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jueves 20 ene 2022 | Actualizado a 08:02

¿Qué dijo exactamente el CAT sobre el DS 4078 y las acusaciones por sedición y terrorismo?

Los tipos penales terrorismo y sedición “resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad”, dijo Chairperson Heller.

/ 26 de noviembre de 2021 / 17:41

Durante una sesión realizada el jueves en Ginebra, Suiza, el relator del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), Chairperson Heller, habló de la crisis de 2019 en Bolivia.

Y sus declaraciones, principalmente sobre el polémico Decreto Supremo 4078 y las acusaciones por sedición y terrorismo, generaron una serie de interpretaciones entre los actores políticos y algunos medios de comunicación.

A continuación le presentamos la transcripción de lo que realmente dijo el Relator:

HECHOS DE VIOLENCIA

En el periodo, entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, tuvieron lugar manifestaciones, actos de violencia y graves violaciones de los derechos humanos en el marco de la crisis política que (se originó) de la celebración de la controvertida elección presidencial, la renuncia y el exilio de Evo Morales, y la formación de un gobierno interino de Jeanine Áñez.

El 15 de noviembre de 2019, Áñez dictó un decreto supremo, 4078, que otorgó facultades discrecionales a las fuerzas militares para recurrir a la fuerza contra los manifestantes en sus labores de mantenimiento del orden público, pero eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal. En ese periodo se registraron violaciones del derecho a la vida y de la seguridad de las personas.

La Defensoría del Pueblo reportó unas 36 muertes en las manifestaciones, la mayoría por parte de las fuerzas del orden, principalmente en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.

Fue evidente el uso excesivo de la fuerza y la utilización de letales armas de fuego para dispersar a los manifestantes y al menos 21 víctimas eran partidarias del MAS, partido del Gobierno.

Se agradecerá informar sobre las investigaciones en curso sobre estos hechos y, de ser el caso, las sanciones aplicadas a los responsables de las fuerzas del orden.

¿Se ha contemplado la creación de una comisión independiente que investigue todas las denuncias de tortura relacionadas con las elecciones de 2019?

Destacamos obviamente la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por un acuerdo entre el Gobierno y la CIDH para investigar los hechos ocurridos a lo largo de ese periodo.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 1.500 personas fueron privadas de su libertad el 11 de noviembre, siendo liberadas la mayoría sin levantarse cargos.

Y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos documentó el caso de 28 personas arrestadas en El Alto, que fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixias con bolsas de plástico, golpes con culatas de armas, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones.

Se agradecerá proporcionar datos estadísticos actualizados sobre el número de denuncias de tortura, malos tratos, incluyendo la violencia sexual y el uso excesivo de la fuerza que llevaron incluso a la muerte de manifestantes. 

Y se agradecerá informar sobre investigaciones realizadas y los procesos judiciales de las personas implicadas incluyendo sanciones penales o disciplinarias impuestas, precisar si en el caso de militares se excluye la jurisdicción militar.

También se agradecerá informar si se han realizado avances para el establecimiento para el funcionamiento del registro oficial de detenciones para incluir todos los casos de privación de libertad, identidad del detenido, tiempo y circunstancias del arresto, la causa de la detención y el lugar de la custodia.  

(En) la actuación de las fuerzas del orden llama la atención su comportamiento errático y partidista de la Policía, en el periodo más violento, que permitieron justamente actos de grupos contrarios al gobierno de Evo Morales. Incluso el jefe de la Policía fue el que sugirió al Presidente, en una declaración pública el 10 de noviembre de 2019, a que presentara su renuncia y se presentó una situación similar en las Fuerzas Armadas. Es decir, los hechos revelan una clara manipulación durante las (disputas) políticas.

Se agradecerá informar si se han tomado medidas específicas para garantizar que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se rijan por criterios estrictamente profesionales subordinadas al poder civil, lo que contribuirá a garantizar la estabilidad democrática. ¿Se ha pensado en establecer controles internos y externos para supervisar su actuación?

SEDICIÓN Y TERRORISMO

En el contexto de polarización y confrontación política desde 2019, se ha recurrido a las acusaciones de delitos de sedición y terrorismo de funcionarios gubernamentales, presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Lo que llama mucho la atención es que la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político y de que se ha recurrido a estos cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones.

