Nacional

martes 30 nov 2021 | Actualizado a 01:06

En Santa Cruz crean asociación de perseguidos y presos políticos en el gobierno del MAS

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, otorgó la personería jurídica a la Asociación de Familiares de Víctimas, Perseguidos y Presos Políticos (AFAVIM) dirigida por Jean Carla Rivera

/ 28 de octubre de 2021 / 17:04

La Gobernación de Santa Cruz otorgó la personería jurídica a la Asociación de Familiares de Víctimas, Perseguidos y Presos Políticos (AFAVIM), que tiene como objetivo principal defender a todos quienes se sientan perseguidos como militares, policías y civiles por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Jean Carla Rivera preside la nueva organización. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, participaron del acto de entrega del documento que formaliza el nacimiento de la organización.

“En los últimos años en el gobierno de Evo Morales y ahora de Luis Arce los procesos contra civiles, militares y policías se han intensificado como una forma de amedrentamiento contra quienes se oponen a la injusticia y al autoritarismo”, explicó Rivera y anunció que se denunciará todos los hechos de violaciones de derechos humanos en el concierto internacional.

También se elaborará un archivo de todas aquellas violaciones de derechos humanos. “Nace como una necesidad de justicia y libertad”, sostuvo y acusó al Gobierno de “someter a 11 millones de bolivianos”.

Rivera denunció que el “gobierno masista” discriminó a “nuestras víctimas, apoyándose en el escudo de las masacres de Sacaba y Senkata”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de masacres la veintena de muertos en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en el inicio del gobierno de Jeanine Áñez tras la renuncia de Evo Morales en medio de una crisis política y social.

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Richter ante dichos de Huarachi: Los sectores sociales son autónomos y no validan su discurso con el Gobierno

El portavoz presidencial Jorge Richter se refirió en esos términos a las declaraciones del dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, de nacionalización de empresas en Santa Cruz. Los cívicos cruceños rechazaron la postura

El vocero presidencial Jorge Richter. Foto de archivo: Oswaldo Aguirre-La Razón.

/ 29 de noviembre de 2021 / 23:32

Para el vocero presidencial Jorge Richter, la advertencia del dirigente cobista Juan Carlos Huarachi de nacionalizar empresas en Santa Cruz se da en la lógica y pensamiento del sector, y no tiene una relación con el Gobierno. Además, aclaró que cuando el presidente Luis Arce habló en el cierre de la marcha “Por la patria” de que la derecha “no tiene cabida en el país”, se refirió al plano electoral.

“Son la expresión de los movimientos sociales, es el caso de la COB y de Juan Carlos Huarachi, tienen sus propias miradas del movimiento político en Bolivia, sobre las amenazas a la democracia, al gobierno, al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. En esa perspectiva ninguna de las organizaciones sociales va a llevar su discurso para validarlo con el gobierno, las organizaciones sociales tienen absoluta y plena autonomía”, afirmó en la red PAT.

En el acto de cierre de la marcha, en la plaza San Francisco, que encabezó el expresidente Evo Morales en apoyo a Arce, Huarachi advirtió con “tomar” las empresas establecidas en el departamento de Santa Cruz, tomando en cuenta que esta región es bastión de la oposición política que recientemente cumplió un paro de nueve días hasta la abrogación de la ley contra el lavado de dinero.

“Es más, nuestro gobierno, este pueblo, somos del instrumento político, somos los nacionalizadores y vamos a nacionalizar todas las industrias, todas las empresas en Santa Cruz, mis compañeros que no nos provoquen carajo”, sostuvo.

Richter insistió en que esa posición es la de Huarachi frente a “una ofensiva de los sectores de la derecha radical en Bolivia que tratan de generar inestabilidad o abreviar el mandato del presidente Arce”.

El Comité pro Santa Cruz rechazó las advertencias. “El Comité pro Santa Cruz expresa su rotundo rechazo a las amenazas de las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo, que han advertido con tomar por la fuerza las fábricas, empresas e industrias de Santa Cruz”, señaló el comité a través de un pronunciamiento.

