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viernes 20 may 2022 | Actualizado a 18:25

Aprehenden a militar de la Fuerza Aérea en servicio pasivo por masacre de Sacaba

“Informamos al pueblo de #Bolivia de la aprehensión del señor Oscar Armando Caba, militar de la Fuerza Aérea en servicio pasivo, involucrado en la masacre de Huayllani", comunicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en RRSS.

Operativo policial militar en noviembre de 2019 en el puente de Huayllani.

/ 28 de enero de 2022 / 17:30

Oscar Armando Caba, militar de la Fuerza Aérea en servicio pasivo fue aprehendido por la masacre de Sacaba, en el puente Huayllani, Cochabamba, ocurrida en noviembre de 2019 durante la crisis política y social que vivió Bolivia.

“Informamos al pueblo de #Bolivia de la aprehensión del señor Oscar Armando Caba, militar de la Fuerza Aérea en servicio pasivo, involucrado en la masacre de Huayllani donde murieron más de una decena de personas en el régimen de la señora Añez”, escribió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en redes sociales

La investigación busca establecer responsabilidades en el operativo que acabó con 10 personas muertas y decenas de heridos por impactos de bala en medio de la intervención militar-policial del 15 de noviembre, según publicó la red Erbol.

El capitán de la FAB Israel R. V.; el excomandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, y el excomandante de la guarnición militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, se encuentran procesados en el caso que se dio durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, poco después de la renuncia de Evo Morales.

Zurita fue dado de baja de la institución por estos hechos.

A fines de octubre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que la investigación estaba “muy avanzada” y perfiló que en pocos meses se pueda presentar la proposición acusatoria de ese caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó lo ocurrido durante la crisis de 2019 calificó, en 2021, lo ocurrido en Sacaba, así como Senkata, El Alto, como “masacres”.

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El alcalde Iván Arias, otra vez en la Fiscalía, ahora por una denuncia de la Cancillería

El Alcalde de La Paz explicó que fue convocado para prestar su declaraciones sobre los pasaportes oficiales que solicitó para él y su esposa, cuando era ministro de Obras Públicas.

Foto: Rodwy Cazón

/ 20 de mayo de 2022 / 12:30

El alcalde de La Paz Iván Arias acudió este viernes, de nuevo, a una citación de la Fiscalía, esta vez por una denuncia interpuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 13 de marzo, la autoridad también fue citada por la fiscal Anticorrupción, Magaly Bustamante, por el caso Tren Metropolitano de Cochabamba, por un caso cuando fungía como ministro del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En declaraciones a la prensa, el Alcalde explicó que fue convocado para prestar su declaraciones sobre los pasaportes oficiales que solicitó para él y su esposa, cuando era ministro de Obras Públicas.

“La razón por la que pedí (los pasaportes) era para hacerme un tratamiento por el COVID-19, después que padecí aquella enfermedad, pero la vorágine del trabajo no me permitió viajar (…). Ellos (la Cancillería) consideran que hacerse curar o hacerse ver no es una misión oficial (…). No he viajado y he devuelto los pasaportes”, explicó el burgomaestre paceño.

En ese marco, denunció un “acoso constante” por parte de la Justicia y recordó que, a la fecha, hay 17 procesos en su contra. “Tengo más procesos que meses de gestión”, lamentó.

La autoridad municipal no precisó la fecha en que tramitó esos documentos diplomáticos ni el país a donde se dirigiría para recibir el tratamiento médico.

En diciembre de 2019, Arias fue posesionado como ministro de Obras Públicas, cargo que ejerció hasta noviembre de 2020. En agosto de ese año, dio positivo a COVID-19 y fue dado de alta luego de estar unos 20 días internado en la clínica privada Cordes.

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El MAS desahucia nueva convocatoria; no hay fecha para reinstalar sesión para elegir Defensor del Pueblo

El senador oficialista Rubén Gutiérrez, en contacto con La Razón Radio, afirmó que aún restan pasos procedimentales en la actual convocatoria, que quedó empantanada pues ningún postulante alcanzó los dos tercios de respaldo, luego de cuatro votaciones.

Foto: Rodwy Cazón

/ 20 de mayo de 2022 / 10:20

El Movimiento Al Socialismo (MAS) desahució la posibilidad de realizar una nueva convocatoria para la elección del nuevo representante de la Defensoría del Pueblo; argumenta que el actual proceso continúa, aunque no hay fecha para reinstalar la sesión.

El senador oficialista Rubén Gutiérrez, en contacto con La Razón Radio, afirmó este viernes que aún restan pasos procedimentales en la actual convocatoria, que quedó empantanada pues ningún postulante alcanzó los dos tercios de respaldo, luego de cuatro votaciones.

