Nacional

domingo 5 dic 2021 | Actualizado a 14:13

El TCP frena la ley cruceña de nombramiento de fiscal, procurador o defensor regionales

La norma “menoscaba la atribución de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional de emitir leyes relacionadas a la estructura organizaciones de las referidas entidades públicas”, dice el TCP.

/ 8 de octubre de 2021 / 17:17

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó la ley de designación de autoridades regionales que sancionó la Asamblea Departamental de Santa Cruz y que causó preocupación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La norma, sancionada el 17 de septiembre, dispone la designación de representantes regionales de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de un auto supremo dictado el 1 de octubre, el TCP consideró “ha lugar la solicitud de medida cautelar formulada por Andrónico Rodríguez, presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta que se resuelva el fondo de la problemática”.

El TCP analizó la demanda del senador, presentada el 24 de septiembre, y consideró que aquella cumple los requisitos de “1) el o los actos que pretende no se ejecuten, 2) el daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas y 3) la vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que se denuncian como vulnerados”.

Además, afirmó que en la solicitud “se advierte que expresó adecuadamente cuál es la resolución o acto que pretende que no se ejecute señalando que solicita que el Gobierno Departamental de Santa Cruz se abstenga de promulgar y publicar la Ley Departamental de la Organización del Órgano Legislativo, que tiene por objeto establecer la organización de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz respecto a su composición, estructura y funcionamiento (…)”.

La Asamblea Departamental de Santa Cruz, dominada por la alianza Creemos, del gobernador Luis Fernando Camacho, sancionó la ley departamental “sobre la elaboración de ternas para las designaciones” del fiscal departamental, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, vocales del Tribunal Departamental Electoral, vocales del Tribunal Departamental de Justicia y director de la oficina Anticorrupción.

La norma “menoscaba la atribución de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional de emitir leyes relacionadas a la estructura organizaciones de las referidas entidades públicas, irrumpiendo la voluntad del legislador del nivel central del Estado”, dice el auto supremo del TCP.

Hace unos días, el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, había aceptado la posibilidad de que el TCP diga lo contrario a la norma sancionada, y rechazó que el proyecto busque consumar el “separatismo” cruceño, como denunció el 24 de septiembre el ministro de Justicia, Iván Lima.

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El Gobierno anuncia que la cumbre sobre la reforma judicial será en marzo de 2022

El ministro Iván Lima aseguró que la reforma es del pueblo y no solamente de cuatro personas o de un trabajo político.

El ministro Iván Lima. Foto de archivo: Ministerio de Justicia.

/ 5 de diciembre de 2021 / 13:49

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este domingo que la cumbre nacional en la búsqueda de una verdadera reforma judicial en el país se realizará en marzo de 2022.

En ese sentido, según la autoridad, ya se está dialogando el mandato de transformar la justicia y lograr que efectivamente esa transformación llegue a todos los bolivianos con una “reforma judicial integral de seis ejes”.

Es así que “ayer (dialogamos) en un encuentro con todos los jueces disciplinarios, con todas las autoridades de la justicia boliviana en Cochabamba, y mañana (se realizará) con las víctimas de Sacaba y Senkata; toda la semana vamos a estar escuchando al país para terminar el mes de marzo”, dijo.

Aseguró que la reforma se realizará con base a recomendaciones internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que urgen a Bolivia transformar la Justicia.

“Y éste es el compromiso que tenemos, (es decir) una reforma que deje de ser de cuatro personas, que (no) tenga el sesgo de ser solamente un trabajo político; esta reforma es del pueblo, de la gente y de todos los que están afectados por actos de injusticia”, sostuvo.

Remarcó que el respeto a los derechos humanos y al debido proceso implica la independencia judicial. Por tanto, según su criterio, un elemento fundamental de la reforma es precisamente la “independencia judicial estructural”.

Por lo que “estamos trabajando en esa línea de ajustar los mecanismos para tener a los mejores bolivianos como jueces,  vocales y magistrados eventualmente dentro de dos años. Ese eje es algo que nos urgen los organismos internacionales y que lo estamos trabajando de manera firme y sostenida porque la elección de jueces o el mecanismo que definamos como país se va a dar en 18 meses”, agregó Lima en una entrevista con Bolivia TV.

Pues, de acuerdo con la autoridad, la Justicia es lo que requiere el pueblo boliviano y el compromiso del presidente Luis Arce es encarar este proceso como política pública en unidad y dejando de lado las posiciones que buscan impunidad.

