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miércoles 19 ene 2022 | Actualizado a 21:42

Montenegro afirma que se infunde miedo sobre la ley de ganancias ilícitas con ‘sofismas’

El Ministro de Economía considera que se está “mediatizando de forma inadecuada” el proyecto de ley que genera rechazo en varios sectores.

/ 29 de septiembre de 2021 / 09:31

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró este miércoles que los legisladores de la oposición infunden miedo en la población sobre el proyecto de ley de ganancias ilícitas con base a “mentiras y sofismas”.  

“En plan de mentiras, de sofismas y de interpretaciones antojadizas del proyecto de ley están infundiendo este miedo”, dijo Montenegro en una entrevista con RTP.

El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría absoluta, el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, y lo remitió al Senado.

Comunidad Ciudadana (CC) planteó que, antes de que sea tratado en el Senado, el proyecto de ley vaya al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respectivo control, porque considera que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos.

En pasados días, el propio líder de CC, Carlos Mesa, señaló que ese proyecto de ley “vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales” e incluso indicó que “es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución”.

En Creemos también rechazan la iniciativa. Según el senador Henry Montero, quien tenga una actividad informal tendrá que demostrar documentalmente cómo creció su patrimonio y, para ello, la UIF tiene toda la potestad de investigar sin requerimiento fiscal y esta situación preocupa porque el 80% de la población boliviana mantiene una actividad económica informal.

Entretanto, varios sectores, como los gremiales o la prensa, ya mostraron también su preocupación de manera pública y algunos de ellos hasta advirtieron con asumir medidas de presión.

Sin embargo, Montenegro insistió que esta propuesta de ley no va a afectar a gremiales ni a periodistas u otros sectores como se está advirtiendo de manera constante porque lo que se pretende es simplemente “compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está disperso en varias leyes”.

“De hecho, los bancos, las entidades financieras, que son los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, ya lo vienen haciendo hace muchos años atrás; jamás un oficial de crédito del banco dice ‘dónde están tus facturas’, no, se ve el movimiento económico natural, que van anotando los comerciantes, los gremiales, los transportistas, y en función a eso se les va otorgando los créditos”, agregó.   

De la misma manera, según la autoridad gubernamental, si se produce una investigación, “va a ir por la Unidad de Investigaciones Financieras y de la UIF siempre irá por la Fiscalía y (luego) a un juez”. “En ningún caso la UIF va a determinar: usted es el culpable”, enfatizó.

Por lo tanto, de acuerdo al ministro, se está “mediatizando de forma inadecuada” el cuestionado proyecto de ley. “La oposición, vamos a decir los senadores y diputados de CC y de Creemos están induciendo a falsas interpretaciones de lo que es la ley, además las leyes bien hechas no se interpretan”, puntualizó.

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El Gobierno es centro de críticas por suspender la exigencia del carnet de vacuna

Las autoridades subnacionales calificaron de “error garrafal” y hasta de “demagogia e incapacidad” la nueva determinación gubernamental.

Control del carnet de vacunación. Foto de archivo: La Razón.

/ 19 de enero de 2022 / 15:58

Después de que el Gobierno decidió nuevamente suspender la exigencia del carnet de la vacunación contra el COVID-19 en medio de la presión de los grupos antivacuna, autoridades opositoras de distintas regiones del país cuestionaron la determinación del Ejecutivo.  

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, calificó como “un error garrafal” la decisión y consideró que se trata de una nueva muestra de “debilidad del Gobierno central”.

“Con eso (el Gobierno) solo demuestra que no es serio con la población boliviana, es una falta de responsabilidad; toma una decisión (y luego) hace otra decisión, creo que la movilización (de los antivacuna) en El Alto y en Cochabamba le hizo asustar”, agregó Condori.

El secretario de Salud de la Alcaldía de El Alto, Saúl Calderón, afirmó que se trata de una “decisión muy desafortunada” porque al menos en ese municipio se estaban rompiendo “récords de vacunación” desde que se había decidido exigir el carnet.

Ahora “implica que habrán menos personas para vacunarse y (…) vamos a tener mayor posibilidad de contagio; los grupos antivacuna han estado adquiriendo mayor fuerza porque hemos estado permitiendo que ellos avancen en su forma de agresión, (…) si estos grupos siguen golpeando, hay que sancionar con los debidos procesos porque es atentado a la salud pública”, indicó Calderón.

Mientras, el alcalde de La Paz, Iván Arias, tildó de wayronco (insecto que da varias vueltas antes de posarse en algún sitio) al ministro de Salud, Jeyson Auza, por “tantas idas y venidas” sobre el control del carnet de vacunación.

