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martes 5 jul 2022 | Actualizado a 14:56

El TSE denuncia acoso de ‘un grupo reducido’ contra Hassenteufel en Santa Cruz

El vocal Francisco Vargas denunció el incidente contra el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en un encuentro sobre democracia y gobernanza.

/ 16 de diciembre de 2021 / 11:15

A través de un mensaje en redes sociales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas denunció que el presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel, fue víctima de acoso de parte de un grupo de personas.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles cuando el titular del TSE ofrecía una entrevista en el hall del hotel Marriot, donde participa del Encuentro Nacional Democracia y Gobernanza, en Santa Cruz.

“Denuncio el acoso del cual fue víctima el Presidente del @TSEBolivia en Santa Cruz de la Sierra, por parte de un grupo reducido de personas que irrumpió en un encuentro donde se dialogaba con diversos actores sobre democracia y gobernanza”, denunció el vocal a través de su cuenta en Twitter.

En el video se observa a un grupo de personas insultar a increpar a Hassenteufel, quien, obligado por la circunstancia, suspende la entrevista y buscar resguardarse en otro ambiente del edificio con ayuda de sus colaboradores y un policía.

El incidente sucedió a las conclusiones de la “cumbre cívica” que el martes, en Potosí, reclamó una auditoría a las elecciones generales de 2020 –que ganó el presidente Luis Arce con el 55.1% de los votos— y el establecimiento de un nuevo padrón electoral con el fin de “recuperar la democracia”.

El miércoles, Hassenteufel se refirió a esos asuntos y dijo que “no hay necesidad de una auditoría” y que los documentos de los comicios del año pasado están a disposición de cualquier ciudadano. Además, sugirió que cualquier trabajo sobre el padrón electoral, que en su criterio es “altamente confiable”, debería desarrollarse después del Censo de Población y Vivienda 2022.

“De todas maneras, yo quiero insistir en una idea, el padrón es un instrumento confiable (…) y también debo decir que (…) no nos parece conveniente en este momento llevar adelante la tarea de un nuevo padrón”, señaló.

Sin embargo, cuestionó la desconfianza de algunos ciudadanos. “Somos tan desconfiados que (hasta) hemos puesto en una ley que, para ser integrantes del Órgano Electoral, no solo a nivel superior, sino en cualquier función, incluso la menos importante, no hay que tener militancia política, no hay que tener parientes que sean dirigentes políticos, en fin, esperamos angelitos caídos del cielo; (en cambio) en otros países, los órganos electorales están conformados por representantes de los partidos políticos y nadie se hace problema, en otros países son los ministerios de gobierno los que administran los procesos electorales (…) y nadie se hace problema, pero aquí somos extremadamente desconfiados”, lamentó.

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Richter: El desafío es una ‘hoja de ruta’ para institucionalizar las ‘instituciones decadentes’

El vocero presidencial dijo que es necesario una reforma en consenso con las fuerzas de oposición, pero que ellas solo “quieren ganarle algo al MAS”.

El vocero presidencial, Jorge Richter en una entrevista con el programa Piedra, Papel y tinta, de La Razón.

Por Mauricio Diaz

/ 5 de julio de 2022 / 14:49

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este martes que el desafío para institucionalizar la Justicia, y la Policía Boliviana, a las que calificó de “decadentes”, es una “hoja de ruta” que debe ser consensuada con las fuerzas de oposición para el bien de los bolivianos y también dijo que la institucionalidad en el país “está relegada”.

“La institucionalidad en el país se ha quedado relegada. Por eso hoy se instala una agenda de reformas institucionales en la Justicia, y en la Policía (…). Tenemos que conocer en los siguientes días una hoja de ruta, y hay que ponerla a consideración, por la vía del diálogo, con la gente de la oposición, porque la institucionalidad de un país no la resuelve alguien solo”, dijo en una entrevista con el programa Piedra, papel y tinta, de La razón.

En el último tiempo, varios sectores, dentro del Gobierno como fuera de él, cuestionaron las acciones de la Policía Boliviana, específicamente, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Contrabando (FELCN) en hechos ilícitos. Incluso, se investiga a algunos miembros de las fuerzas el orden por el presunto encubrimiento a personas involucradas en actos ilegales.

“La FELCN está en crisis desde 1995. Ha estado asociada a permanentemente a escándalos vinculados con narcotráfico y corrupción desde que fue creada. Es una institución propiamente neoliberal, fue creada en los 90”, recordó.

“Lo mismo pasa en la Justicia”, afirmó.

Cuestionó que, luego de la promulgación de la Ley 179 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) se hay declarado en estado de emergencia y afirma que ese sector solo busca cuidar las “corporaciones que conforman entre ellos”.