“No es tolerable para este gobierno que existan senadores y líderes políticos que estén pensando que un factor de la reforma judicial es la impunidad; cuando Carlos Mesa nos decía que se reforme la justicia y que luego van a autorizar juicios, eso es pactar impunidad y eso no lo vamos a permitir, vamos a seguir por todos los caminos para que la independencia judicial y la reforma sean de la unidad de todos los bolivianos en esta cumbre nacional que estamos pensando realizar en marzo de 2022”, ratificó.

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Morales dice que entiende la ‘bronca’ de Huarachi y que tal vez actuó por impotencia

“Hay empresarios que apuestan por Bolivia, pero (también) hay empresarios que perjudican a Bolivia”, afirmó Morales.

Evo Morales. Foto de archivo: @evoespueblo.

/ 5 de diciembre de 2021 / 10:40

El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que entiende la “bronca” del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien durante los últimos días estuvo en el centro de la polémica por amenazar con trasladar la marcha en defensa del Gobierno a Santa Cruz y tomar las empresas de esa región.  

También puede leer: El dirigente de la COB advierte con ‘ir a tomar las fábricas’ en Santa Cruz.

“Yo entiendo la reacción y bronca del hermano Juan Carlos Huarachi, (quien dijo) vamos a ir a Santa Cruz a tomar y nacionalizar las empresas, pero de impotencia tal vez (dijo eso porque durante el paro en esa región) sus afiliados estaban sin trabajo, (mientras) las industrias seguían funcionando”, justificó Morales en su programa dominical.

Sin embargo, Huarachi, tras la ola de críticas, ya aclaró que no está en contra de Santa Cruz ni de todos sus empresarios e incluso dijo que muchos malinterpretaron y tergiversaron su discurso durante una concentración en defensa del gobierno de Luis Arce el 29 de noviembre en La Paz.

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Entonces, “la propiedad privada, las industrias, están garantizadas por Constitución, pero da rabia por supuesto (lo que ocurre por los paros). Si voluntariamente toda la ciudad iría al paro, se respetaría, pero un paro obligado, pagado, forzado y con violencia, eso no es paro y ahí viene la protesta del pueblo”, agregó el exmandatario.

Además, Morales remarcó que “el pueblo tiene que saber que (…) hay empresarios que apuestan por Bolivia, pero (también) hay empresarios que perjudican a Bolivia”.

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Morales recuerda a policías que Camacho no les cumplió jubilación al 100% del sueldo

El exmandatario aseguró que Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho se “aliaron” con los entonces jefes policiales para convencerles del motín en 2019.

El expresidente Evo Morales. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

/ 4 de diciembre de 2021 / 15:35

El expresidente Evo Morales recordó este sábado a policías de base que se amotinaron durante los conflictos poselectorales de 2019 que la promesa de una jubilación con el 100% de su salario, hecha por el ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no fue cumplida.

“Un día como hoy, en 2019, los policías de base reiteraron al gobierno de facto de Jeanine Áñez y su cómplice Camacho su pedido de jubilación con 100% de haberes y nivelación salarial. Esa mejora prometida por el actual gobernador de Santa Cruz para el golpe, nunca fue cumplida”, publicó Morales en su cuenta oficial de Twitter.

En el criterio del exmandatario, Jeanine Áñez y Camacho se aliaron con los entonces jefes policiales para “engañar” a los policías de base y convencerlos de amotinarse en demanda de su renuncia. “El pueblo tiene memoria y demanda justicia y sanciones para quienes atentaron contra la democracia, masacraron y violaron derechos humanos.”, agregó Morales.

El 25 de noviembre de 2019, cuando el comandante general era Rodolfo Montero, la Policía Boliviana solicitó al gobierno de Áñez una serie de beneficios en favor de esa institución, entre ellos la “propuesta de nivelación salarial para las y los funcionarios públicos de la Policía Boliviana, equiparando a las Fuerzas Armadas de la Nación y los beneficios colaterales”.

Más adelante, el 4 de diciembre, esa institución reiteró su pedido a las autoridades nacionales, quienes no hicieron caso a esa solicitud.
El motín policial ocurrió el 8 de noviembre, dos días antes de la renuncia de Morales. Coincidió con una convulsión social de más dos semanas, que denunciaba un supuesto fraude electoral.

Dos días después, la entonces senadora Áñez se declaró presidenta de la Cámara de Senadores y posteriormente presidenta de Bolivia, en sendos actos sin quorum en la Asamblea Legislativa ni la presencia de los legisladores del movimiento Al Socialismo (MAS).

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Camacho cree que su propuesta de federalismo comienza a escribir su capítulo en la historia

“No impondremos un proyecto, porque no venimos de la política de la imposición”, se justificó el gobernador Luis Fernando Camacho.

