El proceso para la elección del nuevo Defensor del Pueblo avanza con la aprobación, en Comisión Mixta de Constitución, del proyecto de reglamento y convocatoria para la selección y designación de la nueva autoridad. En el documento aprobado están 18 criterios de inelegibilidad, entre ellos haber formado parte de un gobierno de facto y participar de acciones de ruptura del orden constitucional.
Ahora le corresponde el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional tratar y aprobar este documento para lanzar la convocatoria y elegir a la autoridad que reemplazara a Nadia Cruz, quien asumió el cargo de manera interina tras la dimisión de David Tezanos Pinto por problemas conyugales.
Uno de los 18 criterios de inelegibilidad prevé: “No haber expresado, en algún momento de su trayectoria, opiniones públicas o desarrollado acciones contra los derechos fundamentales, en particular, si fueron expresadas o desarrolladas en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de todas las personas”.
Los candidatos para Defensor del Pueblo “no deben haber participado o estar involucrados en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”.
La opositora Creemos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, observó este punto de inelegibilidad. En una carta enviada al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Sánchez, le hacen conocer que “no puede contemplar la frase ‘ruptura del orden constitucional’, ya que la misma forma parte de un discurso político utilizado por el Movimiento Al Socialismo para la implementación de una falsa narrativa de supuesto ‘golpe de Estado’ para encubrir el fraude electoral en 2019”.
La actual administración de Luis Arce y el MAS califican de golpe de Estado lo ocurrido en noviembre de 2019, que dio lugar al gobierno de Jeanine Áñez, ahora encarcelada acusada en los casos Golpe de Estado I y II.