El artículo 135 del Código Penal define la conducta de subvertir el orden constitucional como crimen de terrorismo. El artículo 123 concibe la figura de trastornar o turbar de cualquier modo el orden público como sedición. Estos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecuan al principio de la legalidad.

La instrumentalización política del sistema de justicia vulneró su independencia. La injerencia política se tradujo en procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos.

Llama la atención que los mismos cargos, de terrorismo y de sedición, hayan sido levantados en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez una vez que asumió el actual gobierno electo del presidente (Luis) Arce en octubre de 2020.

…y sí, como dije, llama la atención de que la expresidenta interina Jeanine Áñez sea justamente acusada por los mismos delitos que como lo fue su predecesor el presidente (Evo) Morales, a pesar de una definición excesivamente amplia y ambigua, sin que existieran pruebas contundentes de que en ambos casos se hubieran cometido actos susceptibles de ser calificados como terrorismo.

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El Gobierno es centro de críticas por suspender la exigencia del carnet de vacuna

Las autoridades subnacionales calificaron de “error garrafal” y hasta de “demagogia e incapacidad” la nueva determinación gubernamental.

Control del carnet de vacunación. Foto de archivo: La Razón.

/ 19 de enero de 2022 / 15:58

Después de que el Gobierno decidió nuevamente suspender la exigencia del carnet de la vacunación contra el COVID-19 en medio de la presión de los grupos antivacuna, autoridades opositoras de distintas regiones del país cuestionaron la determinación del Ejecutivo.  

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, calificó como “un error garrafal” la decisión y consideró que se trata de una nueva muestra de “debilidad del Gobierno central”.

“Con eso (el Gobierno) solo demuestra que no es serio con la población boliviana, es una falta de responsabilidad; toma una decisión (y luego) hace otra decisión, creo que la movilización (de los antivacuna) en El Alto y en Cochabamba le hizo asustar”, agregó Condori.

El secretario de Salud de la Alcaldía de El Alto, Saúl Calderón, afirmó que se trata de una “decisión muy desafortunada” porque al menos en ese municipio se estaban rompiendo “récords de vacunación” desde que se había decidido exigir el carnet.

Ahora “implica que habrán menos personas para vacunarse y (…) vamos a tener mayor posibilidad de contagio; los grupos antivacuna han estado adquiriendo mayor fuerza porque hemos estado permitiendo que ellos avancen en su forma de agresión, (…) si estos grupos siguen golpeando, hay que sancionar con los debidos procesos porque es atentado a la salud pública”, indicó Calderón.

Mientras, el alcalde de La Paz, Iván Arias, tildó de wayronco (insecto que da varias vueltas antes de posarse en algún sitio) al ministro de Salud, Jeyson Auza, por “tantas idas y venidas” sobre el control del carnet de vacunación.

“Tantas idas y venidas. Ministro wayronco que desprecia, se burla de la vida y salud de los bolivianos. Demagogia e incapacidad. Ganó la irracionalidad”, escribió Arias en su cuenta en Twitter.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, dijo que “estas estrategias que el Gobierno saca de manera improvisada muchas veces hacen que la gente no quiera asistir nuevamente a los centros de vacunación”.

Pero “el nivel nacional siempre se manejó de esa forma, inclusive para hacer prepuestos no hace partícipe a municipios y departamentos, y elabora de manera unilateral y éste es un reflejo más de la falta de coordinación en ciertas determinaciones”, añadió Pacheco.  

Entretanto, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, ratificó que la ley municipal de esa región “continuará vigente” para exigir el carnet de vacuna.

“Por lo tanto, esta es la aplicación estricta dentro de la jurisdicción de Sucre; vamos a visitar las instituciones públicas y privadas para advertirles que una ley municipal tiene alcances de cumplimiento y el desacato a la misma puede ser sujeto a algunas sanciones”, alertó.

En la misma línea, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, aseguró que en esta región se continuará exigiendo el documento sobre la inoculación.

“Nosotros vamos a continuar exigiendo el carnet de vacunación; para entrar a un centro de salud vamos a exigir, vamos a exigir en aeropuertos, vamos a exigir en terminales, porque es una competencia departamental”, sostuvo Quispe.

