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martes 19 oct 2021 | Actualizado a 15:08

Becker denuncia que fue amenazado de muerte durante el paro cívico

“Me rodearon diciéndome que me detendrían, me expulsarían o matarían si no salía de Bolivia”, dijo el abogado de las víctimas de 2003.

El abogado Thomas Becker. Foto de archivo: La Razón.

/ 14 de octubre de 2021 / 12:53

Thomas Becker, abogado estadounidense que defiende a las víctimas de la masacre de 2003 y también apoya a las víctimas de 2019, denunció este jueves que fue amenazado de muerte por “cívicos” en la ciudad de La Paz durante el paro cívico del pasado lunes. 

“El lunes, ‘grupos cívicos’ en La Paz me rodearon diciéndome que me detendrían, me expulsarían o matarían si no salía de Bolivia, una posición irónica para quienes supuestamente protestaban contra la ‘persecución’”, escribió Becker en su cuenta en Twitter.

Además, reveló que no es la primera vez que es víctima de amenazas porque, según su versión, desde 2019 recibió “ataques semanalmente, si no a diario”.

El abogado acompañó su denuncia pública con la imagen de una captura de otra cuenta en Twitter que lo tilda de “terrorista” y cuestiona quién financia sus constantes viajes de Estados Unidos a Bolivia.

Hace dos días, el jurista, en una entrevista con La Razón Radio, informó que estaba en el país para participar de una misa en memoria de las víctimas de la masacre de 2003.

Y de acuerdo a fotografías publicadas en sus redes sociales, también estuvo en el “wiphalazo” del martes en La Paz, donde se tomó una serie de imágenes junto a varias personas de esa movilización convocada por organizaciones sociales que respaldan al gobierno de Luis Arce.

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Tras denuncia de EEUU, Gobierno anuncia que tomará los ‘recaudos necesarios’

El Gobierno admite que continúan operando en el país grupos identificados como “paraestatales” o “parapoliciales” causando “temor, zozobra y miedo”.

El viceministro Roberto Ríos. Foto de archivo: La Razón.

/ 19 de octubre de 2021 / 13:44

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció este martes que se tomarán los “recaudos necesarios”, después de que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al Gobierno su “desmantelamiento”.

También puede leer: EEUU alerta a Bolivia sobre ‘grupos paraestatales violentos’ y pide su desmantelamiento.

“Mediante el Viceministerio del Régimen Interior, el cual dirige Nelson Cox, se van a tomar los recaudos necesarios y también se va a solicitar (a las personas amenazadas) a que se apersonen a la Policía a fin de que mediante esta instancia se pueda garantizar las medidas de seguridad y garantizar en realidad el resguardo que deben tener para que no atenten contra su vida ni contra su integridad (física)”, dijo Ríos en una entrevista con La Razón Radio.

En los últimos días, la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas por parte de determinados grupos.

Becker acusó a los “cívicos” por las amenazas y en el caso de Ledebur apuntó a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue identificada como un grupo “parapolicial”.

También puede leer: Ledebur: Sufro hostigamiento por dos años, desde la RJC me culpan y amenazan.

De hecho, el propio presidente Luis Arce, al recibir el informe del GIEI en agosto, había anunciado que se iba a “desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado” durante la crisis de 2019.

Sin embargo, Ríos reconoció que a la fecha estas organizaciones continúan operando, aunque sus principales líderes se encuentren procesados y en algunos casos, encarcelados.

“Estos grupos continúan desinformando a la población boliviana y causando temor, zozobra y miedo en las personas que no comparten su forma de actuar y de proceder”, afirmó el Viceministro.

No obstante, aseguró que el Ministerio de Gobierno está trabajando “en la identificación y la desarticulación de estas organizaciones paramilitares”.

Pero “también estamos atentos y a la espera de cuáles serán las directrices que van a emitir desde el Órgano Judicial para poder definir cómo se va a proceder con estos grupos que generan un nivel de zozobra en nuestra población boliviana”, señaló.

