El Ministerio Público presentó la acusación formal contra nueve funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez, entre ellos los otrora ministros Arturo Murillo y Fernando López, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció la acción judicial y recordó que el caso Gases Lacrimógenos implicó un daño al Estado de Bs 16 millones.
El 29 de noviembre de 2019, la entonces presidenta transitoria promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.
La adquisición se hizo en tiempo corto a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS). Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, el año pasado.
En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre.
Las investigaciones en Estados Unidos establecieron un sobreprecio de $us 2,3 millones, con el que BTS pagó sobornos, de los cuales $us 582.000 a Méndez, el brazo derecho de Murillo. Éste se encuentra procesado en Estados Unidos y López, presuntamente en Brasil.
“En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa”, dijo Lanchipa.
Además de Murillo y López, la acusación alcanza al exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno Sergio Alberto Zamora (rebelde), al exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa Raúl López, al exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa Alan Menacho, al exdirector de Logística Pedro Rea, a la exdirectora general de Asuntos Administrativos Ruth Palomeque y el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa Dennis Vera.
La acusación también fue presentada contra el representante legal de la empresa BTS, Samuel Berkman, quien fue declarado rebelde.
Los involucrados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.
Sobre la situación de Murillo, que espera una decisión judicial en Estados Unidos, Lanchipa dijo que la Cancillería de Bolivia presentó la solicitud de extradición ante la Embajada de Estados Unidos en La Paz, vía por la cual el Departamento de Justicia pueda definir la petición.
En tanto, sobre López, el Ministerio Público solicitó a Interpol la activación del sello rojo para dar con su paradero.