“Tantas idas y venidas. Ministro wayronco que desprecia, se burla de la vida y salud de los bolivianos. Demagogia e incapacidad. Ganó la irracionalidad”, escribió Arias en su cuenta en Twitter.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, dijo que “estas estrategias que el Gobierno saca de manera improvisada muchas veces hacen que la gente no quiera asistir nuevamente a los centros de vacunación”.

Pero “el nivel nacional siempre se manejó de esa forma, inclusive para hacer prepuestos no hace partícipe a municipios y departamentos, y elabora de manera unilateral y éste es un reflejo más de la falta de coordinación en ciertas determinaciones”, añadió Pacheco.  

Entretanto, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, ratificó que la ley municipal de esa región “continuará vigente” para exigir el carnet de vacuna.

“Por lo tanto, esta es la aplicación estricta dentro de la jurisdicción de Sucre; vamos a visitar las instituciones públicas y privadas para advertirles que una ley municipal tiene alcances de cumplimiento y el desacato a la misma puede ser sujeto a algunas sanciones”, alertó.

En la misma línea, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, aseguró que en esta región se continuará exigiendo el documento sobre la inoculación.

“Nosotros vamos a continuar exigiendo el carnet de vacunación; para entrar a un centro de salud vamos a exigir, vamos a exigir en aeropuertos, vamos a exigir en terminales, porque es una competencia departamental”, sostuvo Quispe.

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El Pacto de Unidad baja el tono y se acoge a la decisión de Arce sobre su gabinete

Arce y Choquehuanca se reunieron en La Paz con las organizaciones sociales que respaldan su gobierno para evaluar la gestión de los ministros.

El presidente Luis Arce a la salida de la reunión.

/ 19 de enero de 2022 / 15:25

El Pacto de Unidad se reunió este miércoles con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca para evaluar la gestión de los ministros y a la conclusión del encuentro su dirigencia se mostró más condescendiente a diferencia de hace dos días, cuando exigió de manera expresa el cambio del gabinete.

“Hemos llegado a una conclusión de cuestionar a la mayoría de los ministros; sin embargo, respaldamos plenamente la gestión de nuestro Presidente (…) porque es una gestión totalmente aprobada, es uno de los presidentes más respaldados en América Latina con la mayor ejecución presupuestaria”, dijo Omar Ramírez, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El dirigente agregó que en la reunión se ha “censurado” a varios ministros, principalmente al titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, pero reconoció que por mandato constitucional el Presidente “tiene toda la facultad de designar a su nuevo gabinete ministerial”.

“Ahora, el Presidente verá en el transcurso de los días si ratifica o cambia a la totalidad o un porcentaje de sus ministros; sin embargo, aquí les quiero decir claramente que el Presidente no nos ha dicho ‘vamos a ratificar’, pero tampoco nos ha dicho ‘vamos a destituir’; entonces, esperaremos su buena voluntad para recoger las concepciones de las diferentes organizaciones sociales”, afirmó.

Mientras, la secretaria de Organización de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Graciela Villca Soto, aseguró que el próximo 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, no habrá cambio de gabinete ministerial.

“No salió ninguna decisión (en esta reunión), sí fue análisis de ministros, (pero) el 11 de febrero vamos a reunirnos otra vez. No va a haber cambios el 22”, señaló.

Entretanto, el presidente Arce optó por no entrar en detalles sobre el encuentro y solo se limitó a decir ante los medios de comunicación que todo está “muy bien”.

La reunión se realizó durante varias horas en instalaciones de la CSUTCB, que es una de las principales organizaciones sociales que forma parte del Pacto de Unidad.

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Fiscal del caso Ítems solicita vacaciones de 30 días, alega problemas de salud

Javier Cordero aseguró que las investigaciones continuarán a través del trabajo de otros miembros de la comisión de fiscales.

El fiscal Javier Cordero. Foto de archivo: APG.

/ 19 de enero de 2022 / 12:07

El fiscal Javier Cordero, miembro de la comisión que investiga el caso Ítems fantasma, informó este miércoles que solicitó vacaciones y que volverá a su trabajo en 30 días.

“Solicité unas vacaciones y ha sido concedida obviamente por el tema de salud (diabetes), se ve que estoy delicado y aprovecharé estas vacaciones”, dijo Cordero en un breve contacto con algunos medios en Santa Cruz.

Subrayó que presentó su solicitud con la debida anticipación y que las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos de la Alcaldía de Santa Cruz, a través de la creación de ítems fantasma, continuarán.

“La doctora Marcela Terceros queda a cargo y va a seguir con las investigaciones; la comisión de fiscales está en la labor para seguir con las investigaciones, hay dos fiscales (más)”, recordó.

El caso Ítems fantasma es uno de los presuntos hechos de corrupción que generó mayor atención en Santa Cruz y en el resto del país por la gran cantidad de personas e incluso instituciones implicadas.

Al momento hay varias personas investigadas, prófugas y hasta encarceladas, entre ellas la exalcaldesa Angélica Sosa.