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Para el Gobierno, audio revela que el exministro López fue autor intelectual del ‘intento de magnicidio’ de Arce

El viceministro Roberto Ríos identificó al menos dos hipótesis sobre por qué no se ejecutó el supuesto plan para acabar con la vida del presidente Luis Arce.

/ 19 de octubre de 2021 / 11:32

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó este martes que, con base al audio revelado por el portal The Intercept hace varios meses, se puede establecer que el exministro de Defensa, Luis Fernando López, es el autor intelectual del “intento de magnicidio” del presidente Luis Arce en 2020.

“Con el audio, podemos determinar que el señor Luis Fernando López (de quien se presume que huyó a Brasil) es el autor intelectual del intento de magnicidio del excandidato y actual presidente Arce. Sin embargo, las investigaciones van a poder determinar mayores elementos para ver quienes (más) han participado” en ese hecho, dijo Ríos en una entrevista con La Razón Radio.

También puede leer: The Intercept: Exministro López buscó a mercenarios para impedir la posesión de Arce en 2020.

El lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que hace un año hubo un intento de magnicidio del presidente Arce mediante la contratación de “paramilitares” extranjeros y presentó el audio de The Intercept en el que se escucha hablar a López con una persona identificada como J. E. P –quien actualmente está recluido en Chonchocoro por presunta estafa– y un traductor conocido como “Cyberambo”.

“En ese audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo (expresada) en las urnas (en octubre de) 2020 con la victoria de Luis Arce contratando, mediante empresas tercerizadoras, a denominados sicarios o paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país”, sostuvo Del Castillo.

También puede leer: El Ministro de Gobierno denuncia que hubo intento de magnicidio de Luis Arce.

¿Por qué no se ejecutó el “magnicidio”?

Ríos considera que el “magnicidio” no se ejecutó porque se tomaron las medidas de precaución y Arce, incluso, ya estaba en alerta desde antes de asumir la presidencia de manera oficial en noviembre de 2020.

De hecho “el hermano Presidente no participaba (ni en todos los) eventos abiertos (y asimismo) ya se establecieron cordones de seguridad para precautelar y resguardar su vida y esto puede ser uno de los motivos que les (podría haber) dificultado a ellos a realizar el trabajo” que buscan concretar, sostuvo el Viceministro.

Pero también, entre otras hipótesis, Ríos presume que una “descoordinación” entre López y el ahora exministro de Gobierno Arturo Murillo, podría haber influido para que no se ejecute el presunto plan para acabar con la vida de Arce.

No obstante, “son algunas hipótesis que se manejan y esperamos que la investigación nos pueda dar mayores luces respecto a por qué no lograron su cometido”, sostuvo.

La seguridad del Presidente

Respecto a la seguridad del Jefe del Estado, Ríos indicó que, cuando asiste a algún evento, las mismas organizaciones sociales que respaldan su gobierno “se encargan de brindar anillos de seguridad”.

“Esa es la primera seguridad que tiene, además del grupo de seguridad que es normal que tenga una autoridad (y) también a nosotros, como Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, nos corresponde (cuidar su seguridad) en el marco de los eventos y reuniones que asiste siendo él la primera autoridad del país”.

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Comienza la marcha de las víctimas de Sacaba y Senkata rumbo a La Paz

La marcha exige justicia y prevé llegar a la sede de Gobierno en aproximadamente ocho días.

La marcha de las víctimas de 2019. Foto: Kawsachun Coca.

/ 19 de octubre de 2021 / 09:53

Las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), registradas en 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, iniciaron pasada las 08.00 de este martes una marcha de protesta desde la localidad de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba), dijo que esta marcha está constituida por “las verdaderas víctimas de noviembre de 2019” que decidieron unirse.

“El pedido es justicia, que se acelere la justicia, la justicia anda muy lenta”, ratificó el dirigente en un contacto con Bolivia TV.

