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viernes 20 may 2022 | Actualizado a 23:38

Hay 30 procesos observados en la gestión del exministro Arturo Murillo

Gran parte de los procesos observados, según una lista a la que accedió La Razón, tiene plazos vencidos o trámites incompletos o a destiempo.

/ 26 de diciembre de 2021 / 08:08

El Ministerio de Gobierno hace seguimiento a las observaciones que tras auditorías se hizo a al menos una treintena de procesos administrativos en la gestión de Arturo Murillo, quien fue titular de esta cartera de Estado en el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro Eduardo Del Castillo presentó en varias oportunidades denuncias contra el hombre fuerte de Áñez, que han sido recopiladas en esta nota. El listado de observaciones va desde contrataciones irregulares de personal en entidades públicas hasta la compra de servicios de tornería para motorizados (revisar infografía).

Por estos hechos, Del Castillo anunció en mayo pasado, que las tres decenas de casos sumaban Bs 156.699.625 en afectación al Estado, por lo que se determinó seguir procesos administrativos y penales a los responsables.

“Por tanto, estamos iniciando 49 procesos administrativos, donde existen 52 personas involucradas contratadas por el señor Arturo Murillo, con esto hemos desbaratado la red de corrupción que existía al interior del Ministerio de Gobierno. También estamos iniciando cuatro procesos penales contra siete personas por la suma de más de 73.205.214 bolivianos”, dijo en aquella oportunidad.

Sobreprecio

Una de las primeras irregularidades halladas por la nueva titularidad de Gobierno, fue la compra de gases lacrimógenos a la empresa brasilera Cóndor. La misma se hizo a través de una empresa intermediaria, la Bravo Tactical Solutions (BTS).

El equipo y munición antimotín fueron comprados a través del Ministerio de Defensa, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. El Ministerio de Gobierno participó en el proceso de adquisición.

“Los primeros informes de auditoría han revelado que existió un direccionamiento y un sobreprecio. Personal del Ministerio de Gobierno pidió a la empresa Cóndor de Brasil que se realice la compra de gases lacrimógenos a través de un intermediario, esta carta fue suscrita por el Ministerio de Gobierno y pedía a la empresa Cóndor que utilice a la empresa Bravo Tactical Solutions para la compra de gases lacrimógenos en el vecino país”, informó Del Castillo en una conferencia de prensa en enero de este año.

Por este caso, Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de presunto lavado de dinero y pago de sobornos, delitos asociados al negociado con el material antimotín.

Asimismo, una auditoría a las gestiones ministeriales, dio cuenta que se direccionó la adquisición de una empresa que no cumplía con los requisitos exigidos por el Estado, para la adquisición de uniformes militares para la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros. Similar situación se expuso en la adquisición de chamarras y botas de combate para la Unidad de Policía Ecológica (UPE).

Entre los procesos irregulares en que el Estado erogó más gastos, se encuentra la contratación del servicio de alimentación para la Fuerza de Tarea Conjunta “Chapare”, un proceso recurrente en la gestión 2020, que significó un gasto de casi Bs 26.000.000.

La labor auditora identificó, en este caso, según el documento, que hubo “incumplimiento al cronograma de plazos, se debió notificar la adjudicación a la empresa hasta el 31 de enero de 2020 y se la realizó el 5 de febrero de 2020”.

Gran parte de los procesos observados, según una lista a la que accedió La Razón, tiene plazos vencidos o trámites incompletos o a destiempo, de acuerdo con la normativa que rige a las contrataciones que emprende el Estado.

No culpable

Por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos, el exministro se declaró en su última audiencia “no culpable”, pese a que sus socios en el negociado, Bryan Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld, de la BTS, y su exjefe de gabinete Sergio Méndez se declararon culpables de los cargos que contra ellos pesan en ese país.

De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar más años de cárcel, según informó el 8 de diciembre, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

En agosto, Murillo llegó a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos para defenderse en libertad pagando previamente una fianza de $us 250.000, pero el trato no se llegó a consolidar y continúa en detención; mientras, los demás beneficiados de la compra han pagado fianzas y esperan la lectura de sus sentencias.

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Un nuevo feminicidio en La Paz, contra una joven de 26 años

Su pareja se encuentra aprehendida y se acogió al derecho de guardar silencio. La Fiscalía pedirá su detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Informe del IDIF contradice su versión de que fue un suicidio.

/ 1 de marzo de 2022 / 12:45

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este martes que el Ministerio Público investiga un nuevo hecho de feminicidio cometido en contra de Lenny Q. C., de 26 años de edad, quien fue estrangulada.

