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viernes 1 jul 2022 | Actualizado a 19:42

Promulgan norma que anula Ley 1386, Gobierno llama a fortalecer la reactivación económica

El presidente en ejercicio David Choquehuanca promulgó la ley que anula la ley de estrategia de lucha contra el lavado de dinero, que activó un paro y bloqueo de gremiales, cívicos y políticos

/ 16 de noviembre de 2021 / 20:35

El presidente en ejercicio David Choquehuanca promulgó la noche de este martes la ley que abrogó la norma de estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas, que activó un paro centrado en Santa Cruz y Potosí. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, expresó que ahora debe retornar la normalidad, para avanzar en la reconstrucción económica y luchar contra el COVID-19.

“Se abroga la Ley N° 1386 de 16 de agosto de 2021, ‘Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo’”, establece el único artículo de la ley 1409 publicada en la Gaceta Oficial.

“Los bolivianos y bolivianos no queremos más crisis, inestabilidad, necesitamos seguir luchando contra la pandemia, que la población acuda a vacunarse”, sostuvo Prada sin hacer alusión directa al paro.

La decisión de anular la norma fue comunicada por el presidente Luis Arce el sábado 13, a una semana de un paro declarado por gremiales y al que se sumaron con otras demandas el bloque de cívicos y políticos de oposición que exigen la anulación de un paquete de leyes y la restitución de los 2/3 de votos en todas las decisiones del Legislativo.

Entre el lunes y martes se desarrollaron las sesiones en Diputados y Senadores para cumplir con el compromiso presidencial. En Diputados se prolongó el debate debido a que la oposición rechazaba uno de los motivos expuestos para la abrogación, por considerar que derivaría en la “criminalización” de la actual protesta, pese al rechazo del oficialismo.

Desde el MAS, se planteó la anulación o supresión de ese párrafo y se aprobó la ley de abrogación la madrugada del martes, sin apoyo de la oposición. El Senado instaló la sesión en la mañana de este martes y empezó el tratamiento de la norma, que fue aprobada por unanimidad en la tarde y remitida al Ejecutivo para su promulgación.

Choquehuanca promulgó en la noche la ley que dejó sin efecto una norma que buscó luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, según el Gobierno y el oficialismo.

El dirigente gremial Francisco Figueroa aseguró que una vez sacada del marco normativo la Ley 1386 se suspenderá el paro, aunque no descartó que retomen el respaldo a sus socios cívicos y de la oposición en febrero, de persisten sus demandas.

Prada afirmó que ahora se debe fortalecer los esfuerzos para la reactivación económica y la lucha contra el COVID-19.

Se debe avanzar en “la reconstrucción de la economía y producción de nuestra patria, que las productores puedan continuar con la siembra, la cosecha, con la comercialización de sus productos, que los gremiales puedan trabajar en paz, que los transportistas puedan llevar con tranquilidad en pan a sus hogares, que los micro, pequeños y grandes empresas sigan aportando en la generación de empleo e ingresos de la familia”, destacó.

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Aguilera asegura que deja una Policía ‘cohesionada y comprometida con la población’

El comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, evitó hablar de su sucesor y aseguró que los cambios son “por el transcurso del tiempo”

El general Jhonny Aguilera.

/ 1 de julio de 2022 / 19:10

El comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, agradece al presidente Luis Arce el respaldo durante su gestión y evitó hablar de su posible sucesor. Dijo que deja una Policía “fuerte, cohesionada y comprometida con servicio a la población”.

Aguilera fue cuestionada desde la oposición y la línea dura del MAS.

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Ministerio de Justicia demanda por prevaricato a jueces que favorecieron a Misael Nállar

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de “graves irregularidades” en el accionar de los jueces que favorecieron a Nállar, principal acusado de la muerte de dos policías y un voluntario del Gacip

Náyar, y dos colaboradores más, en la audiencia donde se dispuso su traslado a Chonchocoro en La Paz.

/ 1 de julio de 2022 / 18:43

Una denuncia por el delito de prevaricato fue presentada por personal del Ministerio de Justicia contra los dos jueces que dieron curso en tres horas a un recurso para el traslado de Misael Nállar, acusado del asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip, del penal de Chonchocoro de La Paz a Palmasola de Santa Cruz.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de la acción penal asumida y del pedido al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia de intervenir el Tribunal Séptimo de Sentencia, donde los jueces Freddy Coronel y Yaneth Paniagua favorecieron a Nállar concediendo la tutela de un recurso de acción de libertad por vulneración de sus derechos.

