El comandante de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, informó que se intensificó la busque de Juan Ramón Quintan y Ponciano Santos, “con algunas tareas de Inteligencia” para dar con su paradero.

“Estamos nosotros en estado de listeza, con algunas tareas de Inteligencia”, señaló el jefe policía.

El exministro y el dirigente campesino son investigados por los delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir; entre otros, además de otros dirigentes del Pacto de Unidad que llevaron adelante la Marcha para Salvar Bolivia y el bloqueo de caminos de 24 días en el país.

Alerta migratoria

Además, ambos tienen alerta migratoria y se encuentran en la clandestinidad, para no ser detenidos y encarcelados, como los dirigentes evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho.

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Russo dijo que la fuerza del orden espera “coordinaciones con el Ministerio Público de obtener alguna noticia”.

“Con la seguridad de que la Policía Boliviana, en cumplimiento de su mandato, va a ejercer lo que corresponda con la finalidad de poner a disposición de la autoridad competente a cualquier sujeto que esté siendo notificado, que esté siendo buscado o que tenga un apersonamiento”, señaló la autoridad policial.

Pedido

En reunión de emergencia de Lauca Ñ, Cochabamba, el evismo exigió el lunes la inmediata liberación de los “presos políticos que injustamente e ilegalmente se encuentran detenidos por el Gobierno de Luis Arce, caso contrario, advirtió de una movilización para hacer respetar los derechos humanos

El 22 de noviembre, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) exigió también a los distintos poderes del Estado de Bolivia garantizar todos sus derechos y la integridad de Juan Ramón Quintana y que, además, se ponga un alto a “su persecución”.

La Procuraduría General del Estado calificó de “favorable” para el pueblo boliviano la sentencia obtenida contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros en el caso Petrocontratos.

“La Procuraduría… llevó a cabo una intervención responsable en este proceso penal, obteniendo un resultado favorable para el pueblo boliviano”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

La noche del lunes, la Justicia sentenció a Sánchez de Lozada a una pena de seis años y tres meses. Es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Además de expresidente, los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga también fueron sentenciados a una condena de cinco años de prisión.

Los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro. Según la sentencia, el cómputo se iniciará una vez ejecutados los mandamientos de condena respectivos “emitidos por el tribunal” de responsabilidad.

Inhabilitación

Además de las penas, se estable una inhabilitación “especial”, que incapacita a los imputados el obtener mandatos, cargos públicos, empleos, y cualquier tipo de comisiones públicas, sean estás por elección o libre designación, por un periodo de cinco años, de acuerdo normativa penal.

Lea más: Justicia sentencia a seis años y tres meses a Sánchez de Lozada en el caso Petrocontratos

“(…) Después de haber trascurrido casi 20 años de la presentación de la denuncia dentro del juicio de responsabilidades denominado Petrocontratos, el Tribunal de Justicia… emitió sentencia condenatoria, imponiéndose la pena privativa de libertad a cumplirse en el centro penitenciario de San Pedro de Chonchocoro”, resaltó la Procuraduría.   

El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin autorización del otrora Congreso Nacional.

Contratos

De los 107 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.

Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, favoreció los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.

La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.

El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.

Sánchez de Lozada huyó del país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada Guerra del Gas. Estableció su residencia en Estados Unidos.

El 17 de octubre, Carlos Mesa, entonces vicepresidente, asumió la sucesión constitucional.

Luego de la reunión de emergencia en Lauca Ñ, Cochabamba, el evismo determinó continuar la batalla legal para recuperar la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, aclaró que, si no se llega con los tiempos, participará en alianza política en las elecciones generales 2025.

“Vamos a dar una batalla legal para que se respete el MAS-IPSP, pero también no vamos a descuidar, plan B. A prepararnos, si no reconocen los veedores, si no nos devuelven la sigla del MAS, esta reunión ha decidido plan B: vamos a participar en alianza en las elecciones del 2025”, afirmó Evo Morales al leer las conclusiones.

En el encuentro, el líder político también fue ratificado como candidato para las elecciones generales de 2025 y reiteró que “está habilitado” para participar de esta contienda electoral.

Además, el ampliado determinó refundar el partido con motivo del 30 aniversario, en marzo del próximo año. “Hay que refundar. Desde ahora vamos a prepararnos y vamos a refundar el instrumento y fortalecer nuestra revolución democrática y cultural”, aseguró el exmandatario.

Para ello, dijo que no solo será una organización nacional, sino que se invitará a fuerzas de izquierda y antiimperialistas del exterior para refundar el MAS-IPSP.

En el encuentro de Lauca Ñ, el evismo hizo una evaluación y debate de la coyuntura política, además de definir el rumbo y futuro de la dirigencia, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registrara a Grover García como nuevo presidente del MAS.

La semana pasada, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0776/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el TSE resolvió registrar las determinaciones del congreso del MAS arcista de El Alto, celebrado los días 3, 4 y 5 de mayo de este año, entre ellas la elección del dirigente Grover García.

Aquel reemplaza a Morales, quien se mantuvo en esas funciones por al menos 27 años.

Entre las resoluciones del ampliado, el evismo exige que el TSE “actúe” en base a la Constitución y la ley “que juraron cumplir y hacer cumplir” y no en “función” de presiones o líneas políticas.

Morales resaltó el proyecto político del MAS, como el más grande de la historia y con más de un millón de militantes inscritos. “A esa (militancia) se está haciendo daño, Lucho (Arce) y David (Choquehuanca)”, denunció.

