Nacional

viernes 1 jul 2022 | Actualizado a 18:52

Evo Morales sobre 2019: ‘¿Cómo he visto el Golpe? Nos hemos confiado mucho’

El exmandatario y dirigente cocalero se reúne en Cochabamba con sectores sociales, en su criterio, “en defensa” del gobierno del presidente Luis Arce.

Evo Morales, en su reunión con movimientos sociales, este viernes. Foto: Evo Morales

/ 29 de abril de 2022 / 13:49

“¿Cómo he visto el Golpe? Nos hemos confiado mucho, todos; ¿qué decíamos en gabinete? No, hay que aguantar, se va a pasar”, contó este viernes el expresidente Evo Morales durante un encuentro son sectores sociales en Quillacollo, en Cochabamba.

El 10 de noviembre de 2019 renunció Morales, acorralado por las protestas ciudadanas y cívicas que denunciaban fraude electoral en los comicios de octubre, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión. Dos días después y en una sesión legislativa sin quórum, Jeanine Áñez tomó la Presidencia del Senado, lo que le permitió hacerse del poder y ser Presidenta.

El también presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigente cocalero recordó que durante sus años de gobierno atravesó por al menos “tres golpes”. Mencionó el referéndum revocatorio, el “separatismo” y la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Morales realizó esa explicación a los dirigentes y miembros de Central Sindical de Trabajadores Campesinos Originarios (CSUTCOP) y las Bartolinas de Quillacollo.

“Iniciamos, hoy, desde muy temprano, una reunión con dirigentes y autoridades de Quillacollo para una evaluación política, siempre en defensa de nuestro gobierno presidido por @LuchoXBolivia porque defender al gobierno es defender a la Patria (sic)”, difundió el expresidente en sus redes sociales y acompañó la publicación con fotografías de la cita.

La declaración la realiza semanas después en la que se cuestionó la ausencia del líder cocalero a la cita que convocó el oficialista Pacto de Unidad y a la que solo asistieron Luis Arce y David Choquehuanca. Morales dijo que no fue invitado “oficialmente” y que “no tienen ningún problema con Lucho ni con el Gobierno”.

Comparte y opina:

Mesa: Se trata de reabrir una nueva persecución política

El asesor del expresidente Carlos Mesa fue citado a declarar este miércoles por la mañana en la ampliación del caso Golpe de Estado I.

El expresidente Carlos Mesa.

Por Ibeth Carvajal

/ 29 de junio de 2022 / 11:51

“Se está tratando de reabrir una persecución política para ver de llevarnos presos”, dijo este miércoles el expresidente Carlos Mesa sobre la nueva causa de ampliación por el caso Golpe de Estado I y en el que fue citado como testigo, por el Ministerio Público, su asesor político Ricardo Paz Ballivián.

Esta semana se amplió la denuncia del caso Golpe de Estado I, presentada ante la Fiscalía de La Paz por Víctor Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, quien originalmente interpuso el caso Golpe de Estado.

Los nuevos denunciados son los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho; el exdefensor del Waldo Pueblo Albarracín; el exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Jeanine Áñez, Israel Alanoca; y el político Samuel Doria Medina.

“Este es un juicio inventado, no hubo Golpe de Estado y se está tratando de reabrir una persecución política para ver de llevarnos presos a quienes hemos llevado parte de un camino democrático como expresidentes y líderes políticos”, remarcó Mesa en conferencia de prensa. Calificó de “político” el nuevo proceso y que no lo reconoce como “legal”.

Los delitos por los que se amplió la denuncia son “seducción de tropas, instigación pública a delinquir, relacionado con levantamiento armado”, según la descripción del abogado Nina.

Ante las acciones que asumirá su defensa jurídica, Mesa señaló: “Nosotros no nos defendemos, acusamos a Evo Morales y Álvaro García Linera de ser responsables de un fraude y acusaremos al expresidente de incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo y no cumplió su responsabilidad para escapar del país, el culpable es él”.

Esta semana también se oficializó otra denuncia penal, presentada el lunes en Sucre, por el Comité Impulsor del Juicio, que es dirigido por Aldo Michel. Es contra de Quiroga, Mesa, Camacho, Albarracín, Doria Medina, el excívico potosino Marco Pumari y parte del gabinete de Áñez.

