El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aseguró que el “trabajo eficiente” de los censistas voluntarios se impuso a la “mala fe” de los políticos y periodistas en el día del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo.

En entrevista con La Razón Radio, felicitó a todos los brigadistas que participaron en el Censo y trataron de entregar los mejores resultados en las boletas. Lamentó que hubo “gente malintencionada” que publicó videos de censistas borrando las boletas con el objetivo de criminalizar la acción.

“Hacían ver que borrar era una mala acción. El accionar político es muy distinto al accionar técnico”, afirmó. 

Días previos al día del Censo, los periodistas Carlos Valverde y Amalia Pando alertaron a la población con un presunto riesgo de dar los nombres a los censistas voluntarios. Ambos profesionales aseguraron que ningún país se piden los datos completos de la población.

Por ello, Arandia indicó que el principal problema que se enfrentó en la jornada censal fue la mala fe de los políticos, comunicadores y periodistas que buscaban dañar el proceso censal, incitando a la población a resistirse a ser censados y responder algunas preguntas.

Informó que el INE contabilizó 327 casos de inconvenientes de los censistas, de los cuales 130 casos fueron por falta de apertura de hogares a los brigadistas. De la totalidad, el 90% de los incidentes fue en Santa Cruz.

Contó que, por lo menos, 104 condominios no abrieron sus puertas en algunos barrios de Santa Cruz y que, por la tarde, los vecinos llamaron al INE para ser censados por los voluntarios. Indicó que efectivos militares acudieron nuevamente a los domicilios para censar a la población. “Fuimos y logramos recoger sus datos con efectivos”.

“A veces la boca es muy suelta y esto dificulta el trabajo técnico”, reclamó.

El Censo se vio afectado por la politización del proceso a través del descrédito de parte de autoridades, actores políticos y legisladores, principalmente opositores, detractores del Gobierno y del Censo.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar acudió a las oficinas del INE el pasado jueves con el objetivo de “transparentar” el proceso de los resultados del Censo. En el encuentro estuvo Arandia, el equipo técnico y la legisladora.

El titular del INE denunció que la parlamentaria ingresó a sus oficinas con abuso de su autoridad y sin respetar a las fuerzas del orden, como la Policía. Aseguró que la legisladora no hizo ni una sola pregunta técnica

“No hizo ninguna pregunta técnica, solo fueron cuestionamientos políticos y malos tratos”, lamentó.

Según Arandia, la diputada no tiene ningún accionar técnico, sino político. Aseguró que “con mucho gusto” atenderá a las preguntas en una mesa técnica. “De manera clara y contundente, como INE, no vamos a deponer a ningún cuestionamiento político. Políticos, no somos”, aclaró.

Proceso técnico

Arandia informó que las cajas censales ya están llegando a las oficinas del INE en La Paz. “Un desfile de camiones llegan con las boletas censales. Es la última de las tres fases del Censo”.

Indicó que, recibidas las cajas, se procederá a la “limpieza”, es decir, hacer que la boletas estén ordenadas y debidamente dobladas, sin material extra. Posteriormente, comenzará el “guillotinado, escaneo, procesamiento y obtención de todos los datos”.

“Todo ello se realizará en el lapso de un año”, reiteró.

El 30 de agosto se entregarán los resultados a nivel departamental y municipal. Y, en diciembre, se entregarán los resultados a nivel de circunscripciones electorales. “Vamos a emplear estándares muy altos para obtener los mejores datos”.

Anunció que se utilizarán escáneres de ultra velocidad para digitalizar los datos y se empleará un software de última generación para el reconociendo de caracteres y la optimización de imágenes.

Aseguró que los resultados finales del Censo de Población y Vivienda estarán disponibles el primer trimestre de 2005.

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El procurador general del Estado, César Siles, informó ayer que siete “supuestas víctimas” acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Estado es notificado por una petición de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes, Michael Dwyer (+) y Alcides Mendoza”, informó ayer en Bolivia TV.

