Tras el diálogo por el Censo que se desarrolló ayer en Santa Cruz, el alcalde de esa ciudad, Jhonny Fernández, instó a las diferentes instituciones de esa región, que participan de este debate, a no “contaminar” el proceso con discursos políticos y ponderar los aspectos técnicos.

Este es un proceso técnico, por tanto, “todas las apreciaciones políticas deben dejarse de lado, ya no tienen que entrar acá, porque estaríamos perdiendo el tiempo otra vez”, afirmó la autoridad en contacto con el programa Piedra, papel y tinta de La Razón.

Así, Fernández se refirió al encuentro que se realizó en la capital cruceña para analizar el Censo de Población y Vivienda, en el que participaron técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio de Planificación, representantes de la gobernación de Santa Cruz, los municipios del departamento y la UAGRM, además del gobernador Luis Fernando Camacho.

Según el vocero de la universidad cruceña, Manfredo Bravo, en la reunión se llegó a una serie de acuerdo, como el hecho de establecer que no hay una fecha definitiva para el Censo y que se instalarán mesas técnicas con el INE.

“Hay que conformar el equipo técnico con técnicos especializados, de las alcaldías, la universidad, y que comiencen a hacer las evaluaciones, el seguimiento y a hacer propuestas de cómo acortar plazos y que se mejore la calidad de la construcción del Censo”, afirmó el alcalde.

Las instituciones cruceñas demandan que el empadronamiento nacional se realice en 2023, no obstante, durante una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNE) se determinó diferir el proceso hasta 2024, pese a que el Censo debía realizarse en noviembre de este año.

Queremos “que sea un censo de calidad, porque tampoco por ‘tumbar’ fechas vamos a hacer cosas que mañana no nos sirvan como instrumento de planificación”, enfatizó Fernández.

 En ese marco, afirmó que el diálogo por el Censo “debió hacerse hace seis meses” para evitar los actuales conflictos por ese tema.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), el Programa de Naciones Unidas en Bolivia (PNUD) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRM) llevarán a cabo el encuentro internacional denominado Democracia y elecciones en América Latina: entre avances, riesgos y desafíos, que se desarrollará entre el 18 y 19 de agosto en Santa Cruz.

El presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, explicó que en el encuentro participarán autoridades de organismos electorales y expertos internacionales de 10 países, con el propósito de alentar el análisis de experiencias, en perspectiva comparada, en un espacio de diálogo plural e informado.

La agenda académica abordará las siguientes temáticas: “¿Qué lecciones nos dejó el último ciclo electoral y plebiscitario?”, se presentarán los casos de Honduras y Venezuela; “Retos políticos y técnicos que enfrentan los organismos electorales”, donde se analizarán los casos de El Salvador, Bolivia y Paraguay;

El tercer eje de debate será las “Elecciones y consultas bajo el asedio de las noticias falsas”, en el que se presentarán los casos de Perú y República Dominicana; “Participación política de las mujeres: Entre el acoso y la violencia”, donde se abordará la experiencia boliviana  y la de Nicaragua.

Aparte, se abordará la temática denominada “Riesgos y desafíos para la democracia electoral en la región”, para evaluar los casos de Bolivia, El Salvador y hacer un análisis regional.

Asimismo, se realizará una la conferencia magistral en la que se abordarán “Los procesos electorales en América Latina. Entre fortalezas y desafíos”, detalla un boletín informativo de Fuente Directa.

El diálogo y reflexión de cada panel será transmitido en vivo por las redes sociales del TSE Bolivia (Facebook y YouTube) y del PNUD Bolivia, además que se otorgará certificados de participación a las personas que sigan los eventos previo registro en el enlace https://forms.gle/5xFZ1MbFDsEM3csy6.

El vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Manfredo Bravo, destacó los avances a los que se arribaron en el encuentro entre diferentes instituciones de Santa Cruz, como el hecho de establecer que no hay una fecha definitiva del Censo de Población y Vivienda, y que se instalarán mesas técnicas con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“En el diálogo, se logró establecer de que no se va a fijar todavía una fecha definitiva (para el Censo), es decir, la fecha de 2024 queda como una fecha tentativa, pero que puede hacerse antes”, afirmó Bravo, en contacto con La Razón Radio, quien calificó este elemento como lo positivo del encuentro.

En su criterio, incluso el propio Gobierno habló de la posibilidad de llevar adelante el proceso en 2023, si se lograba demostrar de manera técnica. Según la propuesta de la universidad, el empadronamiento nacional se puede realizar entre junio o agosto del próximo año.

El Gobierno “no se cerraba, al menos de esa forma expresaron dentro de la reunión, no sé qué irá a decir el vocero presidencial (Jorge Richter), pero en esto de la reunión así fue el resultado”, enfatizó el vocero de la UAGRM.

