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Monday 26 Feb 2024 | Actualizado a 16:33 PM

Aprehenden a exdirector de la FELCN investigado por tráfico de drogas

Tras su detención, el ex jefe antinarcóticos fue trasladado hasta la ciudad de La Paz, según determinó el Ministerio Público.

El exdirector de la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, en dependencias policiales.

/ 23 de enero de 2022 / 11:15

La noche del sábado fue aprehendido el exdirector de la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) por supuestamente formar parte de una banda dedicada al tráfico de sustancias controladas.

La aprehensión se dio en la población de Villazón, en el departamento de Potosí, a unos 344 kilómetros de la ciudad de Potosí, cuando pretendía cruzar la frontera hacia Argentina. Dávila fue aprehendido a las 23.30.

La orden de aprehensión fue emitida el 21 de enero de este año por Lupe Zabala Huanca, fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas. A Dávila se lo investiga por legitimación de ganancias ilícitas.

Tras su detención fue trasladado hasta la ciudad de La Paz.

Dávila ejerció como director de la fuerza antidroga cuando Evo Morales era presidente. En noviembre de 2020, tras la asunción de Luis Arce, fue designado como comandante departamental de la Policía de Cochabamba.

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Caen seis personas por venta de ítems en ministerios; uno operaba desde el penal de San Roque

El caso de venta de ítems en varios ministerios y empresas estatales se investiga desde el año pasado, por una denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional.

El viceministro Jhonny Aguilera.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de febrero de 2024 / 15:22

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó de la aprehensión de seis personas que se dedicaban a la presunta venta de ítems en diferentes ministerios del Estado. Uno de ellos operaba desde el penal de San Roque, en Sucre.

“Son seis personas las que han conjugado para esta conspiración destinada no solo a vulnerar los órganos del Estado, sino a lucrar con estos actos ilícitos en personas que por una necesidad han omitido efectuar consultas respectivas enviando dinero directamente”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

Explicó que los investigados contactaban a las víctimas a través de mensajes para pedirles sus documentos y hacerles una oferta laboral.

Aguilera presentó a los implicados identificados como Rayner F. B., Mireya O. M., Jhonny P. E., Juan Carlos F. F. y Érika F. Además, a Elio S. M. C., que es el privado de libertad acusado de ser el líder de esa organización criminal.

Al respecto, la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, afirmó que el caso se investigó por una denuncia que hizo su despacho en septiembre del año pasado.

Explicó que los acusados ofrecían cargos en los ministerios de Salud e Hidrocarburos, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Dijo que Érika F. era la encargada de recaudar los depósitos de las víctimas, cuyo monto total no se estableció aún, y pidió al Ministerio Público que actúe de inmediato en el caso.

“No son montos elevados: son montos de entre Bs 2.000, 3.000 (a ministerios) y a las empresas entre Bs 5.000 y Bs 10.000. Pero ha habido un fujo que se ha podido identificar”, explicó.

Pidió a quienes reciban ese tipo de mensajes, que incluyan ofertas por parte de supuestas autoridades, no accedan y denuncien el hecho ante la oficina de Transparencia.

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Interculturales acusan a evistas de ‘bloquear’ la gestión de Arce y amenazan con cerrar la Asamblea

“Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no vamos a bloquear en ningún momento al país”, remarcó el secretario intercultural Vidal Gómez.

Una sesión de la Asamblea Legislativa, presidida por el vicepresidente David Choquehuanca.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de febrero de 2024 / 13:32

El secretario de la comisión política de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB), Vidal Gómez, acusó al evismo y a la oposición de intentar “bloquear” la gestión del presidente Luis Arce.

Afirmó que, en caso de “seguir con esas intenciones”, su organización cerrará la Asamblea Legislativa.

“Nos han comunicado, (algunos) diputados, que hay un mandato de los líderes de la derecha, por lo tanto, de Evo Morales, de bloquear la Asamblea Legislativa; y no avanzar ni el tema de elecciones judiciales”, dijo a Red América.

Gómez dijo que los legisladores evistas y opositores tienen un “pacto para empantanar” los proyectos pendientes de debate y aprobación en la Asamblea.

“Nosotros estamos dispuestos a cerrar la Asamblea Legislativa; no es un órgano que represente al pueblo, solo son intereses políticos que se mueven en ese sector”, protestó el dirigente.

