Víctimas de torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, exilio y confinamiento no hallan “justicia ni verdad” a 51 años del golpe del militar Hugo Banzer Suárez, que se recuerda hoy. Familiares de las decenas de asesinados también lamentan la impunidad.

El 21 de agosto de 1971, el entonces presidente Juan José Torres y el Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia convocaron a la ciudadanía a concentrarse en el estadio de Miraflores, donde se les daría armas para resistir a las fuerzas golpistas. Muchos salieron con ese fin, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, también universitarios.

“Una gran falencia a 51 años del golpe de Hugo Banzer es que dolorosamente en Bolivia las víctimas no tenemos el derecho a la verdad, no tenemos el derecho a la Justicia y no tenemos derecho la reparación integral”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires (Asofamd), Ruth Llanos, en una entrevista con La Razón.

Llanos era esposa del universitario Ricardo Navarro, quien entró a la clandestinidad tras subir a combatir en el cerro Laikakota de la ciudad paceña, donde cientos de jóvenes y hasta niños —según registros de periódicos de esa época— fueron acribillados por aviones de la Fuerza Aérea Boliviana.

La Asofamd gestionó conformar una Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas, en el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), y que logró establecer que entre 1964 y 1982 en Bolivia desaparecieron ciudadanos nacionales y extranjeros por razones político-sindicales; las investigaciones no concluyeron.

En 2017 se conformó una Comisión de la Verdad que dependía del Ministerio de Justicia, que tampoco logró su objetivo.

“Tenemos una principal crítica a la Comisión de la Verdad, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los informe de estas instancias deben estar a disposición de las víctimas, actores políticos, investigadores, jueces, fiscales y de toda la población, eso pasa en Colombia y pasará en México, pero no sucedió en Bolivia”, afirmó Llanos.

En marzo de 2021, la Comisión de la Verdad entregó al presidente Luis Arce el informe de indagaciones de los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de Derechos Humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, entre el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

Llanos sostuvo que los tomos de las investigaciones están actualmente en repisas. “Solamente tenemos acceso a algunos resúmenes publicados, no llegaron a todos los familiares”, lamentó.

Señaló que identificaron al menos 61 detenidos y desaparecidos, 19 bolivianos desaparecidos en Argentina, seis latinoamericanos desaparecidos en Bolivia, 57 asesinados entre 1971 y 1978, al menos 14 víctimas en la masacre de Tolata, más de 1.690 bolivianos que sufrieron torturas, detenciones arbitrarias, confinamientos y exilio y “mujeres violadas en la cárcel, en el famoso ‘Cuartito Azul’ del Departamento de Orden Político”.

“A 51 años no tenemos ningún juicio ni a los responsables de esas masacres y muertes investigados y sancionados en las cárceles. Banzer murió sin rendir cuentas a la sociedad”, remarcó Llanos.

ANÁLISIS.

El director ejecutivo de la Comisión de la Verdad, Fernando Rodríguez, calificó como un “proceso” el golpe del coronel Banzer porque estaba relacionado a condiciones nacionales e internacionales y actuaba en “coordinación directa” con otras autoridades que también estaban contra de la ideología de izquierda.

Banzer, junto con la Confederación de Empresarios Privados, la Falange Socialista Boliviana (FSB) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), organizó el Frente Popular Nacionalista (FPN) e inició una persecución a los “extremistas”, así fueron denominados los izquierdistas.

Rodríguez sostuvo que, al igual que en Chile y Argentina, en Bolivia se aplicaron técnicas de torturas nunca antes vistas y que se vivió un nuevo proceso de vulneración a los Derechos Humanos.

Explicó que con Banzer nació la idea del federalismo en el país, ya que en sus gestiones, sus políticas económicas destacaron por el potenciamiento de la agroindustria cruceña, además que la banca se asentó en esa región.

“Todos los intentos de dictadura caen en Bolivia por la fuerza de la masa”, dijo el director ejecutivo. Para evitar ese tipo de hechos, dijo que el Gobierno debe fortalecer sus acciones en potenciar las empresas estatales y sentar soberanía en los recursos del país.