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El Pacto de Unidad baja el tono y se acoge a la decisión de Arce sobre su gabinete

Arce y Choquehuanca se reunieron en La Paz con las organizaciones sociales que respaldan su gobierno para evaluar la gestión de los ministros.

El presidente Luis Arce a la salida de la reunión.

/ 19 de enero de 2022 / 15:25

El Pacto de Unidad se reunió este miércoles con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca para evaluar la gestión de los ministros y a la conclusión del encuentro su dirigencia se mostró más condescendiente a diferencia de hace dos días, cuando exigió de manera expresa el cambio del gabinete.

“Hemos llegado a una conclusión de cuestionar a la mayoría de los ministros; sin embargo, respaldamos plenamente la gestión de nuestro Presidente (…) porque es una gestión totalmente aprobada, es uno de los presidentes más respaldados en América Latina con la mayor ejecución presupuestaria”, dijo Omar Ramírez, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El dirigente agregó que en la reunión se ha “censurado” a varios ministros, principalmente al titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, pero reconoció que por mandato constitucional el Presidente “tiene toda la facultad de designar a su nuevo gabinete ministerial”.

“Ahora, el Presidente verá en el transcurso de los días si ratifica o cambia a la totalidad o un porcentaje de sus ministros; sin embargo, aquí les quiero decir claramente que el Presidente no nos ha dicho ‘vamos a ratificar’, pero tampoco nos ha dicho ‘vamos a destituir’; entonces, esperaremos su buena voluntad para recoger las concepciones de las diferentes organizaciones sociales”, afirmó.

Mientras, la secretaria de Organización de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Graciela Villca Soto, aseguró que el próximo 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, no habrá cambio de gabinete ministerial.

“No salió ninguna decisión (en esta reunión), sí fue análisis de ministros, (pero) el 11 de febrero vamos a reunirnos otra vez. No va a haber cambios el 22”, señaló.

Entretanto, el presidente Arce optó por no entrar en detalles sobre el encuentro y solo se limitó a decir ante los medios de comunicación que todo está “muy bien”.

La reunión se realizó durante varias horas en instalaciones de la CSUTCB, que es una de las principales organizaciones sociales que forma parte del Pacto de Unidad.

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Fiscal del caso Ítems solicita vacaciones de 30 días, alega problemas de salud

Javier Cordero aseguró que las investigaciones continuarán a través del trabajo de otros miembros de la comisión de fiscales.

El fiscal Javier Cordero. Foto de archivo: APG.

/ 19 de enero de 2022 / 12:07

El fiscal Javier Cordero, miembro de la comisión que investiga el caso Ítems fantasma, informó este miércoles que solicitó vacaciones y que volverá a su trabajo en 30 días.

“Solicité unas vacaciones y ha sido concedida obviamente por el tema de salud (diabetes), se ve que estoy delicado y aprovecharé estas vacaciones”, dijo Cordero en un breve contacto con algunos medios en Santa Cruz.

Subrayó que presentó su solicitud con la debida anticipación y que las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos de la Alcaldía de Santa Cruz, a través de la creación de ítems fantasma, continuarán.

“La doctora Marcela Terceros queda a cargo y va a seguir con las investigaciones; la comisión de fiscales está en la labor para seguir con las investigaciones, hay dos fiscales (más)”, recordó.

El caso Ítems fantasma es uno de los presuntos hechos de corrupción que generó mayor atención en Santa Cruz y en el resto del país por la gran cantidad de personas e incluso instituciones implicadas.

Al momento hay varias personas investigadas, prófugas y hasta encarceladas, entre ellas la exalcaldesa Angélica Sosa.

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La Fiscalía presenta acusación contra el exministro Navajas por el caso Respiradores

Las acusadas son ocho personas y la Fiscalía solicita para ellas una pena máxima de 10 años de prisión.

El exministro de Salud Marcelo Navajas. Foto de archivo: APG.

/ 19 de enero de 2022 / 10:55

El Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas, entre ellas el exministro de Salud Marcelo Navajas, presuntamente implicadas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares, de la marca y modelo Respira Device, de origen español, informó este miércoles Juan Lanchipa, fiscal general del Estado.