Asimismo, dijo que los interculturales se encuentran en estado de emergencia porque consideran que los evistas y opositores intentan “convulsionar el país”.

Interculturales

“Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no vamos a bloquear en ningún momento al país”, remarcó Gómez.

Actualmente, en la Cámara de Diputados queda pendiente el debate de ocho proyectos de ley, entre ellos, seis créditos internacionales destinados a obras y dos que buscan definir la situación de los actuales magistrados y consejeros electos en 2017 y cuyo mandato constitucional de seis años fue prorrogado por la Sentencia Constitucional 049/2023.

Diputados aprobó uno de los créditos, en medio de una bochornosa sesión entre el jueves y el viernes.

El principal problema del debate está en la interpretación del acuerdo del 2 de febrero de este año, que fue firmado entre las bancadas de las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.

El documento establece el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, sobre la prórroga, por tiempo y materia “en la sesión siguiente” de la Cámara de Diputados a la aprobación del proyecto de Ley 144 (ahora Ley 1549), y “de al menos cuatro de los proyectos de ley” de los créditos externos.

El bloque arcista del MAS exige el cumplimiento de ese acuerdo “tal cual” señala el texto. Entretanto, la oposición defiende el término “tiempo y materia” como un carácter “prioritario” respecto de los créditos.

Este martes, la Cámara de Diputados retomará el debate de los ocho proyectos de ley. Lo hará en una sesión que, según esperan algunos legisladores, “deje de lado el bochorno y se dedique a debatir, con argumentos, las leyes”.

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Lima insiste: Una ley no puede declarar nula una Declaración Constitucional

La oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) esperan la aprobación de los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075 (cese de funciones de los magistrados).

El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia.

Por Daniel Zenteno

/ 26 de febrero de 2024 / 13:22

Iván Lima, ministro de Justicia, considera que se debe establecer un debate jurídico respecto a los pedidos de asambleístas de anular la Declaración Constitucional 049/2023 con los proyectos de ley 073 y 075. La autoridad recalcó que no tiene sentido insistir por esta vía.

Emitida el 11 de diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dicha declaración prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 mientras una elección por voto popular defina su sustitución.

Contra la prórroga, la oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) propugnan los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros.

Al respecto, Lima escribió en su cuenta de X que “es necesario un debate jurídico sobre la disposición cuarta de la Declaración Constitucional 049/2023 y los Proyectos de Ley 73/2023-2024 y 75/2023-2024”.

La oposición y el evismo consideran urgente el tratamiento de dichos proyectos de ley. Incluso condicionan la aprobación de siete créditos, por un monto de $us 850 millones, al debate que pretenden.

Lima se refirió al respecto. “Una Ley no puede declarar la NULIDAD de pleno derecho de una declaración constitucional e insistir en esa vía genera responsabilidad de los asambleístas”, aseguró.

Con el objetivo de viabilizar las elecciones judiciales fallidas en 2023, el 2 de febrero, con el fin de encontrar una salida a la crisis judicial, el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, propició un diálogo con las tres fuerzas políticas, el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, para viabilizar las elecciones judiciales.

El punto 2 del acuerdo señala: “Respecto de los proyectos de Ley Nro. 073/22-23 y 075/22-23, los mismos serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados, en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley Nro. 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley indicados en el punto 3”.

El jueves, una sesión en la Cámara de Diputados terminó en alboroto, debido a que diputados de Comunidad Ciudadana intentaron cambiar el orden del día para que se trate primero los proyectos de ley sobre el cese de funciones de los magistrados. Al final, solo uno de los créditos fue aprobado.

Incluso, algunos legisladores advirtieron que, en caso de no aprobarse los proyectos de ley 073 y 075, las elecciones judiciales no se realizarían.

Le puede interesar: Evistas y CC advierten: Si no se trata la prórroga de magistrados, no habrá elecciones judiciales

El martes se retomará la sesión de la Cámara de Diputados para reencaminar el debate sobre dichos proyectos de ley y los de los créditos.

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Arandia dice que el Censo 2024 será el último tradicional y de mayor movilización

Humberto Arandia, director del INE, afirma que el Censo 2023 será el último con masiva movilización de voluntarios.

Funcionarios del INE alistan el material que se usará en el Censo del 23 de marzo. Foto: Archivo

/ 26 de febrero de 2024 / 13:16

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, anunció este lunes que el Censo de Población y Vivienda de 2024 será el último censo tradicional y que a partir de la gestión 2030 habrá «censos de derecho».