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La Fiscalía presenta acusación contra el exministro Navajas por el caso Respiradores

Las acusadas son ocho personas y la Fiscalía solicita para ellas una pena máxima de 10 años de prisión.

El exministro de Salud Marcelo Navajas. Foto de archivo: APG.

/ 19 de enero de 2022 / 10:55

El Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas, entre ellas el exministro de Salud Marcelo Navajas, presuntamente implicadas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares, de la marca y modelo Respira Device, de origen español, informó este miércoles Juan Lanchipa, fiscal general del Estado.

Entre los acusados también se encuentran el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; el exdirector ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovanni Pachecho; la exencargada de Equipamiento de la AISEM Ana Fernanda Espinoza; la exencargada de Adquisiciones Gabriela Claudia Pérez; el excónsul de Bolivia en España David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS) Fernando José Arias Alzerreca; y Luis Fernando Humérez Ortíz.

Éste último pudo haber sido el contacto entre los personeros de una empresa española y el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud.

Los delitos atribuidos a los exfuncionarios públicos son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.

“Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal”, sostuvo Lanchipa.

El fiscal recordó que este proceso de compra se inició el 8 de mayo de 2020; es decir durante el gobierno de Jeanine Áñez y en uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria. Sin embargo, los respiradores españoles, cuando fueron recibidos, no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de que no eran aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos de COVID-19.

Es así que en este proceso, el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación.

Entre ellas, según una nota de informativa de la Fiscalía General, el dictamen pericial de auditoria forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los 170 ventiladores pulmonares; informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de donde se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados en estos hechos; informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor; así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico, que estableció que los ventiladores pulmonares no eran aptos para la Unidad de Terapia Intensiva ni para tratar pacientes críticos del COVID-19, entre otras.

Lanchipa indicó que los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, a pesar de las observaciones que hizo en su momento un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, que se contaba con una mejor oferta y precios de la empresa boliviana Cosin Ltda., que ofrecía los ventiladores a $us 13.000 la unidad, aproximadamente.

El proceso de compra directa de los ventiladores se realizó entre la empresa española intermediaria IME Consulting Global SL y la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto superior a los $us 4 millones, de los cuáles se pagó la mitad, es decir, más de $us 2 millones. Luego el proceso fue paralizado porque no cumplía con las especificaciones y por falta de accesorios. El precio unitario de cada ventilador acordado fue de $us 28.000, aproximadamente.

Desdoblamiento del caso

Con relación a los españoles Iñaki García e Ignacio Mazarraza de la empresa intermediaria IME IME Consulting Global SL, y el abogado Wálter Zuleta, que radica en Perú, a efectos de dar continuidad y celeridad en la sustanciación del juicio oral en contra de los ahora acusados, se dará lugar al desdoblamiento del caso principal para que, según la Fiscalía, sobre los mismos se desarrollen los procedimientos correspondientes a la cooperación internacional, considerando que no se encuentran en territorio nacional.

Según informes emitidos por el CEASS, se evidenció que físicamente los ventiladores pulmonares se encuentran en instalaciones de esa institución ubicadas en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto y sin funcionamiento.

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Morales insiste que ‘el golpe en Bolivia fue reedición del Plan Cóndor’

Según un periódico argentino, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reconoció haberse reunido con la expresidenta boliviana Jeanine Añez.

El expresidente Evo Morales. Foto de archivo: @evoespueblo.

/ 19 de enero de 2022 / 09:51

El expresidente Evo Morales volvió este miércoles a considerar que el supuesto golpe de Estado de 2019 en Bolivia fue una reedición del Plan Cóndor, después de que, según el periódico argentino Página 12, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció que se reunió con la expresidenta Jeanine Áñez.

“Un presidente derechista admite haberse reunido con la presidenta de facto que reprimió, persiguió, masacró y robó al pueblo boliviano. En vez de defender la democracia, el servilismo al imperialismo facilitó el intervencionismo. El golpe en Bolivia fue reedición del Plan Cóndor”, escribió el expresidente Morales en su cuenta en Twitter.

También puede leer: Según Página 12, Bolsonaro confirma reunión con Áñez y cuestiona el proceso en su contra.

El Plan Cóndor era un sistema de coordinación represiva en los países del Cono Sur que operó en la década de los años 70 hasta inicios de los años 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles.

En el caso boliviano, durante la crisis de 2019, Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre de ese año acorralado por denuncias de presunto fraude electoral, un motín policial y una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, mediante un cuestionado proceso de transición.

A través de posteriores investigaciones, se conoció que Ecuador, durante el gobierno del expresidente Lenin Moreno, y Argentina, bajo la administración del expresidente Mauricio Macri, apoyaron a Áñez con el envío de material antidisturbios.

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