Encarcelada desde marzo de 2021, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez expresó su rechazo a la ofensiva de Rusia en Ucrania y consideró que “no son los pueblos, son los gobiernos los que los enfrentan”.
Es la segunda vez que se expresa sobre el conflicto; el 24 de febrero, el día en que el presidente ruso Vladimir Putin anunció una “operación militar” en Ucrania, la exsenadora de Unidad Demócrata (UD) también había expresado su punto de vista. “Desde su ilegal e injusto encierro, Jeanine Áñez lamenta y repudia la guerra como instrumento de resolución de conflictos”, se leía en las redes sociales administradas por su entorno.
“No son los pueblos, son los gobiernos los que los enfrentan. Rusia atacó con sus fuerzas militares e invadió Ucrania. En menos de tres días, cientos de miles de civiles obligados a huir de su país por la guerra. Como ex Presidenta de Bolivia rechazo la agresión bélica desde Moscú”, escribió este domingo.
Áñez, acusada por presuntos delitos de conspiración, terrorismo y sedición, en un caso, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de incumplimiento de deberes, en otro, recordó que la Constitución Política del Estado señala de Bolivia su condición de nación pacificista.
“Bolivia es un Estado pacifista. La democracia, la libertad y la justicia requieren de líderes que pacifiquen y protejan sus naciones”, cuestionó.
Áñez llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, cuando se proclamó sucesora del dimisionario Evo Morales en sendos actos en la Asamblea Legislativa si quorum reglamentario ni presencia de la bancada de los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Había inaugurado su régimen con la premisa de pacificar el país, que hasta ese día se encontraba en conflictos sociales y políticos que habían resultado en al menos tres muertes, viviendas de políticos de oficialismo y oposición quemadas, además de tribunales electorales, a raíz de un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre.
Cuando Morales renunció, el 10 de noviembre, las movilizaciones a su favor se habían desatado y dos de ellas, en Sacaba y Senkata, terminaron en masacres, con la muerte a bala de 20 manifestantes, reprimidos por fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que actuaron al amparo del Decreto Supremo 4078.
El decreto, firmado por Áñez y su gabinete dos días después de su llegada al poder, eximía de responsabilidades penales a militares. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violación de derechos humanos y la violencia poselectoral de 2019, consideró que esas intervenciones militares y policiales incluso terminaron en ejecuciones sumarias.