Nacional

sábado 21 may 2022 | Actualizado a 09:11

Hace falta memoria para no olvidar ni dejar en la impunidad las masacres en el país

Hace 41 años, durante la dictadura de Luis García Meza, los dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron acribillados en una vivienda de la calle Harrington.

Nadia Cruz, en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Álvaro Valero

/ 17 de enero de 2022 / 21:41

“¿Por qué hace 41 años ocurre lo que pasó hace dos años? Porque todavía no se han implantado procesos de memoria y justicia”. Pregunta y respuesta corresponden a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que reflexionó sobre la incidencia en las masacres en Bolivia.

En el nuevo ciclo de la transmisión digital Piedra, Pale y Tinta, de La Razón, la funcionaria consideró que no hay institución en el país que promueva la memoria de los hechos luctuosos en el país salvo la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd).

“¿Por qué hace 41 años ocurre lo que pasó hace dos años? Porque todavía no se han implantado procesos de memoria y justicia, porque hace 41 años la Asociación de Familiares y algunos grupos muy allegados a los caídos de la calle Harrington son los únicos que promueven la memoria en la población”, dijo Cruz en una conversación con la directora de La Razón, Claudia Benavente.

Ruth Llanos, Claudia Benavente y Tania Quiroz. Foto: Rubén Atahuichi

La conmemoración de la masacre de la calle Harrington, ocurrida en La Paz el 15 de enero de 1981, fue el motivo de la entrevista, precedida antes por un conversatorio con la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, y la activista de la organización Tania Ortiz.

Hace 41 años, durante la dictadura de Luis García Meza, los dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron acribillados en una vivienda de la calle Harrington, en La Paz, donde se reunían. Fueron asesinados Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco.

Llanos sugirió siempre recordar a los caídos ante fuerzas paramilitares de entonces y se expresó esperanzada por la recuperación de la memoria. «Hay una renovación, de una generación que empieza a tomar las banderas» de la demanda de justicia y la memoria contra las dictaduras, dijo en la transmisión digital de La Razón.

Su compañera Tania Quiroz, también activista de Asofamd, consideró que «hay mucho que investigar» sobre la masacre de la calle Harrington de 1981. «La memoria está latente y nuestra tarea es reproducirla», dijo.

«Si no leemos la historia, la estamos poniendo en riesgo», reflexionó.

A su turno, Cruz cuestionó que a pesar de esa experiencia trágica poco o nada se hizo en el país por frenar las masacres. “El claro ejemplo de que no tuvo efecto suficiente la condena de la masacre de la calle Harrington fue la ocurrida en 2019. Si evaluamos, fueron fuerzas internas del Estado, militares y paramilitares, hace 41 años, y hace un poco más de dos años fueron fuerzas policiales y parapoliciales, luego fueron fuerza conjuntas con militares nuevamente”, dijo.

La defensora hizo referencia a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente y que resultaron en una veintena de fallecidos a bala, en operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los efectivos en acción.

“A título de seguridad interna y seguridad nacional se ha permitido ir en contra de la población civil que no estaba armada, tenía una línea de pensamiento contestataria hace 41 años y hace dos años también; era un pueblo que tenía que movilizarse, pero que estaba indefenso frente a las fuerzas del orden”, afirmó Cruz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, consideró que algunas muertes ocurridas en la masacre de Senkata fueron ejecuciones sumarias. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que los movilizados se mataron entre sí y su colega de Defensa, Luis Fernando López, dijo que las Fuerzas Armadas no dispararon un solo cartucho.

Comparte y opina:

Los tres militares bolivianos condenados en Chile son expulsados y llegaron a La Paz

Los tres militares fueron capturados en la frontera chilena en septiembre de 2021 en un confuso incidente en medio de la lucha contra el contrabando

Foto: Viceministerio Lucha Contra el Contrabando

/ 20 de mayo de 2022 / 21:37

Tras permanecer ocho meses detenidos en Chile, tres militares bolivianos fueron condenados y expulsados. Fueron capturados en septiembre de 2021 en un confuso incidente cuando, según autoridades bolivianas, interceptaron un vehículo de contrabando.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, confirmó que los militares están en La Paz realizando los trámites administrativos para ser incorporados a sus respectivas fuerzas, pero evitó dar mayores detalles.

“Solo se ha establecido el paso de la línea fronteriza con el agravante que estaban con armamento, esa actividad se da en el marco de la lucha contra el contrabando”, recordó en alusión a las circunstancias en las que fueron capturados y sometidos los militares.

El 8 de septiembre de 2021 ocurrieron los hechos en la fronteriza Colchane, luego de una denuncia de robo de vehículos por personas vestidas con uniforme militar boliviano y armadas. Carabineros activaron un operativo e interceptaron a los militares, quienes fueron sometidos y llevados hasta la justicia de Pozo Almonte.

Los tres militares actualmente realizan trabajos administrativos.

Inicialmente se les dio detención preventiva en la cárcel, pero una apelación permitió sean beneficiados con detención domiciliaria, que cumplieron en un hotel. Se los condenó a cuatro años de cárcel por ingresar a suelo chileno con armas, pero la condena fue cambiada por su expulsión y prohibición de ingreso a Chile por 10 años.

