Luis Guillén, abogado defensor de la expresidenta Jeanine Áñez, cuestionó este martes la inacción de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP) ante la legalidad o no de la sucesión constitucional de su defendida en noviembre de 2019, ya que el caso por el que se la investiga, sobre supuestas resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), es un delito “instantáneo”.
“Cuando hablamos de las resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, hablamos de un delito instantáneo, (…) tendría la obligación de haber actuado, en ese momento, el Fiscal General del Estado y el Tribunal Constitucional”, dijo el jurista en una entrevista con La Razón Radio.
En este caso también están investigados ocho personas, algunas de ellas autoridades policiales y militares en 2019. Sin embargo, el jurista aseguró que “el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción no ha emitido un Auto de Apertura” y que tampoco fueron notificados. Incluso, dijo que se prevé que el juicio por el caso Golpe de Estado II comience en marzo.
Jeanine Áñez cumple, actualmente, con una detención preventiva en la cárcel de Miraflores, en La Paz, desde marzo del año pasado, por un proceso en el que se investiga supuestos actos de terrorismo, conspiración y sedición. Inicialmente, esa medida debía durar seis meses.
Posteriormente, en septiembre y a instancia de la Procuraduría General, el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, se iniciaron las investigaciones por el denominado caso Golpe de Estado II que cuestiona la sucesión presidencial.
Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni asistencia de la bancada de los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La senadora argumentó vacío de poder ante la renuncia de Morales y apeló a un “comunicado” del Tribunal Constitucional que invocaba una resolución de 2001 con la que el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el enfermo terminal y dimisionario presidente de entonces, Hugo Banzer.