También sostuvo que “no se permitirá esta afrenta contra los cruceños” y recordó que el departamento de Santa Cruz es el motor económico y productivo del país.

Durante su discurso de cierre de la marcha iniciada en Caracollo, Arce aseguró que la oposición política busca frenar el desarrollo económico en curso, porque es consciente que de seguir en ese rumbo no tendrá cabida en Bolivia.

“Hay que ver que se está hablando de un plano electoral”, afirmó.

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Calvo descarta acudir a la citación fiscal en La Paz por delitos como sedición

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que tiene citación para acudir este martes a una audiencia por homicidio

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

/ 29 de noviembre de 2021 / 22:19

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, no acudirá este martes a la citación fiscal para declarar en La Paz en una denuncia por delitos como sedición, porque –explicó- deberá acudir a otra audiencia por una denuncia de homicidio en Santa Rosa de Roca, en el departamento de Santa Cruz.

“También tengo otra citación por intento de homicidio en Santa Rosa de Roca”, sostuvo y defendió su derecho a ser procesado en su lugar de residencia y con juez natural.

La orden de citación fue firmada por la fiscal Leticia Muñoz. María Inmaculada Díaz Maroto interpuso la demanda por los delitos de instigación pública a delinquir, sedición, conspiración y atentados contra la libertad de trabajo.

Calvo aseguró que se le notificó con menos de 24 horas de anticipación.

El líder cívico dirigió el paro de nueve días que acabó con la abrogación de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

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Médicos van al paro en defensa de Calvo, Salud advierte con sanciones a los que acaten

El paro de este martes afectará la consulta externa. El Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, amenaza con más paros

Rómulo Calvo. Foto de archivo: APG.

/ 29 de noviembre de 2021 / 20:23

Médicos en Santa Cruz cumplen este martes un paro de 24 horas en rechazo a la destitución del médico y cívico Rómulo Calvo de la Caja Petrolera de Salud (CPS), por faltas injustificadas, mientras que el ministro de Salud, Jeyson Auza, cuestionó la extrema medida y advirtió con sanciones a los que ataquen el paro.

El Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, confirmó la medida y explicó que para no perjudicar a la población reforzarán los servicios de emergencia y mantendrán los vacunatorios contra el COVID-19, aunque la atención habitual al público será suspendida en los servicios públicos y de la seguridad social.

“Estamos luchando por nuestros derechos, si no nos responden en 24 (restitución a su fuente de trabajo) vamos a responder con un paro de 48 horas y si no nos responden se va a un paro de 72, y así sucesivamente”, advirtió y aseguró que cuentan con el respaldo del Colegio Médico de Bolivia.

En La Paz, Auza calificó de “criminal” la extrema medida porque suspenderá la atención en los servicios de salud en medio de una pandemia y el ingreso a una cuarta ola del COVID-19, que tiene mayor número de nuevos casos, justamente, en Santa Cruz.

“Nos parece realmente ilógico que se esté diciendo que en defensa de esas irregularidades pueda suspenderse el derecho a la salud del pueblo cruceño, no lo vamos a admitir y aquí debemos ser muy claros todo funcionario que acate ese paro injustificado, tendrá la sanción con el descuento correspondiente”, advirtió.

Calvo y Fernando Castedo, ambos médicos en la CPS, fueron destituidos como resultado de un proceso interno que estableció que faltaron de forma injustificada a su fuente laboral. Ambos apelaron la determinación.

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La Fiscalía presenta acusación formal contra Añez por caso Golpe de Estado II

La expresidenta Jeanine Áñez deberá defenderse de la acusación por haber asumido la Presidencia del Senado, que luego le permitió tomar el poder, sin cumplir con normas y reglamentos

La expresidenta Jeanine Áñez desde su habitación que sirve de celda en la cárcel de mujeres de La Paz.

