Nacional

jueves 30 jun 2022 | Actualizado a 17:29

El tribunal dispuso la atención médica de Áñez en un hospital ‘así sea contra su voluntad’

El Juzgado Octavo de Sentencia exhortó a la exmandataria detenida “a dejar la medida extrema de la huelga de hambre y dejar de atentar su vida”.

Hay tensión en el penal de Miraflores entre detractores y seguidores de Áñez. Foto: Roberto Guzmán

/ 18 de febrero de 2022 / 14:11

La decisión del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de La Paz que declaró procedente la acción de libertad a favor de Jeanine Áñez ordenó la atención médica inmediata de la detenida en un hospital, “así sea contra su voluntad”.

“Los médicos del Hospital de Clínicas de Miraflores deben restablecer la salud de la señora Jeanine Añez Chávez, así sea en contra de su voluntad”, señala la Resolución 12/2022, a la que accedió La Razón.

El juez Franklin Siñani Velasco concedió la mañana de este viernes “la tutela” respecto de la acción de libertad a favor de la exmandataria planteada por la hija de Áñez, Carolina Ribera, contra la gobernadora del penal de Miraflores, Estephania Cervantes y los jueces Marco Antonio Vargas, Liz Avilés, Germán Ramos y Armando Zeballos.

«En el acto. la gobernadora del Centro Penitenciario de Miraflores debe ordenar el traslado de la señora Jeanine Áñez Chávez al Hospital de Clínica de Miraflores con custodios que ella vea conveniente», dicta el fallo.

La resolución aclara que la demanda fue planteada por Ribera «sin mandato de Áñez».

Áñez se había declarado en huelga de hambre hace 10 días, en vísperas de la apertura de juicio oral en su contra, en el caso Golpe de Estado, referido a su proclamación como sucesora del dimisionario presidente Evo Morales, el 12 de noviembre de 2019.

Sendos reclamos y solicitudes de suspensión de la medida planteadas a Áñez caracterizaron las últimas jornadas.

En su resolución, los jueces habían decidido exhortar a la exmandataria, detenida desde el 13 de marzo de 2021, “a dejar la medida extrema de la huelga de hambre y dejar de atentar su vida”.

Temprano este viernes, la defensa de Áñez había denuncia que el tribunal había adelantado la audiencia, prevista para las 15.00, para las 11.00. Incluso dijo que una de sus abogadas no había podido ingresar al penal donde guarda detención la mujer.

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Panamá declara procedente la solicitud de extradición de Guillermo Parada

La decisión asumida puede ser objetada por el extraditable en un plazo de 15 días.

Guillermo Parada. Foto de archivo: RRSS.

/ 30 de junio de 2022 / 15:32

La República de Panamá comunicó a la Cancillería de Bolivia que la solicitud de extradición de Guillermo Parada –uno de los principales implicados en la presunta creación de al menos 800 ítems fantasma para desviar recursos de la Alcaldía de Santa Cruz– fue declarada procedente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país a través de una resolución ministerial emitida el pasado 20 de junio.

La Cancillería boliviana, mediante un comunicado, informó este jueves que “la decisión asumida en dicha resolución puede ser objetada por el extraditable que tiene el plazo de 15 días – computables a partir de su notificación – para solicitar la revisión”.

“Si se concede la extradición de Guillermo Parada, el Estado boliviano deberá hacerse cargo del traslado en el plazo de 30 días calendario, a partir de la comunicación oficial realizada por vía diplomática”, agregó la Cancillería en el documento.

El 30 de diciembre de 2021, Guillermo Parada fue retenido en un aeropuerto de Panamá en el momento que pretendía continuar su viaje rumbo a Estados Unidos, después de haber dejado Brasil, a donde inicialmente huyó al igual que su hermano Antonio, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz.

El 2 de enero de este año se conoció que la Justicia panameña dispuso la detención provisional de Guillermo por 60 días con fines de extradición.

El Estado boliviano presentó la solicitud formal de extradición del requerido el 24 de febrero “cumpliendo la vía diplomática con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Código de Procesal Penal de la República de Panamá”, precisó la Cancillería.

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Dos policías son aprehendidos por la presunta protección al colombiano Tibaduiza

El chofer que presuntamente transportó al ciudadano extranjero también ya fue identificado, según el Ministro de Gobierno.

El colombiano John Walter Tibaduiza. Foto: Unitel.

/ 30 de junio de 2022 / 14:24

Dos efectivos policiales fueron aprehendidos por la presunta protección al ciudadano colombiano John Walter Tibaduiza, quien inicialmente fue nombrado como uno de los presuntos involucrados en el asesinato de dos policías y un voluntario en el municipio de Porongo, departamento de Santa Cruz.