Su pareja, Israel B.R.T., de 23 años, se encuentra aprehendida y se acogió al derecho de guardar silencio. La Fiscalía pedirá su detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

“Al conocer el hecho el equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, se trasladó al lugar para realizar los primeros actos investigativos y colectar muestras materiales y biológicas, además de realizar el levantamiento legal del cadáver de la víctima. Una vez obtenido el resultado de la autopsia médico legal y habiendo verificado la muerte violenta de la joven, Israel B.R.T. fue aprehendido porque contradice su versión inicial de que Lenny se habría suicidado”, dijo Alave.

La madrugada del 28 de febrero, la Fiscalía y Policía se constituyeron en un domicilio de la zona de El Tejar en La Paz, ante el llamado de un hombre que afirmaba que su pareja se había suicidado, pero esta versión fue desmentida por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó, como causa de muerte de la víctima, anoxia cerebral, compresión cerebral extrínseca y asfixia mecánica por estrangulamiento a lazo.

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Juez niega acción de libertad bajo argumento de que no se restringe visitas a Áñez

La expresidenta Jeanine Áñez reapareció en la audiencia virtual de este domingo. El recurso fue contra autoridades penitenciarias.

La expresidenta Jeanine Áñez durante una audiencia judicial virtual

/ 20 de febrero de 2022 / 23:39

El juez Sexto de Instrucción Penal rechazó este domingo la acción de libertad que interpuso la hija de Jeanine Áñez, Carolina Ribera, argumentando que Régimen Penitenciario nunca le negó a la expresidenta transitoria la visita de familiares y de sus abogados defensores en el centro de reclusión paceño de Miraflores.

“Régimen Penitenciario ha negado restringir las visitas a la exmandataria y que es posible visitarla tanto por sus familiares o por abogados o personas conocidas que quieran visitarla, que jamás se le ha restringido las visitas”, dijo el abogado de la exmandataria, Luis Guillén.

Ribera interpuso el recurso contra la gobernadora del penal de Miraflores, Stephanía Cervantes, y el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, luego de que fuera desalojada del penal de Miraflores el viernes 18, en medio de trifulcas de seguidores y detractores de la exautoridad, y la negativa de trasladarla a un centro hospitalario.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en una conferencia de prensa, y Régimen Penitenciario, mediante un comunicado, justificaron el desalojo de Ribera, argumentando que “obstaculizaba” la atención médica a la que estaba siendo sometida su madre y afirmaron que no había sufrido ninguna agresión en el proceso, como ella denunció y por el que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) le otorgó seis días de impedimento.

Este domingo, Ribera posteó en sus redes sociales dos fotografías detalladas de su rostro, en las que se ve que tiene el ojo derecho moreteado y más abajo, en el rostro, cerca a los labios se evidencia una herida. Acompañó la imagen con un texto dirigido a Del Castillo: “Esta foto que quede registrada de cómo tus funcionarios por órdenes tuyas me golpean cada vez que me ven…”

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Richter: Áñez está viviendo un momento crítico, pero por las decisiones que tomó junto a otros

Insistió en que el comunicado que emitió el Tribunal Constitucional el 12 de noviembre de 2019 no tenía carácter vinculante.

/ 15 de febrero de 2022 / 17:34

El vocero presidencial, Jorge Richter, se refirió al momento crítico que atraviesa la expresidenta Jeanine Áñez, con varios procesos en su contra que enfrenta en soledad, pese a que las decisiones que tomó en la crisis poselectoral de 2019 no las tomó sola.

“Todos desparecidos hoy (…) Cómo no van a expresar ellos su solidaridad (Carlos Mesa, Tuto Quiroga), si han sido parte central de la ruptura constitucional (de 2019), un tuit no es un acompañamiento, ella (Áñez) está viviendo un momento crítico pero por las decisiones que tomó, pero son decisiones que no tomó sola”, dijo en una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta.

Richter se refirió al juicio oral contra Áñez por el caso “Golpe de Estado II” en el que se le acusa, junto a siete militares y a un policía, de haberse proclamado ilegalmente de la presidencia del Senado, en primera instancia, y luego del Estado, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, asediado por un movimiento cívico, un motín policial y la sugerencia de dimisión de las Fuerzas Armadas.    

“En su condición de senadora es que se le inicia el juicio por el caso Golpe de Estado II, sus acciones el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, donde se ha vulnerado la Constitución, artículos del reglamento de la Cámara de Senadores, para que pueda arrogarse la presidencia de dicha cámara, eso es lo que se va a juzgar, hasta el momento en que se proclama, de ahí en adelante se la juzgará en su calidad de presidenta, ya se verá si será un juicio de responsabilidades”, aseveró.

