Un grupo de los detenidos y torturados de 2019 y 2020 marcharon hasta la ciudad de La Paz e instalaron una vigilia cerca de la Casa Grande del Pueblo a la espera de una audiencia con el presidente Luis Arce. Escribieron carteles con la sangre que se extrajeron de sus cuerpos y advirtieron con una huelga y crucifixiones hasta ser atendidos.
Marcela Cari, representante del sector, informó que marcharon desde Caracollo hasta La Paz y que en más de seis meses no recibieron respuesta a sus demandas por parte de los ministros encargados de atenderlos.
“Como víctimas de 2019 y 2020 hasta el día de hoy no hay nada, nos vamos a quedar aquí hasta tener resultados, porque los ministros que nos han asignado para que nos atiendan no lo han hecho”, explicó.
Decenas de personas se apostaron cerca de la Casa Grande del Pueblo. Enarbolan pancartas en las que exigen ser atendidos por el Gobierno.
“Vemos muchas familias que tienen deudas en el banco, sin tener culpa hemos entrado a la cárcel y hay procesos que siguen abiertos y ¿dónde está la ayuda que ha prometido el Presidente?”, reclamó la dirigenta y expresó su confianza en que serán atendidos.
Tras que la exsenadora Jeanine Áñez tomara el poder en noviembre de 2019, se desató una serie de procesos judiciales contra afines al MAS. Muchos acabaron en la cárcel con detención preventiva.
Según el trabajo desarrollado por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) en Bolivia, entre septiembre y diciembre de 2019, ocurrieron masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y una fuerte violencia social de carácter racista y misógino.
El expresidente Evo Morales dimitió en noviembre, acorralado por las protestas cívicas, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.