“Tienen relaciones entre bufetes, consorcios, Régimen Penitenciario y han establecido un sistema de ilegalidades para obtener recursos”, sostuvo Richter.

Una vez más, afirmó que “las respuestas y soluciones” a esos problemas solo se pueden dar en base a diálogo entre sectores de oficialismo y oposición.

“Necesitamos una oposición que sea más sincera con las dolencias de nuestro país. Y que se puedan sentar en una mesa sin los dogmas de creer que siempre tienen que ganarle algo al MAS pensando en el 2025, hay otras necesidades del momento”, afirmó.

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Policía aprehende al principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama

Hasta el momento suman dos las personas capturadas por el crimen que acabó con la vida de tres jóvenes en el trópico cochabambino.

El vehículo donde estaban los cuerpos de los asesinados en Ivirgarzama. Foto: Radio Televisión Carrasco.

/ 5 de julio de 2022 / 14:42

El principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama fue aprehendido la noche del lunes y en su domicilio fueron encontradas sustancias controladas, informó este martes Rubén Lobatón, comandante departamental de la Policía en Cochabamba.

El jefe policial precisó que el aprehendido es un ciudadano de 28 años de edad y que su captura fue ejecutada aproximadamente a las 22.30.

De acuerdo con las investigaciones, este ciudadano “es el principal sospechoso del asesinato de las tres personas, por ese motivo ha sido trasladado a la ciudad (ciudad de Cochabamba y ahora está a la espera) de su audiencia de medidas cautelares”, agregó.

Además, detalló que en el domicilio de esa persona, que fue allanado, fueron encontrados “una cantidad de marihuana y también residuos de cocaína”.

Sin embargo, insistió que el móvil del triple crimen sería una deuda, tal como se había anticipado desde el comienzo de este proceso investigativo.

Esta nueva captura se suma al encarcelamiento del inicialmente considerado como un “testigo importante” y único “sobreviviente” del crimen.

También puede leer: De testigo a imputado, el ‘sobreviviente’ del triple crimen es enviado a la cárcel.

El 30 de junio fueron encontrados tres jóvenes de Santa Cruz asesinados (Alex Eriberto Aguirre Lince, Carlos Alfredo Callau Rocha y Darwin Fabián Antelo Chávez) dentro en un vehículo sin placa de control, en el sector del sindicato Villa Victoria, en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba.

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Alarcón no responde ninguna pregunta de la Fiscalía e insiste que el caso Golpe I es ‘montado’

El diputado de CC consideró que el propósito de este proceso “es generar un escenario de amedrentamiento y de represalia a la sociedad civil disidente”.

El diputado Carlos Alarcón llegó a la Fiscalía acompañado del expresidente Carlos Mesa. Foto: APG.

/ 5 de julio de 2022 / 13:37

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón se presentó este martes en la Fiscalía de La Paz a declarar como testigo en el caso Golpe de Estado I, sin embargo, al salir de esa oficina, informó que no respondió ninguna de las preguntas porque, según dijo, no se iba a prestar a los objetivos de un proceso “montado”.

“No he contestado ninguna de las preguntas porque ante un caso montado no voy a ser yo el funcional para abrir la compuerta y que después utilicen ilícitamente y tergiversen mis declaraciones para guillotinar a personas inocentes, o sea, jamás me iba a prestar a eso, no contesté ninguna de las preguntas”, dijo.

Agregó que casi el 90% de las preguntas formuladas se refería a las reuniones extralegislativas realizadas, durante la crisis de noviembre de 2019, en la Universidad Católica en La Paz a convocatoria de la Iglesia Católica y con la participación de diferentes actores, entre ellos, de la Unión Europea y hasta “tres representantes del MAS (Movimiento Al Socialismo)”.

Además, “es tan burdo y grosero este montaje del falso caso Golpe de Estado I que no había una sola pregunta referida al terrorismo, que es el único tipo penal que está subsistiendo en este proceso, (es decir no se preguntó nada, por ejemplo, sobre un posible) colocado de bombas, toma de rehenes o dirección de células armadas”, sostuvo.

Del mismo modo, consideró que el propósito de este proceso en realidad “es generar un escenario de amedrentamiento, de represalia y de intimidación a la sociedad civil disidente” para que, en su criterio, nunca más se atreva a protestar “cuando haya una vulneración o desconocimiento de un referendo o cuando haya un fraude electoral”.

