La expresidenta Jeanine Áñez demandó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial” de 2019, cuando como consecuencia de la crisis política de ese entonces tomó el poder a la renuncia del expresidente Evo Morales y de las autoridades en la línea de sucesión.
Acompañada de tres abogados, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, estuvo en Sucre, sede del control constitucional. “Presentaron esta mañana en Sucre una petición firmada por Jeanine Áñez al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para que ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial”, establece un mensaje compartido en su muro de Facebook.
La posición hace alusión a un comunicado que emitió el TCP en 2019 y sobre el que Áñez se apoya para asegurar que la toma del poder fue parte de una sucesión constitucional. No obstante, en agosto de 2021 el control constitucional, en respuesta a la Fiscalía, aclaró que no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de la sucesión presidencial de Áñez.
“De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”, señala uno de los puntos de respuesta a la Fiscalía que indaga al caso.
El TCP aclaró que en ese entonces emitió solo un “comunicado”, en el que toca aspectos como vacío de poder y de la sucesión constitucional “ipso facto” que alcanza al Vicepresidente, como parte de la línea de sucesión.
La expresidenta enfrenta un juicio penal por la forma cómo se hizo de la Presidencia del Senado, que luego le permitió llegar al poder, sin cumplir la norma legal ni el Reglamento de Debates. No hubo quórum en la sesión y no podía hacerse de la Presidencia de Senado, porque era de la minoría, según la investigación fiscal. Una reunión extralegislativa con líderes de oposición y cívicos trazó la línea de sucesión.
El juicio fue suspendido en puertas de una sentencia, porque la defensa demandó de inconstitucionalidad los delitos por los que es juzgada: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
El Tribunal que juzga a Áñez excluyó de la prueba de los acusados el “comunicado” del TCP.
Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019 acorralado por las protestas cívicas que denunciaban un fraude electoral, un motín policial t la “sugerencia” militar de dejar el cargo. Álvaro García también dimitió, al igual que los presidentes del Senado y de Diputados presionados por los movilizados. Víctor Borda, expresidente de Diputados, reveló que renunció porque su hermano fue tomado como rehén y su casa era incendiada.