“Queremos manifestar que lo que nos ha motivado a la aprehensión de estos malos efectivos policiales es que mientras sus camaradas, sus colegas policías, se encontraban perdiendo la vida, ellos estaban protegiendo a un ciudadano de nacionalidad extranjera”, confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa.

La autoridad agregó que lo mínimo que deberían haber realizado esos policías es arrestar al ciudadano colombiano para preguntarle al menos “por qué se encontraba en una ruta nacional y precisamente dentro del departamento donde (horas antes) fueron acribillados” tres uniformados.

La tarde del pasado 21 de junio, dos efectivos policiales y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) fueron asesinados en Porongo en circunstancias que aún se investigan.

Al día siguiente fueron capturados tres sospechosos (entre ellos también un colombiano) y quienes ahora se encuentran detenidos en distintas cárceles del país.

Se conoce que durante la madrugada de ese mismo 22 de junio Tibaduiza fue retenido por la Policía en la tranca de Montero, pero que –según su propia versión dada a conocer luego en una entrevista con Unitel– lo dejaron pasar una vez que los uniformados le quitaran $us 6.000 y su teléfono celular.

“A partir de esa denuncia efectuada a través de un medio de comunicación, la Policía ha logrado determinar que en esta tranca del oriente boliviano, en el municipio de Montero, se encontraban (destinados) ocho efectivos policiales”, agregó Del Castillo.

El ministro explicó que cuatro de esos ocho uniformados esa madrugada estaban de turno y de ellos “dos se encontraban al interior del retén policial y otros dos estaban fuera”. Por lo que “vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a la verdad material de este hecho caiga quien caiga”, agregó.

Sin embargo, aclaró que ninguno de los indicios o elementos obtenidos hasta momento por el triple asesinato en Porongo “habrían citado a este ciudadano colombiano” como uno de los presuntos responsables del crimen.

Por tanto, Tibaduiza “no habría sido visibilizado por los testigos oculares (del caso Porongo)”, insistió. Pero “lo que nos llama la atención es que habían policías que recientemente han perdido la vida y sus camaradas estaban buscando (o dejando) pasar a un colombiano dentro de las trancas del territorio nacional y eso no lo vamos a perdonar”, apuntó.

Además, anunció que el chofer del minibús en el que se transportó el extranjero también ya fue identificado y deberá prestar sus declaraciones.

Asimismo, “estamos pidiendo las cámaras de seguridad a Vías Bolivia para que se demuestre si realmente el colombiano se habría bajado (del minibús) y si realmente lo habrían conducido estos efectivos policiales hacia otro lugar”, señaló.

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Diputada Álvarez, de Creemos: La Policía está dañada por la injerencia política

La opositora señaló que hay una desinstitucionalización de entidades que están a cargo de la seguridad de la población, impulsada por el gobierno del MAS.

/ 30 de junio de 2022 / 13:47

La diputada María René Álvarez, de la alianza opositora Creemos, señaló que la injerencia política ha hecho daño a la Policía, por lo que apuntó al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en medio del escándalo por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) en el municipio cruceño de Porongo.

Incluso, afirmó que hay un proceso de desinstitucionalización en varias entidades que están a cargo de la seguridad de la población, impulsado por el Órgano Ejecutivo, y puso como ejemplo que se haya puesto, en el organigrama, al Ministerio de Gobierno como cabeza de la entidad policial, tal como se dispuso mediante una norma impulsada por el oficialismo.

Remarcó que lo sucedido en Porongo es una muestra clara de los tentáculos del narcotráfico en el país. Por este caso hay tres detenidos que están encarcelados en centros de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El principal implicado es Misael Nállar, quien se encuentra en la prisión paceña de Chonchocoro. Además, se investiga los nexos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) con este caso.

Álvarez indicó que hay preocupación en la población por las implicaciones de la Policía con hechos de corrupción, con el narcotráfico y otros casos como el robo de vehículos en Chile. “El MAS es brazo operativo de esta criminalidad… Hay una actuación protectora de entidades estatales”, subrayó, y añadió que hay leyes que permiten la lucha contra las ganancias ilícitas, y así atacar a los narcotraficantes.

Aparte, demandó al Gobierno un plan para reformular la lucha contra el narcotráfico.

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Arce: ‘Algunas veces no es corrupción, es falta de conocimiento que induce a cometer errores’

El presidente Luis Arce promulgó la Ley de Creación del Territorio Indígena Originario Campesino “Jatun Ayllu Yura”.