“Es decir, quieren dar una lección a la sociedad civil para que se someta ante la tiranía, autocracia y abuso de poder, eso busca este proceso penal, y por supuesto no hemos sido funcionales a eso, porque sabemos que estas falsas convocatorias a testimonios lo que buscan es ilícitamente obtener declaraciones para incriminar a terceros inocentes en un proceso penal totalmente montado”, reiteró Alarcón, quien se presentó en la Fiscalía acompañado del líder de su organización política, Carlos Mesa.

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Exabogado de Patty dice que los reunidos en la UCB cometieron conspiración y terrorismo

El jurista aseguró que el principal sindicado en este caso “es el señor (Luis Fernando) Camacho, pero la Fiscalía no tiene interés y las partes no tienen interés” de citarlo.

El abogado Marcelo Valdez.

/ 5 de julio de 2022 / 12:27

Marcelo Valdez, exabogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, afirmó este martes que los políticos opositores que se reunieron en la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cometieron conspiración y terrorismo.

“Eran civiles y se han tomado atribuciones como la reunión de la UCB, donde se ha conspirado contra un gobierno constitucional como era el de Evo Morales Ayma (…). Estamos hablando de terrorismo”, dijo el jurista en entrevista con La Razón Radio.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Morales renunció a su cargo presionado por movilizaciones que denunciaban un supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre, que lo dieron como ganador, además de un motín policial y la sugerencia militar de dimitir a la Presidencia.

Entonces, políticos de oposición advirtieron un “vacío de poder”, por lo que se reunieron para allanar el camino al poder de la entonces senadora Jeanine Áñez.

Áñez se proclamó presidenta el 12 de noviembre, primero de la Cámara de Senadores, y luego, del Estado, en una sesión que no tuvo quórum ni la presencia de la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por ello, recientemente fue condenada, en primera instancia, a 10 años de cárcel en el caso denominado Golpe de Estado II.

Valdez aseguró que los implicados en este caso “irán declarando” y que su participación en esos hechos “está confirmada por sus mismas declaraciones”.

En el marco de las investigaciones por ese caso, la Fiscalía citó a los participantes a brindar su declaración; así, el empresario Samuel Doria Medina, que confirmó su asistencia; el expresidente Jorge Quiroga; el exministro Jerjes Justiniano y el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, quien se presentó este martes ante el Ministerio Público acompañado por el líder de esa organización, el expresidente Carlos Mesa.

Incluso, Valdez dijo que “el principal implicado es el señor (Luis Fernando) Camacho, pero la Fiscalía y las partes no tienen interés” en citar al exdirigente cívico cruceño y ahora gobernador de Santa Cruz.

En las reuniones extralegislativas participaron también representantes cívicos, de la Iglesia Católica y de legaciones diplomáticas.

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La Fiscalía acusa a Zamora y Soliz por caso YPFB Seguros y pide 10 años de cárcel

La acusación formal fue sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales.

Víctor Hugo Zamora y Herland Soliz. Fotos de archivo: La Razón.

/ 5 de julio de 2022 / 12:25

La Fiscalía presentó ante una autoridad judicial la acusación formal en contra de cuatro personas, entre ellas el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Herland Soliz, por el caso denominado YPFB Seguros.

Las otras dos personas acusadas con la exgerente Legal de YPFB Elizabeth García y el ciudadano Daniel Terrazas, informó este martes Aldrin Barrientos, director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La acusación fue presentada por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando la sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real”, agregó Barrientos.

El funcionario remarcó que la acusación formal fue fundamentada y sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación.

Además, el director recordó que Zamora y Soliz se encuentran en este momento en calidad de rebeldes.

“Sin embargo, debido a que se los acusó por delitos de corrupción pública se encuentra habilitado el juicio en rebeldía, debido también a que ambos cuentan con mandamientos de aprehensión emitidos por la autoridad judicial competente”, aclaró. Entretanto, García y Terrazas fueron sometidos a medidas cautelares y ahora están con arraigo.

Estas cuatro personas, según Barrientos, están implicadas en el “proceso irregular de contratación directa de seguros generales” que fue efectuado en abril de 2020 mediante el denominativo de “contrato de emergencia”.

Para ello “se habilitó deliberadamente la Resolución Nº 78/2020 del 31 de marzo por parte del entonces Presidente de YPFB vulnerando las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181, es decir, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios (…) evadiendo los procesos públicos de licitación”, explicó. 

“Este acto deliberado fue convalidado por el exministro de Hidrocarburos, quien en ese momento tenía bajo su autoridad al Directorio de YPFB, permitiendo la suscripción de contratos en el marco de una resolución ilegal. Estos comportamientos resultaron en procesos de contratación fallidos, así como el deterioro de la imagen de YPFB en el exterior”, lamentó.

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