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miércoles 6 jul 2022 | Actualizado a 11:56

Indígenas entregan su pliego petitorio al Gobierno y piden otra vez reunión con Arce

El Gobierno todavía evalúa el pliego petitorio para que, de acuerdo con el viceministro Álvaro Ruiz, “se pueda instalar en algún momento el diálogo”.

/ 2 de octubre de 2021 / 08:53

La marcha indígena, que llegó hace dos días de Trinidad al centro de la ciudad de Santa Cruz, hizo llegar de manera oficial al Gobierno un pliego de demandas de 15 puntos y solicitó nuevamente una reunión con el presidente Luis Arce.

La información fue confirmada por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien precisó que en horas de la tarde del viernes los marchistas “han hecho llegar una nota al presidente Arce acompañando la carta con su pliego”.

Entonces, aunque “durante los 37 días (de la marcha) no han presentado el pliego, (…) finalmente hemos conocido”, dijo la autoridad gubernamental.

De manera general, indicó que las demandas de los movilizados “prácticamente no varían en nada” en relación a los pedidos de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y con cuya dirigencia, según la autoridad, “orgánica y legítima”, se fue avanzando durante esta semana en distintas mesas de trabajo. 

Por tanto, “hay temas que ya estamos trabajando (en esas mesas), hay temas que se van a resolver en corto plazo, otros a mayor plazo, y para aplicar otros (puntos) hay que esperar una nueva Constitución Política del Estado”, sostuvo Ruiz en una entrevista con Bolivia TV.

Pues, por ejemplo, según el Viceministro, los marchistas piden más escaños en la representación nacional, pero eso ya está establecido por norma y en consecuencia necesitaría un cambio en la Constitución.

También “están planteando hacer algunos cambios a la Ley Marco de Autonomías y eso no es sencillo como para cambiar rápidamente; esa ley no solo involucra a la autonomía indígena, sino también a los gobiernos municipales, departamentales y la autonomía regional”, enfatizó.

Ahora el Gobierno todavía evalúa el pliego petitorio para que, de acuerdo a Ruiz, “se pueda instalar en algún momento el diálogo”.

También puede leer: Reunión de indígenas y Gobierno entra en cuarto intermedio sin fecha de reanudación

La marcha indígena, en defensa de su tierra y territorio, comenzó el 25 de agosto en Trinidad, Beni, y llegó la noche del jueves a la plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

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Morales pide investigar a ‘narcos’ con la misma rapidez que los anuncios ‘para proscribir al MAS’

El martes se conoció que el Presidente y el Vicepresidente instruyeron investigar la denuncia del diputado Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

El expresidente Evo Morales. Foto de archivo: AFP.

/ 6 de julio de 2022 / 11:24

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, solicitó este miércoles la conformación de una comisión de fiscales para investigar los casos de presuntos narcotraficantes más conocidos de las últimas semanas o meses con la misma rapidez que los anuncios de investigación realizados recientemente, en su criterio, para “dividir y proscribir” al partido que lidera.

“Pido formar una comisión de fiscales del interior del país para que investigue los casos de Misael Nallar (quien está involucrado en el asesinato de tres uniformados en Porongo), narcoaudios (que investiga una supuesta protección a narcotraficantes) y volteo de droga con la misma rapidez que se persigue a dirigentes y se anuncia investigaciones para dividir y proscribir al MAS-IPSP”, afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Esta expresión surge después de que el martes se conociera que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron al Ministerio de Justicia investigar la denuncia del diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sobre un presunto financiamiento electoral por parte de un acusado de narcotráfico.

También puede leer: Arce y Choquehuanca instruyen indagar denuncia de financiamiento por un acusado de narcotráfico.

Aunque el mismo día, Morales también había “saludado” por Twitter al presidente Arce por instruir “investigar las falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS-IPSP”.

Pero “que se investigue de cara al pueblo y con total transparencia ese y otros casos de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico. Estamos seguros que se comprobará la falsedad y pediremos sanciones con todo el peso de la ley contra quienes intentan destruir al MAS-IPSP”, sostuvo el exmandatario.

Además, Morales pidió a toda su militancia mantenerse en estado de alerta ante “los ataques internos y externos contra el instrumento político del pueblo”.

También puede leer: El MAS responde a Cuéllar y lo acusa de usar documento falsificado para denunciar a García.

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El Gobierno deslinda responsabilidad sobre el tercer mercado de coca, en Villa El Carmen

El viceministro Arlem Lovera ratificó que el conflicto de Adepcoca es interno y que el Gobierno respeta “la institucionalidad privada”.