Este año, el Gobierno impulsó el proyecto de ley que prevé el pago de Bs 99,9 millones, con dinero del Tesoro General de la Nación (TGN), a 1.714 personas que sufrieron violencia política en las dictaduras de entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.

En el texto se aclara que el pago para las personas se hará realidad con la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley 2640, de 11 de marzo de 2004.

 

Hugo Banzer: ‘Aplicaremos un nacionalismo puro y leal’

Luego de la entonación del Himno Nacional, en su primer discurso al país como presidente, el dictador Hugo Banzer dijo que su gobierno seguirá una política nacionalista inspirada en el camino de los exmandatarios “Busch, Villarroel y Barrientos”.

ENTREVISTA PRESENCIA, DE 1971

Minutos después de dirigirse al público que fue hasta la plaza Murillo, el dictador Hugo Banzer respondió a un cuestionario del periódico Presencia.

—¿Justifica usted la cantidad de muertos para conseguir el Gobierno?

—Como le dijo don Quijote a Sancho, vale perder la vida para conseguir la libertad.

—¿Está detenido Juan José Torres?

—Tengo entendido que se encuentra asilado.

—¿Cuáles serán las líneas generales en política internacional?

—Abriremos las puertas a todos los países que quieran cooperar con Bolivia.

—¿Con respecto a la política interna?

—La política interna del país estará dirigida a resolver los problemas de la gran mayoría de habitantes de Bolivia: los campesinos.

—¿Sus relaciones con la Argentina?

—Mi gobierno estrechará vínculos, porque Argentina quiere ver en Bolivia un aliado fuerte y desarrollado.

—¿Usted dijo en su discurso que rechazará tanto la derecha como la izquierda?

—Aplicaremos un nacionalismo puro y leal.

—¿Se puede lograr una tercera fuerza nacional?

—Haremos todo el esfuerzo posible para lograrlo.

—Se sabe que existen prisioneros, ¿qué se hará con ellos?

—Tenemos un orden jurídico, la Justicia se encargará.

—¿El paredón en justicia?

—De ninguna manera, en el país de Bolivia tenemos los Tribunales de Justicia que se harán cargo de ellos.

Ayer, la Defensoría del Pueblo conminó al Gobierno a definir la legalidad del mercado de coca que funciona en Villa El Carmen y dar una respuesta “certera” en el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz.

Hizo referencia al titular del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales. “Que el ministro señale legalmente y no solamente con una afirmación, sino un fundamento o marco legal, esta decisión de mantener dos mercados o cuál es el mercado que va a funcionar”, remarcó la defensora Nadia Cruz.

Advirtió que existe una ausencia de respuesta por parte del Estado y que es “urgente” dilucidar cuáles son las demandas de los productores de coca de los Yungas y dar una atención certera.

A finales de junio, la facción del dirigente cocalero Arnold Alanes, afín al oficialismo, instaló un mercado “ilegal” en Villa El Carmen; la dirigencia, liderada por Freddy Machicado, solicitó cerrar ese espacio porque, en su criterio, solo el de Villa Fátima es “legal”.

PUGNA.

En septiembre de 2021 ya hubo una pugna por la dirección de la Adepcoca, en la que policías y cocaleros se enfrentaron en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen. Y en noviembre se eligió a dos directivas distintas.

El parágrafo I del artículo 23 de la Ley General de la Coca dice: “Se reconoce en el departamento de La Paz el mercado de la Adepcoca y en el departamento de Cochabamba, el mercado de Sacaba”.

El parágrafo II del artículo mencionado especifica que: “El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra es la única instancia competente para autorizar, controlar y regular los mercados de coca, a través de resolución ministerial”.

“Exhortamos al Estado que, si bien han manifestado ya no incurrir o no entrometerse dentro de los problemas orgánicos que se tiene en el sector de los Yungas, en el sector cocalero, a dar respuestas más certeras”, dijo Cruz.

La Defensora expresó su preocupación por la excesiva violencia en las manifestaciones. “Ya no es aceptable el derecho a la protesta con movilizaciones de extrema violencia, que cobran la integralidad de los conflictos”, indicó la servidora pública.

Los cocaleros conformaron un Comité de Autodefensa, el cual otorgó un plazo hasta mañana para que se cierre el mercado de Villa El Carmen. Dieron hasta las 16.00.