Según explicó Siles, esas “supuestas víctimas”, como llamó, “persiguen que el Estado sea responsabilizado internacionalmente por vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales” en el caso de la intervención del hotel Las Américas en 2009.

A la primera petición ante la CIDH, del 29 de septiembre de 2009, se han sumado otras seis más, planteadas por Ronald Castedo, Juan Carlos Santiesteban, Alejandro Santiesteban, Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic.

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Estado

En criterio de Siles, la Procuraduría, como “abogado” del Estado, está “pidiendo que se acumulen (las peticiones) porque hay identidades de sujeto, objeto y causa”.

Aclaró que las sindicaciones no son contra una persona en particular, sino contra el Estado.

El caso se encuentra en “un momento procesal” de un informe de fondo que contiene cinco recomendaciones para el Estado: reparación económica, rehabilitación, satisfacción pública, investigación y modificación de currículas en la Fiscalía y la Policía.

Bolivia está en proceso de cumplimiento, afirmó Siles.

Dijo que hay riesgo de que el caso llegue la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(15/04/2024)

El caso Terrorismo, cerrado en el gobierno de Jeanine Áñez y que vinculaba a un grupo de políticos de Santa Cruz y extranjeros, acaba de dar un giro: los acusados resultan quienes propiciaron en 2009 la toma del hotel Las Américas, entre ellos Evo Morales.

El expresidente (2006-2019) se dio por aludido ayer ante el anuncio de un juicio en curso por parte de dos sobrevivientes de la intervención policial que el 16 de abril de 2009 terminó con tres ciudadanos abatidos, el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

Entonces, fuerzas de seguridad irrumpieron en el hotel con el fin de interceptar una “célula terrorista”, liderada por Rósza, que, según la justificación de entonces, pretendía consolidar un régimen secesionista desde Santa Cruz. El hombre y sus cómplices habían planificado sus tareas desde los primeros días de noviembre de 2008, según consta en el informe conclusivo de la investigación legislativa Terrorismo separatista en Bolivia, encarado por una comisión especial multipartidaria de la Cámara de Diputados.

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Caso Terrorismo

Propiciado por el Ministerio Pública, bajo denuncia del Ministerio de Gobierno, el caso avanzó hasta llegar a la imputación.

Varios empresarios y líderes regionales fueron implicados, hasta que el 20 de septiembre de 2020, en el régimen de Áñez, la misma Fiscalía cerró el caso, como lo anunció entonces el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

“Hemos trabajado, se ha retirado las acusaciones y ahora el Ministerio Público nos hace conocer que se retira este tema. Hay que felicitar al Ministerio Público en este caso, por este trabajo”, afirmó entonces el ministro.

Años después, el caso dio un giro. Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivientes del grupo abatido en un operativo en 2009, informaron, a través de sus redes sociales, la apertura de un nuevo caso.

“Mario Tadic y Elöd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz; a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado (sic)”, dice la primera parte de su publicación en su cuenta de X.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado en grado de complicidad.

Ahora, libres, se convierten de acusados a acusadores. La Fiscalía debe investigar “el caso de violaciones de derechos humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”.

Entonces presidente, Morales respondió ayer a las alusiones en radio Kawsachun Coca. “Que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”, desafió.

“Que me demanden, estoy aquí, no me voy a escapar. Si me tienen que llevar a la cárcel, que me lleven por defender la integridad del territorio nacional”, dijo.

Denuncia

Morales apuntó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de pretender detenerlo, aunque no dio mayores explicaciones.

Explicó que cuando ese hecho ocurrió, él se encontraba en Venezuela y que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera fungía como presidente en ejercicio.

A su llegada de aquel país, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la intervención.

(15/04/2024)

El presidente Luis Arce informó este domingo que este 2024 su administración destinará más de Bs 1.260 millones para obras y fortalecimiento del sector productivo de esa región.

