La Fiscalía imputó a la expresidenta Jeanine Áñez por cinco delitos penales en los que habría incurrido en la designación de Karina Leiva Áñez como gerenta de la Empresa de Alimentos y Derivados (EBA) en mayo de 2020. Pidió su detención preventiva por seis meses.
Se la acusa de nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones; y complicidad. Karina Leiva Áñez, según la investigación, no cumplía requisitos para el alto cargo, como una licenciatura.
En la imputación se pide a la Justicia disponer la detención preventiva por seis meses de la expresidenta en la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra recluida por el caso Golpe de Estado I.
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También se justifica el petitorio de detención preventiva, porque es investigada en otros casos por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes e incumplimiento de deberes ( 201102012105245); delitos de anticipación y prolongación de funciones ( 201102012102610); delitos de terrorismo, sedición y conspiración ( 201102012005679) ; y delitos de desobediencia a resoluciones en acción de defensa y de inconstitucionalidad ( 1011102012003682).
El caso 201102012105245 tiene que ver con la denuncia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conocido como caso Golpe de Estado II. El proceso 201102012102610 está «acumulado» al 201102012005679 de terrorismo, sedición y conspiración (caso Golpe de Estado I), es decir, se «amplían» los delitos a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarías a la Constitución y leyes, y anticipación y prolongación de funciones.
El proceso 201102012005679, como ya se describió, está vinculado a los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, o caso Golpe de Estado I.
El caso 1011102012003682 está referida a la investigación por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad” de febrero de 2021.
La imputación por el caso EBA fue firmada por el fiscal Manuel Saavedra. En una audiencia de medidas cautelares se definirá si se atiende el pedido de detención preventiva de la Fiscalía.