Ante la ausencia de Gonzales, el lunes fracasó el diálogo entre la Adepcoca y el Gobierno.

El secretario de Actas de esa organización, Gabriel Amato, advirtió que si el Gobierno no atiende sus exigencias, las movilizaciones se intensificarán. “Nosotros vamos a seguir en pie de lucha hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Indicó que los cocaleros tienen la predisposición de dialogar, pero solo con Gonzales o el presidente Luis Arce.

Entretanto, el Comité de Autodefensa determinó instalar una vigilia mientras se espera la respuesta a su demanda.

El conflicto cocalero ingresó en su tercera semana de protestas. Los vecinos y comerciantes de Villa El Carmen incluso armaron barricadas para evitar más destrozos en sus casas y negocios por las gasificaciones y detonaciones.

La Comisión Mixta de Planificación entrevistará hoy a 14 de los 21 postulantes que pasaron a esa fase en el proceso de selección del nuevo titular de la Contraloría General; deberán responder a cuatro preguntas y exponer una propuesta.

Los diputados del oficialismo y la oposición elaboraron una batería de 30 preguntas para los cuatro criterios; cada persona elegirá por sorteo una interrogante. El primer parámetro es respecto a conocimientos de la Constitución Política del Estado.

Segundo, la Ley N° 1178 y sus modificaciones de Administración y Control Gubernamentales y los cuatro tipos de responsabilidades del servidor público. Tercero, la Ley N° 004 de Lucha Contra La Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz y sus modificaciones.

La cuarta pregunta será en relación a la reglamentación de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).

Para la evaluación del quinto criterio, los aspirantes deberán realizar una exposición por un máximo de 10 minutos sobre su propuesta de trabajo, visión y retos del control gubernamental para mejorar la administración y funciones de la Contraloría.

El aspirante Carlos Garrón será el primero en ser entrevistado a las 08.00 y el último, Rómulo Choque Cahuana, a las 18.00, (ver lista de la evaluación). El resto de los candidatos, mañana.

PROCESO.

La presidenta de la Comisión Mixta de Planificación, la senadora oficialista Eva Humérez, informó que el proceso de selección del nuevo titular de la Contraloría General del Estado avanza en “consenso” con los legisladores de la oposición.

“Más allá de las diferencias políticas, avanzamos; las impugnaciones fueron aprobadas por dos tercios, más de dos tercios y otras por unanimidad. Veo que estamos avanzando bastante bien y esperemos concluir de esta manera”, dijo la asambleísta.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Ingvar Ellefsen sostuvo que: “Estas etapas preliminares se califica a los ciudadanos de forma individual, no tiene que ver con ningún acuerdo con el MAS, sino que no se puede mellar la dignidad de los ciudadanos que presentaron su documentación en buena fe”.

Hasta fin de mes se prevé la entrega de la lista con los últimos postulantes y en sesión de la Asamblea Legislativa se designaría un titular de la Contraloría.

Ante un posible estancamiento del proceso, como en la designación del Defensor del Pueblo, Humérez dijo que es “optimista” por el trabajo técnico; Ellefsen señaló que el MAS debe priorizar la meritocracia en los postulantes.

CRONOGRAMA 17-08

En los últimos 17 años, los cultivos de la hoja de coca subieron en 31% en el trópico de Cochabamba y 11% en los Yungas de La Paz, según datos de los informes anuales que difunde la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC).

Según los reportes de ese organismo internacional, en 2003 en los Yungas de La Paz había 16.200 hectáreas de cultivo de coca y en el Chapare, 7.300 hectáreas; en 2020, la cantidad subió a 18.302 hectáreas y 10.600 hectáreas, respectivamente (ver infografía).

“Ese aumento es gracias a un padrinazgo del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS); pero también porque ellos son más unidos que nosotros”, afirmó el vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, José Cuyuña. Percibe que en Bolivia se consume más la “coca yungueña”.

“Todos saben que es más para el consumo la coca de los Yungas, la hoja es mediana y es más cómoda para acullicar; la mayor parte de la coca chapareña va al narcotráfico porque su hoja es grande, gruesa y dura, hasta lastima la lengua”, insistió el dirigente.