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, explicó que tras la ejecución de la actualización cartográfica estadística digitalizada, el Gobierno pretende que este sea el último Censo con personas movilizadas.

“A partir de la ronda 2030 esperamos llevar adelante censos de derecho”, dijo.

Para el Censo 2024 se realizó una actualización cartográfica digital de extremo a extremo en el país, cuyo proceso demandó casi un año. Se movilizará a más de 700.000 personas y tendrá una inversión de al menos 60 millones de dólares.

“Ya que tenemos la información de la georreferenciación de todas las viviendas del país, vamos a asociar cada punto una boleta y, posteriormente, iremos asociando registros administrativos”, añadió.

Aseguró que, de este modo, para los años posteriores al 2030, se desarrollarán censos similares a los de Argentina, Chile y Uruguay. “Censo de derecho que se llevan adelante en cuatro o cinco meses, pero que tratan de capturar distintas preguntas”.

Explicó que el censo de derecho permitirá que la boleta censal no sea tan compleja y, por el contrario, se establezcan preguntas puntuales a través de un equipo mucho más reducido.

“Si en un censo (tradicional) se requiere 100 voluntarios, en un censo de derecho se requiere un 20% menos”, especificó.

El funcionario espera que el país “nunca más” requiera la movilización de miles de personas para la ejecución del Censo.

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Director del INE recomienda a la población censarse en el lugar donde radica

El Censo de Población Vivienda se desarrollará el 23 de marzo y buscará reflejar la realidad del país a través de una boleta censal que cuenta 59 preguntas agrupadas en siete capítulos.

El director del INE, Humberto Arandia, en conferencia de prensa pasada.

/ 26 de febrero de 2024 / 13:11

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, recomendó a la población censarse en los lugares donde radican para no ocasionar variaciones en los resultados del proceso.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, explicó que si las personas retornan a sus lugares de origen (a censarse), no van a contar con ítems de salud y educación en los lugares donde radican. Explicó que esta anomalía se denomina “fenómeno migratorio censal”.

Aseguró que este fenómeno repercute en la falta de ítems y de presupuesto en infraestructura y en distintas áreas, ya que los recursos son distribuidos en función de los resultados del Censo. Recordó que, por ejemplo, en 2012, en algunas zonas de El Alto, como Senkata (zona de migrantes) se registraron 100.000 personas menos de las que se habían previsto originalmente; lo que derivó en falta de ítems.

“Debemos hacernos censar donde realmente vivimos”, recomendó.

La recomendación se dio a raíz de que muchos municipios del país están reclutando a los residentes de sus comunidades con el fin de permitir el crecimiento y beneficiarse de la coparticipación tributaria y recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Incluso, algunas comunidades están organizando campeonatos en los días próximos al Censo y exigen a sus pobladores reclutar un número determinado de residentes.

El Censo de Población Vivienda se desarrollará el 23 de marzo y buscará reflejar la realidad del país a través de una boleta censal que cuenta 59 preguntas agrupadas en siete capítulos.

Arandia informó que desde esta semana comenzará la difusión masiva, a través de televisión, radio y medios escritos, de la boleta censal para que la población tenga conocimiento de las preguntas y brinde una respuesta apropiada el día del Censo.

“Las respuestas reflejarán la realidad del país”, añadió.

Respecto a los voluntarios, aseveró que hasta la fecha faltan 39.152 voluntarios por ser registrados. Del total, 23,285 se requieren en Santa Cruz; lo que representa un 60% del total a nivel nacional.

El funcionario invitó a la población a participar del Censo e informó que los adolescentes de 15, 16 y 17 años requieren la autorización de sus padres; mientras que los mayores de 18 solo necesitan su carnet de identidad para inscribirse.

“No existe rango de edad que se limite; el único requisito es mayoría de edad”, dijo.

Sobre los beneficios a favor de los voluntarios, reiteró que los estudiantes tendrán hasta 30 puntos para disponerlos en tres materias. En el sector público y privado, los censistas tendrán dos días de permiso.

Arandia aseguró que está terminando la distribución de material en el país. Beni y Pando son los únicos departamentos que no cuentan todavía con las cajas producto de los desastres por las lluvias. Sin embargo, llegará hasta el miércoles.

Entre tanto, en La Paz, se están entregando las cajas a los 87 municipios. En el resto del país ya se tiene el material in situ.

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