Un hecho similar ocurrió en 2017, cuando en la frontera fueron detenidos nueve militares bolivianos. También fueron condenados y expulsados. Un trato diferente se dio a dos militares chilenos detenidos en la frontera, porque fueron devueltos a su país a los dos días de ser capturados en suelo boliviano.

Comparte y opina:

El alcalde Iván Arias, otra vez en la Fiscalía, ahora por una denuncia de la Cancillería

El Alcalde de La Paz explicó que fue convocado para prestar su declaraciones sobre los pasaportes oficiales que solicitó para él y su esposa, cuando era ministro de Obras Públicas.

Foto: Rodwy Cazón

/ 20 de mayo de 2022 / 12:30

El alcalde de La Paz Iván Arias acudió este viernes, de nuevo, a una citación de la Fiscalía, esta vez por una denuncia interpuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 13 de marzo, la autoridad también fue citada por la fiscal Anticorrupción, Magaly Bustamante, por el caso Tren Metropolitano de Cochabamba, por un caso cuando fungía como ministro del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En declaraciones a la prensa, el Alcalde explicó que fue convocado para prestar su declaraciones sobre los pasaportes oficiales que solicitó para él y su esposa, cuando era ministro de Obras Públicas.

“La razón por la que pedí (los pasaportes) era para hacerme un tratamiento por el COVID-19, después que padecí aquella enfermedad, pero la vorágine del trabajo no me permitió viajar (…). Ellos (la Cancillería) consideran que hacerse curar o hacerse ver no es una misión oficial (…). No he viajado y he devuelto los pasaportes”, explicó el burgomaestre paceño.

En ese marco, denunció un “acoso constante” por parte de la Justicia y recordó que, a la fecha, hay 17 procesos en su contra. “Tengo más procesos que meses de gestión”, lamentó.

La autoridad municipal no precisó la fecha en que tramitó esos documentos diplomáticos ni el país a donde se dirigiría para recibir el tratamiento médico.

En diciembre de 2019, Arias fue posesionado como ministro de Obras Públicas, cargo que ejerció hasta noviembre de 2020. En agosto de ese año, dio positivo a COVID-19 y fue dado de alta luego de estar unos 20 días internado en la clínica privada Cordes.

Comparte y opina:

El MAS desahucia nueva convocatoria; no hay fecha para reinstalar sesión para elegir Defensor del Pueblo

El senador oficialista Rubén Gutiérrez, en contacto con La Razón Radio, afirmó que aún restan pasos procedimentales en la actual convocatoria, que quedó empantanada pues ningún postulante alcanzó los dos tercios de respaldo, luego de cuatro votaciones.

Foto: Rodwy Cazón

/ 20 de mayo de 2022 / 10:20

El Movimiento Al Socialismo (MAS) desahució la posibilidad de realizar una nueva convocatoria para la elección del nuevo representante de la Defensoría del Pueblo; argumenta que el actual proceso continúa, aunque no hay fecha para reinstalar la sesión.

El senador oficialista Rubén Gutiérrez, en contacto con La Razón Radio, afirmó este viernes que aún restan pasos procedimentales en la actual convocatoria, que quedó empantanada pues ningún postulante alcanzó los dos tercios de respaldo, luego de cuatro votaciones.

“Estamos ante dos etapas para cumplir el reglamento: la designación y la posesión, y consecuentemente no se ha agotado el procedimiento (…). No es posible que en medio proceso se emita una nueva convocatoria, jurídicamente sería inviable; políticamente, dada las circunstancias, también es imposible”.

Luego de cuatro votaciones, el MAS y la oposición en el Legislativo no lograron ponerse de acuerdo para designar al nuevo Defensor o Defensora, por lo que se determinó aplazar sin fecha este procedimiento, y se allanó así la continuidad del interinato de Nadia Cruz.

Ante ese escenario, la oposición planteó una eventual nueva convocatoria. La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, incluso, propuso la presencia de veedores internacionales para la elaboración y aprobación de otro reglamento, a fin de que se “resuelva las trabas que ha tenido esta primera” convocatoria.

Mientras tanto, el actual proceso está congelado y aún no hay fecha para reanudar la sesión, a fin de proceder a la elección del mejor postulante, de entre siete que están en carrera.

“Cuando se plantea una moción de aplazamiento (…), en cualquier momento se puede nuevamente convocar a una sesión plenaria (…). Esto puede durar una semana, dos semanas, un mes, no se sabe”, afirmó el legislador del MAS.

Comparte y opina:

Investigador chileno dice que el capitán que vendía auto robado tiene ‘influencia política’

Javier A. U. es otro policía boliviano involucrado recientemente en la venta de un vehículo robado en Chile.

Vehículos robados en Chile que se vendían en una feria de Yapacaní. Foto de archivo: Captura/Meganoticias.

