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lunes 6 dic 2021 | Actualizado a 22:36

Arias califica de ‘exitoso’ el paro

Arias decidió que la Alcaldía suspendería sus servicios este lunes, en cumplimiento del paro en contra de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

/ 11 de octubre de 2021 / 19:33

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, calificó este lunes por la tarde de un éxito el paro convocado por cívicos, políticos de oposición y plataformas, y denunció que grupos paramilitares del Movimiento Al Socialismo (MAS) reprimieron con violencia las concentraciones.

“Una vez más las mujeres estuvieron en las calles, sin importar su merecido festejo. La movilización ciudadana fue un éxito. Se rechazó el proyecto de ley de legitimación y se exige su archivo. Denuncio que grupos paramilitares del MAS reprimieron con violencia a manifestantes”, escribió el burgomaestre en un mensaje en la red social Twitter.

Arias decidió que la Alcaldía suspendería sus servicios este lunes, en cumplimiento del paro en contra de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Hubo bloqueos en algunas calles de Miraflores, centro y zona Sur.

Operativos policiales levantaron puntos de bloqueo.

Arias había escrito el viernes que la decisión de acatar el paro es para “defender principios como la libertad y la propiedad privada y colectivas”.

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Crean fideicomiso de cerca de Bs 8 MM para víctimas de masacres de Sacaba y Senkata

La representación de las víctimas espera un fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no del gobierno de Jeanine Áñez, para definir el curso de una demanda

El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, y el ministro Iván Lima, durante la firma de acuerdos. Foto: Min Justicia.

/ 6 de diciembre de 2021 / 19:32

Las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal de 2019 accederán a un fideicomiso de cerca de Bs 8 millones, para financiar proyectos productivos, como parte de las acciones destinadas a apoyarlos. En materia de justicia, esperan un fallo constitucional sobre el mandato de Jeanine Áñez, para optar por un juicio de responsabilidades o una demanda penal.

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el representante de las víctimas David Inca informaron en una conferencia de prensa sobre los temas abordados y los acuerdos alcanzados.

Uno de los acuerdos es la creación de un fideicomiso, para facilitar recursos económicos a los familiares de las víctimas. El objetivo es “lograr que todas las victimas tengan derecho al trabajo y emprendan procesos productivos, estamos hablando de un fondo de cerca de Bs 8 millones”, explicó el ministro.

Mientras que Inca, destacó los avances y recordó que están a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional sobre una demanda presentada para que se establezca si Áñez asumió el poder por la vía constitucional o no.

“Si los actos de la señora Áñez fueron acorde a un mandato de sucesión constitucional y si dice que fue así, corresponde hacer un juicio de responsabilidades o si el Tribunal responde que no hubo acto de sucesión constitucional corresponderá un proceso ordinario”, explicó.

También acordaron ampliar a dos años la entrega del bono alimenticio, acceso a becas de estudio y acelerar el trabajo de una ley sobre el censo de víctimas y reparación integral.

Una vez dimitió el expresidente Evo Morales, tomó el poder Áñez como resultado de una reunión de cívicos y políticos en la que se trazó la sucesión. El 15 y 19 de noviembre de ese año, fuerzas militares y policiales intervinieron protestas a favor de Morales con el saldo de una veintena de muertos y decenas de heridas de bala.

Áñez se encuentra en la cárcel por el caso Golpe de Estado I y II. También está en trámite un juicio de responsabilidades en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata.

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Arce amplía mando del comandante de las FFAA y de otros mandos por 60 días

Mediante decreto presidencial, el presidente Luis Arce decidió “ampliar la vigencia de las designaciones” realizadas el 4 de agosto y 4 de octubre

El presidente Luis Arce, esta mañana, en un acto en la Escuela Naval de La Paz.

/ 6 de diciembre de 2021 / 18:53

El presidente Luis Arce amplió por 60 días calendario el mando del comandante de las Fuerzas Armadas, Augusto García; del comandante del Ejército, Hugo Arandia, y de otras mandos de la institución armada.