Entre los acusados también se encuentran el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; el exdirector ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovanni Pachecho; la exencargada de Equipamiento de la AISEM Ana Fernanda Espinoza; la exencargada de Adquisiciones Gabriela Claudia Pérez; el excónsul de Bolivia en España David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS) Fernando José Arias Alzerreca; y Luis Fernando Humérez Ortíz.

Éste último pudo haber sido el contacto entre los personeros de una empresa española y el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud.

Los delitos atribuidos a los exfuncionarios públicos son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.

“Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal”, sostuvo Lanchipa.

El fiscal recordó que este proceso de compra se inició el 8 de mayo de 2020; es decir durante el gobierno de Jeanine Áñez y en uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria. Sin embargo, los respiradores españoles, cuando fueron recibidos, no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de que no eran aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos de COVID-19.

Es así que en este proceso, el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación.

Entre ellas, según una nota de informativa de la Fiscalía General, el dictamen pericial de auditoria forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los 170 ventiladores pulmonares; informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de donde se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados en estos hechos; informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor; así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico, que estableció que los ventiladores pulmonares no eran aptos para la Unidad de Terapia Intensiva ni para tratar pacientes críticos del COVID-19, entre otras.

Lanchipa indicó que los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, a pesar de las observaciones que hizo en su momento un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, que se contaba con una mejor oferta y precios de la empresa boliviana Cosin Ltda., que ofrecía los ventiladores a $us 13.000 la unidad, aproximadamente.

El proceso de compra directa de los ventiladores se realizó entre la empresa española intermediaria IME Consulting Global SL y la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto superior a los $us 4 millones, de los cuáles se pagó la mitad, es decir, más de $us 2 millones. Luego el proceso fue paralizado porque no cumplía con las especificaciones y por falta de accesorios. El precio unitario de cada ventilador acordado fue de $us 28.000, aproximadamente.

Desdoblamiento del caso

Con relación a los españoles Iñaki García e Ignacio Mazarraza de la empresa intermediaria IME IME Consulting Global SL, y el abogado Wálter Zuleta, que radica en Perú, a efectos de dar continuidad y celeridad en la sustanciación del juicio oral en contra de los ahora acusados, se dará lugar al desdoblamiento del caso principal para que, según la Fiscalía, sobre los mismos se desarrollen los procedimientos correspondientes a la cooperación internacional, considerando que no se encuentran en territorio nacional.

Según informes emitidos por el CEASS, se evidenció que físicamente los ventiladores pulmonares se encuentran en instalaciones de esa institución ubicadas en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto y sin funcionamiento.

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Morales insiste que ‘el golpe en Bolivia fue reedición del Plan Cóndor’

Según un periódico argentino, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reconoció haberse reunido con la expresidenta boliviana Jeanine Añez.

El expresidente Evo Morales. Foto de archivo: @evoespueblo.

/ 19 de enero de 2022 / 09:51

El expresidente Evo Morales volvió este miércoles a considerar que el supuesto golpe de Estado de 2019 en Bolivia fue una reedición del Plan Cóndor, después de que, según el periódico argentino Página 12, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció que se reunió con la expresidenta Jeanine Áñez.

“Un presidente derechista admite haberse reunido con la presidenta de facto que reprimió, persiguió, masacró y robó al pueblo boliviano. En vez de defender la democracia, el servilismo al imperialismo facilitó el intervencionismo. El golpe en Bolivia fue reedición del Plan Cóndor”, escribió el expresidente Morales en su cuenta en Twitter.

También puede leer: Según Página 12, Bolsonaro confirma reunión con Áñez y cuestiona el proceso en su contra.

El Plan Cóndor era un sistema de coordinación represiva en los países del Cono Sur que operó en la década de los años 70 hasta inicios de los años 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles.

En el caso boliviano, durante la crisis de 2019, Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre de ese año acorralado por denuncias de presunto fraude electoral, un motín policial y una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, mediante un cuestionado proceso de transición.

A través de posteriores investigaciones, se conoció que Ecuador, durante el gobierno del expresidente Lenin Moreno, y Argentina, bajo la administración del expresidente Mauricio Macri, apoyaron a Áñez con el envío de material antidisturbios.

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