Nacional

domingo 26 jun 2022 | Actualizado a 21:19

Abrão sugiere no esperar una reforma judicial para la reparación a víctimas de 2019

El exejecutivo de la CIDH dijo que las reformas judiciales requieren concertación nacional y discusión de propuestas, que “son procesos demorados”.

/ 25 de marzo de 2022 / 12:45

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão recomendó este viernes no esperar una reforma judicial para investigar los hechos durante la crisis de 2019 y priorizar el resarcimiento a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

“Las primeras medidas involucran la atención a las víctimas”, afirmó el diplomático en entrevista con La Razón Radio.

Sostuvo que ante la firma de convenio con la misión de la CIDH para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Estado debe priorizar la atención a las víctimas —con indemnizaciones— y “reparación en materia de justicia”.

Consultado sobre la condicionante de algunos actores políticos de la oposición, como Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que plantean una reforma judicial antes de aprobar en la Asamblea Legislativa un posible juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, dijo estar en desacuerdo.

“Es un inequívoco primero realizar las reformas de la justicia para luego proceder a las debidas investigaciones, el derecho a la justicia de las víctimas, ese debería ser el criterio fundamental”, remarcó Abrão.

Instó a la sociedad boliviana a seguir esa ruta que sugiere. “Sabemos que las reformas de justica requieren concertación nacional con discusión de propuestas, implican reformas estructurales y depende de los poderes Judicial y Legislativo, son procesos demorados y su propia implementación de dependen de reformas legales y presupuesto”, afirmó.

En su criterio, la reforma judicial es una “agenda más larga que debe implementarse con calma y viendo el contexto de Bolivia porque requiere mucha atención y cuidado”. “Se tiene que priorizar la reposición a las víctimas porque fueron proyectos de vida interrumpidos, se debe acelerar”, enfatizó.

Por otra parte, respecto a la coordinación del Estado con la misión de la CIDH para hacer seguimiento a las recomendaciones del GIEI, dijo que Bolivia envía “mensajes muy fuertes a la comunidad internacional de que está abierta al escrutinio”; además, demuestra una voluntad de cumplimiento.

“Se trata de acuerdos, de cooperación a técnicas que no son obligatorias, si aceptó es porque tiene una disposición efectiva de implementarse y también representa un compromiso con la sociedad civil, gran parte de las recomendaciones, son reivindicaciones históricas de la lucha social de Bolivia”, sostuvo Abrão.

En entrevista con La Razón, el miércoles, el comisionado Joel Hernández detalló que visitarán otras regiones del país durante sus tres visitas a Bolivia y que se “reunirán con todos los actores” de la crisis de hace tres años, como Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez. Sostuvo que buscan ser la “bisagra” entre el Estado y las víctimas.

En agosto de 2021, el Tribunal de Justicia derivó a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria sobre las masacres de Sacaba y Senkata contra Áñez y sus colaboradores.

El 15 de noviembre de 2019, al amparo de Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los militares, una decena de manifestantes cocaleros murió por la represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; cuatro días más tardes, las muertes se repitieron en Senkata.

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La Policía prepara recurso para evitar que Nállar vaya de Chonchocoro a Palmasola

El acusado es el principal sospechoso por la ejecución de dos sargentos y un voluntario de la Policía Boliviana.

El traslado de Misael Nállar a la cárcel de Chonchocoro, el sábado en La Paz. Foto: Rodwy Cazón

/ 26 de junio de 2022 / 12:15

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este domingo que los abogados de la Policía preparan un recurso en rechazo al amparo que presentó la defensa de Misael Nállar para que sea trasladado de la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, hasta la de Palmasola, en Santa Cruz.

«Se tiene que hacer justicia, no vamos a dejar solas a las víctimas», señaló la autoridad durante una entrevista en Bolivia TV. Calificó de «chicanería» la acción jurídica que la defensa de Nállar presentó el sábado por la tarde ante un tribunal, alegando que la vida de su defendido corre peligro.

«La Dirección de Régimen Penitenciario aún no fue notificada, el equipo jurídico de la Policía Boliviana trabaja para que no pueda concretarse, siempre respetando el debido proceso», dijo Ríos. Asimismo, comentó que hay un voto resolutivo de los representantes de los reos de Palmasola en el que rechazan que Nállar sea llevado a esa prisión.