Luis Fernando Camacho en su estancia en Santa Cruz. Foto: Luis Fernando Camacho

/ 4 de diciembre de 2021 / 12:56

Dos días después de haber sufrido el repudio de manifestantes que incluso le arrojaron huevos en Tarija, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cree que su propuesta de federalismo comienza su capítulo en el país.

“Hemos empezado a construir un nuevo capítulo en la historia de Bolivia”, escribió en Twitter.

Su criterio fue expresado a colación de su agradecimiento a las muestras de apoyo que dice haber recibido luego de los incidentes del lunes y del martes en la ciudad sureña del país.

“Agradezco a los tarijeños por su enorme cariño; un reducido grupo de funcionarios públicos no opaca el espíritu hospitalario de la chura Tarija. A los federalistas que formaron parte del encuentro, GRACIAS”, completó.

El 22 de noviembre, una semana después de terminado el paro contra la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganacias Ilícitas, secundadas por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, Camacho sorprendió con su propuesta.

“El masismo se ha hegemonizado en el Gobierno y juega con todo esa realidad, nos miente, divide y confronta solo para mantener ese poder, el centralismo”, justificó entonces el gobernador.

La iniciativa fue recibida con cierto recelo de parte de algunos políticos, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), aunque dijo que tiene la mente abierta para el debate. En tanto, Arce, que dijo al inicio que con federalismo o no su partido va a ganar elecciones, denunció esta semana en el Grupo de Pueblo, bloque de gobiernos de izquierda, que la propuesta de Camacho es separatista.

En tanto, el gobernador, de la alianza Creemos, optó por comenzar a socializar su idea, por eso estuvo en Tarija esta semana. “No impondremos un proyecto, porque no venimos de la política de la imposición”, se justificó.

“Queremos que todos los departamentos y las regiones se sumen y aporten ideas a un proyecto que es para todos. #BoliviaFederal”, tuiteó el 1 de diciembre.

A partir de la Constitución de 2019, Bolivia es un Estado Plurinacional y autonómico.

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El CAT de la ONU llama a agilizar sanciones por la crisis de 2019-2020 y expresa preocupación por falta de independencia judicial

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU emitió sus conclusiones y consideró que hay avances insuficientes sobre los hechos de violencia de 2019 y 2020

Represión en Sacaba, 15 de noviembre de 2019. Foto: APG

/ 3 de diciembre de 2021 / 19:42

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU llamó a Bolivia a agilizar la investigación y sanción a los responsables de los hechos de violencia ocurridos en la crisis de 2019-2020 e instó a encarar de forma “urgente” una reforma judicial ante la “preocupante” falta de independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía.

El Comité publicó sus conclusiones sobre las audiencias en el que examinó el estado de situación de la lucha contra la tortura en Bolivia, centrada principalmente en los hechos de violencia que se dieron antes, durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019, en medio de una crisis política y social.

“El Comité expresó su preocupación por el avance insuficiente en la investigación de las presuntas torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante la crisis sociopolítica de 2019-2020. El Comité hizo un llamado a Bolivia para que investigue sin demora todos estos hechos y procese y castigue a todos los responsables”, establece en sus conclusiones en inglés y que fueron traducidas de forma no oficial.

En la sesión del CAT, el relator Claude Heller aseguró el 29 de noviembre que en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

Una protesta cívica liderada por el hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio inicio a la crisis de ese año. Denuncias de fraude electoral, respaldadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que posteriormente fueron puestas en duda, alentaron las protestas violentas, a las que se sumaron un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión a Morales.

La exsenadora Jeanine Áñez tomó el poder, tras una reunión de cívicos y políticos que trazaron la línea de sucesión. Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre y el 15 se dio la masacre de Sacaba y el 19 la de Senkata, en ambos hechos intervinieron fuerzas militares-policiales y dejaron más de una veintena de muertos por impactos de bala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investigó lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019 calificó lo de Sacaba y Senkata de masacres.

El CAT expresó su “preocupación” por el estado de situación de la Justicia y de la Fiscalía en Bolivia, que es acusada desde sectores de oposición de estar del lado de los gobiernos de turno.

“El Comité también expresó su profunda preocupación por la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Comité instó al Estado parte a que llevara a cabo una reforma urgente del sistema judicial para garantizar la profesionalidad y la independencia de todos los jueces y fiscales”, establece el CAT en su traducción no oficial de su informe en conclusiones.

El Gobierno niega injerencia en el Órgano Judicial y encamina una reforma.

En septiembre presentó un plan estratégico de seis ejes que contemplan acciones como distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; acceso a la justicia; y “buscar consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público”.

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