El vocero explicó que Áñez y sus colaboradores interpretaron el comunicado que el Tribunal Constitucional emitió el 12 de noviembre de 2019 a su conveniencia, y aseguró que esta instancia “habla a través de sentencias, declaraciones y de autos constitucionales, eso señala la ley, esos recursos son de carácter vinculatorio”.

“(Áñez) realiza interpretaciones del comunicado y prescinde de la lectura de renuncias y mientras no se ha aceptado su renuncia, Evo Morales seguía siendo presidente ¿Todo esto no tiene que tener justicia? ¿Cómo es posible que no?”, cuestionó.

Así sustenta el vocero la tesis de que en Bolivia, en 2019, hubo una ruptura del orden democrático y que, aunque la administración de justicia atraviesa uno de sus peores momentos, es necesario investigar los hechos. “La señora Añez durante todo este año de investigaciones, su mayor argumentación es que es persecución, que la justicia no es imparcial, que no tiene el debido proceso” y se preguntó si las 38 víctimas fatales que devinieron de la crisis de 2019 no son sujetos de justicia. 

“¿Las 38 personas fallecidas durante la crisis poselectoral de 2019 no se merecen justicia, o solo la señora Añez?”, preguntó.

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Ocho jefes militares y policiales ‘colaboraron’ para la proclamación de Áñez

Los acusados enfrentan una pena máxima de 10 años de presidio.

/ 10 de febrero de 2022 / 07:51

El Gobierno y la Fiscalía confirmaron el inicio del juicio oral contra nueve implicados en el caso Golpe de Estado II hoy, desde las 09.00. Se acusa a Jeanine Áñez de haberse proclamado presidenta del Senado, primero, y luego del Estado, con colaboración de ocho militares y policías.

Estas ocho personas son el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), el excomandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo) y los exjefes militares Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido).

La acusación formal contra los nueve implicados fue presentada por el Ministerio Público el pasado 29 de noviembre, en un ampuloso documento que detalla las acciones y omisiones en las que incurrieron los apuntados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

¿Pero qué papel jugaron los policías y militares en la proclamación de Áñez? ¿Por qué están implicados en los hechos ocurridos entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, en la crisis poselectoral que derivó de la renuncia del entonces presidente Evo Morales?

Una primera acción que ambas fuerzas protagonizaron fue la sugerencia de renuncia de Morales. En sendas conferencias, Kaliman, junto a su Alto Mando, y Calderón pidieron la dimisión.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó por ocho meses la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, cuestionó los roles de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la crisis.

“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”, concluyó.

El informe abundó en los hechos de septiembre y diciembre de 2019 y calificó a la represión militar-policial de Sacaba y Senkata como masacres, que terminaron con la muerte por impacto de balas de 20 personas.

En el caso de la proclamación, el 11 de noviembre, Áñez se trasladó de Beni hasta La Paz en un vuelo comercial. Llegó a El Alto y desde el aeropuerto fue trasladada en helicóptero militar hasta el Colegio Militar, en Irpavi, con escolta de rango presidencial. En el documento se demuestra que con este actuado inicial Áñez llegó a La Paz con la firme intención de “hacerse de la presidencia del Senado y después del Estado”.

Ese mismo día, miembros de las Fuerzas Armadas retiraron la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia (BCB), “cuando aún no se tenía certeza de una posible sucesión constitucional”.

Horas más tarde, según la imputación, Áñez y Calderón solicitaron a Kaliman su intervención en las protestas populares a raíz de la renuncia de Morales. Áñez hizo pública esa petición en un video y, más tarde, en una conferencia de prensa, las Fuerzas Armadas decidieron desplegar sus efectivos a las calles.

Sobre dicha intervención, el GIEI estableció lo siguiente: “En ese contexto, el día 11 de noviembre, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas anunció que, ante la información de que la Policía había sido rebasada, el mando militar había dispuesto “que se ejecuten operaciones conjuntas con la Policía”.

La noche de ese lunes 11, Áñez durmió “en el domicilio de una oficial de la Policía ubicado en la zona de Llojeta”, para ser, al día siguiente, trasladada hasta la Asamblea Legislativa. El Ministerio Público, en su acusación, asegura que en aviones de la Fuerza Aérea se gestionó y operó el traslado de “diputados y senadores suplentes del partido político de Jeanine Áñez para que puedan asistir a la Asamblea”.

