El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este sábado que la expresidenta Jeanine Áñez y otras ocho personas involucradas en el caso denominado Golpe de Estado II podrían cumplir una sanción de hasta 12 años de privación de libertad.
“Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes. La regla que tiene nuestro Código de Procedimiento Penal podría implicar una sanción de (hasta) 12 años de privación de libertad. (Eso) se determinará a lo largo del juicio y es una atribución del Tribunal de Sentencia”, dijo en una entrevista con Bolivia Tv.
La Fiscalía anunció que el juicio contra Áñez y otros ocho implicados comenzará el 10 de febrero y la primera persona citada a declarar es, justamente, la exmandataria.
En el caso Golpe de Estado II se investiga a la expresidenta y a otras ocho personas, entre autoridades policiales y militares que fueron parte del gobierno transitorio, por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, e incumplimiento de deberes.
A instancias de la Procuraduría General del Estado, a la que se sumaron posteriormente el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, se inició las investigaciones por este caso, que cuestiona la sucesión presidencial de 2019.
Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia por un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre 2019, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin contar para ello con el quórum reglamentario y la asistencia de la bancada del MAS, que por entonces tenía dos tercios en el Legislativo.
Áñez arguyó vacío de poder ante la renuncia de Morales y apeló a un “comunicado” del Tribunal Constitucional, que invocaba una resolución de 2001, con la que el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el enfermo terminal y dimisionario presidente Hugo Banzer (+).
Lima insistió en que ese proceso “no se trata de una persecución política”.
“No puede haber persecución política cuando el mismo Gobierno está invitando al relator de independencia judicial (de la ONU, Diego García-Sayán)”, para que evalúe la transparencia de la Justicia, explicó el funcionario y dijo que “las sentencias se dictan en base a prueba, no en base a sentimientos ni emociones”.
Aparte de ese proceso, Áñez es investigada por la comisión de supuestos actos de terrorismo, conspiración y sedición y cumple con una detención preventiva en la cárcel de Miraflores desde marzo de 2021. En septiembre de ese año, la Justicia determinó ampliar su detención por otros seis meses.