El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, consideró este jueves que, después de más de un año del gobierno de Luis Arce, quedó “claramente demostrado” que en la crisis de 2019 en Bolivia lo que hubo es un “golpe de Estado” con la participación de gobiernos extranjeros y otros actores.
Estamos “en un momento importante, hemos tenido ya un año de gestión (…) y pues creo que ya, en los hechos, está claramente demostrado que en Bolivia lo que hubo es un golpe de Estado planificado y organizado con la participación de gobiernos extranjeros y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (Luis Almagro)”, afirmó Pary en una entrevista con La Razón Radio.
El funcionario agregó que también se demostró “claramente que hubieron graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias”, como estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) después de realizar una investigación sobre lo ocurrido en Bolivia.
Por tanto, “todo este amplio aspecto de la información ha sido dilucidado durante este año y la población ha podido verificar claramente de cómo se utilizó una movilización ciudadana y el sentimiento de la población boliviana para intereses particulares con el fin de derrocar a un gobierno constitucional y creo que eso ya es de conocimiento de la comunidad internacional”, señaló.
El 20 de octubre de 2019 se realizaron elecciones generales en Bolivia y sus resultados, que favorecían al entonces presidente Evo Morales, fueron cuestionados por denuncias de presunto fraude electoral que derivaron en una serie de protestas callejeras.
Por lo que el gobierno de Morales firmó un acuerdo con la OEA para que se realice una auditoría a las elecciones y la misma estableció que hubo “irregularidades”, lo que agravó el conflicto hasta provocar, el 10 de noviembre de 2019, la renuncia del entonces Presidente, quien además fue presionado por un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después asumió el mando del Estado la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición, y quien intentó “pacificar” el país sacando a los militares a las calles donde se producían manifestaciones de sectores que respaldaban el gobierno de Morales.
“Ahora lo que corresponde, a partir del informe del GIEI y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (de la ONU), es que actúe la Justicia boliviana porque es el espacio idóneo donde se tiene que juzgar a los culpables de las masacres y sancionar a quienes cometieron delitos en el país. Y también se tiene que reparar a quienes fueron afectados”, apuntó el embajador Pary.