“Solamente para la presente gestión, tenemos programado más de Bs 1.260 millones”, dijo el mandatario en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental en conmemoración de los 207 años de la Batalla de la Tablada.

“Son cerca de 230 proyectos de inversión pública en beneficio de todos los municipios del departamento, por los que inyectamos recursos a la región”, detalló el mandatario.

Luis Arce

Arce destacó una serie de obras realizadas en ese departamento en cuanto a infraestructura, riego, electrificación y agropecuaria, entre otros ámbitos.

Remarcó que uno de los sectores que priorizó su gestión es el productivo y que, entre otros datos, el crédito SIBolivia benefició a productores de esa región con Bs 82 millones, de un total de Bs 1.600 millones desembolsados en todo el país, a marzo de este año. “Se ha beneficiado a 845 empresas de Tarija”, relievó.

Además, señaló que más de 100 unidades productivas de ese departamento que comercializaron sus productos por medio de la aplicación Consume lo Nuestro, por un monto de al menos Bs 18 millones.

Otro de los aspectos que resaltó en su discurso fue la distribución de ingresos por la renta petrolera, que de 2021 a 2023 benefició a Tarija con más de $us 560 millones; de ese monto, “solo en 2023 recibió más de $us170 millones”.

Tarija

Además, el jefe de Estado resaltó la inversión de recursos destinado a educación y a seguridad ciudadana.

Anunció la implementación de una industria de vidrio plano para Tarija, que demandará una inversión estimada de Bs 960 millones.

Carreteras, puentes, hospitales y colegios, también forman parte de las obras que implementará el gobierno de Arce.

El acto central de la efeméride de Tarija contó con la asistencia de varias autoridades invitadas, entre ellas la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que otorgó un reconocimiento a los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental.

Sesión

Entre el público también estaba el alcalde de La Paz, Iván Arias, invitado por el gobernador del Departamento de Tarija, Óscar Montes.

Además, estaban presentes otras autoridades de Estado.

Los altos mandos militar y policial también asistieron al acto en el que el mandatario hizo el anuncio de “importantes obras” para el departamento.

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa recibirán este lunes las preguntas “lacradas” que deberán responder los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional.

“Nos va a llegar mañana (lunes), las preguntas que hemos lanzado (para) que nos las hagan el sistema universitario boliviano, los colegios de abogados y otros, que tienen que hacer llegar el banco de preguntas listo”, dijo el diputado Jerges Mercado en entrevista con Bolivia Tv.

El legislador de ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) explicó que los miembros de ambas comisiones “no conocen” el banco de preguntas para la segunda fase de evaluación de méritos de los aspirantes.

Preguntas

Este lunes, ambas comisiones se reunirán para definir detalles de esa fase, por ejemplo, cómo serán sorteadas las preguntas, si serán por “bolillos” o por otra metodología; el horario de presentación de los aspirantes.

También respondió a las declaraciones de algunos sectores que denunciaron una “filtración” de las preguntas, con el fin de, supuestamente, beneficiar a algunos postulantes. “Hay gente que quiere ponerle sombras a este proceso que es muy serio y transparente; (y que cuenta) con (la participación de) veedores nacionales e internacionales que están haciendo el seguimiento presencial en todo el proceso”, reclamó el legislador.

Para esa etapa de la preselección fueron habilitados 405 cinco postulantes.

Preselección

Son 188 los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); 93 al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 89 al Consejo de la Magistratura y 40 al Tribunal Agroambiental.

“Hay buena cantidad de postulantes con notas bastante buenas (…). Hay que darle a la gente nuevas autoridades de justicia. Tenemos gente con muy buen perfil, (aunque) ninguno tiene el 100% (del puntaje)”, complementó.

Desde el martes, los postulantes buscarán al menos 130 puntos mínimos de los 200 disponibles para la calificación previa a la consideración de la Asamblea Legislativa. Responderán a preguntas, cada una con un puntaje de 20 puntos.