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martes 25 ene 2022 | Actualizado a 01:54

Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el martes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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Envían a la cárcel a Dávila, la Fiscalía identifica a ocho personas de su círculo cercano y los citará

El exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía estableció que viajó a Colombia y Brasil

El exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila.

/ 24 de enero de 2022 / 23:45

La Fiscalía tiene identificadas a ocho personas que serán citadas a declarar como testigos y sindicados en el marco de la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, quien este lunes fue enviado a la cárcel acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Se trata de Karen Carlota G.D., Galia D.P., Fernando D.P., Marcos P.S., Alfredo A.Fl., Rocio L., Bernardo D.G. y Mónica G.D., según la imputación presenta por la fiscal Lupe Zabala en contra de Dávila y a la que tuvo acceso La Razón. Esta acción fiscal de “declaraciones en calidad de testigos y sindicados” es parte de los “actos pendientes” a realizar.

El coronel Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro por seis meses. Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo el Gobierno espera un informe de la estadounidense DEA sobre una investigación que vincula al exjefe policial con el narcotráfico y una organización delictiva desarticulada en Colombia, donde se detuvo a un expolicía boliviano, Omar Rojas Echeverría.

Fue detenido la noche del sábado cuando intentó cruzar hacia Argentina desde Villazón, Potosí, adonde llegó desde Cochabamba a través de vías alternas. Ya era seguido por policías y, una vez capturado, fue trasladado a La Paz, donde radica el caso. Se lo presentó a la prensa el domingo enmanillado y resguardado por uniformados armados.

En la imputación también se reveló que Dávila hizo viajes a Colombia y Brasil, además de movimiento bancario de más de $us 42.000 que no supo explicar su origen de forma sólida. También se reportó Bs 1.000.000 como patrimonio.

El nombre de Dávila figura en el trámite de extradición que gestiona Estados Unidos en Colombia del expolicía boliviano Rojas.

Dávila es el tercer jefe antidroga que cae, luego de los generales René Zanabria y Óscar Nina. Zanabria cumplió una condena en Estado Unidos, luego de ser detenido en Panamá acusado de traficar droga al país del norte, y fue expulsado a Bolivia, donde guarda detención preventiva.

Nina también fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Entre otras acciones fiscales pendientes está la triangulación de llamadas entre Dávila y testigos.

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Tras 14 días, Cox vuelve a la función pública como Director Jurídico del Ministerio de Culturas

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con Arturo Murillo

Nelson Cox

/ 24 de enero de 2022 / 21:55

Nelson Cox fue destituido el 10 de enero del Viceministerio de Régimen Interior y 14 días después volvió a la función pública, esta vez como Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

“Desde hoy he empezado en Culturas como Director de Asuntos Jurídicos (…) La hermana (la ministra) Sabina Orellana gentilmente me ha invitado a trabajar con ella como su Director Jurídico”, explicó Cox a La Razón.

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.

Cox aseguró en ese entonces que no renunció e insistió en que fue destituido.

Fue exdelegado defensorial en Cochabamba, exviceministro de Justicia y candidato a la alcaldía de Cochabamba por el MAS.

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Ministro de Justicia acusa a CC y Creemos de obstaculizar juicio de responsabilidades contra Áñez

Dice que hay un “manto de impunidad” de ambas organizaciones políticas para blindar a la expresidenta y que no se investigue las masacres de Sacaba y Senkata, donde unas 20 personas perdieron la vida.

El ministro de Justicia, Iván Lima

/ 24 de enero de 2022 / 21:09

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este lunes que hay un “manto de impunidad” de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos en la Asamblea Legislativa para obstaculizar el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, acaecidos en noviembre de 2019.

“Tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, a través de sus bancadas, están blindando (a Jeanine Áñez), están otorgando un manto de impunidad a ella y no permiten que los casos vayan a un juicio de responsabilidades”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.

Dentro del caso denominado como Golpe de Estado II, Lima aclaró que no corresponde un juicio de responsabilidades contra Áñez porque no era presidenta constitucional, “ni de facto, ni de ningún otro tipo” y recordó que sólo ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta.

“Lo que se juzga es toda la parte previa a la decisión que asume (de presidir el país) y esto no necesita de un juicio de responsabilidades; es un juicio ordinario, porque ninguno de los actores que están siendo imputados en ese momento tenía la protección o el privilegio constitucional de ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se habilita la vía ordinaria para su juzgamiento”, explicó.

El sábado, Lima aseguró que la sanción que podría recibir la exmandataria y las otras ocho personas, entre jefes policiales y militares durante el gobierno transitorio, puede ser de hasta 12 años de privación de libertad. Ese Juicio comenzará el 10 de febrero y la primera persona en declarar será, justamente, la expresidenta.

En noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara a la presidencia asediado por protestas cívicas de 21 días alentadas por denuncias de fraude electoral (luego puestas en duda), un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita, la entonces senadora Jeannine Áñez se declaró, primero, titular de la Cámara de Senadores y dos días después, presidenta del Estado.

Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

Actualmente Áñez cumple detención preventiva desde marzo del año pasado en la cárcel de Miraflores.

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La Fiscalía de Tarija imputa a Montes y Torres por el paro de noviembre

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre

Oscar Montes y Johnny Torres. Foto: RRSS

/ 24 de enero de 2022 / 20:40

El Ministerio Público de Tarija formalizó una imputación penal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.

“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado y colaborando a la incitación a la violencia, a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se lee en la imputación emitida por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores, según informó el diario El País de Tarija.

También figuran el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez.

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.

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Justicia envía al exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila a la cárcel de San Pedro por seis meses

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue detenido en Villazón, cuando pretendía fugar hacia Argentina

Presentación del exdirector de la FELCN a la prensa en La Paz, la noche del domingo.

/ 24 de enero de 2022 / 18:45

El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas.

Fue aprehendido la noche del sábado en Villazón, Potosí, cuando pretendía pasar a Argentina, en un intento de fuga. Se lo trasladó por vía terrestre a La Paz y desde el domingo permaneció en celdas policiales, luego de haber sido presentado a los medios enmanillado.
Como solicitó la Fiscalía, Dávila fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

Se conoció que la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) lo investigaba por delitos vinculados al narcotráfico y como parte de una red delictiva que envió droga a Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el domingo que se requirió información a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia sobre la investigación al exjefe de la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos solicitado a la embajada de los Estados Unidos, a través de la cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que está realizando actualmente”, sostuvo.

También fueron realizados cuatro allanamientos en inmuebles relacionados con Dávila en Santa Cruz y Cochabamba.

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