“Estamos ante dos etapas para cumplir el reglamento: la designación y la posesión, y consecuentemente no se ha agotado el procedimiento (…). No es posible que en medio proceso se emita una nueva convocatoria, jurídicamente sería inviable; políticamente, dada las circunstancias, también es imposible”.

Luego de cuatro votaciones, el MAS y la oposición en el Legislativo no lograron ponerse de acuerdo para designar al nuevo Defensor o Defensora, por lo que se determinó aplazar sin fecha este procedimiento, y se allanó así la continuidad del interinato de Nadia Cruz.

Ante ese escenario, la oposición planteó una eventual nueva convocatoria. La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, incluso, propuso la presencia de veedores internacionales para la elaboración y aprobación de otro reglamento, a fin de que se “resuelva las trabas que ha tenido esta primera” convocatoria.

Mientras tanto, el actual proceso está congelado y aún no hay fecha para reanudar la sesión, a fin de proceder a la elección del mejor postulante, de entre siete que están en carrera.

“Cuando se plantea una moción de aplazamiento (…), en cualquier momento se puede nuevamente convocar a una sesión plenaria (…). Esto puede durar una semana, dos semanas, un mes, no se sabe”, afirmó el legislador del MAS.

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Investigador chileno dice que el capitán que vendía auto robado tiene ‘influencia política’

Javier A. U. es otro policía boliviano involucrado recientemente en la venta de un vehículo robado en Chile.

Vehículos robados en Chile que se vendían en una feria de Yapacaní. Foto de archivo: Captura/Meganoticias.

/ 20 de mayo de 2022 / 09:52

El excarabinero chileno Hugo Bustos, que lidera el Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), afirmó que recibió información de que el capitán de la Policía Boliviana con varios antecedentes penales —identificado como Javier A. U. y quien ahora es señalado de haber estado vendiendo por internet un auto robado en Chile — tiene “influencia política” del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“Qué más pruebas quieren, yo no sé si el mando (de la Policía) tendrá algún problema o estarán pasando alguna otra situación, (pero) el mismo cónsul reconoce a la víctima (del nuevo robo de vehículo) que hay un tema de corrupción tremendo, el otro del Ministerio de Relaciones Exteriores también, (incluso) me llamó el viceministro de Seguridad de Bolivia al teléfono y me dijo: Hugo, sabe qué, éste es un problema más grande, esta persona no debería estar en la Policía y si encuentra la camioneta (robada) trate de hacer con la prensa, sino la camioneta va a desaparecer”, contó Bustos.

Por tanto, según el investigador chileno —que se hizo conocido mediáticamente a partir de la difusión de un reportaje televisivo publicado a principios de este mes sobre el lucrativo negocio de autos robados en Chile y posteriormente comercializados en Bolivia, que involucró a un par de ahora exjefes policiales— hay cosas que ya se le escapan a él, mientras la víctima del nuevo robo, que también es chilena, está sumamente afligida pidiendo que se recupere su camioneta, que fue localizada por GPS en Bolivia y que, según su versión, estaba siendo vendida por internet por el capitán Javier A. U.

También puede leer: Investigación chilena revela negocio de autos robados e involucra a jefes policiales bolivianos.

“Entonces, hay cosas que se están destapando, yo no entiendo mucho de la parte política (de Bolivia), pero no sé a qué se refieren (al decir) que es una persona con influencia política del MAS, hasta el día de hoy estoy preguntando a unos compañeros qué significa eso. (Pero) si tendrá influencias políticas, no es mi problema, aquí mi problema (…) es que la víctima recupere su vehículo que está siendo vendido por ese oficial”, agregó Bustos en una entrevista con Red Uno. 

Y, cuando fue consultado sobre mayores detalles de dicha “influencia”, el investigador remarcó que le “pusieron que es un caso de influencia de corrupción política y policial al más alto nivel”.

“Incluso, me dijeron que el hermano de él es un concejal del municipio de Santa Cruz y por ahí también tiene otro tipo de influencias. (Pero) yo no sé si estará vigente el hermano, estará actualmente como concejal de Santa Cruz (…) o ya habrá terminado su periodo, pero es la referencia que me van dando; entonces, yo digo: si tú tienes a un funcionario, que tiene antecedentes penales, (…) yo no entiendo cómo pueden tener a una persona así en la Policía”, cuestionó.

De acuerdo a distintas publicaciones periodísticas difundidas en pasados años, Javier A. U. tiene antecedentes por narcotráfico y extorsión, también estuvo en la cárcel por algunos años y hasta en su momento un ministro de Gobierno había ordenado su baja de la Policía. 

También puede leer: El Gobierno cuestiona la ‘objetividad’ de la investigación chilena sobre autos robados.