En este nuevo caso, los delitos por los que se denuncia a 17 personas, de las cuales 11 son exministros, es por “atribuirse derechos del pueblo, atentados contra el Presidente y otros dignatarios del Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio”, detalló a este medio el abogado impulsor Rolando Cruz.

Comparte y opina:

Apuntan a Luis Revilla e Iván Arias por caso Golpe de Estado I

Hay dos causas, una en Sucre y otra en La Paz. En el nuevo proceso, se denuncia a 17 personas, de las cuales 11 son exministros de la gestión de la exmandataria Jeanine Áñez.

El alcalde Iván Arias junto con su antecesor Luis Revilla.

Por Ibeth Carvajal

/ 29 de junio de 2022 / 11:37

El exalcalde de La Paz Luis Revilla y el actual edil, Iván Arias, fueron implicados en una nueva denuncia penal —presentada el lunes en Sucre— por el caso Golpe de Estado I que oficializó el Comité Impulsor del Juicio, liderado por Aldo Michel.

Durante una entrevista con La Razón Radio, el coordinador señaló que la exautoridad edil paceña “fue actor para la movilización de funcionarios de la Alcaldía” en los conflictos de 2019. Ante la consulta de las pruebas con las que contaba, dijo que hay “memorándums” para que los servidores públicos, por dos semanas, “salgan a bloquear las calles de La Paz, hay grabaciones”.

El abogado Rolando Cruz, aclaró que es “un nuevo proceso” también contra Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Samuel Doria Medina, el excívico potosino Marco Pumari y parte del gabinete de Áñez: Karen Longaric (Canciller), Jerjes Justiniano (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa), José Luis Parada (Economía), Arias (Obras Públicas), Roxana Lizárraga (Comunicación), Álvaro Coimbra (Justicia), Mario Ordóñez (Desarrollo Rural), María Elva Pinkert (Medio Ambiente) y Álvaro Guzmán (Energías).

Los delitos por los que se denuncia a estas 17 personas, de las cuales 11 son exministros, es por “atribuirse derechos del pueblo, atentados contra el Presidente y otros dignatarios del Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio”, detalló Cruz.

Michel sostuvo que, en la gestión de Arias, como titular de Obras Públicas, hubo varios hechos de corrupción con las empresas estatales. “Hicimos una investigación (…) tenemos la capacidad de demostrarlo”, afirmó.

Respecto al nuevo proceso, el ahora alcalde de La Paz dijo: “Creo que seguir hurgando atrás y seguir queriendo perseguir a más líderes políticos, cuando los que escaparon están libres, nadie habla de los que han escapado, yo creo que seguir insistiendo en eso es un error”.

La otra causa es la ampliación de la denuncia del caso Golpe de Estado I, presentada ante la Fiscalía de La Paz por Víctor Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, quien originalmente interpuso el caso Golpe de Estado.

Los nuevos denunciados son los expresidentes Mesa y Quiroga; el gobernador Camacho; el exdefensor del Pueblo Albarracín; el exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Áñez Israel Alanoca; y Samuel Doria Medina. Los delitos por los que se amplió la denuncia son “seducción de tropas, instigación pública a delinquir, relacionado con levantamiento armado”, según la descripción del abogado Nina.

Comparte y opina:

Henry Ara: ‘Debo dejar la Contraloría, el 1 de julio es mi último día’

El 1 de julio de 2016, el entonces presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, posesionó a Henry Ara como Contralor General del Estado, cargo a ser ejercido hasta 2022. La autoridad ya trabajaba en esa entidad como asesor técnico, en 2009, y subcontralor, en 2011.

/ 29 de junio de 2022 / 02:17

A días de que culmine el mandato de Henry Ara y mientras se efectúa el proceso de elección y selección de un nuevo titular de la Contraloría General del Estado, la autoridad saliente señaló durante una entrevista con LA RAZÓN, que el viernes es su último día de trabajo.

Explicó que solo la Asamblea Legislativa tiene la competencia de decidir sobre el destino del cargo, ya que según cronograma, recién las entrevistas a los postulantes serán entre el 17 y 20 de agosto.

