El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, aseguró este martes que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la expresidenta Jeanine Áñez contra dos delitos por los que es enjuiciada se encuentra en la etapa de revisión para su admisibilidad o no.
“Por ahora la causa se encuentra en análisis y hay que estar a la espera de la decisión que pueda asumir la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional”, afirmó.
A diferencia de Franco, Luis Guillén, abogado de Áñez, aseguró en un principio que se había admitido en parte de la demanda de inconstitucionalidad, pero en un contacto con este medio aclaró que en un “nota de prensa personal del Tribunal Constitucional habría referido que la misma ha sido admitida en parte”.
Áñez presentó una acción de inconstitucionalidad contra los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, por los que es procesada. Por ello fue suspendida, a puertas de emitirse sentencia, el juicio por el caso Golpe de Estado II.
La demanda, luego de ser rechazada por el Tribunal de Sentencia, fue recibida el 16 de mayo en la sede del TCP, en Sucre. Los magistrados tienen 10 días para definir si admiten o no.
Los coacusados en este juicio son el excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor Flavio Arce y el excomandante del Ejército Pastor Mendieta, mientras que los excomandantes de las Fuerzas Armadas FFAA Williams Kaliman y Sergio Orellana están prófugos, además del excomandante de la Policía Yuri Calderón.
El general Gonzalo Terceros y el almirante Palmiro Jarjuri se declararon culpables y fueron sentenciados con tres años de cárcel.
Áñez es acusada por la forma cómo llegó a la Presidencia del Senado en noviembre de 2019, tras la dimisión del expresidente Evo Morales -presionado por protestas cívicas, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión- y la línea de sucesión. La expresidenta se hizo del cargo, que luego le permitió llegar al poder, en una sesión si quórum y siendo de la oposición, hecho que no es reconocido por el Reglamento de Debates, según la Fiscalía