/ 20 de mayo de 2022 / 09:52

El excarabinero chileno Hugo Bustos, que lidera el Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), afirmó que recibió información de que el capitán de la Policía Boliviana con varios antecedentes penales —identificado como Javier A. U. y quien ahora es señalado de haber estado vendiendo por internet un auto robado en Chile — tiene “influencia política” del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“Qué más pruebas quieren, yo no sé si el mando (de la Policía) tendrá algún problema o estarán pasando alguna otra situación, (pero) el mismo cónsul reconoce a la víctima (del nuevo robo de vehículo) que hay un tema de corrupción tremendo, el otro del Ministerio de Relaciones Exteriores también, (incluso) me llamó el viceministro de Seguridad de Bolivia al teléfono y me dijo: Hugo, sabe qué, éste es un problema más grande, esta persona no debería estar en la Policía y si encuentra la camioneta (robada) trate de hacer con la prensa, sino la camioneta va a desaparecer”, contó Bustos.

Por tanto, según el investigador chileno —que se hizo conocido mediáticamente a partir de la difusión de un reportaje televisivo publicado a principios de este mes sobre el lucrativo negocio de autos robados en Chile y posteriormente comercializados en Bolivia, que involucró a un par de ahora exjefes policiales— hay cosas que ya se le escapan a él, mientras la víctima del nuevo robo, que también es chilena, está sumamente afligida pidiendo que se recupere su camioneta, que fue localizada por GPS en Bolivia y que, según su versión, estaba siendo vendida por internet por el capitán Javier A. U.

También puede leer: Investigación chilena revela negocio de autos robados e involucra a jefes policiales bolivianos.

“Entonces, hay cosas que se están destapando, yo no entiendo mucho de la parte política (de Bolivia), pero no sé a qué se refieren (al decir) que es una persona con influencia política del MAS, hasta el día de hoy estoy preguntando a unos compañeros qué significa eso. (Pero) si tendrá influencias políticas, no es mi problema, aquí mi problema (…) es que la víctima recupere su vehículo que está siendo vendido por ese oficial”, agregó Bustos en una entrevista con Red Uno. 

Y, cuando fue consultado sobre mayores detalles de dicha “influencia”, el investigador remarcó que le “pusieron que es un caso de influencia de corrupción política y policial al más alto nivel”.

“Incluso, me dijeron que el hermano de él es un concejal del municipio de Santa Cruz y por ahí también tiene otro tipo de influencias. (Pero) yo no sé si estará vigente el hermano, estará actualmente como concejal de Santa Cruz (…) o ya habrá terminado su periodo, pero es la referencia que me van dando; entonces, yo digo: si tú tienes a un funcionario, que tiene antecedentes penales, (…) yo no entiendo cómo pueden tener a una persona así en la Policía”, cuestionó.

De acuerdo a distintas publicaciones periodísticas difundidas en pasados años, Javier A. U. tiene antecedentes por narcotráfico y extorsión, también estuvo en la cárcel por algunos años y hasta en su momento un ministro de Gobierno había ordenado su baja de la Policía. 

También puede leer: El Gobierno cuestiona la ‘objetividad’ de la investigación chilena sobre autos robados.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El teniente y boxeador Mamani amenaza al tribunal que lo procesa: ‘¡Te voy a romper!, no soy masista’

El abogado Edwin Tapia explicó que el teniente reaccionó de esa manera después de que el Tribunal Disciplinario rechazara una excepción de prescripción que había solicitado la defensa.

/ 19 de mayo de 2022 / 23:10

“Te voy a romper, la ley se cumple c…, no soy masista”. Así reaccionó esta jornada el teniente de la Policía y boxeador Franklin ‘Matador’ Mamani en la audiencia ante el Tribunal Disciplinario por la denuncia de hacer ostentación pública de su militancia en unidades policiales.

Un video muestra el momento en que Mamani toma la palabra y de pronto arremete contra fiscales y miembros del Tribunal. “Nunca me he doblegado a un partido político c…”, aseguró e increpa al presidente del Tribunal: “¿Usted tiene moral?, ¿tiene moral?”.

La acción provocó la reacción de los asistentes en la sala, pero Mamani sigue: “¿Dónde estaba usted el 2019?, ¿dónde estaba?”, dice cuestionando a quien preside el tribunal.

Los ánimos se exaltan más. “Te voy a romper c…, vas a ver p…, la ley se cumple c…, no soy masista c…”, se escucha a Mamani, quien tuvo que ser sujetado para evitar llegar a mayores.

El abogado Edwin Tapia explicó a la red Erbol que su defendido reaccionó de esa manera después de que el Tribunal Disciplinario rechazara una excepción de prescripción que había solicitado la defensa.

La Fiscalía Policial abrió de oficio un proceso contra Mamani debido a la difusión de unas fotografías en las que aparece junto al excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, durante los conflictos sociales de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.

Se lo investiga por supuestamente “hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; agravándose este hecho cuando se está de uniforme o se cumple funciones de mando”, según la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Mamani sostiene en su defensa que solo cumplió órdenes.

También es procesado en la vía penal, por los hechos de violencia y muerte en Pedregal, zona Sur de La Paz, en la crisis de 2019. Se encuentra con detención preventiva.

Comparte y opina: