El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó que en los centros penitenciarios del país haya “áreas de tortura”, como se denunció. Las llamadas “áreas de contención” que se debe tener para aislar a reos conflictivos, no se pueden considerar propiamente de tortura, señaló en entrevista con La Razón Radio.
Como una forma de probar esto, el funcionario señaló la constante presencia de organismos de derechos humanos en los penales, que tienen –dijo— ingreso irrestricto a los reclusorios.
“No tenemos áreas de tortura. Las instancias que están constantemente en los centros penitenciarios, como la Defensoría del Pueblo, que tiene un área exclusivamente para verificar si hay torturas al interior de los centros; está el Comité Internacional de la Cruz Roja, está el mismo Alto Comisionado, y que ellos tienen el irrestricto ingreso a los centros penitenciarios”, señaló.
Si es que hay una denuncia de tortura, “nosotros, en coordinación con estas entidades resolvemos en el momento, asumimos las sanciones”.
Limpias recordó que de todos modos se está hablando de centros penitenciarios, cárceles, donde “hay diversos comportamientos”; la forma de corrección de conductas —dijo— está normada en decretos y leyes, y los excesos por parte de funcionarios son contrarrestados.
Como una medida para enfrentar el abuso de que ejercen ciertos privados de libertad o para quejas, Régimen Penitenciario habilitó, según Limpias, una línea de WhatsApp para denuncias que los internos pueden hacer a través de sus familiares. Hasta el momento, dijo que se recibieron 30 denuncias.
Delincuencia en cárceles
En cuanto a los actos de delincuencia desde los centros penitenciarios, especialmente a través del celular, Limpias dijo que en lo que va del año se efectuaron 121 traslados de internos de centros de régimen abierto a otros de mayor control. ”Hemos descabezado grupos de poder dentro de los centros penitenciarios, de los más álgidos que tenemos en Chonchocoro, San Pedro, Palmasola, El Abra; hemos descabezado estos grupos de poder y llevado a espacios de mayor control”, afirmó.
Dijo que un hecho que requirió de mayor atención este año fue el desbaratar grupos de los llamados “marquetineros”, reos que se dedican a estafar o extorsionar desde el penal por celular a sus víctimas. En Palmasola se requisó 70 celulares y hasta una laptop, dijo.
Ahora, algo a destacar es que “la misma población penitenciaria ya denuncia” estos ilícitos desde los penales, “porque ya no quieren estar en el hecho de que se satanicen los centros penitenciarios”.
El miércoles, la diputada Betty Yañíquez, en La Razón Radio también, afirmó que uno de los mayores estigmas de las cárceles hoy es que antes de ser “centros de rehabilitación”, son centros de “tecnificación” del delito, que allí el reo va a mejorar sus técnicas de delito.
Al respecto, según Limpias, el problema mayor, es la “articulación de grupos delincuenciales” dentro de las cárceles, y contra eso se toman acciones, remarcó. En este sentido, señaló que acaso el mayor logro hoy es que “la mayoría de la población penitenciaria, el 80%” ya está por convertir el penal en un centro de rehabilitación; que en todo caso los grupos delincuenciales son los menos.
En todo caso, Limpias hizo notar un hecho “positivo” de las cárceles bolivianas, que no siempre se reconoce.
Cárceles menos violentas
“Un aspecto que valdría la pena que la audiencia conozca es que Bolivia tiene los centros penitenciarios menos violentos de la región, me animaría a decir incluso del mundo; raras son las veces en que se dan casos por violencia intramuros, por riñas, peleas al interior de los centros penitenciarios”; esto si se compara Bolivia con los penales en Perú, Argentina, Ecuador o Paraguay.
No se trata de “santificar”, pero los bolivianos son los centros penitenciarios menos violentos de la región, insistió.
El funcionario no dejó de recordar la “deuda en infraestructura” que hay con el régimen carcelario en Bolivia. Por lo menos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se agrupa el 70% de la población carcelaria, está pendiente la construcción de “complejos penitenciarios”.
Aquí tampoco se debe olvidar —afirmó Limpias— el problema estructural a que llevó la justicia y la normativa boliviana, el sobrepeso de la detención preventiva: de los 20.800 reclusos que a la fecha hay en el país, 65% son detenidos preventivos, lo que significa dos de cada tres internos.