Parte de los familiares y víctimas de las masacres de 2019 decidieron permanecer en vigilia en plena calle a la espera de la instalación del diálogo la mañana de este martes con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, mientras que mujeres y personas de la tercera edad fueron a pasar la noche a un hotel ofrecido por el Gobierno.
Decenas de personas que marcharon desde Caracollo instalaron una vigilia frente a efectivos policiales que les impidieron llegar hasta las puertas de la Casa Grande del Pueblo. Cubiertos con algunas frazadas y sobre cartones varios de ellos se acomodaron en las aceras de las calles aledañas al centro del poder político.
Mientras que mujeres y personas de la tercera edad se trasladaron al hotel de la Central Obrera Boliviana (COB) a pasar la noche, atendiendo la propuesta del vocero presidencial Jorge Richter, quien acudió hasta el lugar para confirmar que Prada y su persona estarán en el diálogo de este martes.
David Inca, representa de los familiares y víctimas, informó que acudirá al diálogo sobre la base de un pliego que, principalmente, exige justicia. Aún no se definió el lugar de la cita.
Su pliego petitorio a la administración de Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Jeanine Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.
En la vigilia se rechazó en horas de la tarde que personeros de los ministerios de Gobierno y de Justicia participen de las negociaciones, como lo había oficializado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaboró un informe sobre la crisis de 2019 y calificó de masacres los hechos de violencia y muerte en Sacaba y Senkata, donde murieron unas 20 personas y resultaron heridas decenas de personas por impactos de bala.
Militares y policías intervinieron la marcha y protesta de afines a Evo Morales, que había renunciado días antes y que rechazaba al gobierno de Áñez, con saldos trágicos.