— Seis años de gestión, ¿qué logros de su trabajo destacaría?

— En la Contraloría, lo que vemos principalmente como dice la Constitución, es la administración de los recursos públicos de todas las entidades que reciben recursos económicos del Estado (…) que se administren de forma tal que coadyuven a los objetivos del país y eso está ligado a la planificación.

Una de las preocupaciones que me tocó observar, y uno de los proyectos que tenía, era que en Bolivia gastábamos los recursos en cumplimiento de la norma, pero no vinculado al cumplimiento de objetivos, por ello destacamos hacer una evaluación de la planificación de las entidades.

Si la planificación está clara, generamos una organización con sistemas para que el gasto no sea solo funcional, sino por objetivos para luego ejecutar.

— Entonces, ¿hubo una innovación en esa área?

— Sí, tenemos una Unidad de Auditorías de Planificación que evalúa el cumplimiento de la planificación de las entidades públicas.

— Menciona bastante el trabajo en el área de la planificación, ¿cumplen las entidades públicas con lo establecido?

— Vimos en 2017 y 2018, en nuestro primer diagnóstico, que había problemas en la planificación puesto que, tradicionalmente, los ministerios no generaban la línea de planificación para los ámbitos departamentales y municipales, y es necesario que los ministerios sean cabeza de sector para el cumplimiento de objetivos.

Había una desarticulación de los planes, cada quien planificaba por separado. Algunos se habían vuelto planificadores de presupuesto, es decir, ¿cuánto me da el Estado y cómo lo gasto?, conforme a la ley, pero no planificando en cumplimiento a los objetivos.

La Contraloría nunca tuvo una Unidad de Auditorías de Planificación, generamos un equipo especializado para la evaluación.

— En su gestión se vivió la pandemia, ¿hubo cambios en el trabajo que realizaron?

— En ese periodo nuestro trabajo se abocó a ver si realmente habían las vacunas, si llegaron de forma correcta a los beneficiarios; luego entramos a ver la adquisición de insumos; hicimos supervisiones porque en muchos casos se pagó, pero no llegó el producto o arribaron los insumos cuando pasó la parte crítica de las olas.

También observamos una serie de insumos que no tenían nada que ver con la pandemia; identificamos indicios de responsabilidad penal y responsabilidades civiles en el nivel departamental, municipal e incluso ministerios.

— Hay críticas de los partidos de oposición de que en la Contraloría hay afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y no se hizo auditorías y supervisiones a firmas estatales, ¿es así?

— El 70% de nuestras intervenciones tiene que ver con el partido de Gobierno y no porque la Contraloría quiere ir contra ellos o la oposición, sino porque al ser el partido mayoritario, tiene mayor representatividad en gobernaciones, municipios y otros.

— ¿Hubo algún tipo de injerencia en alguna auditoría?

— Se tiene que entender que la independencia de la Contraloría no nace solo del mandato de la Constitución, la independencia está en la forma piramidal de trabajo, porque la institucionalidad de esta repartición repercute en que el funcionario que hace la auditoría no tenga que recibir órdenes directas para excluir a alguien. En una auditoría o supervisión intervienen casi 40 servidores públicos, empieza con el equipo que está comandado por un supervisor, ello tiene la evaluación de un gerente, luego viene un proceso de inspección, después pasa por la aprobación del subcontralor y al final lo evalúo, observo o pido alguna explicación como Contralor. Una auditoría se basa en un análisis de documentación.

— ¿Hay independencia?

— En la Contraloría, la independencia se la instrumentaliza en que todos son funcionarios de carrera, el auditor no tiene vinculación con ningún partido político, por integridad y ética no debería; la independencia radica en eso, de que el servidor público sepa que tiene estabilidad laboral, no depende de nadie. Y los procesos de selección son transparentes y públicos, hay poca movilidad de personal. Es por eso que el auditor con muchos años en la Contraloría es muy requerido en las instituciones públicas, pues tiene todas las capacidades para desarrollar su puesto con profesionalidad.

