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lunes 4 jul 2022 | Actualizado a 18:31

Montaño: Sectores que han hecho ‘golpe de Estado’ acatan el paro en Santa Cruz

El Ministro de Obras Públicas informó que las actividades son normales en el departamento de Santa Cruz y que son algunos sectores que cumplen la medida.

Una vía bloqueada en Santa Cruz. Foto: Comité pro Santa Cruz

/ 4 de marzo de 2022 / 12:40

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó que el paro cívico convocado por la Asamblea de la Cruceñidad solo es acatado por los sectores que propiciaron “el golpe de Estado” en noviembre de 2019.

“De acuerdo al reporte, no ha parado Santa Cruz, son solo algunos sectores, los sectores que obviamente han hecho golpe de Estado en Bolivia y estos sectores que se han beneficiado de los ítems fantasma”, denunció la autoridad.

Indicó que las instituciones públicas en el departamento de Santa Cruz realizan de manera normal la atención a la población cruceña.

No obstante, son algunos sectores que, “atrincherados en el Comité Cívico”, evitan el desarrollo de las actividades en Santa Cruz.

La pasada semana, la Asamblea de la Cruceñidad convocó para este viernes a un paro cívico de 24 horas en rechazo a la “persecución política” y a la justicia parcializada en el país.

En esa ocasión, Montaño y sus colegas de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, fueron declarados “personas no gratas” de Santa Cruz.

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Narco-audios: La Fiscalía imputa a dos exjefes antidroga por tres delitos

Se trata de exjefes de la FELCN y de Umopar. La Fiscalía pedirá la detención preventiva en la cárcel de los imputados

Foto referencial

/ 4 de julio de 2022 / 17:52

Por tres delitos fueron imputados dos exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de la nacional Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) relacionados al caso “narco-audios”. La Fiscalía pedirá la detención preventiva de los dos imputados y no descarta ampliar la pesquisa.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria González, informó de la resolución y explicó que se encontró los suficientes elementos para imputarlos por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, aunque no descartó se haga una pericia a los audios en el curso del proceso.

Se trata “del exdirector FELCN Whilmher V.V. y el exdirector Nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), Franco J.A.D.”, según un boletín fiscal.

La pesquisa fue activada como consecuencia de la revelación por parte del expresidente Evo Morales de audios en los que se escucha ordenar abortar un operativo antidroga. Después se conoció que se trató de un operativo en Valle Sacta, el 25 de marzo, en el Trópico de Cochabamba.

Lee también: Destituyen a Velasco, intervienen la FELCN y someten al polígrafo a los policías antidroga

Fue el coronel Erick Terán, exjefe de Umopar Chapare, el que salió a revelar que en los audios se escucha su voz. Presentó una demanda penal contra el exjefe de la FELCN José María Velasco y el exjefe de la nacional Umopar Franco Jaime Arancibia, a quienes acusó de haber ordenado abortar el operativo que descubrió una megafábrica de droga.

También lo mencionó al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, pero la pesquisa no lo alcanzó.

“Dentro de este caso, actualmente, se encuentran imputadas tres personas, el Ministerio Público está realizando la investigación en el marco del debido proceso para la eventual posibilidad de generar las ampliaciones que correspondan, con los elementos de convicción necesarios, también se puedan emitir las resoluciones correspondientes”, advirtió Gonzáles.

El 6 de abril, tras la denuncias de “irregularidades”, se destituyó a Velasco y se ordenó intervenir la FELCN, además de someter a la prueba del polígrafo al 100% de uniformados antidroga y renovar el Alto Mando y jefaturas.

Un tercer uniformado tiene detención domiciliaria. Se trata del capitán de Policía Iver Alejandro V.H., quien fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

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Senadores confirman profunda polarización sobre juicio a los responsables de la crisis de 2019

Cuando para un senador del MAS, Mesa es directo culpable de la crisis, para una senadora de CC, los actuales juicios son pura mentira.

