Una vez agotada la vía ordinaria, el Gobierno acudirá a un amparo constitucional en contra de la decisión judicial que este lunes estableció que la expresidenta Jeanine Áñez deba ser juzgada en juicio de responsabilidades en el caso de la designación irregular en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), informó el viceministro de Justicia, César Siles.
Para Siles, el mandato de la expresidenta no está respaldado legalmente, por lo tanto, las acciones que asumió deben ser procesadas en la vía penal. “Nosotros creemos firmemente como autoridades del Ejecutivo que la señora Áñez no ha cumplido el procedimiento constitucional y legal para ser considerada presidenta y, por tanto, debería merecer un juicio ordinario”.
Los jueces de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia dieron curso a un recurso presentado por Áñez, quien durante su mandato designó a Karina Leiva Áñez como gerenta general de EBA, sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
El tribunal dispuso “la remisión de antecedentes en principio ante la Fiscalía General para posteriormente ser remitido al Tribunal Supremo de Justicia y, finalmente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el fin de que este ente colegiado establezca si la imputada merecerá el juicio de privilegio”.
Siles informó que se solicitó en la audiencia una complementación y enmienda del fallo judicial.
“Respetamos la opinión de la Sala Penal Cuarta, pero creemos que podría cambiar por alguna acción que podríamos promover. Agotada la vía ordinaria, después de la complementación y enmienda, corresponde un amparo constitucional”, explicó la autoridad.
El artículo 129 de la Constitución Política del Estado establece que “la Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.