En el encuentro participaron técnicos del INE, del Ministerio de Planificación, representantes de la Gobernación de Santa Cruz, los municipios del departamento y de la UAGRM, además del gobernador Luis Fernando Camacho y el alcalde Jhonny Fernández.

Bravo explicó que durante el encuentro también se solicitó información al INE para comparar los datos con la “línea base” con la que cuenta esa casa de estudios, además que se acordó instalar las mesas técnicas entre la universidad cruceña y el instituto de estadística.

“Vamos a conformar mesas técnicas entre el Instituto Nacional de Estadística, la universidad —que es la única que ha presentado una propuesta técnica—, la UNFPA, Cepal, Amdecruz y la AMB”, aparte de otras instituciones para debatir hasta fin de mes la fecha del Censo y otras temáticas específicas del proceso, afirmó.

En ese marco, Bravo insistió en que el Censo “se puede hacer en 2023 técnicamente” y para ello el INE puede contar con la participación de los 115.000 estudiantes de esa casa de estudios, quienes recibirán la respectiva capacitación.

Asimismo, remarcó que la propuesta de la universidad será socializada este mes en otros municipios cruceños e incluso en otros departamentos.

El jefe de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Antonio Menéndez de Zubillaga, afirmó que las elecciones generales de 2020 permitieron encauzar a Bolivia “de nuevo a la senda democrática”.

“La misión técnica llegó al país en un momento de convulsión y de polarización, de protesta, y junto con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas contribuyó (a) la organización de unas elecciones que, de manera transparente y creíble, contribuyeron también a encauzar al país de nuevo a la senda democrática”, afirmó el jefe de la Misión Técnica en declaraciones a Bolivia Tv.

Tras el periodo de golpes de Estado militares, que concluyó en 1982, Bolivia vivió un ciclo democrático ininterrumpido hasta el 12 de noviembre de 2019, cuando hubo una ruptura constitucional.

PROCESO.

Después de la dimisión del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se proclamó presidenta del Estado ante una Asamblea Legislativa que no formó el quorum reglamentario.

Con la renuncia de Morales se desencadenaron una serie de dimisiones por parte de legisladores considerados para asumir el mando del país, de acuerdo con la cadena de sucesión presidencial, según establece el artículo 169 de la nueva Constitución Política, indica un boletín de la agencia ABI.

En reunión del Senado, sin el quorum reglamentario, Áñez se proclamó presidenta del Senado, ante la ausencia del presidente y primer vicepresidente. Luego, ante la Asamblea Legislativa, también sin quorum, se declaró presidenta interina del Estado.

Si bien Áñez debía llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplazó en al menos cuatro oportunidades la fecha de esos comicios, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19.

Al final, se estableció el 18 de octubre de 2020 como fecha definitiva para ir a las elecciones.

Entonces, los candidatos del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, lograron el 55,11% de los votos, resultado que devolvió al país al cauce democrático.

“En nuestro país hubo un golpe de Estado, hubo una ruptura constitucional, y estamos en el primer año de la recuperación de la democracia, del nuevo tiempo democrático”, manifestó el portavoz presidencial, Jorge Richter, el 10 de octubre de 2021.

EMPRESA

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP), hasta el 31 de julio de este año, inyectó Bs 4.951,5 millones a través de sus carteras de Primer y Segundo Piso; y Bs 3.295 millones, mediante fideicomisos, haciendo un total de Bs 8.246,5 millones, a fin de promover el desarrollo productivo, con financiamiento y asistencia técnica, en beneficio de los productores.

“El BDP es el brazo operativo del desarrollo productivo integral; promueve la industrialización con sustitución de importaciones, base de la soberanía del país; y es aliado estratégico del productor. Nuestra misión es fomentar la producción con materia prima boliviana, es necesario dar valor agregado e industrializar lo nuestro”, afirmó su gerente general, Ariel Zabala, citado en un boletín de prensa de esa entidad estatal.

El saldo de cartera de Primer Piso a en todo el país alcanzó a Bs 3.001,8 millones, en 44.554 clientes, hasta el 31 de julio. La mayor parte de la cartera del BDP corresponde al sector agropecuario con el 63%, actividad que contribuye a la seguridad alimentaria del país; en menor medida está el sector de la manufactura con el 10,6%.

En el Segundo Piso, el saldo de cartera es de Bs 1.949,7 millones, que fue colocado por 21 instituciones de intermediación financiera al sector productivo del país.

El BDP convocó a los productores y a otras personas con iniciativas productivas a gestionar financiamiento y también se beneficien de los programas de Asistencia técnica que brinda la entidad.