El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, denunció este sábado ante la comunidad internacional que en Bolivia se intenta “repetir el libreto de golpe de Estado de 2019”, cuando en medio de otro conflicto se obligó a renunciar al entonces presidente Evo Morales.
“El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que partidos políticos de oposición, junto a comités cívicos departamentales y plataformas afines, promueven deliberadamente una campaña de desinformación, falsedades y tergiversación sobre el contenido de la Ley 1386 (…) a fin de repetir el libreto de golpe de Estado de 2019”, dijo Mayta al leer un comunicado.
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Agregó que la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, vigente desde agosto de este año, es resultado del esfuerzo del gobierno del presidente Luis Arce para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia.
Es decir, “responde estrictamente a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y es parte de una serie de normas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, remarcó.
Por lo que también denunció a la comunidad internacional que los sectores movilizados “promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo”, que derivaron “en múltiples agresiones a la población”.
Pues “la instalación de puntos de bloqueo, de caminos y vías, y el amedrentamiento a los ciudadanos que intentan desarrollar sus actividades cotidianas son una flagrante violación a los derechos a la libre circulación, al acceso a la educación, al trabajo y la salud, más aún en tiempo de crisis sanitaria global, llegando incluso a incitar públicamente a tumbar al Gobierno”, añadió.
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Además, exhortó a la comunidad internacional, organismos internacionales y a los defensores de los derechos humanos a rechazar “todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia, el estado de derecho y el gobierno constitucional”.
En Bolivia, se declaró paro indefinido, inicialmente, en contra de la Ley 1386, desde el pasado lunes.
La medida de presión es cumplida hasta ahora de manera parcial por cívicos, por un sector de los gremiales y algunos grupos de transportistas en algunas regiones del país en medio de constantes hechos de violencia protagonizados por los bloqueadores, otros sectores de civiles movilizados para desbloquear y la intervención permanente de los policías.