Los senadores Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), y William Tórrez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), en una entrevista en el programa Piedra Papel y Tinta, de la Razón.

Por Iván Bustillos

/ 4 de julio de 2022 / 17:00

Los senadores Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), y William Tórrez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmaron una vez más la marcada polarización en que están los partidos respecto a la resolución por la justicia de la crisis de 2019, a cómo se debe aplicar el juzgamiento de los responsables del derrocamiento de Evo Morales y las muertes producto de la represión estatal.

El profundo encono fue puesto de manifiesto en la emisión de hoy, lunes 4, del programa por streaming de La Razón, Piedra, Papel y Tinta.

Cuando la conductora del programa, la directora de La Razón, Claudia Benavente, preguntó sobre si entre los legisladores habría alguna forma de acercamiento político en determinados temas, dada la naturaleza de su trabajo legislativo y de fiscalización; acercamiento incluso al margen de la polarización en que están sus jefaturas políticas, las respuestas fueron diametralmente opuestas en lo de las denuncias que se pretenden ingresar en la fiscalía en torno a los “autores intelectuales” de la crisis.

“Rechazamos estos juicios, son inventados; los juicios Golpe I y Golpe II no tienen ningún tipo de sentido. Existe, además, una lógica perversa de tratar de posicionar, en la era de la posverdad, una mentira monumental; si alguien debería estar procesado es Evo Morales, por desconocer un referéndum y generar un fraude electoral monumental”, enfatizó la senadora Barrientos de CC.

“Parece que el MAS olvida”, dijo Barrientos, que el partido “co-gobernó” con Jenine Áñez, que tuvo que “conversar” con ella, “para que no se les quite la personería jurídica, para poder avanzar, para que (Juan) Lanchipa siga siendo Fiscal General del Estado”.

En su arremetida, Barrientos llegó al plano personal. Con la ampliación del mandato de las autoridades electas, dijo que cada parlamentario ganó “36 mil bolivianos extra, y ahora quieren ganar procesando gente en un juicio falaz, mentiroso y que lo único que pretende es generar amplia persecución política”.

Por su lado, el senador Tórrez, del MAS, replicó apuntando que el problema es de justicia por los hechos ocurridos en 2019.

“Lo primero que hay que decir es que no puede haber impunidad para ninguno de los partícipes del golpe de Estado de 2019. Hay que recordar que el golpe fue gestado muchos meses antes, con la quema de los bosques de la Chiquitanía. Recordar que el señor Carlos Mesa fue el primero que acuñó esa célebre frase, del monumental fraude, y que hasta la fecha «Mesa no ha sido capaz de probar”, reseñó el senador masista.

Mesa directamente fue responsable de la violencia que se desató después de las elecciones, señaló el senador Tórrez. “El 21 de octubre de 2019, fue el señor Carlos Mesa el que convocó a convulsionar el pueblo de Bolivia, de modo que es uno de los directos responsables de los 21 días de paro y del golpe militar-policial-cívico”.

Mesa, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, y otros responsables del derrocamiento de Evo Morales deben rendir cuentas ante la justicia boliviana, eso sí, en el marco del debido proceso, concluyó el senador del MAS.

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Waldo Albarracín es sobreseído del proceso penal por ‘abandono de mujer embarazada’

La resolución fiscal de sobreseimiento, a la que accedió La Razón, fue informada al Juzgado Segundo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz.

Waldo Albarracín. Foto de archivo: La Razón.

/ 4 de julio de 2022 / 15:32

El exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, fue beneficiado con una resolución fiscal de sobreseimiento dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de “abandono de mujer embarazada”.

La resolución fiscal de sobreseimiento No 45/2022, a la que accedió La Razón, fue informada al Juzgado Segundo de Instrucción Penal Cautelar de la zona Sur de la ciudad de La Paz.

En el documento, la Fiscalía recuerda que este proceso penal fue seguido por el Ministerio Público a instancias de Janeth Zuleica A. P. por un delito previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal.