Con el favorecimiento viabilizado, el juez de La Guardia Rodrigo Vedia debía revisar su decisión de enviar a Nállar al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Una vez notificado con el recurso y en el marco del plazo, Vedia reafirmó su decisión inicial y el principal acusado del triple asesinato deberá permanecer en el penal del altiplano paceño.

El artículo 173 del Código Penal determina sobre el delito de prevaricato: “La jueza o el Juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”.

Nállar fue recluido la madrugada del sábado 25 de junio en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, de La Paz, acusado por el asesinato de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), y del voluntario de esta unidad José David Candial perpetrado en el Urubó, en Porongo, el 21 de junio. Sus presuntos cómplices, Raúl Caballero y Esteban Beltrán, también fueron encarcelados.

“Hemos pedido el Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura que intervengan ese juzgado, hemos visto graves irregularidades en una acción de libertad que se ha iniciado sin ningún sorteo a las 2.30 y a las 17.30 ya tenía sentencia”, denunció Lima y aseguró que el juez y el fiscal no fueron notificados.

Los dos policías y el voluntario fueron ejecutados, según la pesquisa policial. Cuando se les disparo con armas de grueso calibre militar estaban de rodillas y con las manos en el piso.

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Lima sobre denuncia contra García: ‘Estamos analizando la posibilidad de presentarnos como parte’

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que hará un seguimiento a la denuncia del diputado Rolando Cuéllar y le recordó que su obligación es formalizar la denuncia

El ministro de Justicia, Iván Lima.

/ 1 de julio de 2022 / 18:16

Para el Gobierno de Luis Arce, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben dilucidar la denuncia contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, y el tema de la personería jurídica del MAS. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se hará un seguimiento y reveló que se analiza “presentarnos como parte en las acciones que tengan que darse” en este caso.

“Como Ministerio de Justicia tengan la seguridad que vamos a hacer seguimiento y eventualmente estamos analizando la posibilidad de presentarnos como parte en las acciones que tengan que darse, puesto que es un tema de responsabilidad institucional en el área de transparencia que es parte de las competencias del Ministerio de Justicia”, sostuvo.

De esa manera Lima respondió a la consulta sobre la posición del Gobierno respecto a la denuncia del diputado Rolando Cuéllar, quien el miércoles reveló una carta de 2017 firmada por García, en la que agradece los aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

Apoyada en esa misiva, la oposición política envió una carta al TSE, en la que le exigió actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

“Como en muchos de los temas que se presentan, deben dilucidarse en el ámbito institucional de Bolivia: La Fiscalía para determinar si hay un delito y el TSE en relación a la personería jurídica”, sostuvo Lima y explicó que, “si hay una sentencia condenatoria ejecutoriada que demuestre que una organización política recibe fondos de una actividad ilícita, esto debe ser resultado de decisiones de la Justicia”.

En alusión a Cuéllar, también afirmó que tiene la “obligación” de formalizar la denuncia ante la Fiscalía, más allá de hacer la denuncia mediática.

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La Policía apunta a que dos policías ‘facilitaron’ la fuga de colombiano vinculado a triple asesinato

Los dos uniformados están detenidos y a la espera de su audiencia cautelar. Ambos detuvieron al colombiano Jhon Walter Tibaduiza a poco de cometerse el crimen de dos policías y un voluntario en Porongo

El colombiano John Walter Tibaduiza. Foto: Unitel.

/ 30 de junio de 2022 / 23:49

Apuntan que los dos policías aprehendidos “facilitaron, de alguna forma, la huida” del colombiano Jhon Walter Tibaduiza, uno de los acusados de participar en la ejecución de dos policías y un voluntario del Gacip el 21 de junio en Porongo. Requisaron en un puesto de control al ciudadano extranjero y lo dejaron en libertad tras sustraerle su teléfono celular y al menos $us 6.000.

La información la confirmó el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, quien recordó que Tibaduiza alquiló y luego abandonó el vehículo utilizado por quienes estuvieron en el lugar donde se cometió el triple asesinato con armas militares de grueso calibre.