El viceministro Arlem Benjamín Lovera en entrevista con La Razón Radio.

/ 6 de julio de 2022 / 10:45

En medio del conflicto latente por la creación de un tercer mercado de coca debido a la división en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el viceministro de Coca, Arlem Benjamín Lovera, afirmó este miércoles que la normativa vigente en el país es muy clara y que no hay una dirección exacta identificada para el centro de expendio de ese producto en La Paz.  

“La norma dice (de manera) muy clara que se reconoce en el departamento de La Paz el mercado de Adepcoca, en la (Ley) 906 (….) no está una dirección exacta, y tanto (la dirigencia de) Machicado y Alanes son parte de una misma asociación; pero (…) la ley es clara y reconoce el mercado de Adepcoca y ambos se identifican como Adepcoca, no es otra institución u otro grupo de productores de coca que se está atribuyendo otro mercado”, dijo Lovera en una entrevista con La Razón Radio.

La Ley General de la Coca (906), en su artículo 24, establece que “se reconoce en el departamento de La Paz, el Mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca – Adepcoca, y en el departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba”.

Adepcoca está dividida desde hace bastante tiempo, pasó por una serie de conflictos y actualmente tiene dos directivas (una al mando de Freddy Machicado y otra al de Arnold Alanes) que se atribuyen su legítima representación.

El mercado de Adepcoca está construido en la zona de Villa Fátima, en La Paz, y Alanes, en medio de la persistente división de la organización cocalera, optó por crear un tercer mercado en Villa El Carmen de la misma ciudad.

El lunes, los cocaleros liderados por Machicado realizaron una asamblea y determinaron dar un plazo al Gobierno (inicialmente dijeron hasta el 20 de julio y luego hasta el 7 de julio) para cerrar el mercado de Alanes.

Sin embargo, “el conflicto de Adepcoca es un conflicto interno, Adepcoca es una institución privada y nosotros (…) respetamos la institucionalidad privada, esperemos que dentro de Adepcoca puedan buscar los mecanismos de diálogo y de la concertación para buscar soluciones a este conflicto interno, no es un conflicto que tengan con el Gobierno”, respondió el Viceministro.

Además, la autoridad expresó su temor de que este conflicto perjudique otra vez la normal comercialización de la hoja de coca y con ello se agrave la “crisis” en el sector por los bajos precios del producto.

Lovera consideró que la crisis de los precios bajos de la coca deviene de la sobreproducción de la hoja permitida —según dijo— durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Policía aprehende al principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama

Hasta el momento suman dos las personas capturadas por el crimen que acabó con la vida de tres jóvenes en el trópico cochabambino.

El vehículo donde estaban los cuerpos de los asesinados en Ivirgarzama. Foto: Radio Televisión Carrasco.

/ 5 de julio de 2022 / 14:42

El principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama fue aprehendido la noche del lunes y en su domicilio fueron encontradas sustancias controladas, informó este martes Rubén Lobatón, comandante departamental de la Policía en Cochabamba.

El jefe policial precisó que el aprehendido es un ciudadano de 28 años de edad y que su captura fue ejecutada aproximadamente a las 22.30.

De acuerdo con las investigaciones, este ciudadano “es el principal sospechoso del asesinato de las tres personas, por ese motivo ha sido trasladado a la ciudad (ciudad de Cochabamba y ahora está a la espera) de su audiencia de medidas cautelares”, agregó.

Además, detalló que en el domicilio de esa persona, que fue allanado, fueron encontrados “una cantidad de marihuana y también residuos de cocaína”.

Sin embargo, insistió que el móvil del triple crimen sería una deuda, tal como se había anticipado desde el comienzo de este proceso investigativo.

Esta nueva captura se suma al encarcelamiento del inicialmente considerado como un “testigo importante” y único “sobreviviente” del crimen.

También puede leer: De testigo a imputado, el ‘sobreviviente’ del triple crimen es enviado a la cárcel.

El 30 de junio fueron encontrados tres jóvenes de Santa Cruz asesinados (Alex Eriberto Aguirre Lince, Carlos Alfredo Callau Rocha y Darwin Fabián Antelo Chávez) dentro en un vehículo sin placa de control, en el sector del sindicato Villa Victoria, en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba.