Esta determinación surge después de que hace unos días se diera a conocer que una segunda prueba de ADN ratificó que Albarracín no es el padre de la hija de Janeth Zuleica.

Cuando la primera prueba de ADN también estableció que no es el padre de la hija de su denunciante, Albarracín consideró que el proceso fue “absolutamente político y extorsionador”.

“Absolutamente político y extorsionador-económico, yo le doy ese calificativo (a este proceso), porque desde un principio se nos ha sonsacado, incluso hay un memorial en el Juzgado de Familia donde plantean que se pague hasta Bs 40.000”, sostuvo entonces el exDefensor.

En su criterio, el objetivo en realidad “era vengarse” por todas las movilizaciones que impulsó, según dijo, “en defensa de la democracia, de los resultados del 21F y en contra del fraude electoral” de 2019.

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De testigo a imputado, el ‘sobreviviente’ del triple crimen es enviado a la cárcel

La Policía informó que la persona detenida había tomado contacto con los jóvenes asesinados antes de que sean traslados al lugar del crimen.

El momento del traslado del primer detenido por el triple crimen en Ivirgarzama. Foto: BTV.

/ 4 de julio de 2022 / 13:44

El otrora identificado como el único “sobreviviente” y “testigo importante” del triple crimen en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba, pasó a ser imputado y posteriormente enviado a la cárcel en calidad de detenido preventivo.

El fiscal Ramiro Altamirano Sejas dijo que “no es posible otorgar mucha información por las investigaciones que se están realizando incluso en este instante”, sin embargo, confirmó que en una audiencia cautelar realizada este lunes se tomó la decisión judicial de enviar al acusado a la cárcel de San Sebastián de Cochabamba.

Y cuando fue consultado si es verdad que el detenido entró en contradicciones durante sus declaraciones, el fiscal respondió que sí y que solo podría decir eso por el momento para no perjudicar el avance de las investigaciones.

Aunque luego aclaró que esas contradicciones no fueron la razón principal para su detención y que “los motivos están contenidos en la resolución de la imputación formal que ha sido sometida al control jurisdiccional de la audiencia” de medidas cautelares.

Según un reporte de la red Unitel, el detenido fue identificado como Limberth C.O. y estará detenido de manera preventiva por seis meses.

También puede leer: Hay un sobreviviente del crimen en Ivirgarzama y uno de los acribillados tiene antecedentes por estafa.

Entretanto, el comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Rubén Lobatón, indicó que han sido varios los “elementos importantes” para llegar a esta situación.

“Por ejemplo, el hecho de que él haya tomado contacto con (las personas posteriormente asesinadas) antes de que puedan trasladarse hasta Villa Victoria, el lugar donde se ha producido el hecho”, señaló el jefe policial.

El 30 de junio fueron encontrados tres jóvenes de Santa Cruz asesinados (Alex Eriberto Aguirre Lince, Carlos Alfredo Callau Rocha y Darwin Fabián Antelo Chávez) dentro en un vehículo sin placa de control, en el sector del sindicato Villa Victoria, en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba.

Al día siguiente, la Policía Departamental de Cochabamba informó que el conductor del vehículo donde estaban los cuerpos había logrado sobrevivir al triple crimen y desde entonces esa persona estaba bajo resguardo policial, hasta que finalmente pasó de testigo a imputado y ahora a encarcelado.

También puede leer: La Policía anticipa que ya son ‘varios’ los identificados por el triple crimen en Ivirgarzama.

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¿Qué establece la Ley de Protección a las Víctimas promulgada por el Presidente?

“No más impunidad, no más jueces prevaricadores”, remarcó el presidente Luis Arce en el acto de promulgación de la nueva normativa.

El acto de promulgación de la nueva ley. Foto: APG.

/ 4 de julio de 2022 / 12:08

Tal y como estaba anunciado, el presidente Luis Arce promulgó este lunes la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo.