En entrevista con La Razón, el ejecutivo de la Federación Yungas del Chapare, Florencio Vallejos, negó las acusaciones y aseguró que erradican los cultivos excedentarios en su región, acción que coordinan con la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico de Cochabamba (Udestro), que depende del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.

“Internamente, con control social no dejamos que haya libre cultivación de la hoja coca”, dijo el dirigente. Mencionó que hay 46.200 productores en esa región.

“Comercializamos la hoja de coca, tenemos nuestro mercado en Sacaba y vendemos a Santa Cruz y Chuquisaca”, remarcó Vallejos. Comentó que la libra de “coca chapareña” está a Bs 12 y Bs 13; y antes de 2019, “reconocemos que en tiempos de Evo Morales” estaba hasta Bs 25 y Bs 30.

Según el dirigente del Chapare, “algunas federaciones brindan mejor coca que la de La Paz”.

Cuyuña sostuvo que hay aproximadamente 32.000 socios en Adepcoca; respecto del costo de la hoja de coca, coincidió con Vallejos en que bajó; ahora venden a Bs 20 y Bs 25, aunque fluctúa porque “el precio no es fijo”; pero, antes de 2019, la libra de “coca yungueña” incluso llegó hasta Bs 70.

“La superficie de cultivo de arbusto de coca en Bolivia siguió aumentando en 2020, creciendo en 15%, a 29.400 hectáreas (…) y continuó excediendo el nivel oficial máximo permitido de 22.000 hectáreas en las zonas autorizadas del país”, señaló la UNODC en junio.

Ese mes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que ese año gobernó la expresidenta Jeanine Áñez y los datos muestran “la incapacidad de ese régimen para realizar la erradicación, dedicándose únicamente a la persecución y criminalización de los productores de hoja de coca”.

En 2003, el Gobierno reportó 10.100 hectáreas de cultivos de coca excedentaria; en 2019, la cifra llegó a 9.205 y en 2020, la cantidad fue de 2.177. Y hasta julio de 2022 se llegó a 3.881 hectáreas.

CONFLICTO.

Mientras, las pugnas en la Adepcoca siguen. A finales de junio, la facción del dirigente cocalero Arnold Alanes, considerado afín al oficialismo, instaló un mercado en Villa El Carmen y la de Freddy Machicado solicitó al Gobierno cerrar ese espacio porque —dijo— solo el de Villa Fátima es “legal”.

El viceministro de Coca, Arlem Benjamín Lovera, dijo que la norma no precisa una dirección exacta, deslindó responsabilidades en la creación del tercer mercado y culpó a la división de cocaleros.

Esta semana, más de una veintena de socios de la Adepcoca fueron aprehendidos en los enfrentamientos con la Policía; la mayoría ahora está con detención domiciliaria; también hay un herido que perdió el antebrazo. Y los vecinos de la zona claman para que ya no existan más protestas.

La presidenta de la Comisión Mixta de Planificación, la senadora oficialista Eva Humérez, informó este viernes que el proceso de selección del nuevo titular de la Contraloría General del Estado avanza en “consenso” con los legisladores de la oposición.

“Más allá de las diferencias políticas, avanzamos; las impugnaciones fueron aprobadas por dos tercios, más de dos tercios y otras por unanimidad. Veo que estamos avanzando bastante bien y esperemos concluir de esta manera”, explicó la asambleísta oficialista durante una entrevista con La Razón Radio.

Esa instancia legislativa está conformada también por diputados y senadores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Ambas bancadas expresaron su disconformidad en la aprobación del reglamento y convocatoria del proceso.

Humérez detalló que 15 varones y seis mujeres postulantes pasaron la fase de impugnaciones y desde el jueves se revisa sus méritos. Se prevé que desde el 17 de agosto sean las entrevistas y que hasta fines de mes la Comisión Mixta de Planificación entregue la lista con los últimos postulantes y en sesión de la Asamblea Legislativa se designe un titular de la Contraloría.

Ante la consulta de que si hay riesgo de estancamiento del proceso, al igual que en la designación del Defensor o Defensora del Pueblo, Humérez dijo que es “optimista” debido a que percibe que realizan un trabajo técnico en el proceso.