“Habrían tenido participación en facilitar de alguna forma la huida de un ciudadano colombiano, que ha sido identificado como el que alquiló un vehículo y lo dejó abandonado”, sostuvo respecto a la detención de los dos policías que estuvieron en el retén de Puesto Mendez y que detuvieron al colombiano, pero horas después lo dejaron en libertad.

Se trata de Israel S. C. y de Rolando M. L. Están a la espera de su audiencia cautelar y de un proceso disciplinario interno.

Todo se descubrió por voz del propio Tibaduiza. En una entrevista con la red Unitel reveló que se encuentra en su país y que en una requisa policial cuando abandonada Bolivia, el mismo día de los tres asesinatos, se lo dejó en libertad tras sustraerle su teléfono celular y dinero.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen ‘ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, contó en la entrevista, además de negar haber participado del crimen.

Hasta el momento están en la cárcel tres personas por el triple asesinato, entre ellos Misael Nállar. Están distribuidos en las cárceles de Chonchocoro, de El Abra y Palmasola.

Según la pesquisa, las tres víctimas estaban de rodillas y con las manos en el suelo cuando fueron asesinatos con disparos de armas de fuego. Las pericias establecieron que dieron positivo a la prueba del guantelete, por lo que dispararon armas.

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Áñez demanda a la presidenta de la CIDH pronunciarse sobre vulneración de sus derechos

La expresidenta Jeanine Áñez cuestionó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, su “silencio e inacción”

La expresidenta Jeanine Áñez, antes de escuchar la lectura íntegra de la sentencia en Miraflores el 10 de junio.

/ 30 de junio de 2022 / 20:55

Desde la cárcel y a través de una misiva, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, pronunciarse, como lo hicieron otros organismos internacionales y países, sobre lo que consideró vulneración de sus derechos humanos y debido proceso en el juicio que acabó con una sentencia en su contra.

En el inicio de la misiva expresó su “sincera preocupación por el silencio y la inacción que han mantenido ante los reiterados y consecutivos abusos que las autoridades de Bolivia comenten en mi contra, utilizando el poder judicial con fines políticos, incumpliendo las recomendaciones del publicitado informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por el CIDH, solicitado por mi Gobierno”.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por la forma cómo asumió la presidencia del Senado en noviembre de 2019, que luego le permitió tomar la presidencia de Bolivia. Según la Fiscalía, tomó el Senado en una sesión sin quórum y a pesar de ser de la oposición, aspecto que no reconoce el Reglamento de Debates. Se la acusó por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso conocido como Golpe de Estado II.

Permanece en la cárcel desde marzo de 2021 y tiene pendiente en su contra otro proceso por el caso Golpe de Estado I, que tiene relación con los hechos que llevaron a la dimisión del expresidente Evo Morales en medio de una protesta cívica denunciando fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, un motín policial y la “sugerencia” militar al Presidente de demitir.

En la misiva fechada este jueves 30 de junio, la expresidenta le recuerda a Mantilla que, a diferencia de la CIDH, ya se pronunciaron sobre su situación “el Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobierno de Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Brasil, la Unión Europea…menos la CIDH”.

Los miembros del GIEI llegaron a Bolivia tras la firma de un acuerdo con la administración del presidente Luis Arce. Calificaron de masacres los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, con una veintena de muertos por impactos de bala y en medio de una intervención policial-militar, a días de que Áñez asumiera el poder.

En su carta recordó que su administración fue reconocida por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo administración de Luis Almagro. El MAS y el gobierno de Arce acusan a Almagro de corresponsable de los hechos que derivaron en la dimisión de Morales y de las masacres. Fue la OEA la que denunció un fraude, puesto en duda por estudios externos posteriores, y agravó la crisis de noviembre de 2019.

“El 18 de abril de 2022, a pedido mío, mi hija Carolina Ribera Áñez se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, acompañada de un equipo de personas que me apoyan voluntariamente, donde les hizo saber las denuncias de indebido proceso, tratos degradantes y violación de mis derechos, donde el más injusto y atentatorio contra mi vida e inocencia es la privación de libertad desde hace 474 días. Desde esa fecha, no he tenido ninguna información ni contacto con Carolina como se comprometió el Relator para Bolivia, Joel Hernández” (sic), establece otra parte de la misiva hecha pública a través de sus redes sociales administradas por su familia.

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