“No más impunidad, no más jueces prevaricadores, queremos una justicia sensible a esta problemática y que permita sentar precedentes para mejorar como sociedad en su conjunto. Desde la fundación de Bolivia, no se produjo una norma de protección más clara para evitar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, destacó Arce.

Pero ¿qué establece la nueva normativa? Según el ministro de Justicia, Iván Lima, “esta ley es el punto inicial de cosas que debemos hacer en el sector justicia” porque, en primer lugar, lo que hace es agravar la pena en contra de quien “ose ir contra la vida” de las mujeres y los menores.

Pues, “a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley y de la Constitución va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel; estas son decisiones políticas que se están asumiendo para evitar que (…) la Justicia favorezca a quienes cometen estos delitos”, enfatizó el ministro.

Lima agregó que el delito de consorcio –que es cuando fiscales, jueces, policías y la administración judicial actúan en contra de las víctimas– también subió su pena de cinco a 10 años de privación de libertad.

Además, “habíamos identificado que hay muchas personas con medidas cautelares, que iban al mismo domicilio donde estaba la víctima, les decían que la detención domiciliaria deberían cumplir en el mismo lugar donde estaba su víctima, (pero) esto no va a ocurrir más”, señaló.

Pues, según la autoridad, la nueva normativa está determinando que no habrá detención domiciliaria en los casos de feminicidio, infanticidio y violación de niños. Es decir, “no van a tener la posibilidad de salir de la cárcel quienes sean sujetos a medidas cautelares de detención preventiva”, insistió.

Lo propio, de acuerdo con el ministro, la cesación de las medidas cautelares no podrá ser revisada en función de la demora que pueda haber en la Justicia. “Se ha visto que la chicana, que la demora innecesaria de los procesos, hacía que muchas personas terminen de dejar los centros de privación de libertad”, lamentó.

Además, “cuando haya una sentencia y un auto de vista que declaren culpable a un feminicida, éste va a empezar a cumplir la privación de libertad, no se va a esperar el auto supremo; la decisión de doble conforme será la que determine la detención, ya no preventiva, sino el cumplimiento de la condena para que ya no exista, en el tiempo largo que Sucre decide o revisa los casos, ninguna liberación de feminicidas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que se ha identificado un problema estructural en los tribunales departamentales de Justicia, que demoran años en resolver los casos de feminicidio, infanticidio y de violación.

Frente a esa situación, “se ha establecido un procedimiento por el cual las partes podrán pedir el pronto despacho de los procesos en un plazo de 10 días; si luego de esos 10 días los tribunales departamentales no emiten el auto de vista será incumplimiento injustificado de los plazos y dará lugar a que se considere esta actitud como una falta grave de responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, advirtió.

Por tanto, según Lima, quienes quieran administrar justicia en los tribunales departamentales deben estar seguros “que ya no podrán esperar años” para asumir la correspondiente decisión. Incluso, “lo que vamos a hacer nosotros es iniciar los procesos penales por retardación de justicia. Hoy ya no se puede tolerar que el feminicidio, el infanticidio y la violación sigan durmiendo en los tribunales departamentales”, insistió.

El ministro añadió que, por otro lado, los condenados por estos tres delitos van a tener que cumplir su pena hasta el último día de su sentencia porque ya no habrá “ninguna de las medidas de libertad condicional por enfermedades graves o de detención domiciliaria en ejecución”.

“Finalmente, la determinación que se ha tomado en esta ley tiene que ver con algo que nos han reclamado todas las organizaciones (…) y es por eso que no se va a permitir más de ninguna manera actuados que constituyan la revictimización”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que incluso se están modificando las leyes de la Organización Judicial, del Ministerio Público y del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Esta decisión fue asumida porque “se ha visto que la revictimización era una regla y ahora estamos estableciendo expresamente que va a tener duras sanciones cualquier forma de revictimización”, apuntó.

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