El sábado por la tarde, el acusado llegó al aeropuerto internacional de El Alto. Para el operativo coordinado en ambos departamentos, se movilizó un centenar de policías armados en camionetas y motocicletas. Por la noche, Nállar fue registrado y ahora está aislado como medida de prevención por la pandemia.

Son 11 ciudadanos investigados en el proceso, tres están prófugos, entre ellos hay dos colombianos y un boliviano. Ríos sostuvo que el testimonio de un suboficial y un mecánico apuntan a la presunta participación y responsabilidad de Nállar, Esteban Beltrán, quien este sábado fue llevado El Abra, y Rodrigo Gonzales a Palmasola.

El presidente Luis Arce se refirió al triple asesinato en el municipio cruceño de Porongo, mediante su cuenta de redes sociales. Exigió celeridad en la investigación por parte de la Policía, “caiga quien caiga”.

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Arce defiende el juicio contra Áñez y dice que ella tuvo ‘privilegios’ en la cárcel

El Presidente niega injerencia política en la Justicia por la condena de 10 años contra la exmandataria, por el caso Golpe de Estado II.

Foto: ABI

/ 25 de junio de 2022 / 16:07

“Hemos respetado el debido proceso y los procedimientos legales”, afirmó este sábado el presidente Luis Arce respecto al juicio por el caso Golpe de Estado II contra la exmandataria Jeanine Áñez, por el cual fue sentenciada a 10 años de cárcel, en primera instancia. Dijo que incluso tuvo “privilegios” en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Áñez fue condenada el 10 de junio por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por su proclamación en noviembre de 2019. La también exsenadora de oposición insiste en su inocencia y alega que cumplió su “deber democrático” por lo que ella considera que hubo un vacío de poder. 

En entrevista con Radio La Pizarra, con el conductor Alfredo Serrano, Arce sostuvo que hay un juicio ordinario por las acciones “hasta antes de asumir un gobierno de facto”. “Le dimos todas las condiciones, incluso tuvo hasta privilegios, le dimos atención médica, sus parientes se quedaban a dormir, lo que no surge con el resto de las reclusas”, contó el Jefe del Estado.

La entrevista de Radio La Pizarra con el presidente Luis Arce.

Relató que las presas amenazaron con un motín porque querían los “privilegios” que tenía la expresidenta. Áñez está presa desde marzo de 2021 por el caso Golpe de Estado I.

Así salió el Mandatario salió al paso ante las denuncias de los partidos de oposición de que la sentencia contra la exmandataria refleja una injerencia en la Justicia y por las observaciones del relator Diego García Sayán, de Naciones Unidas, quien señaló que Áñez merece un juicio de responsabilidades. La Unión Europea y Estados Unidos también se sumaron al pedido.

El Presidente también remarcó que los fiscales y jueces que lo “persiguieron”, a la par de quienes fueron parte del gobierno de Evo Morales, durante la gestión de Áñez, son los mismos que la juzgan. Incluso mencionó que recibieron críticas de los mismos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque el juicio duró mucho tiempo.

“En el MAS nos criticaban, en el tema de la Justicia no nos vamos a entrometer, así nomás es la Justicia (…) Tiene que haber una transformación total de la Justicia”, afirmó la autoridad.

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En La Paz preparan operativo coordinado para llevar a Nállar a Chonchocoro

El Ministro de Gobierno asegura que “no serán permisivos” contra quienes incumplan las leyes.

Foto: APG

/ 25 de junio de 2022 / 14:05

En La Paz, la Policía Boliviana prepara un operativo coordinado para llevar a Misael Nállar a la cárcel de Chonchocoro, con detención preventiva por 180 días. Un juez determinó el traslado la madrugada de este sábado por el asesinato de los dos policías y un voluntario del GACIP, en Porongo, Santa Cruz.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Rolando Rojas, dijo que al ser “un caso de alta complejidad” amerita una acción “coordinada”. “Se organizará un operativo”, sostuvo la autoridad en entrevista con la red Unitel.