Afirmó que “ya” recibió llamadas telefónicas de quienes que le expresaron su apoyo y le dijeron que “quieren renunciar masivamente”, porque no son parte del “supuesto dirigente”, esto en referencia a la dirigencia de García. 

“Les dije ‘esperen la reunión del lunes’. No podemos renunciar; primero, la batalla legal. Para nosotros, el instrumento político, el tema de la sigla, no es ningún problema; con el MAS o sin MAS vamos a participar de las elecciones 2025”, desafió el dirigente.

candidatos. También afirmó que los cocaleros están unidos y que no se los dividirá; esto luego que surgiera como rumor el nombre de Andrónico Rodríguez como candidato presidencial.

“El Gobierno usa al hermano Andrónico para querer dividirnos. Estoy sorprendido, a la cabeza del hermano Andrónico, el sábado, nos informaron por unanimidad que Evo es el único candidato. Intentarán dividirnos, pero al Trópico no logran dividir y seguiremos unidos”, comentó Morales.

Agregó que quedó sorprendido por el apoyo y la solidaridad, y prometió que no se irá del país y luchará junto al pueblo; esto, en su criterio, porque algunos políticos señalaron que saldría del país.

El líder cocalero insistió con participar de las elecciones presidenciales como candidato, pese a que se encuentra inhabilitado, por otra decisión del TCP, y perdió la dirección nacional del MAS.

El Tribunal de Juicio de Responsabilidades, en el caso Petrocontratos, sentenció a una pena de seis años y tres meses al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Además de Sánchez de Lozada, los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga tienen una condena de cinco años de prisión.

“Mediante voto mayoritario, falla lo siguiente. Declarando a los imputados (…) autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica previsto y sancionado en los artículos 154 y 224 del Código Penal. Estableciendo una pena de seis años y tres meses para el primero (Sánchez de Lozada) y de cinco años para los restantes imputados”, dijo el magistrado Olvis Egüez, presidente del Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Votos

Con seis votos a favor y tres disidentes de los magistrados, la sentencia condenatoria contra el expresidente se concretó luego de un año y tres meses del proceso judicial.

Los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro. Según la sentencia, el cómputo se iniciará una vez ejecutados los mandamientos de condena respectivos “emitidos por el tribunal” de responsabilidad.

Además de las penas, se estable una inhabilitación “especial”, que incapacita a los imputados el obtener mandatos, cargos públicos, empleos, y cualquier tipo de comisiones públicas, sean estás por elección o libre designación, por un periodo de cinco años, de acuerdo normativa penal.

Lea más: Caso Petrocontratos: concluye fase de alegatos y se suspende la audiencia hasta el 21 de noviembre

“Se imponen costas a los imputados, a los condenados, siendo que los mismos han sido objeto precisamente de sentencias condenatorias y además de ello, de habilitarse procedimientos especiales para lo que representan el pago de daños y perjuicios”, señala parte de la sentencia contra los condenados.

El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin autorización del otrora Congreso Nacional.

De los 107 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.

Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, favoreció los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.

Denuncia

La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.

El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.

Sánchez de Lozada huyó del país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada Guerra del Gas. Estableció su residencia en Estados Unidos.

El 17 de octubre, Carlos Mesa, entonces vicepresidente, asumió la sucesión constitucional.

Días después de la presentación de una encuesta nacional, que encargó a la empresa Panterra Research, el empresario boliviano Marcelo Claure planteó la necesidad de instaurar un “gobierno pequeño” ante una administración “enorme e ineficiente”.

La semana pasada, el también presidente del club Bolívar y socio de los clubes de primera división Gironas (España) y New York City (Estados Unidos) presentó una encuesta cuyo resultado más llamativo fue el “empate” (18%), como consideró, entre el expresidente Evo Morales y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en la intención de voto con miras a las elecciones de 2020.

Ocupado en los últimos meses en el quehacer político del país (aclaró que no será candidato), Claure prometió el domingo un análisis sobre la encuesta. 

“Ésta fue la primera encuesta que hizo temblar a muchos; sé que la gente la aprecia porque entienden que la única intención es ayudarlos. Seguimos aprendiendo para hacerlas mejor”, escribió.

El viernes, Claure mostró una encuesta encargada a la firma Panterra, llevada a cabo entre el 2 y 15 de noviembre. Fueron encuestados “2.000 adultos bolivianos, lo que resultó en un margen de error de solo +/- 2,2%”.

El informe generó repercusiones a favor y en contra. Más allá de los números, el empresario hizo sus primeras consideraciones a través de redes sociales.

“Bolivia ha estado cargada por una estructura gubernamental enorme e ineficiente durante demasiado tiempo”, dijo.

Enseguida, propuso algo que, como la encuesta, tendrá repercusiones políticas. “Imaginemos un cambio hacia un gobierno pequeño: un sistema que priorice la responsabilidad fiscal, reduzca la burocracia excesiva, elimine subsidios innecesarios y opere con eficiencia y propósito”, propuso.

Actualmente, el Estado subvenciona especialmente el precio de los combustibles y la importación de alimentos como la harina de trigo y maíz. Otros subsidios estatales son relativos a la redistribución de ingresos, como la Renta Dignidad, para los mayores de 60 años; el Bono Juancito Pinto, para los escolares, y el Bono Juana Azurduy, para las mujeres embarazadas y los recién nacidos.

Además, Claure propuso un gobierno innovador. “Un gobierno más ágil e inteligente podría desbloquear el verdadero potencial de nuestra nación, fomentando un crecimiento sostenible y empoderando a los ciudadanos”.

“La pregunta es: ¿estamos listos para alejarnos del status quo y abrazar este cambio?”, desafió. Claure aparece con fuerza un año antes de las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.