Jucumari prevé que la movilización arribará a la sede de Gobierno en aproximadamente ocho días. “La lucha continúa y para eso estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –donde se registraron 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de cobertura legal a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.

También puede leer: El GIEI recuerda que el DS 4078 de Áñez buscó ‘dotar de cobertura legal a la represión’.

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Vuelven las largas filas tras la ampliación de la vacunación contra el coronavirus

A partir de este martes se aplica la tercera dosis a todos los mayores a 18 años y también comienza la inmunización a los adolescentes de 16 y 17 años.

Uno de los puntos de vacunación en La Paz. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 19 de octubre de 2021 / 08:43

Después de varias semanas, nuevamente algunos puntos de vacunación del país se vieron este martes con largas filas de personas que acudieron a inmunizarse contra el COVID-19.

Esta situación se presenta después de que el Gobierno decidió habilitar desde esta jornada la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a todas las personas mayores a 18 años de edad, que inició en pasados días solo con pacientes con enfermedades de base y mayores a 60 años.

“Únicamente por el mes de octubre (…) hemos definido ampliar la vacunación para toda la población boliviana que voluntariamente desee recibir la dosis de refuerzo, siempre y cuando hayan cumplido dos meses después de haber recibido su segunda dosis”, anunció en pasadas horas el ministro de Salud, Jeyson Auza,

Para este proceso de inmunización fueron habilitadas las vacunas AstraZeneca y la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, en una entrevista con La Razón Radio, agregó que está dirigida, principalmente, a la población que tiene contacto directo con la gente, como los cajeros, transportistas y otros para que puedan reforzar su sistema inmunológico ante una posible cuarta ola de la pandemia.

Además, a partir de este martes también comienza la vacunación a la población de 16 y 17 años de edad con la vacuna Pfizer.

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A un año de su triunfo electoral, el Gobierno cree que persiste un pequeño grupo de ‘golpistas’

Camacho ratificó que apoyará todas “las medidas que sean tomadas por los sectores y que sean correctas”.

Un día como hoy, Luis Arce ganó las elecciones. Foto de archivo: AFP.

/ 18 de octubre de 2021 / 16:21

El 18 de octubre de 2020, el ahora presidente Luis Arce ganó las elecciones generales con el 55,1% de los votos y a un año de ese hecho, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, consideró que todavía persiste en el país un pequeño grupo de “golpistas”.

“Después de que el pueblo boliviano, en las urnas, ha demostrado que es completamente democrático, todavía persiste un grupo de golpistas; aún hay todavía un pequeño grupo que pretende realizar golpes de Estado y lo hemos visto con el paro cívico (de la semana pasada) que han realizado desde Santa Cruz (el líder cívico Rómulo) Calvo y (el gobernador Luis Fernando) Camacho”, dijo.

El 11 de octubre, los cívicos realizaron un paro de actividades con el bloqueo de vías en algunas ciudades en contra del proyecto de ley sobre ganancias ilícitas y tres días después, el Gobierno decidió retirar esa iniciativa porque cada vez más sectores sociales advertían con asumir nuevas medidas de presión.

Ahora los cívicos y otros sectores exigen la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, y también amenazan con asumir protestas.

Camacho, en las últimas horas, ratificó que apoyará todas “las medidas que sean tomadas por los sectores y que sean correctas, como este pedido de sacar de vigencia las normas que atentan contra las libertades y los derechos de los bolivianos”.

Además, “los paros que sean declarados y avalados por nuestro Comité pro Santa Cruz obviamente también vamos a acatar porque (es la institución) a la que los cruceños tenemos que seguir siempre en estos momentos de una difícil coyuntura política”, agregó el Gobernador.

Entretanto, el presidente Arce escribió en Twitter: “¡Somos mayoría! Hace un año recuperamos la democracia con más del 55% de los votos. Las y los bolivianos le dijeron sí a la esperanza, a la dignidad, a la soberanía y a la reconstrucción de la Patria con justicia social”.

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