En Santa Cruz, ya está todo listo para el viaje; es así que al mediodía, en un breve contacto con los periodistas, la esposa de Nállar fue a despedirse e insistió en la inocencia de su pareja. “Temo por la vida de mi esposo”, afirmó María Fernanda Lima Lobo respecto al traslado al recinto penitenciario en la sede de gobierno.

Asimismo, los otros acusados Raúl Caballero y Esteban Beltrán también fueron cautelados y serán enviados a las cárceles de El Abra de Cochabamba y de Palmasola, en Santa Cruz. La Policía sigue buscando a más implicados.

“Somos un gobierno prístino y comprometido en la lucha contra la delincuencia; en este sentido, se determinó la detención preventiva del señor Nállar por seis meses en la cárcel de Chonchocoro, y de los señores Rodrigo Gonzales Arrazola (colombiano) y Esteban Beltrán en Palmasola y El Abra, respectivamente. No seremos permisivos contra quienes incumplan las leyes de nuestro país” (sic), señaló hoy el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta en Facebook.

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Registro de aspirantes a Contralor del Estado será hasta el 8 de julio

Los interesados pueden inscribirse hasta fin de semana en una oficina en la planta baja del Palacio de la Revolución de la Cámara de Senadores.

Un notario estuvo en el inicio de inscripciones a postulantes a la Contraloría.

/ 25 de junio de 2022 / 02:07

Los documentos que avalan los 20 requisitos para las postulaciones a la Contraloría General del Estado se registran desde ayer hasta el 8 de julio. De cumplir con todas las cláusulas, la selección del funcionario titular pasará por nueve etapas.

Una oficina de la planta baja del Palacio de la Revolución del Senado, ubicada en la calle Ayacucho, entre Comercio y Potosí, atiende el trámite desde las 08.30 hasta las 12.00 y de 14.30 a 18.00, de lunes a viernes, y de 08.00 a 12.00 los sábados y domingos.

“La persona interesada de forma individual y directa presentará su carta de presentación firmada y adjuntando en sobre cerrado, rotulado con la documentación de respaldo de lo establecido en el artículo 8 del reglamento y el respaldo de la hoja de vida en folder con nepaco”, explicó el diputado oficialista Omar Yujra.

La convocatoria con los 20 requerimientos está en la web https://web.senado.gob.bo/

El reglamento fue aprobado junto a la convocatoria el miércoles por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa y detalla que uno de los requisitos que deben cumplir los postulantes es “no haber sido dirigente de organizaciones políticas o candidato a cargos electivos en los últimos 10 años”.

No haber estado involucrado en gobiernos de facto es otro de los requerimientos. Dicha condición también fue incluida y luego retirada de la convocatoria para la Defensoría del Pueblo por acuerdo del oficialismo y la oposición, proceso que sigue congelado por la falta de consenso entre las tres fuerzas legislativas.

Lanzar la convocatoria pública y empezar con la recepción de postulaciones son las primeras dos de las nueve etapas que establece el reglamento para la selección y elección del nuevo Contralor. La tercera fase es la verificación de requisitos; cuarta, publicación de postulantes habilitados.

La quinta etapa es la presentación de impugnaciones; sexta, evaluación de méritos; séptima, entrevista y evaluación oral —prevista entre el 17 y 20 de agosto (ver infografía)—; octava, informe de evaluación; y en la novena etapa se debe realizar la designación. Las fases no tienen fechas definidas.

La gestión del actual contralor Henry Ara fenece el 1 de julio; la nueva autoridad será elegida entre los tres primeros postulantes que tengan la “mejor calificación” si es que en dos votaciones no existe consenso, según detalla el reglamento que no fue respaldado por las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

“La Contralora o Contralor General del Estado ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación”, determina el artículo 216 de la Constitución.

En un breve acto, el notario Wilson Portugal informó sobre la verificación del libro para el registro de los postulantes. “Está vacío, son 200 páginas útiles que se tienen para ser llenado”, detalló.

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‘Duros momentos’ coinciden con el 196 aniversario policial

El Ministro de Gobierno insta a uniformados relucir ‘hidalguía y compromiso’.

La Policía realizó un homenaje a los dos policías y al voluntario asesinados.

/ 25 de junio de 2022 / 02:03

El asesinato de dos efectivos y un voluntario de la Policía Boliviana y, además, denuncias de encubrimiento al narcotráfico coinciden con el 196 aniversario institucional, a los que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó como “duros momentos”.