PROTECCIÓN

A modo de resumir el rol de uniformados en el caso denominado Golpe de Estado II, la Fiscalía concluye que sin la cooperación de Calderón y Kaliman y los efectivos policiales y militares, Áñez “no hubiese podido llegar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa ese 11 y 12 de noviembre con todas las facilidades, protección y seguridad que le fue brindada, amparo que de forma premeditada no les fue proveído de forma equitativa a los demás asambleístas”.

Afirma también que funcionarios policiales y militares impidieron el ingreso de legisladores del MAS a la Asamblea Legislativa “porque conocían perfectamente que si estossesionaban hubiesen exigido el estricto cumplimiento de la Constitución”.

Asimismo, se observa que Palmiro Jarjury “avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios” a Áñez, incumpliendo su mandato de garantizar el “ejercicio del mandato de un gobierno electo constitucional y democráticamente”.

“Ese mismo día de noviembre (martes 12), Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militarle puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, dice el informe del GIEI.

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El inicio del juicio oral de Jeanine Áñez es objeto de debate entre diputados y juristas

El oficialismo dice que la expresidenta debe responder ante la justicia por hechos irregulares, la oposición piensa que se está vulnerando el debido proceso.

/ 9 de febrero de 2022 / 12:51

Este miércoles, en el programa por streaming Piedra, Papel y Tinta de La Razón Plus, el diputado opositor, Marcelo Pedrazas, el oficialista Sandro Ramírez y el abogado Israel Quino expusieron sus posturas ante el inicio del juicio oral contra Jeanine Áñez y otros implicados en el caso Golpe de Estado II, este jueves desde las 09.00.

Sandro Ramírez, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que de parte del gobierno transitorio de Áñez hubo vulneración a las leyes y a la Constitución.

“Ella ha sido cinco años senadora, sabiendo los antecedentes ha vulnerado las normas de la Constitución y sabía a qué se estaba metiendo, la justicia tiene que hacer lo que debe hacer, se debe poner antecedentes para que nunca ninguna otra autoridad vuelva a hacer este tipo de hechos”, dijo el legislador.

Por su parte, el también diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que el oficialismo insiste en su tarea de “instalar la idea” de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019, cuando lo que hubo, en realidad, fue “un fraude electoral”.

Pedrazas aseveró también que la medida de asumir una huelga de hambre de Áñez horas entes de la instalación de su juicio, “demuestra la desesperación por tratar de proteger sus derechos”. Respecto a esta idea, el abogado Israel Quino, aseguró que el tribunal de sentencia al que hará frente la expresidenta y su defensa, deberá evaluar en su momento las condiciones de la acusada.

“Está en todo su derecho a protestar, pero debe someterse a la justicia y con la medida no puede eludir esta responsabilidad”, dijo el jurista.

Asimismo, en la misma línea de la familia y de la defensa, el legislador de CC exigió que las audiencias del juicio sean presenciales, ya que al ser digitales se vulneran los derechos de la exsenadora. “El proceso vulnera derechos constitucionales de la expresidenta y llega a ser de forma virtual cuando debería ser de forma presencial”, argumentó Pedrazas.

A su turno, Quino refutó la idea y aseguró que en el país hay un cuerpo normativo que garantizan las audiencias virtuales, por lo que “es innecesario que la audiencias sean presenciales”.

Por último, se puso en mesa el tema de los juicios de responsabilidades contra la expresidenta, quien tiene tres procesos en la vía ordinaria y cuatro por esta vía que se aplica a altas autoridades del país. CC dejó en claro, una vez más, que antes de definir esta medida en la Asamblea Legislativa, la justicia debe ser reformada, pero no en los términos planteados por el partido de gobierno, sino bajo el modelo planteado por esta fuerza política.

“CC siempre ha sido clara, nuestra fuerza política ha planteado una reforma a la justicia para que sea fuerte e independiente, no estamos protegiendo a ningún gobierno transitorio constitucional, si hay elementos para un juicio se harán las evaluaciones”, dijo. No obstante, el líder de este grupo, Carlos Mesa, adelantó en varias oportunidades que no se sumarán a la aprobación de los juicios de privilegios.

Áñez está detenida desde el 13 de marzo, acusada en primera instancia por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, a raíz del derrocamiento del expresidente Evo Morales por un movimiento ciudadano, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Este caso se denominó Golpe de Estado I.

Luego, el caso se desdobló por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes e incumplimiento de deberes, conocido como el caso Golpe de Estado II, es por este proceso que mañana iniciará la etapa del juicio oral. Además de ella, ocho uniformados, un expolicía y siete militares se encuentran cuestionados por la justicia.

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