Entre el martes y jueves de esta semana, el gobierno rendirá un informe ante el Comité de Derechos Civiles y Políticas de las Naciones Unidas sobre los hechos ocurridos en 2019 y las muertes registradas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo que en esta sesión se hará conocer que, tras esos hechos ocurridos en 2019, no existe una persecución política ni una judicialización de justicia. Por el contrario, dijo que en contra de los responsables de esos hechos existe un debido proceso que está en esas instancias judiciales.
“Esta semana, martes, miércoles y jueves, el Gobierno, el presidente (Luis) Arce, a la cabeza mía y del procurador general (del Estado, Wilfredo Chávez), rendimos el informe ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (sobre) todo esto que hablan de persecución política, de politización de la justicia (…) No estamos hablando de políticos que están siendo encarcelados, estamos hablando que aquí se ha cometido delitos y esos delitos no pueden quedar en la impunidad, hay políticos y políticas que están en la cárcel y esto es resultado de un debido proceso”, dijo Lima en entrevista con el canal estatal.
Afirmó que, como Gobierno, se rendirá cuentas ante la comunidad internacional y se garantizará ante esa instancia que el pueblo boliviano tiene memoria, pero que lo que se busca es “verdad y justicia”.
También anunció que en los siguientes días se suscribirá un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechosa Humanos (CIDH) para implementar un seguimiento a todas las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que hizo una investigación respecto a los hechos ocurridos en 2019 y las masacres registradas en Senkata (El Alto) y Sabaca (Cochabamba).
En agosto del año pasado, el GIEI-Bolivia presentó su informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, en el que estableció 36 recomendaciones para el Estado, la sociedad civil boliviana y la CIDH.
También dijo que se espera para junio el informe final del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, sobre la situación de la justicia en Bolivia.