Por Carlos Corz

/ 29 de noviembre de 2021 / 19:35

La expresidente Jeanine Áñez fue acusada formalmente por el caso denominado Golpe de Estado II y que tiene relación con la toma de la Presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse de la Presidencia de Bolivia, sin respetar las normas ni el Reglamento de Debates. Este actuado da paso al inicio del juicio oral.

Está acusada por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes. La denuncia la presentó la representación legal de la Procuraduría General del Estado, a la que se adhirió el Ministerio de Justicia, en un “desdoblamiento” del caso Golpe de Estado I, donde se la acusa de sedición, terrorismo y conspiración.

Además, están acusados nueve exaltos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, entre ellos el excomandante de la institución armada Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos de la justicia.

También están en la acusación formal Flavio Arce, excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor; Carlos Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas; Jorge Fernández, exinspector de las Fuerzas Armadas; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada.

«Solicito a su autoridad la remisión de la acusación ante la autoridad juzgadora conforme señala el art. 325 del Código de Procedimiento Penal a efectos de su juzgamiento y una vez celebrado el juicio oral público y contradictorio se dicte sentencia declarando a los acusados culpables de los delitos atribuidos considerando el concurso de su comisión, imponiéndoles la pena máxima que establece la norma penal sustantiva», establece parte de la acusación formal.

En julio fue presentada la denuncia de ampliación y este lunes se conoció de la acusación formal contra Áñez, según difundió el portal en Facebook de Gigavisión. La expresidenta está detenida en la cárcel desde marzo por los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

En ese entonces, la ampliación de la denuncia establecía que Áñez no cumplió con los procedimientos constitucionales de sucesión presidencial al vulnerar el Reglamento de Debates y la Constitución Política del Estado.

Tomó la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y sin la formal renuncia de la entonces presidenta Adriana Salvatierra, poco después presidió una sesión legislativa, también sin quórum, y se autoproclamó como Presidenta de Bolivia.

Morales y Álvaro García renunciaron el 10 de noviembre en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de dejar el cargo. Tras ese hecho, los legisladores de la línea de sucesión anunciaron su dimisión presionados por hechos de violencia contra su familia, entre ellos el expresidente de Diputados Víctor Borda.

Según la investigación, la jefa de la Unidad de Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, Ruth Beltrán, corroboró que no hay antecedentes de una sesión en el Senado, aunque en el acto de la sesión se informa que toma la presidencia tras señalarse que no hay quórum. La sesión que no terminó de instalarse fue de 18.40 a 18.41.

“En el caso de Adriana Salvatierra no se tiene renuncia escrita, mucho menos formalizada ante el pleno de la Cámara de Senadores”, establecía parte de la imputación contra Áñez.

La expresidenta también es investigada por la designación irregular de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.

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Arce cierra masiva marcha con mensaje de ‘nunca más golpes de Estado’ y demanda de justicia

El presidente Luis Arce aseguró que la derecha “no tienen cabida en el país” si se sigue en esta senda de desarrollo. Sectores sociales amenazan con trasladar la protesta a Santa Cruz, bastión de la oposición

El presidente Luis Arce en Plaza San Francisco durante su discurso. Foto AFP

/ 29 de noviembre de 2021 / 17:39

La marcha que empezó en Caracollo concluyó este lunes con una multitudinaria concentración en la plaza San Francisco, en La Paz, con mensajes de unidad, exigencia de justicia y advertencias a la dirigencia cruceña, principalmente. El presidente Luis Arce cerró el acto con el mensaje de “nunca más golpes de Estado” y advirtió que la democracia está en riesgo.

Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el expresidente Evo Morales y diferentes dirigentes de la cúpula del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana (COB) hicieron uso de la palabra ante una masiva concentración que llegó a la plaza San Francisco desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad de La Paz.

“Cuando avanzamos en resolver los problemas del pueblo la derecha se preocupa, utiliza a sus lacayos y se inquieta, porque sabe si nosotros seguimos en el gobierno, si seguimos avanzado en estas soluciones del pueblo, ellos no tienen cabida en el país”, afirmó e insistió en que la “derecha tiene miedo” a estos avances.

