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martes 24 may 2022 | Actualizado a 10:32

Envían a la cárcel a Dávila, la Fiscalía identifica a ocho personas de su círculo cercano y los citará

El exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía estableció que viajó a Colombia y Brasil

El exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila.

/ 24 de enero de 2022 / 23:45

La Fiscalía tiene identificadas a ocho personas que serán citadas a declarar como testigos y sindicados en el marco de la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, quien este lunes fue enviado a la cárcel acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Se trata de Karen Carlota G.D., Galia D.P., Fernando D.P., Marcos P.S., Alfredo A.Fl., Rocio L., Bernardo D.G. y Mónica G.D., según la imputación presenta por la fiscal Lupe Zabala en contra de Dávila y a la que tuvo acceso La Razón. Esta acción fiscal de “declaraciones en calidad de testigos y sindicados” es parte de los “actos pendientes” a realizar.

El coronel Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro por seis meses. Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo el Gobierno espera un informe de la estadounidense DEA sobre una investigación que vincula al exjefe policial con el narcotráfico y una organización delictiva desarticulada en Colombia, donde se detuvo a un expolicía boliviano, Omar Rojas Echeverría.

Fue detenido la noche del sábado cuando intentó cruzar hacia Argentina desde Villazón, Potosí, adonde llegó desde Cochabamba a través de vías alternas. Ya era seguido por policías y, una vez capturado, fue trasladado a La Paz, donde radica el caso. Se lo presentó a la prensa el domingo enmanillado y resguardado por uniformados armados.

En la imputación también se reveló que Dávila hizo viajes a Colombia y Brasil, además de movimiento bancario de más de $us 42.000 que no supo explicar su origen de forma sólida. También se reportó Bs 1.000.000 como patrimonio.

El nombre de Dávila figura en el trámite de extradición que gestiona Estados Unidos en Colombia del expolicía boliviano Rojas.

Dávila es el tercer jefe antidroga que cae, luego de los generales René Zanabria y Óscar Nina. Zanabria cumplió una condena en Estado Unidos, luego de ser detenido en Panamá acusado de traficar droga al país del norte, y fue expulsado a Bolivia, donde guarda detención preventiva.

Nina también fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Entre otras acciones fiscales pendientes está la triangulación de llamadas entre Dávila y testigos.

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Fiscalía: Dirigente Mendoza no tiene domicilio, fue respaldado por dos exautoridades universitarias

El dirigente universitario Max Mendoza se encuentra en la cárcel, acusado por dos delitos. Una resolución lo llevó al cargo y al poder

El dirigente universitario Max Mendoza. Foto: RRSS

/ 23 de mayo de 2022 / 22:59

El dirigente universitario Max Mendoza cumplió este lunes su primer día detención preventiva en la cárcel de San Pedro. La Fiscalía estableció que el acusado por dos delitos no cuenta con trabajo lícito, domicilio o una familia constituida, además determinó que el cargo que desempeña en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) no está en la estructura de mandos.

Los datos están contenidos en la imputación formal contra Mendoza, acusado por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica. Fueron unificados seis denuncias en un mismo caso que derivó en el encarcelamiento del universitario con 52 años, de los que más de 30 estuvo en la universidad y más de 10 en la dirigencia.

Según la Fiscalía, recibía un sueldo de más de Bs 21.000 como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de Universidades que en 2018 fue declarado en cuarto intermedio por la muerte de un estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en medio de conflictos y enfrentamientos con policías.

Asumió el cargo como parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sin ser docente y no tener un grado académico, condiciones que fueron obviadas. Es dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).

“Max Fernando Mendoza Parra ha sido beneficiado con el nombramiento en calidad de Secretario Nacional a.i. con percepción de haberes y beneficios sociales, a través de la Resolución Administrativa CEUB Nro 36/2018 de 14 de diciembre de 2018 suscrito por el presidente del XIII Congreso de Universidades Mg. Juan Justo Roberto Bohorquez Ayala y el Secretario Ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes” CUD PhD Rodrigo Rodríguez Arce”, establece parte de la imputación a la que tuvo acceso este medio.

No solo eso, también suscribió un contrato con una empresa por Bs 800.000. Según la Fiscalía, no era su atribución al no ser la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

“De manera extraña esta persona llega a formar parte de la directiva del CEUB en su condición de estudiante, es decir, mediante resolución Nro 04/2018 de 27/05/2018 es escogido como presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, Unv Max Mendoza Parra hasta el reinicio del XIII Congreso Nacional de Universidades que debía realizarse en 30 días, extremos que no se cumplieron ya que esta persona junto al presidente del XIII Congreso de Universidades abogado Juan Justo Roberto Bohorquez Ayala y administrativamente a cargo de la Confederación Universitaria de Docentes Rodrigo Rodríguez Arce, no cumplen con lo determinado y más al contrario en el mes de diciembre de 2018 mediante resolución Nro 36/2018 es designado como secretario Nacional a.i. de la CEUB, siendo y teniendo la calidad de estudiante”, establece la pesquisa fiscal.