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Alarcón no responde ninguna pregunta de la Fiscalía e insiste que el caso Golpe I es ‘montado’

El diputado de CC consideró que el propósito de este proceso “es generar un escenario de amedrentamiento y de represalia a la sociedad civil disidente”.

El diputado Carlos Alarcón llegó a la Fiscalía acompañado del expresidente Carlos Mesa. Foto: APG.

/ 5 de julio de 2022 / 13:37

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón se presentó este martes en la Fiscalía de La Paz a declarar como testigo en el caso Golpe de Estado I, sin embargo, al salir de esa oficina, informó que no respondió ninguna de las preguntas porque, según dijo, no se iba a prestar a los objetivos de un proceso “montado”.

“No he contestado ninguna de las preguntas porque ante un caso montado no voy a ser yo el funcional para abrir la compuerta y que después utilicen ilícitamente y tergiversen mis declaraciones para guillotinar a personas inocentes, o sea, jamás me iba a prestar a eso, no contesté ninguna de las preguntas”, dijo.

Agregó que casi el 90% de las preguntas formuladas se refería a las reuniones extralegislativas realizadas, durante la crisis de noviembre de 2019, en la Universidad Católica en La Paz a convocatoria de la Iglesia Católica y con la participación de diferentes actores, entre ellos, de la Unión Europea y hasta “tres representantes del MAS (Movimiento Al Socialismo)”.

Además, “es tan burdo y grosero este montaje del falso caso Golpe de Estado I que no había una sola pregunta referida al terrorismo, que es el único tipo penal que está subsistiendo en este proceso, (es decir no se preguntó nada, por ejemplo, sobre un posible) colocado de bombas, toma de rehenes o dirección de células armadas”, sostuvo.

Del mismo modo, consideró que el propósito de este proceso en realidad “es generar un escenario de amedrentamiento, de represalia y de intimidación a la sociedad civil disidente” para que, en su criterio, nunca más se atreva a protestar “cuando haya una vulneración o desconocimiento de un referendo o cuando haya un fraude electoral”.

“Es decir, quieren dar una lección a la sociedad civil para que se someta ante la tiranía, autocracia y abuso de poder, eso busca este proceso penal, y por supuesto no hemos sido funcionales a eso, porque sabemos que estas falsas convocatorias a testimonios lo que buscan es ilícitamente obtener declaraciones para incriminar a terceros inocentes en un proceso penal totalmente montado”, reiteró Alarcón, quien se presentó en la Fiscalía acompañado del líder de su organización política, Carlos Mesa.

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La Fiscalía acusa a Zamora y Soliz por caso YPFB Seguros y pide 10 años de cárcel

La acusación formal fue sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales.

Víctor Hugo Zamora y Herland Soliz. Fotos de archivo: La Razón.

/ 5 de julio de 2022 / 12:25

La Fiscalía presentó ante una autoridad judicial la acusación formal en contra de cuatro personas, entre ellas el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Herland Soliz, por el caso denominado YPFB Seguros.

Las otras dos personas acusadas con la exgerente Legal de YPFB Elizabeth García y el ciudadano Daniel Terrazas, informó este martes Aldrin Barrientos, director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La acusación fue presentada por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando la sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real”, agregó Barrientos.

El funcionario remarcó que la acusación formal fue fundamentada y sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación.

Además, el director recordó que Zamora y Soliz se encuentran en este momento en calidad de rebeldes.

“Sin embargo, debido a que se los acusó por delitos de corrupción pública se encuentra habilitado el juicio en rebeldía, debido también a que ambos cuentan con mandamientos de aprehensión emitidos por la autoridad judicial competente”, aclaró. Entretanto, García y Terrazas fueron sometidos a medidas cautelares y ahora están con arraigo.

Estas cuatro personas, según Barrientos, están implicadas en el “proceso irregular de contratación directa de seguros generales” que fue efectuado en abril de 2020 mediante el denominativo de “contrato de emergencia”.

Para ello “se habilitó deliberadamente la Resolución Nº 78/2020 del 31 de marzo por parte del entonces Presidente de YPFB vulnerando las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181, es decir, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios (…) evadiendo los procesos públicos de licitación”, explicó. 

“Este acto deliberado fue convalidado por el exministro de Hidrocarburos, quien en ese momento tenía bajo su autoridad al Directorio de YPFB, permitiendo la suscripción de contratos en el marco de una resolución ilegal. Estos comportamientos resultaron en procesos de contratación fallidos, así como el deterioro de la imagen de YPFB en el exterior”, lamentó.

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