Además demandó respeto al voto en las urnas, que le dio el triunfo con el 55,1% de la preferencia electoral. El pueblo “exige respeto al voto en las urnas, exige que aquellos que nunca ganaron elecciones, que esos que perdieron en las urnas y siempre que la democracia no les sirve, utilizan todo para hacerse del poder”.

La oposición política con su bastión en Santa Cruz fue centro de los cuestionamientos, ya que en el paro de nueve días tomó el control y destino de la protesta que acabó con la abrogación de la ley de estrategia de lucha contra el lavado de dinero, aunque sumaron otras demandas y la restitución de los 2/3 de voto para todas las decisiones en el Legislativo. Ahora, alistan otras protestas.

Mientras que Morales advirtió con la defensa del denominado proceso de cambio en las calles. “Esta marcha es un calentamiento todavía, si siguen molestando, mejor que no nos provoquen, que no provoquen al movimiento indígena originario, a los profesionales patriotas. Vamos a defender nuestra revolución, nuestro proceso y modelo económico, eso pasa por la defensa de Lucho (Arce) y David (Choquehuanca)”, sostuvo.

En esa misma línea, el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, advirtió que de ser necesario la protesta en defensa del gobierno de Arce se trasladará a Santa Cruz, bastión de la oposición. “Si siguen provocando, la marcha se traslada a Santa Cruz”, amenazó en medio de su intervención en el acto de masas.

Rolando Borda, ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, fue más directo y demandó cárcel para el excívico y actual gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo. Camacho lideró las protestas de la crisis de 2019 que, junto al motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, acabó con la renuncia de Morales.

“Queremos que metan presos a Calvo, a Camacho, porque ya está de buen tamaño, porque el pueblo sigue esperando y la justicia está dormida”, demandó.

Se instalaron tres palcos, en uno de ellos amenizaban la concentración grupos musicales. Arce coincidió con Morales en demandar, justamente, justicia por lo ocurrido en 2019 y durante el gobierno de Jeanine Áñez, quien tomó el poder como resultado de una negociación entre cívicos y políticos.

“Sabemos que uno de los temas principales tiene que ver con la justicia, nosotros hemos presentado toda la documentación, los alegatos, y escuchando a todos ustedes exigimos a quienes administran la justicia que de una vez por todas hagan justicia para el pueblo boliviano”, demandó Arce.

Actualmente está en curso el caso denominado Golpe de Estado, que tiene a la expresidente Áñez en la cárcel. También hay causas abiertas por las masacres de Senkata y Sacaba, donde en noviembre de 2019, a días de la renuncia de Morales, perdieron la vida más de una veintena de personas por impactos de bala en un operativo policial-militar

“Es importante que la justicia boliviana haga justicia, tantas pruebas, el pueblo pide justicia, tiene que hacerse justicia, esa tarea es responsabilidad de la Justicia boliviana, justicia para que nunca más vuelvan otros golpistas, se trata de eso”, exigió Morales, por su parte.

La marcha encabezada por Morales empezó en Caracollo y se dio en respuesta a la protesta iniciada por gremiales y transporte pesado, pero de la que tomó control el cívico Calvo con amenazas de “el último raund”, de “que tienen la receta en el bolsillo” o hablando de tumbar al gobierno de Arce.

En Potosí, a la cabeza del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), se rearticuló el movimiento cívico y programó para el 15 de enero un cabildo nacional para asumir acciones en contra del gobierno de Arce para retomar las demandas que quedaron pendientes.

“El pueblo también ha venido a decirle a esa derecha golpista: nunca más golpes de Estado en nuestro país, nunca más, el pueblo ha decidido resolver los problemas en las urnas, que se respete el voto en las urnas”, exigió Arce y reiteró la advertencia de que “la democracia está en riesgo”.

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