También están contemplados en este decreto presidencial 4633 de ampliación de designación, el jefe de Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Armadas, Teófila Medina; y el capitán de navío Francis Franck, quien fuera nombrado Comandante de la Armada.

Arandia fue designado en el cargo en agosto de 2021, mientras que García, Medina y Franck en octubre, también de este año.

En el acto de su posesión, García comprometió apoyo institucional en las investigaciones destinadas a esclarecer lo que pasó en la crisis de 2019.

“He aquí mi compromiso luego de que se presentó el informe final de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, identificando plenamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en hechos que enlutaron a las familias bolivianas. Las FFAA colaborarán con la justicia de acuerdo con nuestras leyes, reglamentos y normas ya que estas acciones quebrantaron la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter intuitu personae”, comprometió.

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Gobierno revela que gobierno de Áñez pidió ‘equipos y armamento’ a embajadas Británica y de EEUU

El viceministro Roberto Ríos informó que está solicitando información a las representaciones diplomáticas, para conocer cuál fue la respuesta al requerimiento del exviceministro Wilson Santamaría

El exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría

/ 6 de diciembre de 2021 / 18:45

Antes de las elecciones de octubre de 2020, el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez solicitó, a través del entonces viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, “equipos y armamento” a las embajadas Británica y de Estados Unidos, para, presumimos, “reprimir al pueblo boliviano”, reveló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Según la documentación, la primera nota es del mayo de 2020 y está dirigida al representante diplomático de Washington Bruce Williamson. El documento remitido está incompleto, porque no se encontró en archivos la parte en la que se menciona está “la asignación del equipo, descripción y justificación del mismo”.

En la primera hoja se lee: “Le pido atender el requerimiento que en referencia menciono con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio”.

Bajo similar tenor se remitió en septiembre otra nota oficial, firmada por Santamaría, a la embajada Británica, pero en ella se detalla el siguiente requerimiento: “Pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigas, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la Policía Boliviana con la finalidad de defender la integridad del pueblo, su territorio y seguridad”.

Ríos informó que se está cursando requerimiento a ambas legaciones, para conocer si atendieron los requerimientos planteados en el gobierno de Áñez, a través de Santamaría.

“Esto nos da claros indicios de que todo este armamento y equipos que solicitaban otras instancias iban a ser empleados, presumiblemente, para reprimir al pueblo boliviano, y lo que más llama la atención es que se generan semanas antes a las elecciones de 2020”, sostuvo.

Las elecciones generales fueron en octubre de 2020. En el gobierno de Áñez también se gestionaron y lograron envío de gases lacrimógenos desde Argentina y Ecuador.

Otro aspecto que llamó la atención de Ríos, es que Santamaría haya hecho esas solicitudes cuando no está dentro de sus funciones.
También se hizo una serie de denuncias de irregularidades en la gestión de Santamaría que comprometerían Bs 2,2 millones.

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Morales aboga por Huarachi, quien en 2019 pidió su renuncia, como las FFAA y la Policía

En 2019, el líder de la COB pidió la renuncia de Morales: “Si hay la necesidad de renunciar, por pacificar al pueblo, lo hacemos, lo decimos desde la COB”.

Evo Morales y Juan Carlos Huarachi en la "Marcha ´por la Patria". Foto:

/ 5 de diciembre de 2021 / 14:16

La vida da vueltas; en alguna circunstancia, Evo Morales y Juan Carlos Huarachi hicieron las paces. El expresidente acaba de abogar por el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), quien, como las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, en 2019 pidió su renuncia.

Ambos aparecieron juntos el lunes, cuando llegó a La Paz la llamada “Marcha por la Patria”, que organizó Morales para movilizar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus organizaciones sociales para respaldar al gobierno de Luis Arce a título de defender la democracia contra afanes, en su criterio, de un nuevo quiebre constitucional.

En su discurso encendido en la Plaza Mayor de La Paz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) protestó contra la dirigencia del Comité pro Santa Cruz, que desde el 8 de noviembre mantuvo un paro regional en contra de la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

También puede leer: Morales cuenta que luego de pedir su renuncia en 2019, Huarachi no quiso hablar con él

Aunque días después dijo que lo malinterpretaron, Huarachi arengó el 29 de noviembre: “Nosotros no hemos venido a generar violencia, pero si nos provocan, aquí estamos; cuidado, no nos provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz y vamos a ir a tomar las fábricas, las industria!”.

