El gobernador de Tarija, Óscar Montes, consideró este martes que es una “persecución política” la imputación presentada por la Fiscalía en su contra y otros denunciados por el paro cívico de noviembre de 2021 en rechazo a la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, y pidió la intervención de distintas instituciones de derechos humanos e incluso del propio presidente Luis Arce.
“Aquí, nosotros no hemos hecho absolutamente nada y resulta que estamos imputados sin haberse investigado, sin nada; entonces, yo creo que es muy grosero lo que está pasando en la justicia boliviana, particularmente aquí en Tarija, y yo espero que el Presidente intervenga”, dijo Montes en una entrevista con La Razón Radio.
Asimismo, pidió la intervención “inmediata” del ministro de Justicia, Iván Lima, de las comisiones legislativas de derechos humanos y hasta de la Defensoría del Pueblo porque, según su versión, “no se puede utilizar de esta manera tan grosera y tan torpe las instituciones del Estado”.
El lunes se conoció que la fiscal de materia Adriana Flores emitió la resolución de imputación en contra de Montes; el alcalde de Cercado, Jhonny Torres; el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila; y el ejecutivo de la Federación del Autotransporte “15 de Abril”, Gabriel Pérez, por el delito de instigación pública a delinquir y, según el Gobernador, también por separatismo.
Entonces “la verdad que esto es demasiado torpe porque acusan al Alcalde, al Gobernador, a dirigentes y anuncian que van a hacer declarar al rector de la universidad, a todos los secretarios; o sea, es una persecución política (en la) que ya no se cuida ni siquiera los detalles, antes por lo menos se inventaban temas de corrupción o de narcotráfico, pero hoy se les ocurre que somos separatistas y nos acusan, o sea muy torpe, muy grosero lo que está pasando”, insistió.
El Gobernador aseguró que él no tuvo “absolutamente nada que ver” en el movimiento cívico de noviembre y que más bien llamó a la calma o a no reaccionar frente a los grupos violentos que entonces salieron a las calles a desbloquear.
Fiscal cuestionada
La autoridad departamental cuestionó el trabajo de la fiscal Flores porque cree que está manejando el caso de una “forma poco profesional”.
“Entendemos que es una mujer joven, no tiene ninguna experiencia y me imagino que tampoco debe tener mucho conocimiento de los delitos que nos están endilgando”, añadió.
Denunciante “arrepentido”
La denuncia sobre este caso fue presentada el 11 de noviembre de 2021 por el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, quien aseguró que la medida de presión afectó a su sector porque los bloqueos evitaron el libre tránsito y no dejaron sacar los productos de sus afiliados al mercado para su comercialización.
Sin embargo, “la dirigencia campesina, en días previos a la Navidad (diciembre), acompañó el paro de los alcaldes, acompañó un paro de la región del Chaco contra la ciudad de Tarija, por lo tanto, es la menos indicada de hablar del perjuicio del sector campesino”, respondió Montes.
Además, aseguró que habló con el denunciante y él supuestamente le expresó su arrepentimiento.
“Hablé con el señor que hizo la denuncia y está arrepentidísimo. Con él nos encontramos permanentemente, tenemos muchos programas (…) y le dije ‘cómo vas a hacer eso’ y me dijo ‘me han hecho firmar, disculpa’”, explicó el Gobernador, quien confirmó que se presentará el viernes a su audiencia acompañado de su abogado.