Según la indagación fiscal, Mendoza no tiene domicilio ni familia.

“Al haberse demostrado que el imputado no cuenta con un trabajo y un domicilio fijo, no cuenta con un arraigo social y natural como es la existencia de una familia constituida, trabajo lícito y un domicilio que tenga como elementos la habitabilidad y habitualidad”, se sostiene en otra parte del documento.

Mendoza deberá permanecer seis meses en la cárcel.

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Tras muertes y escándalo, Congreso Universitario apunta a regular permanencia universitaria y dirigencial

El XIII Congreso Nacional de Universidad se reinstaló en Potosí, tras cuatro años de cuarto intermedio y el escándalo del longevo dirigente Max Mendoza.

Reinstalación del congreso en Potosí

/ 23 de mayo de 2022 / 19:55

Un cuarto intermedio de cuatro años concluyó este lunes con la inauguración del XIII Congreso Nacional de Universidades en Potosí, que está marcado por la muerte de cuatro universitarias y el escándalo del dirigente estudiantil por más de 30 años, Max Mendoza. De inicio se trazó las acciones para enfrentar los males detectados: Regular la permanencia universitaria y dirigencial.

El rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Pedro López, inauguró el encuentro que había sido declarado hace cuatro años en cuarto intermedio por solo 30 días, paradójicamente, también por la muerte de un estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en medio de enfrentamientos con policías en mayo de 2018.

Cuatro años después y tras cuatro universitarias muertas se apresuró la convocatoria a la retoma del congreso. Las cuatro muertes se dieron el 9 de mayo en medio de un congreso en Potosí cuando se detonó una granada de gas que desató una avalancha humana en un intento por escapar del coliseo donde se desarrollaba el evento universitario. Hay cuatro detenidos.

Ese hecho destapó pugnas de poder entre los llamados estudiantes y dirigentes “dinosaurios” por el tiempo que se quedan en la U. Mendoza fue identificado como uno de ellos y hoy, a sus 52 años y más de 30 en la U, se encuentra en la cárcel por delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones. Se aplazó en 200 materias y en otras 100 tiene 0, reveló el diputado Héctor Arce.

Durante la inauguración se rindió un homenaje póstumo a las universitarias muertas con un minuto de silencio. López trazó los ejes del encuentro que culminará el viernes con el objetivo de revitalizar la institucionalidad y evitar se repitan las irregularidades detectadas como la permanencia en las aulas universitarias y la dirigencia estudiantil.

“Lo vital es que la permanencia no exceda las décadas dentro de las aulas sin concretizarse en su profesionalización, pues los años que implica cursar una carrera sin avanzar en la misma no solo implica quitar un espacio a jóvenes ávidos de una profesión sino que significa un alto costo al Estado que proviene de los bolsillos de las familias bolivianas”, perfiló.

Desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se reportó la existencia de 5.507 estudiantes con más de 20 años de permanencia, 1.057 con más de 30 años, 102 con más de 40 años y algunos hasta superan el medio siglo. Similar situación se repite en otras universidades públicas.

Ahora, en el congreso universitario, se busca una regulación. López puso el tema en la mesa, aunque no ahondó en mayores detalles.
También planteó que se debe asumir acciones sobre la permanencia en la dirigencia no solo estudiantil, pero defendió el derecho a la reelección.

“Atendiendo al precepto básico que la reelección en cualquier nivel institucional dentro y fuera de la universidad no solo es un derecho humano sino político debe ser regulado a fin de evitar el prorroguismo y la subsecuente formación de feudos que buscan eternizarse en desmedro de nuevos liderazgos a los que amedrentan y extorsionan”, aseguró y recibió el aplauso de los asistentes.

Mendoza recibía un sueldo de más de Bs 21.000 desde hace cuatro años, cuando fue nombrado secretario interino presídium del congreso universitario aplazado y retomado este lunes. Esa designación le valió pertenecer y recibir un sueldo como parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sin ser docente. No solo eso, también tenía otras prerrogativas.

También hay denuncias contra otros dirigentes. El congreso concluirá el viernes y se desarrolla en medio de fuertes medidas de seguridad.

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Narco-audios: Mamani dice que no fue citado y asegura que acudirá a cualquier citación

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, fue mencionado por el exjefe de Umopar Chapare Erick Terán en una denuncia contra exjefes antidroga

El viceministro Jaime Mamani

/ 23 de mayo de 2022 / 17:52

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, aseguró que no fue citado a declarar en el caso antidroga conocido como “narco-audios” y denunciado por el expresidente Evo Morales, empero, expresó su predisposición para acudir a cualquier convocatoria de la Fiscalía.