El presidente Luis Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 30 de junio de 2022 / 11:42

“Hermanos y hermanas, algunas veces no es corrupción, es falta de conocimiento que induce a cometer errores que para ciertos ojos occidentales es corrupción”, afirmó este jueves el presidente Luis Arce en el acto de promulgación de la Ley de Creación del Territorio Indígena Originario Campesino “Jatun Ayllu Yura”, de Potosí.

El Jefe del Estado consideró que “muchas veces no hay mala intención, pero evidentemente hay faltas contra la normativa que se desconocen” y por eso las autoridades originarias tienen que prepararse.

“Ustedes tienen que conocer la normativa también del Estado Plurinacional para no incurrir (precisamente) en esos elementos”, sostuvo Arce en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

No obstante, aseguró que el Gobierno está para ayudarles en consolidar su autonomía a través del Viceministerio de Autonomías y de la Escuela de Gestión Pública.

De hecho, “ya estamos trabajando, ya estamos haciendo cursos, para poder preparar a muchos de nuestros hermanos y hermanas en la administración de las autonomías indígena originarias porque no podemos fallar, somos la vanguardia del Estado Plurinacional en todo el mundo”, enfatizó.

El Presidente recordó que varios países, como Chile y Argentina, también están empezando a discutir la posibilidad de convertirse en un “estado plurinacional” como lo hizo Bolivia en su momento.

“Hemos dado el ejemplo, somos vanguardia como país (…) y por lo tanto no podemos fallar, porque todos los ojos van a estar puestos en Bolivia viendo qué pasa con nuestras autonomías, si nuestras autoridades originarias trabajan o no trabajan, si funciona o no funciona la autonomía indígena originaria”, agregó.

Por eso, todas las autoridades originarias “deben pasar por esa preparación para poder administrar porque no solamente es lo que ustedes ya lo hacen durante cientos de miles de años, sino aquí se trata de manejar recursos del Estado y nosotros no tenemos que fallar”, insistió.

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Para CC, Morales debía esperar que se trate su renuncia en la Asamblea, lo demás es ‘paja’

“Este caso tiene falsos acusadores, no les interesa ni la justicia ni la verdad. Patty es la muestra de la instrumentalización de justicia del MAS”, dijo el senador opositor Guillermo Seoane, quien defendió el “vacío de poder” en 2019.

/ 30 de junio de 2022 / 11:03

El senador de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Guillermo Seoane afirmó este jueves que, cuando el expresidente Evo Morales renunció a su cargo en 2019, debía esperar a que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesione para debatir y aprobar o rechazar su decisión y que ese hecho es el origen de los conflictos poselectorales de 2019. Lo demás es “paja”, dijo.

“Lo único evidente es que Evo Morales debería haber esperado la respuesta a la carta de renuncia por parte de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. No se puede ir y dejar en ascuas para generar un vació de poder (…). Había un vacío de poder, lo demás para mí, es paja (algo sin importancia)”, dijo Seoane en entrevista con La Razón Radio.

Esas declaraciones surgen luego de un anuncio del expresidente y jefe de CC, Carlos Mesa, en sentido de una denuncia contra del también exmandatario, por renunciar a su cargo en noviembre de 2019 y abandonar el país el 11 de noviembre de 2019.  

“Este caso tiene falsos acusadores, no les interesa ni la justicia ni la verdad. (La exdiputada del MAS Lidia) Patty es la muestra de la instrumentalización de justicia del MAS”, insistió Seoane.

En el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I, que investiga a la expresidenta Jeanine Áñez a instancias de la exdiputada Patty, en los últimos días se presentó una solicitud de ampliación de la denuncia contra Mesa; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el expresidente Jorge Quiroga; el empresario y político opositor Samuel Doria Medina; el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín; el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, además de exministros durante la gestión transitoria.

Por su parte, el Ministerio Público observó esa ampliación y solicitó a la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) “individualizar la conducta de todas y cada una de las personas contra las cuales se solicita se amplíe la investigación” y determinar sus actos en los conflictos de 2019.

El abogado Víctor Nina, abogado de Paty, aseguró que dichas observaciones serán corregidas para que el proceso marche.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Morales renunció en medio de protestas cívicas que denunciaban un fraude en los comicios que ganó —en octubre de ese año—, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Dos días después del derrocamiento de Morales, la entonces senadora opositora Áñez se proclamó primero presidenta del Senado y, posteriormente, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, tras reuniones extralegislativas de políticos opositores, embajadores y representantes de la Iglesia Católica. Por esto, la exmandataria se encuentra detenida en la cárcel de Miraflores de La Paz, desde marzo de 2021 y fue condenada, en primera instancia, a 10 años de cárcel.

La sucesión de Áñez es calificada como un golpe de Estado por el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

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