Sus declaraciones causaron gran repercusión, especialmente de dirigentes cívicos de Santa Cruz y políticos de oposición.

Al contrario, Morales lo justificó este domingo en su programa de radio Kawsachun Coca. “Yo entiendo la reacción y bronca del hermano Juan Carlos Huarachi, (quien dijo) vamos a ir a Santa Cruz a tomar y nacionalizar las empresas, pero de impotencia tal vez (dijo eso porque durante el paro en esa región) sus afiliados estaban sin trabajo, (mientras) las industrias seguían funcionando”, dijo.

Luego de tres semanas de conflictos tras las fallidas elecciones generales de 2019, en medio de protestas políticas y un motín policial, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y el entonces comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, sugirieron y pidieron respectivamente la renuncia de Morales.

Huarachi dio entonces la estocada final. “Compañero presidente (Morales), le llamamos a la reflexión de que pueda asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de renunciar, por pacificar al pueblo, lo hacemos, lo decimos desde la COB para pacificar al país”, dijo acto seguido.

El dirigente y Morales coincidieron en el palco del mitin de la marcha, además del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, y la cúpula del MAS y de los movimientos sociales.

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El Gobierno anuncia que la cumbre sobre la reforma judicial será en marzo de 2022

El ministro Iván Lima aseguró que la reforma es del pueblo y no solamente de cuatro personas o de un trabajo político.

El ministro Iván Lima. Foto de archivo: Ministerio de Justicia.

/ 5 de diciembre de 2021 / 13:49

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este domingo que la cumbre nacional en la búsqueda de una verdadera reforma judicial en el país se realizará en marzo de 2022.

En ese sentido, según la autoridad, ya se está dialogando el mandato de transformar la justicia y lograr que efectivamente esa transformación llegue a todos los bolivianos con una “reforma judicial integral de seis ejes”.

Es así que “ayer (dialogamos) en un encuentro con todos los jueces disciplinarios, con todas las autoridades de la justicia boliviana en Cochabamba, y mañana (se realizará) con las víctimas de Sacaba y Senkata; toda la semana vamos a estar escuchando al país para terminar el mes de marzo”, dijo.

Aseguró que la reforma se realizará con base a recomendaciones internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que urgen a Bolivia transformar la Justicia.

“Y éste es el compromiso que tenemos, (es decir) una reforma que deje de ser de cuatro personas, que (no) tenga el sesgo de ser solamente un trabajo político; esta reforma es del pueblo, de la gente y de todos los que están afectados por actos de injusticia”, sostuvo.

Remarcó que el respeto a los derechos humanos y al debido proceso implica la independencia judicial. Por tanto, según su criterio, un elemento fundamental de la reforma es precisamente la “independencia judicial estructural”.

Por lo que “estamos trabajando en esa línea de ajustar los mecanismos para tener a los mejores bolivianos como jueces,  vocales y magistrados eventualmente dentro de dos años. Ese eje es algo que nos urgen los organismos internacionales y que lo estamos trabajando de manera firme y sostenida porque la elección de jueces o el mecanismo que definamos como país se va a dar en 18 meses”, agregó Lima en una entrevista con Bolivia TV.

Pues, de acuerdo con la autoridad, la Justicia es lo que requiere el pueblo boliviano y el compromiso del presidente Luis Arce es encarar este proceso como política pública en unidad y dejando de lado las posiciones que buscan impunidad.

“No es tolerable para este gobierno que existan senadores y líderes políticos que estén pensando que un factor de la reforma judicial es la impunidad; cuando Carlos Mesa nos decía que se reforme la justicia y que luego van a autorizar juicios, eso es pactar impunidad y eso no lo vamos a permitir, vamos a seguir por todos los caminos para que la independencia judicial y la reforma sean de la unidad de todos los bolivianos en esta cumbre nacional que estamos pensando realizar en marzo de 2022”, ratificó.

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