Durante la presentación del libro ‘El fraude de la OEA y el Golpe de Estado en Bolivia’, el vicepresidente David Choquehuanca cuestionó se hable de “persecución política” cuando se busca justicia y sostuvo que “alguien tiene que responder” por los hechos de violencia, muerte y corrupción en el gobierno de Jeanine Áñez.
“Alguien tiene que responder sobre las muertes, alguien tiene que responder sobre las torturas, el informe del GIEI ha dicho que durante el golpe de Estado ha habido tortura, violación de derechos humanos, masacres, hubo racismo, alguien tiene que responder, no solo hubo eso, sino también corrupción”, recordó.
Los criterios fueron expresados en la presentación del libro ‘El fraude de la OEA y el Golpe de Estado en Bolivia’, escrito por el exministro César Navarro. En el libro se hace un repaso de lo sucedido en 2019 y sobre el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la dirección de Luis Almagro.
Un informe preliminar del organismo denunció un fraude electoral que agravó la protesta cívica liderada por el hoy gobernador Luis Fernando Camacho, que ya hablaba de fraude. A eso se sumó el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión a Morales que, finalmente, ocurrió el 10 de noviembre de 2019.
Tomó el poder Jeanine Áñez, resultado de una reunión extralegislativa con la participación de la Iglesia Católica, la Unión Europea, políticos y cívicos. Poco después de que tomó el gobierno ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata con una veintena de muertos y decenas de heridos de bala entre sectores sociales que respaldaban a Morales.
“Alguien tiene que responder, no puede quedar en la impunidad, ha habido muertos, alguien tiene que responder sobre los hechos en Sacaba, Pedregal, Senkata, en Santa Cruz”, insistió y descartó que los procesos abiertos contra los posibles responsables tengan un tinte de “persecución política” como denunció la oposición.
Por Sacaba y Senkata hay militares encarcelados. Áñez, dos de sus exministros y parte de la cúpula militar de ese entonces están en la cárcel acusados por el caso golpe de Estado.