El personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Santa Cruz fue en dos oportunidades hasta el domicilio particular de José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, para realizar una valoración médica de su estado y no lo encontró, denunció este miércoles Edwin Quispe, secretario de la Fiscalía General del Estado.
José Luis, al igual que su hijo, es investigado por el denominado caso Golpe de Estado y, cuando inicialmente fue citado por la Fiscalía a declarar en la ciudad de La Paz, alegó que no podía presentarse en esa urbe por razones de salud.
Por ello “nosotros respetuosos de los derechos y garantías de los ciudadanos pedimos al IDIF que proceda a verificar la situación de salud y realizar una evaluación al señor José Luis; lamentablemente el día de ayer, en dos oportunidades, personal del Instituto de la ciudad de Santa Cruz se trasladó al domicilio del señor Camacho; sin embargo, no ha sido habido”, ratificó Quispe.
El funcionario precisó que el personal médico, primero, estuvo en el domicilio del investigado, ubicado en el barrio Ramafa, a las 13.00 y después retornó a las 14.00, aproximadamente, pero, como no fue encontrado, ahora las actuaciones procesales se continúan retrasando.
“Esta demora, que es atribuible a esta persona (José Luis), hace que (también) posterguemos otras notificaciones como la convocatoria a Fernando Camacho”, afirmó.
Agregó que la Fiscalía esperará que se cumpla el procedimiento correspondiente para evitar que pongan como pretexto una supuesta “persecución política” o una vulneración a sus derechos y garantías.
El lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, había informado que, en el transcurso de esta semana, el gobernador de Santa Cruz y su padre serían citados a declarar por el Ministerio Público.
El denominado caso Golpe de Estado empezó a investigarse a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, para esclarecer el derrocamiento de Evo Morales en 2019.
El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia del país en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial e incluso una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición, y ahora está encarcelada de manera preventiva.