— Está en proceso la elección de una nueva autoridad, pero, se avizora un empantanamiento al igual que en la designación a Defensor del Pueblo, ¿qué pasará con su cargo?

— La Constitución es clara, de la forma de elección de la Contraloría dice que es competencia única de la Asamblea Legislativa. Es más, en la Constitución de 2009 hubo un conflicto puesto que establecía la facultad de nombramiento a la Asamblea y al Presidente, eso se aclaró mediante una ley interpretativa, porque el anterior Contralor estuvo siete años y medio. Dicha norma aclarativa señala que todo el nombramiento y proceso de selección corresponde a la Asamblea Legislativa.

— ¿Seguirá en el cargo hasta que designen su reemplazo?

— Sobre la culminación de mi mandato, está establecido en la Constitución, fui posesionado el 1 de julio de 2016 y el 1 de julio de 2022 es mi último día, debo dejar la Contraloría General del Estado. Sobre la nueva autoridad, es un tema que corresponde al Legislativo ver qué harán conforme a sus competencias, ¿quedarme?, no tendría, porque no hay mandato.

— De acuerdo al cronograma, recién a mediados de agosto serán las entrevistas a los postulantes a la Contraloría, ¿quién estaría en el cargo?

— El tema es que la misma Constitución no establece el interinato, es un tema muy complicado, ¿qué mecanismo usaría la Asamblea para nombrar un interino?, no me compete ese análisis. Soy un contralor orgulloso por todos los logros que se han hecho, incluso reconocidos internacionalmente. Me voy muy contento, corresponde a la Asamblea; y espero que la oposición y el oficialismo puedan ponerse de acuerdo y no generar este empantanamiento.

PERFIL

Nombre: Henry Lucas Ara Pérez

Nació: 2 de abril de 1964

Profesión: Abogado

FUE SUBCONTRALOR

Es graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y cuenta con un diplomado en docencia administrativa. Fue asesor de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y fue Subcontralor General desde 2011 hasta junio del 2016.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

En seis años, la Contraloría casi triplica las auditorías y supervisiones

El 70% de las intervenciones de la Contraloría fue a entidades públicas que tienen que ver con el MAS porque es el partido con más representatividad, dijo la autoridad

El contralor Henry Ara culmina su gestión el 1 de julio.

Por Ibeth Carvajal

/ 29 de junio de 2022 / 01:05

De los 311 productos, entre auditorías y supervisiones, que la Contraloría General del Estado realizó en la gestión 2016, la cifra llegó a 795 en 2021, lo que implica que casi se triplicó.

“Hemos mejorado mucho lo que es la evaluación de las auditorías internas y también nuestra capacidad productiva; sin mayor presupuesto, tenemos más abogados, ingenieros y auditores financieros. Cuando asumí eran 546 servidores públicos y ahora son 600”, informó el contralor Henry Ara, en entrevista con LA RAZÓN.

Mencionó que el presupuesto que manejan cada año es entre “105 y 110 millones de bolivianos” y “casi el 75% es planilla salarial”.

Respecto a los productos que generan, explicó que son auditorías especiales, operacionales y financieras; además de supervisiones, informes de confiabilidad, notas de inicios de procesos administrativos y seguimiento a las recomendaciones que efectúa, entre otros (ver infografía). Emitió 642, 600 y 795 entre 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

CONTROL.

Ara sostuvo que ese trabajo fue hecho por funcionarios de las siete subcontralorías que tienen representaciones en otros departamentos del país. Sobre la verificación de los registros de acciones judiciales, requerimientos de pago y contratos hechos por las entidades públicas y empresas estratégicas, en 2020 fue cuando más casos se atendieron, con 24.566.

En esa línea, con 50.836, 14.470 y 11.450 reportes, La Paz, Tarija y Oruro, respectivamente, son los departamentos que registran más casos (ver infografía).

“A veces pedimos información a las entidades públicas, sin embargo, no nos las dan, hay que buscar otros mecanismos, ver quién estaba a cargo y pedir a los ministerios o el contratista hasta tener la documentación que pueda establecer que hubo una contravención”, detalló el Contralor.