“Nuestra Policía Boliviana cumple un año más de vida al servicio de su pueblo; en estos duros momentos es donde se debe demostrar el gran elemento profesional que caracteriza a nuestras fuerzas del orden y sobre todo sacar a relucir la hidalguía, entrega y el compromiso que caracterizan a casi 40.000 hombres y mujeres que día a día trabajan sin pausa por un mejor país”, afirmó el viernes en su cuenta oficial de Twitter.

La detención de Misael Nállar como autor intelectual del crimen del martes en Porongo —cuando los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez y el voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip) José David Candia fueron ejecutados— es el principio de las pesquisas. Hay indignación; políticos, familiares y la opinión pública exigen respuestas.

VIAJE

Apuntan a Del Castillo, quien viajó a Paraguay a un evento y se limitó a usar sus redes sociales para informar sobre el asesinato.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce dijo que “alguien está metido hasta las patas” en el caso Porongo y pidió al presidente Luis Arce tomar “decisiones rápidas y duras”.

El 7 de abril, el inspector general de la Policía, Álvaro Álvarez, junto al entonces nuevo director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), José Illanes, intervinieron la fuerza antidroga para investigar la denuncia de supuesto encubrimiento al narcotráfico.

El 4 de abril, el exjefe de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar) Chapare Yerko Terán apuntó a la cúpula antidroga de encubrir a narcotraficantes colombianos, impidiendo la destrucción de cuatro fábricas de cocaína en Valle Sacta, en el trópico de Cochabamba. Un día antes, en conferencia de prensa, el expresidente Evo Morales difundió un par de audios de ese operativo.

Del Castillo solicitó la prueba del polígrafo “al 100% de los efectivos que prestan servicios en la FELCN” para detectar si existen policías que estén “cumpliendo contrariamente sus funciones”. Hizo el pedido en la posesión de Illanes en reemplazo del exdirector José María Velasco, que está involucrado en las investigaciones.

Dio un plazo de 24 horas al nuevo director antidroga para que posesione a policías “sin ningún antecedente” en cargos de comandos, direcciones y jefaturas.

Un mes después, el exsubdirector Rolando Téllez, el excomandante de la Policía Fronteriza Raúl Cabezas y el capitán Javier Alberti Uzqueda fueron los tres jefes policiales que cayeron involucrados con autos robados.

El 2 de mayo inició la intervención a la Dirección de Prevención del Robo Vehículos (Diprove) de Santa Cruz tras la investigación chilena —realizada por el Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) — en el que se involucraba a uniformados. Téllez fue destituido, mientras continúa la pesquisa.

VEHÍCULOS

Cabezas está acusado por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, corrupción y favorecimiento al enriquecimiento ilícito porque en su vivienda en Santa Cruz se halló un vehículo reportado como robado en Calama, Chile. Ahora cumple detención preventiva en Palmasola.

Inmediatamente, Del Castillo instruyó la intervención de esa dependencia policial. “Vamos a seguir trabajando con transparencia (…) no por culpa de unos malos policías se va a manchar a una de las instituciones más importantes que tenemos”, insistió el Ministro de Gobierno.

Luego, el 14 de mayo, se conoció que una camioneta roja, marca Toyota Hilux, que fue denunciada como robada en Iquique, Chile, fue recuperada el 17 de mayo en el municipio de Uncía, departamento de Potosí, después de que este caso se diera a conocer en medios de comunicación.

Se la encontró gracias al sistema de GPS y fue el líder del GBV, Hugo Bustos, quien hizo la denuncia sobre este nuevo robo de auto e involucró en el hecho a un capitán de la Policía Boliviana, Javier Alberti Uzqueda —que fue aprehendido el 1 de junio—.

El inspector general de la Policía boliviana, Álvaro Álvarez, informó ayer que hay un proceso de investigación al capitán conforme a la Ley 101 del Sistema Disciplinario por su presunta participación en el robo de autos en Chile.

En medio de esos escándalos, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, dio un mensaje por el aniversario policial. “Vivimos un proceso de modernización con miras a convertirnos en una policía que solucione los problemas de nuestro pueblo”, dijo.

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