El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá comparecer el 7 de abril ante la Comisión de Autonomía de la Asamblea Legislativa Plurinacional para explicar la aprobación del Decreto Departamental 373 que delegó sus responsabilidades al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, cuando en su ausencia debe asumir el cargo el Vicegobernador, Mario Aguilera.
“La Petición de Informe Oral para el señor Luis Fernando Camacho ha sido aceptada y fijada para el jueves 7 de abril, a las 16.00. Nosotros, como parte interpelante, vamos a preguntar sobre este Decreto Departamental 373, si existió alguna omisión de parte del gobernador”, informó la diputada Estefanía Morales.
La Petición de informe Oral fue solicitada, precisamente, por Morales y los también legisladores Faustina Coa, Maria Arispe, Luis Changaray, Hernán Hinojosa.
Los asambleístas observaron que Camacho, antes de viajar a Brasil, delegó la conducción de la Gobernación al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, y no así al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.
“Es evidente que hubo irregularidades, que (Camacho) quería deslindarse de sus responsabilidades, a pesar de que el señor gobernador ha admitido que sí tenía conocimiento (del Decreto), pero que jamás hubiese autorizado que se publique en la Gaceta Oficial. En esta Petición vamos a solicitar los informes técnicos, jurídicos y también los antecedentes”, sostuvo.
El Decreto Departamental 373 apareció publicado en la Gaceta Oficial y después de unos minutos fue retirado. La Gobernación de Santa Cruz consideró que solo fue un “error administrativo” la publicación y retiro el polémico decreto.
Entre el 14 y 18 de marzo, Camacho salió de Bolivia para asistir a un encuentro de medio ambiente en Brasil y delegó sus responsabilidades a Navarro cuando el sustituto legal era Aguilera.
En Santa Cruz, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Departamental acusó a Camacho ante el Ministerio Público por tres delitos: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y al Estatuto Autonómico de Santa Cruz, y manipulación informática.