En una auditoría especial — efectuada entre 2013 y marzo de 2019— del cumplimiento del plazo contractual y de las pólizas de garantías de la construcción del edificio de la carrera de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Pública de El Alto, “hubo incumplimiento de contrato”. Se observó un presunto daño económico de Bs 11.248.190.

En otro caso, entre 2013 y 2017, hubo una auditoría al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz por la ejecución física del proyecto “Construcción del plan de pavimentación de vías por distrito, tercera etapa”. Se determinó que existió “ampliaciones de plazo sin sustento contractual” y el presunto daño económico, según indicios de responsabilidad civil, fue de Bs 24.132.446.

“También hemos encontrado desviaciones en los ministerios. La Contraloría notifica a los responsables, son hallazgos que deben mantenerse y remitimos para que vayan a proceso, como el Órgano Judicial o Ministerio Público”, detalló Ara. Añadió que actúan cuando ven datos “no confiables”.

La Asamblea comenzó el proceso para designar al reemplazante de Ara, empero, no hay acuerdos entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los frentes de oposición, por lo que se prevé que no se llegue a buen puerto, como pasó con la Defensoría del Pueblo.

Subcontralorias

Comites de control interno de 2019 a 2021

  • Entidades de gobiernos departamentales: 54.
  • Gobiernos municipales y universidades: 501.
  • Subcontraloria del nivel central: 89.
  • Empresas publicas: 62.

Declaraciones juradas de bienes y rentas

  • Tradicional, el servidor publico puede ingresar al sistema con su cuenta.
  • Digital, se llena un formulario y no hay la necesidad de presentarse fisicamente.
  • Desde 2016 a mayo de 2022 se efectuaron 1.257.599 declaraciones.

Información sobre solvencia con el fisco

  • En ese mismo periodo se entregaron 291.091 certificados. La mayoria en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de Sierra.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Se activa pulseta judicial por el destino de Nállar para su detención carcelaria

La defensa del acusado del triple asesinato en Porongo ganó un recurso y busca que sea llevado de Chonchocoro a Palmasola, la Policía alista otra acción judicial para evitarlo.

La llegada de Misael Nállar a La Paz, el sábado. Foto: Régimen Penitenciario

/ 27 de junio de 2022 / 08:27

¿Cárcel de Chonchocoro o Palmasola?, hay una pulseta judicial por el destino de Misael Nállar para que cumpla su detención preventiva. El sábado, la defensa del principal acusado del triple asesinato presentó una acción de libertad y la Policía ya trabaja en un recurso.

Se trasladó a Nállar de Santa Cruz a La Paz por disposición de un juez, tras una audiencia de 10 horas. Según la decisión, debe permanecer 180 días detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro; llegó en medio de un fuerte resguardo policial.

El abogados del implicado, José Miguel Islas, explicó a La Razón que el fallo fue emitido por el Tribunal Séptimo de Sentencia del departamento cruceño. Y se prevé que esta decisión se cumpla entre hoy y mañana, porque se debe notificar al juez que determinó el envío de su defendido hasta La Paz.

Islas explicó que el tribunal tomó en cuenta que se vulneró “el juez natural de la causa”, porque el caso es investigado en Santa Cruz. Presentaron un certificado médico de Nállar que señala: “Es hipertenso y debe asistir semanalmente a control por el estado delicado de su situación de salud”.

“La Dirección de Régimen Penitenciario aún no fue notificada, el equipo jurídico de la Policía Boliviana trabaja para que no pueda concretarse, siempre respetando el debido proceso”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, a Bolivia Tv.

Además, dos personas sindicadas de ser cómplices fueron enviadas a Palmasola y la cárcel de El Abra, en Cochabamba. Ríos señaló que otra de las decisiones para la determinación del juez fue que los reos de la prisión cruceña emitieron un voto resolutivo rechazando la reclusión de Nállar.

Ríos detalló que son 11 ciudadanos investigados en el proceso, tres están prófugos, entre ellos hay dos colombianos y un boliviano.

Aparte, informó que los abogados de la Policía preparan un recurso en rechazo al amparo que presentó la defensa. “Se tiene que hacer justicia, no vamos a dejar solas a las víctimas”, remarcó.

Comparte y opina:

Últimas Noticias