Tres investigaciones distintas están en curso para esclarecer responsabilidades en el marco del caso de la tenencia de vehículos robados en Chile e internados en Bolivia. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, anunció que intercambiarán información con Chile para determinar cuántos vehículos robados están en Bolivia.
Una comisión de fiscales fue formada para indagar el caso de corrupción descubierto a raíz de un reportaje periodístico chileno que mostró cómo un exjefe policial, coronel Raúl Cabezas, tenía en su domicilio de Santa Cruz una vagoneta robaba en Chile. Al verse descubierto lo abandonó cerca de su domicilio, sin antes pedir -sin resultados- una compensación económica.
Mariaca informó a la red Uno que están en curso tres investigaciones que hacen al hecho develado por el reportaje periodístico en Santa Cruz, en Yapacaní y en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículo (Diprove).
Según la ONG Grupo Búsqueda de Vehículos Robados (GBV) de Chile, que fue parte de la ubicación y rescate del motorizado de la vivienda de Cabezas, al menos 502 motorizados robados entre 2021 y 2022 habrían sido internados de contrabando en Bolivia, de los que 112 están localizados en Santa Cruz. De esos 112, el 90% están en poder de “autoridades”, entre jefes policiales, militares y políticos bolivianos, siempre según datos de la ONG.
Justamente para verificar ese extremo, Mariaca anunció que se tomará contacto con autoridades chilenas. “¿Cuántos vehículos se habrían robado en Chile y cuántos estarían en Bolivia, especialmente, en Santa Cruz?”, sostuvo.
En Yapacaní, el seguimiento periodístico y de la ONG, detectó una camioneta robada en venta. Se encaró al vendedor, quien se comunicó aparentemente con un policía, según el video del reportaje. Al momento hay dos órdenes de aprehensión por este caso, una para Ariel García Lafuente y otra para Freddy Huallpa Cahuana.
Cabezas fue enviado por 180 días a la cárcel con detención preventiva. En su casa se encontró la vagoneta Mitsubishi que fue abandonada y recuperada por la ONG chilena, tras contacto telefónico con Cabezas, quien se desempeñó como comandante de Frontera en Uyuni, Potosí.
También hay otra investigación al interior de Diprove, que fue intervenida por disposición del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Más de 20 de sus miembros fueron separados.
El martes se intervino las oficinas de Diprove en Santa Cruz y se nombró al coronel Carlos Alcázar como su nuevo director, en reemplazo del coronel Juan Carlos Bazualto. También es investigado el coronel Rolando Téllez, con quien tomaron contacto los que llegaron a Bolivia para recuperar vehículos robados.