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Asambleístas departamentales del MAS alistan procesos contra ‘asesores’ de Camacho

El asambleísta Clemente Ramos muestra el decreto cuestionado del gobernador Luis Fernando Camacho.

El asambleísta Clemente Ramos muestra el decreto cuestionado del gobernador Luis Fernando Camacho.

Los legisladores departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz alistan un proceso penal en contra “asesores” del gobernador Luis Fernando Camacho. El jefe de bancada del MAS, Clemente Ramos, afirmó que las personas de confianza de la autoridad no son funcionarios de la Gobernación pero toman decisiones políticas y financieras.

Identificó a al menos tres personas ajenas a la Gobernación que, en su criterio, asumen decisiones como si fueran autoridades electas, tal el caso de Federico Martínez, Natalia Ibáñez y Wálter Chávez.   

“Lo que maneja Federico Martínez, Natalia Ibáñez y Wálter Chávez y otras personas, que vamos a ampliar (en la investigación), no son funcionarios; entonces, estamos viendo el tipo penal que vamos a presentar porque quien lo permite es Luis Fernando Camacho: el acceso a las instalaciones de bienes públicos del Estado de la Gobernación”, anunció Ramos en contacto con la transmisión digital La Razón Radio.

Dijo que los delitos cometidos por estas personas son uso indebido de influencia, tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo, lesiones económicas al Estado y asociación delictuosa. “Porque tenemos entendido de que Natalia Ibáñez realiza cobros irregulares de diezmo, entre otros, en la Gobernación de la adjudicación de las empresas que realiza la Gobernación”, denunció.

Según Ramos, Ibáñez es la prima del gobernador Camacho y vicepresidenta de la agrupación Creemos. Mientras que Martínez —continuó— es un asesor particular y tiene una oficina en el piso 5 de la Gobernación de Santa Cruz.

Respecto del gobernador Camacho, recordó que el 9 de marzo, antes de su viaje a Brasil, firmó junto a los secretarios José Miguel Navarro y Efraín Suárez el Decreto Departamental 373 por el que delegó sus funciones al Secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, pese a que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece que, ante la ausencia temporal del Gobernador, el Vicegobernador ejercerá la “suplencia gubernamental”.

Ante ello, Ramos afirmó que Camacho cometió tres delitos que ahora se encuentra bajo investigación del Ministerio Público: resoluciones contrarias a la Constitución, el Estado Autonómico y a las leyes, incumplimiento de deberes y manipulación informática. Explicó que el Gobernador nombró irregularmente a Navarro como su reemplazante y retiró, sin abrogación, el decreto de nombramiento de la Gaceta Oficial Departamental.

Además, dijo que Martínez como Ibáñez los acompañaron en su viaje a Brasil, por lo que también pedirá a través de la Asamblea Departamental investigar con qué recursos se trasladaron, y quién pagó la estadía y alimentación de estas personas.

En representación de su bancada, dijo que también solicitará informes al Gobernador sobre su viaje y que en un plazo de 10 días debe presentar esa documentación; en caso de no hacerlo, pedirá una petición de informe oral para que ante el pleno de la Asamblea Departamental explique las razones de su viaje.

Ramos lamentó que el estatuto departamental exija dos tercios para interpelar a la primera autoridad de Santa Cruz. Ante ello, pidió a los asambleístas indígenas y de Creemos a no defender los actos ilegales cometidos por el Gobernador.