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Comienza el anunciado paro, la Policía registra 87 puntos de bloqueo en dos regiones

En su primera evaluación del comienzo del paro indefinido en contra de la Ley 1386, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, identificó al menos 86 puntos de bloqueo en Santa Cruz y uno en Cochabamba.

En este momento tenemos bloqueos “en el departamento de Santa Cruz y en el departamento de Cochabamba, en tanto que nos encontramos en completa normalidad en el resto del país”, dijo Aguilera a las 07.21.

El jefe policial explicó que en principio se registró “cierta conflictividad” en el departamento de Santa Cruz desde las primeras horas de la jornada.

“Hay aproximadamente 86 puntos de bloqueo que habrían movilizado 2.000 personas en todo ese departamento”, ratificó.

Esos puntos de conflicto están concentrados en la capital cruceña y también en otros sectores del departamento, como en Puerto Suárez, donde –según Aguilera–incluso se impide el paso a Brasil.

“En Puerto Suárez tenemos tres puntos de bloqueo, hay como 12 personas que están impidiendo en este instante que se trasladen las personas y lo que haremos ahora es restablecer el tránsito hacia el hermano país de Brasil”, sostuvo.

Mientras, en el departamento de Cochabamba, el primer punto de bloqueo identificado está instalado en Suticollo. “Donde hay aproximadamente 30 personas, que corresponden al gremio de transporte pesado, sin embargo, en el resto del país la normalidad es absoluta”, insistió.

Minutos después, a través del reporte de distintos medios de comunicación, se conoció que la Policía procedió a gasificar a los bloqueadores en Suticollo y también se empezaron a instalar otros puntos de bloqueo, como en Tarija, con el apoyo de los transportistas.

El paro indefinido en demanda de la anulación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, fue convocado inicialmente por un sector de los gremiales y luego se sumaron otras organizaciones como los transportistas y cívicos.  

Aunque el Gobierno, de manera insistente, aseguró que la cuestionada normativa no afecta a los transportistas, gremiales ni pequeños comerciantes.