La Defensoría del Pueblo recordó al Gobierno que debe respetar el derecho a la protesta de la expresidenta Jeanine Áñez y aclaró que no se la puede obligar a recibir un tratamiento médico, como dispuesto una orden judicial, siendo que se encuentra estable.
Además, solicitó a la Dirección General de Régimen Penitenciario realizar valoraciones psicológicas y/o psiquiátricas a la exmandataria para una “contención emocional ya que se observa que está claramente afectada”.
La posición defensorial surge luego que el juez Franklin Siñani ordenara la atención médica de Añez en la misma cárcel de Miraflores aun en contra de su voluntad. La expresidenta cumple su décimo primer día de huelga de hambre en demanda de respeto a sus derechos y rechazó el juicio activado por el denominado caso “Golpe de Estado II”.
Durante una audiencia se descompuso y Siñani le otorgó la tutela de una acción de libertad para ser trasladada al Hospital de Clínicas, sin embargo protestas instaladas en puertas del penal por afines al oficialismo y víctimas de las masacres de noviembre de 2019 impidieron su traslado. Ante ese hecho, el mismo juez ordenó que personal del Hospital de Clínicas se traslade al penal para atenderla.
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“Es importante hacer notar que si bien el Estado se encuentra en una posición de garante de la vida y salud de las personas privadas de libertad, también debe garantizar su derecho a la protesta y en el caso de huelgas de hambre, se debe considerar la capacidad de decidir que tenga el huelguista y verificar con criterios médicos objetivos si se está llegando a una situación con un inminente riesgo de perder la vida”, aclaró la Defensoría.
También recordó que una valoración médica determinó que padecía una “deshidratación leve” por los días de huelga y está “estable y no ameritaría una intervención, por lo cual no se le puede obligar a recibir tratamiento médico en contra de su voluntad”.
Sobre el estado emocional de Áñez, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y solicitó a la Dirección General de Régimen Penitenciario realizar “valoraciones psicológicas y/o psiquiátricas para una contención emocional ya que se observa que está claramente afectada”, además de “revisiones médicas periódicas a la privada de libertad”.
Respecto a los hechos de violencia que ocurrieron el viernes en puertas del penal, pidió a la Policía “tomar las medidas necesarias para evitar manifestaciones a favor o en contra” de Añez y demandó a la Fiscalía investigar las denuncias de Carolina Ribera, hija de la exmandataria, de agresiones por policías dentro del penal.
Ribera tiene seis días de impedimento debido a los golpes que recibió en los forcejos para sacarla del penal, la tarde del viernes. En un comunicado, Régimen Penitenciario negó las agresiones y la acusa poner en riesgo la salud de su madre.
“Asimismo, expresa su solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos y también ratifica su derecho a la protesta, más aun considerando que todavía se encuentran en su lucha por obtener justicia y exhorta a que sus legítimas manifestaciones las realicen evitando cualquier tipo de confrontación”.