Mamani fue mencionado por el exjefe de Umopar Chapare Erick Terán en la denuncia presentada contra el exjefe de Umopar Franco Jaime Arancia y el exdirector de la fuerza antidroga José María Velasco por presiones para abortar un operativo antidroga en Valle Sacta, ejecutado en marzo.

“Nosotros estamos siempre predispuesto para poder colaborar en la investigaciones, estaremos también donde nos citen y convoquen. A la fecha no (me citaron)”, afirmó y aseguró que la denuncia de Morales es investigada por el Ministerio Público.

Fue Morales el que develó los audios en el que se reconoció Terán y que derivaron en la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y otras acciones de fiscalización.

En la denuncia presentada por Terán se reveló una reunión que sostuvo con Mamani y Velasco. “Mamani y Velasco me dijeron por qué no hizo caso de retirarme del lugar. Me manifestaron que no podrían trabajar conmigo y que me sacarán de la fuerza”, sostiene.

Arancibia y Velasco fueron apartados de sus cargos. No se conoce si ambos declararon, pero ya se levantó la reserva que fuera declarada sobre el caso.

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Los tres militares bolivianos condenados en Chile son expulsados y llegaron a La Paz

Los tres militares fueron capturados en la frontera chilena en septiembre de 2021 en un confuso incidente en medio de la lucha contra el contrabando

Foto: Viceministerio Lucha Contra el Contrabando

/ 20 de mayo de 2022 / 21:37

Tras permanecer ocho meses detenidos en Chile, tres militares bolivianos fueron condenados y expulsados. Fueron capturados en septiembre de 2021 en un confuso incidente cuando, según autoridades bolivianas, interceptaron un vehículo de contrabando.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, confirmó que los militares están en La Paz realizando los trámites administrativos para ser incorporados a sus respectivas fuerzas, pero evitó dar mayores detalles.

“Solo se ha establecido el paso de la línea fronteriza con el agravante que estaban con armamento, esa actividad se da en el marco de la lucha contra el contrabando”, recordó en alusión a las circunstancias en las que fueron capturados y sometidos los militares.

El 8 de septiembre de 2021 ocurrieron los hechos en la fronteriza Colchane, luego de una denuncia de robo de vehículos por personas vestidas con uniforme militar boliviano y armadas. Carabineros activaron un operativo e interceptaron a los militares, quienes fueron sometidos y llevados hasta la justicia de Pozo Almonte.

Los tres militares actualmente realizan trabajos administrativos.

Inicialmente se les dio detención preventiva en la cárcel, pero una apelación permitió sean beneficiados con detención domiciliaria, que cumplieron en un hotel. Se los condenó a cuatro años de cárcel por ingresar a suelo chileno con armas, pero la condena fue cambiada por su expulsión y prohibición de ingreso a Chile por 10 años.

Un hecho similar ocurrió en 2017, cuando en la frontera fueron detenidos nueve militares bolivianos. También fueron condenados y expulsados. Un trato diferente se dio a dos militares chilenos detenidos en la frontera, porque fueron devueltos a su país a los dos días de ser capturados en suelo boliviano.

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La Fiscalía descubre que un veneno para arañas acabó con la vida de dos niños en Inquisivi

El hecho ocurrió en abril en la comunidad Copacabana, en Inquisivi. Su padre y su pareja están detenidos. La Fiscalía sostiene que el hecho fue planificado

El supuesto autor de la muerte de los niños fue presentado el 29 de abril a la prensa.

/ 20 de mayo de 2022 / 19:58

Un veneno para arañas acabó con la vida de dos niños en la comunidad Copacabana de Inquisivi, en abril. El plaguicida fue encontrado en la mandarina, leche y yogurt que consumieron los niños tras encontrarlos en la puerta de su casa, aparentemente dejados por su padre, ahora con detención preventiva en la cárcel.

Inicialmente se estableció que el padre de los menores tomó la decisión para no cancelar una deuda de más de Bs 12.000 por asistencia familiar. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hizo el estudio laboratorial y concluyó que el veneno estaba en los tres alimentos, por lo que el fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseguró que se trata de un hecho planificado.

“Teníamos una hipótesis de que solo hubiese estado en el yogurt, sin embargo estaba en los tres alimentos que dejados en la puerta, eso nos da a entender que este hecho fue planificado. Quizá pudo caer accidentalmente este plaguicida en el yogurt, pero estaba en los tres alimentos”, sostuvo a la red Unitel.

Por el envenenamiento y muerte de dos niños en Inquisivi, fueron detenidos el padre, Juan Carlos P., y su pareja, Ana Q. Ambos son apuntados como los principales responsables del deceso de una niña y un niño, luego de consumir alimentos envenenados.

Una de las hipótesis establece que el padre de los menores cometió el doble infanticidio para evitar pagar la asistencia familiar que superaba los Bs 12.000. El hecho conmocionó a la sociedad.

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