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El teniente y boxeador Mamani amenaza al tribunal que lo procesa: ‘¡Te voy a romper!, no soy masista’

El abogado Edwin Tapia explicó que el teniente reaccionó de esa manera después de que el Tribunal Disciplinario rechazara una excepción de prescripción que había solicitado la defensa.

/ 19 de mayo de 2022 / 23:10

“Te voy a romper, la ley se cumple c…, no soy masista”. Así reaccionó esta jornada el teniente de la Policía y boxeador Franklin ‘Matador’ Mamani en la audiencia ante el Tribunal Disciplinario por la denuncia de hacer ostentación pública de su militancia en unidades policiales.

Un video muestra el momento en que Mamani toma la palabra y de pronto arremete contra fiscales y miembros del Tribunal. “Nunca me he doblegado a un partido político c…”, aseguró e increpa al presidente del Tribunal: “¿Usted tiene moral?, ¿tiene moral?”.

La acción provocó la reacción de los asistentes en la sala, pero Mamani sigue: “¿Dónde estaba usted el 2019?, ¿dónde estaba?”, dice cuestionando a quien preside el tribunal.

Los ánimos se exaltan más. “Te voy a romper c…, vas a ver p…, la ley se cumple c…, no soy masista c…”, se escucha a Mamani, quien tuvo que ser sujetado para evitar llegar a mayores.

El abogado Edwin Tapia explicó a la red Erbol que su defendido reaccionó de esa manera después de que el Tribunal Disciplinario rechazara una excepción de prescripción que había solicitado la defensa.

La Fiscalía Policial abrió de oficio un proceso contra Mamani debido a la difusión de unas fotografías en las que aparece junto al excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, durante los conflictos sociales de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.

Se lo investiga por supuestamente “hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; agravándose este hecho cuando se está de uniforme o se cumple funciones de mando”, según la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Mamani sostiene en su defensa que solo cumplió órdenes.

También es procesado en la vía penal, por los hechos de violencia y muerte en Pedregal, zona Sur de La Paz, en la crisis de 2019. Se encuentra con detención preventiva.

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Áñez exige al TCP ‘ratificar’ constitucionalidad de la sucesión presidencial de 2019

La expresidenta Jeanine Áñez tomó el poder en noviembre de 2019, tras la dimisión del expresidente Evo Morales y una reunión de líderes de la oposición y de cívicos

La expresidenta Jeanine Áñez en una de sus pasadas audiencias. Foto: APG.

/ 19 de mayo de 2022 / 20:06

La expresidenta Jeanine Áñez demandó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial” de 2019, cuando como consecuencia de la crisis política de ese entonces tomó el poder a la renuncia del expresidente Evo Morales y de las autoridades en la línea de sucesión.

Acompañada de tres abogados, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, estuvo en Sucre, sede del control constitucional. “Presentaron esta mañana en Sucre una petición firmada por Jeanine Áñez al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para que ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial”, establece un mensaje compartido en su muro de Facebook.

La posición hace alusión a un comunicado que emitió el TCP en 2019 y sobre el que Áñez se apoya para asegurar que la toma del poder fue parte de una sucesión constitucional. No obstante, en agosto de 2021 el control constitucional, en respuesta a la Fiscalía, aclaró que no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de la sucesión presidencial de Áñez.

“De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”, señala uno de los puntos de respuesta a la Fiscalía que indaga al caso.

El TCP aclaró que en ese entonces emitió solo un “comunicado”, en el que toca aspectos como vacío de poder y de la sucesión constitucional “ipso facto” que alcanza al Vicepresidente, como parte de la línea de sucesión.

La expresidenta enfrenta un juicio penal por la forma cómo se hizo de la Presidencia del Senado, que luego le permitió llegar al poder, sin cumplir la norma legal ni el Reglamento de Debates. No hubo quórum en la sesión y no podía hacerse de la Presidencia de Senado, porque era de la minoría, según la investigación fiscal. Una reunión extralegislativa con líderes de oposición y cívicos trazó la línea de sucesión.

El juicio fue suspendido en puertas de una sentencia, porque la defensa demandó de inconstitucionalidad los delitos por los que es juzgada: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

El Tribunal que juzga a Áñez excluyó de la prueba de los acusados el “comunicado” del TCP.

Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019 acorralado por las protestas cívicas que denunciaban un fraude electoral, un motín policial t la “sugerencia” militar de dejar el cargo. Álvaro García también dimitió, al igual que los presidentes del Senado y de Diputados presionados por los movilizados. Víctor Borda, expresidente de Diputados, reveló que renunció porque su hermano fue tomado como rehén y su casa era incendiada.

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