente boliviano Evo Morales se reunió la noche del jueves con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de la capital mexicana, donde fue llenado de elogios por el mandatario del país norteamericano.

“Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe”, escribió López Obrador en su cuenta oficial en Twitter.

Mientras, Morales, también por la misma red social, dijo que “con el hermano presidente de México y su equipo político” sostuvo una reunión extendida y muy productiva para compartir experiencias de gobierno y gestión pública.

Según el exmandatario boliviano, en el encuentro igualmente se hizo una evaluación sobre la situación política y económica de América Latina.

Además, “le expresamos al hermano (López Obrador) nuestra gratitud, profundo respeto y cariño por salvarnos la vida y nuestra admiración por ayudarnos a recuperar la democracia en Bolivia”, añadió Morales.

El expresidente, en la crisis de 2019, inicialmente se refugió en México, después de que renunció a la presidencia el 10 de noviembre de ese año en medio de protestas cívicas que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

De hecho, el Gobierno mexicano le envió a Morales un avión para sacarlo del país.

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Richter califica de ‘contundente’ el pedido de EEUU y anuncia que la Cancillería le responderá

El vocero presidencial cree que las plataformas políticas todavía quieren preservar los “grupos irregulares” como un “último reservorio de esperanza para (…) desestabilizar el país”.

Jorge Richter en entrevista con La Razón. Foto: Oswaldo Aguirre.

/ 21 de octubre de 2021 / 14:23

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este jueves que es “contundente” el pedido realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para el desmantelamiento de “grupos irregulares” en el país.

“La Embajada americana lo que está señalando es un pedido contundente de decir: señores en Bolivia esto está existiendo y hay que (desarticular)”, afirmó Richter en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

En pasados días, la Embajada de Estados Unidos denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al gobierno de Luis Arce su “desmantelamiento”.

Ese pronunciamiento surgió después de que la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas en Bolivia por parte de grupos, como la Resistencia Juvenil Cochala, que fueron identificados como “parapoliciales” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

También puede leer: EEUU alerta a Bolivia sobre ‘grupos paraestatales violentos’ y pide su desmantelamiento.

Ahora, “a través de la Cancillería se va a tomar contacto (con Estados Unidos) para realizar la respuesta que corresponde, pero, de manera clara, el presidente (Arce), cuando se presentó el informe del GIEI, ya anunció que estos grupos van a ser desmantelados”, agregó Richter.

También puede leer: Arce demanda juicio de responsabilidades y anuncia eliminación de grupos ‘parapoliciales’.

El funcionario señaló que la desarticulación de estos grupos se realizará “aunque desde las plataformas políticas, (como) Creemos y Comunidad Ciudadana, se los trate todavía de preservar como un último reservorio de esperanza para ver si con ello pueden desestabilizar el país”.

Sin embargo, “no tienen futuro ni perspectiva”, concluyó el vocero.

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Tras la revisión de actas, el Procurador solicita al TSE otorgar información en 24 horas

La carta fue recibida en ventanilla única del TSE a las 12.07 del miércoles, por lo que su plazo de la Procuraduría concluye este jueves.

El acceso al edificio del TSE. Foto de archivo: La Razón.

/ 21 de octubre de 2021 / 12:57

Después de que la Procuraduría General del Estado realizó el análisis “acta por acta” de las elecciones generales de 2019 para descartar que hubo “fraude” en esos comicios anulados, ahora requiere al Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgar información relacionada a ese proceso en un plazo de 24 horas.

Según una misiva del procurador Wilfredo Chávez, a la que tuvo acceso La Razón y está dirigida a Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, se solicita a esa autoridad electoral instruir otorgar a la Procuraduría un “informe técnico jurídico” y también unas fotocopias legalizadas de determinadas actas.

Sobre el primer requerimiento, se precisa que “mediante la Dirección Nacional Jurídica del TSE (se pueda remitir un) informe técnico jurídico, que señale y determine cuál fue el análisis legal que se realizó en las elecciones generales de 2019 de las actas que no pueden ser verificadas en el sitio oficial del TSE para la revisión de las mismas”.

Sobre la segunda solicitud, se pide que “mediante la Secretaría de Cámara del TSE, se fraccione fotocopia legalizada de las actas anverso y reverso que no se encuentran en la página web”.

Y toda esa “información requerida deberá ser remitida a la Procuraduría General del Estado en un plazo de 24 horas, computables a partir de la recepción del presente requerimiento en el marco de lo establecido en el Núm. 5 del Art. 18 de la Ley 064 del 15 de diciembre de 2015”, concluye la misiva.

La carta fue recibida en ventanilla única del TSE a las 12.07 del miércoles, por lo que su plazo de la Procuraduría concluye este jueves.

El pasado 15 de octubre, la Procuraduría General del Estado terminó la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en ese proceso electoral no existió “fraude”. 

También puede leer: Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019.

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